Carlos G贸rriz L贸pez

Month: March 2016

Nulidad de la suscripci贸n de acciones de Bankia

Como es por todos conocido, el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la suscripci贸n de acciones de Bankia .聽Se trata de la STS 24/2016, de 3 de febrero. Tiene su origen en la demanda presentada por un matrimonio de jubilados (maestra y conductor). Fue estimada聽por el Juzgado de Primera Instancia. La Audiencia Provincial confirm贸 su fallo y el Tribunal Supremo desestima el recurso de la entidad financiera.Imagen Bankia

La clave de la sentencia es la existencia de error en el consentimiento (arts. 1265 y 1266 Cc). En su d铆a los demandantes argumentaron error en el consentimiento: la imagen de solvencia y de obtenci贸n de resultados del banco no era verdad. En el recurso de casaci贸n el banco alega que no se hab铆a acreditado el nexo causal entre el error y la celebraci贸n del contrato. Entre otras razones, porque los demandantes reconocieron no haber le铆do el folleto.

El TS explica que son necesarios cuatro requisitos para que el error vicie el consentimiento: 鈥渁) Que el error recaiga sobre聽la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado聽lugar a su celebraci贸n, de modo que se revele paladinamente su esencialidad; b) Que el error no sea imputable聽a quien lo padece; c) Un nexo causal entre el error y la finalidad que se pretend铆a en el negocio jur铆dico聽concertado; y d) Que se trate de un error excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido聽ser evitado por el que lo padeci贸 mediante el empleo de una diligencia media o regular鈥.

Reconoce que la AP no utiliz贸 la expresi贸n 鈥渘exo causal鈥 pero mantuvo que existi贸 una representaci贸n equivocada de la situaci贸n patrimonial y financiera de Bankia, que determin贸 la suscripci贸n de sus valores. El error era excusable al tratarse de peque帽os inversores:

鈥淟a cualidad de peque帽os inversores que tienen los demandantes hace que este error deba considerarse聽excusable, pues, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros inversores m谩s cualificados, carecen de otros聽medios de obtener informaci贸n sobre los datos econ贸micos que afectan a la sociedad cuyas acciones salen聽a cotizaci贸n y que son relevantes para tomar la decisi贸n inversora.鈥

Ahora bien, el TS matiza la importancia del folleto de emisi贸n para sortear el argumento de que no fue le铆do por los demandantes. A su entender, lo relevante es la impresi贸n que este documento y los 鈥渃readores de opini贸n鈥 generan y que llega al gran p煤blico:

鈥淨ue cada concreto inversor haya le铆do en su integridad el folleto presentado ante la CNMV o no lo haya聽hecho, no es tan relevante, puesto que la funci贸n de tal folleto es difundir la informaci贸n sobre la situaci贸n聽patrimonial y financiera de la sociedad cuyas acciones son ofrecidas p煤blicamente entre quienes, en diversos聽谩mbitos de la sociedad, crean opini贸n en temas econ贸micos, de modo que esa informaci贸n llegue, por diversas聽v铆as, a esos potenciales inversores que carecen de otros medios para informarse y que no han de haber le铆do聽necesariamente el folleto, como ocurri贸 en el caso de los demandantes, a quienes la informaci贸n lleg贸 a trav茅s聽de una empleada de la sucursal de Bankia en la que ten铆an abierta su cuenta bancaria, lo que generalmente聽determina una relaci贸n de confianza entre el empleado de la sucursal bancaria y el cliente habitual鈥.

Por otra parte, rechaza que s贸lo se permita anular la suscripci贸n de acciones en un aumento de capital en los supuestos previstos para la nulidad de la sociedad (art. 56 LSC). Argumenta que debe aceptarse la nulidad para otorgar eficacia a la normativa europea sobre responsabilidad por folleto y por hechos relevantes. Cita la STJUE 19.12.2013 (C-174/12), Alfred Hirmann contra Immofinanz AG, que calific贸 estas normas como Derecho especial frente a la normativa societaria.

鈥淣o obstante, de la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2013 (鈥) se desprende que las normas sobre responsabilidad por folleto y por hechos聽relevantes son lex specialis respecto de las normas sobre protecci贸n del capital para las sociedades cotizadas.
Seg煤n la interpretaci贸n del TJUE, el accionista-demandante de la responsabilidad por folleto ha de聽ser considerado un tercero, por lo que su pretensi贸n no tiene causa societatis , de manera que no le son聽de aplicaci贸n las normas sobre prohibici贸n de devoluci贸n de aportaciones sociales. De acuerdo con esta聽sentencia, el Derecho de la Uni贸n no se opone a una normativa nacional que establezca la responsabilidad de聽una sociedad an贸nima como emisora frente a un adquirente de acciones de dicha sociedad por incumplir las
obligaciones de informaci贸n previstas en las Directivas comunitarias y que obligue a la sociedad a reembolsar聽al adquirente el importe correspondiente al precio de adquisici贸n de las acciones y a hacerse cargo de las聽mismas.

Por tanto, los acreedores de la sociedad no est谩n protegidos hasta el punto de que la sociedad no聽pueda contraer deudas de resarcimiento. Y ello abre la puerta, aunque la previsi贸n legal parezca apuntar prioritariamente a la acci贸n de responsabilidad civil por inexactitud en el folleto, a la posibilidad de la nulidad contractual por error vicio del consentimiento (arts. 1300 y 1303 del C贸digo Civil) cuando, como en el caso de los peque帽os inversores que han interpuesto la demanda, dicho error es sustancial y excusable, y ha determinado la prestaci贸n del consentimiento. En tal caso, no se trata de una acci贸n de resarcimiento, pero los efectos pr谩cticos (la restituci贸n de lo pagado por las acciones, con restituci贸n de estas a la sociedad para que pueda amortizarlas) son equiparables a los de una acci贸n de resarcimiento como la contemplada en esta sentencia del TJUE (reembolso del importe de la adquisici贸n de las acciones y entrega de estas a la sociedad emisora).鈥

La sentencia aborda otras cuestiones. La primera de ellas es la prejudicialidad penal. Bankia arguye que las determinaciones f谩cticas que se establezcan en el proceso penal son decisivas para el civil. En particular, la imagen que ofrezcan las cuentas anuales y el folleto de emisi贸n. El TS rechaza la alegaci贸n bas谩ndose en la doctrina sentada por la STC 192/2009, de 28 de septiembre. La raz贸n es que las partes del litigio aceptaron los hechos fundamentales de la demanda. Adem谩s, la falsedad que se debate en el proceso penal no es material sino ideol贸gica. Consecuentemente, la decisi贸n del orden penal carecer谩 de trascendencia para el civil. Por otra parte, la prejudicialidad penal en este caso pondr铆a en cuesti贸n la eficacia del r茅gimen de responsabilidad civil por los da帽os y perjuicios causados a los titulares de valores adquiridos como consecuencia de informaciones falsas o de omisiones relevantes ex art. 28 LMV (art. 38 del Texto Refundido).

Otro tema controvertido es la聽consideraci贸n como hecho notorio de la falta de veracidad de la informaci贸n econ贸mico-financiera del folleto de Bankia. El TS niega que la AP afirmara que era 鈥渘otorio鈥 que la situaci贸n financiera no se correspondiera con la real cuando sali贸 a bolsa y que el folleto de la oferta p煤blica faltara a la verdad. Lo que concluy贸 fue que 鈥渞esulta prueba bastante acreditada鈥 en ese extremo.

Por 煤ltimo, el recurrente聽consider贸 que la Audiencia no hab铆a fundamentado suficientemente la prueba de presunciones en que bas贸 la existencia de error en el consentimiento. El Tribunal Supremo lo niega, pues la AP no acudi贸 a ese tipo de prueba: 鈥淟o que hace la Audiencia Provincial es tomar en聽consideraci贸n una serie de hechos (鈥), valorarlos聽y sacar las conclusiones que considera adecuadas鈥.

STS 72/2016: deber de informaci贸n del tomador

En la sentencia 72/2016, de 17 de febrero, el Tribunal Supremo reitera su doctrina sobre el deber de informaci贸n del tomador del seguro y las consecuencias de su dolo o culpa grave (arts. 10 y 11 LCS).

Antes que nada, recuerda que 鈥渕谩s que un deber de declaraci贸n, (es) un deber de contestaci贸n o respuesta del tomador a lo que se le pregunte por el asegurador, ya que este, por su mayor conocimiento de la relevancia de los hechos a los efectos de la adecuada valoraci贸n del riesgo, debe preguntar al contratante aquellos datos que estime oportunos.鈥

La cuesti贸n principal resid铆a en c贸mo afectaba al deber del tomador el hecho de que el cuestionario hubiera sido rellenado por empleados de la aseguradora. El TS recuper贸 la doctrina sentada en su sentencia 676/2014, de 4 de diciembre donde afirm贸 que esa circunstancia no justificaba el incumplimiento de su deber de informaci贸n. De ah铆 que lo relevante fuera si se le pidi贸 informaci贸n precisa sobre las circunstancias relevantes para la determinaci贸n del riesgo.

En el caso en cuesti贸n, la alta autoridad judicial considera que se le pidi贸 esa informaci贸n y que el tomador incumpli贸 su deber al omitirla. En palabras del Tribunal:

鈥…pese a que las preguntas fueron gen茅ricas, sin referencia a ninguna patolog铆a o enfermedad en particular, es determinante -base f谩ctica sobre la que se sustenta la raz贸n decisoria de la sentencia recurrida- que, desde como m铆nimo doce a帽os antes de la firma de la primera p贸liza, el asegurado ven铆a padeciendo una patolog铆a de depresi贸n que condujo a la enfermedad (transtorno bipolar) causante de su invalidez, trat谩ndose de antecedentes depresivos que, lejos de manifestarse de forma espor谩dica, como episodios aislados, dieron lugar a numerosas crisis que merecieron sucesivas actuaciones de los servicios de atenci贸n primaria y que precisaron tratamiento con medicaci贸n鈥.

STS 74/2016: levantamiento del velo

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre el levantamiento del velo de la personalidad jur铆dica. Contin煤a avanzando hacia la progresiva objetivaci贸n del presupuesto subjetivo del fraude. Se trata de la STS 74/2016, de 18 de febrero de 2016, que se enmarca en una relaci贸n de agencia de seguros.

Una entidad de seguros ejercita una demanda en reclamaci贸n de cantidad derivada del contrato de agencia contra el agente y otra aseguradora en virtud del art. 12.2 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediaci贸n de seguros y reaseguros privados. El nudo gordiano del caso resid铆a en si los agentes que hab铆an actuado por cuenta del demandante y de la aseguradora co-demandada eran la misma persona. La primera instancia aplic贸 la doctrina del levantamiento del velo. La Audiencia Provincial no. El Tribunal Supremo revoca la sentencia recurrida en este particular.

El TS reprocha a la AP que mantenga una concepci贸n restrictiva del presupuesto subjetivo del fraude de ley. Es decir, que siga exigiendo la voluntad dolosa o intencional. Pide聽que se objetive este presupuesto, en el sentido que tambi茅n debe entenderse que concurre cuando las partes deb铆an ser conscientes del incumplimiento de sus responsabilidades personales y del conocimiento del da帽o producido. En palabras del propio Tribunal:

“…de las sentencias de esta Sala de 22 de febrero de 2007 (n煤m. 159/2007) y de 9 de marzo de 2015 (n煤m. 226/2015), se desprende que la utilizaci贸n de la personalidad jur铆dica societaria como un medio o instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento, ya no puede concebirse exclusivamente en clave de un “consilium fraudis” o animus nocendi de los agentes implicados, esto es, desde el plano subjetivo de un deliberado prop贸sito o maquinaci贸n de causar un claro perjuicio, tal y como hace la sentencia recurrida, sino que, acorde con la funcionalidad se帽alada, la noci贸n de fraude tambi茅n resulta objetivable en aquellos supuestos en donde las partes tienen o deben haber tenido un conocimiento del da帽o irrogado que determina la elusi贸n de sus propias responsabilidades personales y, entre estas, el pago de las deudas.”

Tambi茅n realiza una interpretaci贸n amplia del art. 12.2 de la Ley de Mediaci贸n de Seguros y Reaseguros Privados. “…no requiere para su aplicaci贸n de la participaci贸n estrictamente dolosa del tercero, sino de su cooperaci贸n聽para que se produzca el da帽o (eventus damni), por lo que se le exige una diligencia profesional a la hora聽de contratar, de acuerdo con la ‘ratio’ o finalidad de la norma, es decir, que los contratos de agencia resulten ajustados a los principios de buena fe contractual”.

 

 

La formaci贸 del jurista

Els passats 18 i 19 de febrer de 2016 va tenir lloc al Il路lustre Col路legi d鈥橝dvocats de Barcelona el Simp貌sium internacional sobre la formaci贸 de l鈥檃dvocat i el marc de qualificacions professionals. Agraeixo als seus organitzadors, i en particular al professor Josep Maria De Dios, que m鈥檌nvitessin tot i con猫ixer les meves limitacions. Un exemple d鈥檃mistat. El divendres al mat铆 vaig participar a la taula rodona titulada: Development of skills and professional competences in the European professional qualifications field: model degree vs. model professional associations. Advantatges of learning by doing method. Reprodueixo aqu铆 el contingut substancial de la meva intervenci贸.

Simposium 1

I. Els condicionants de la formaci贸

Com a mercantilista, segueixo el m猫tode propugnat pel mestre Garrigues: l鈥檃tenta observaci贸 de la realitat. Tamb茅 es pertinent en la mat猫ria que ens ocupa, doncs la realitat condiciona l鈥檈nsenyament del Dret i la formaci贸 que hem de donar al futur jurista. Hi ha cinc fets que cal tenir molt en compte en valorar com hem de formar als estudiants.

1. El primer d鈥檈lls 茅s el frenes铆 legislatiu que patim. Cada dia s贸n m茅s les inst脿ncies que promulguen normes jur铆diques. Un jurista actual ha de prestar atenci贸 a les disposicions locals, auton貌miques, estatals, europees i internacionals. A m茅s a m茅s, cal tenir en compte que hi ha organismes que promulguen disposicions que tot i no tenir la consideraci贸 de normes jur铆diques tenen un fort impacte en la conducta dels ciutadans. Pensin, per exemple, en els anomenats Incoterms de la Cambra de Comer莽 Internacional o en les seves Regles i Usos Uniformes sobre els Cr猫dits Documentaris. D鈥檃ltra banda, cada vegada tenen m茅s import脿ncia els reguladors i supervisors, tant dom猫stics com supranacionals.

Per貌 no nom茅s hi ha m茅s legisladors, sin贸 que en els darrers temps la seva activitat s鈥檋a tornat fren猫tica. El jurista actual es troba sepultat per una allau de disposicions que l鈥檕bliguen a estar constantment estudiant i revisant el que ha apr猫s per tal d鈥檈star al dia. Per si aix貌 no fos suficient, la t猫cnica legislativa cada vegada 茅s pitjor. Tant que posa en crisi la seguretat jur铆dica. N鈥檋i ha prou amb recordar alguns problemes de la promulgaci贸 i modificaci贸 de les lleis en l鈥檃ctualitat: derogacions i modificacions amagades en disposicions que no tenen cap relaci贸 aparent 鈥揳l menys a primera vista-, aprovaci贸 de normes rellevants durant les vacances o pocs dies abans, o modificaci贸 de preceptes abans de la seva vig猫ncia 鈥撁﹕ a dir, entre la seva aprovaci贸 i l鈥檈ntrada en vigor. Fa anys critic脿vem l鈥檃nomenada Llei d鈥橝companyament. Avui en dia 鈥搎ui ens ho havia de dir- la trobem a faltar.

Per si la situaci贸 legislativa fos poc, un bon jurista ha d鈥檈star al dia de la jurisprud猫ncia, en sentit ampli. Pensin, per exemple, en la rellev脿ncia de la sent猫ncia del Tribunal de Just铆cia de 14 de mar莽 de 2013 (C-415/11), Mohamed Aziz vs Catalunya Caixa, que va obligar al legislador espanyol a modificar la normativa processal hipotec脿ria, o la famosa sent猫ncia del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013, sobre les cl脿usules s貌l. Igual que succeeix amb la legislaci贸, les inst脿ncies es multipliquen: en alguns 脿mbits resulta imprescindible estar al dia, no nom茅s de les decisions dels tribunals, sin贸 tamb茅 de les dels reguladors i supervisors.

2. Un altre condicionant de la formaci贸 del jurista 茅s el pressupost universitari. La crisi l鈥檋a sotm猫s a una cura d鈥檃primament que ha afectat greument a dos 脿mbits, respecte del tema que ens afecta. El primer 茅s el fons bibliogr脿fic. N鈥檋i ha prou en mirar les adquisicions de qualsevol biblioteca d鈥檜na facultat de Dret per comprovar que el n煤mero de manuals i, sobre tot, d鈥檕bres especialitzades adquirides s鈥檋a redu茂t dr脿sticament des de 2008. I el mateix ha succe茂t amb les subscripcions a les revistes.

El segon 脿mbit 茅s el professorat. La pol铆tica de retallades dels darrers anys ha estat tremendament perniciosa per la universitat espanyola. D鈥檜na banda, la manca de places ha fet que molts joves investigadors haguessin d鈥檈migrar o guanyar-se el pa fora de la universitat. De l鈥檃ltra, la pol铆tica de taxa de reposici贸 cero ha impedit trobar relleu pels professors que es jubilen i ha desincentivat les noves vocacions. Es produir脿 (s鈥檈st脿 produint) un salt generacional irreempla莽able, doncs un bon professor no s鈥檌mprovisa. Conseq眉entment, la qualitat i la competitivitat de les universitat minvar脿 en un moment en que mundialment est脿 de moda l鈥檈xcel路l猫ncia.

3. L鈥檈voluci贸 desenfrenada de la tecnologia est脿 revolucionant la societat, la feina i l鈥檈conomia. La formaci贸 del jurista no pot quedar al marge. En primer lloc, est脿 posant a l鈥檃bast de l鈥檈studiant i del docent noves eines i continguts. Pensin en la possibilitat d鈥檃ccedir a qualsevol diari oficial o bases de dades de la jurisprud猫ncia des de qualsevol smartphone, d鈥檃ccedir gratu茂tament a cursos en l铆nia de prestigioses universitats (Massive On-line Open Courses o MOOC) o en l鈥檃parici贸 de recursos digitals lliures de cost. A m茅s, moltes biblioteques estan digitalitzant els seus fons, amb tota la riquesa que aix貌 proporcionar脿.

Una altra conseq眉猫ncia 茅s els canvis en els mercats de treball. Ja estem experimentant com l鈥檃van莽 de la tecnologia estan fent desapar猫ixer algunes professions, amena莽ant altres i generant noves oportunitats laborals. I el m贸n jur铆dic no 茅s ali猫. Com explica Jeremy Rifkin en la seva interessant obra La sociedad de coste marginal cero (Paid贸s, Barcelona, 2014), existeix un software que facilita la interrelaci贸 de documents i la recerca de dades en ells. I est脿 tan desenvolupat que est脿 reempla莽ant a equips d鈥檃dvocats.

Tamb茅 els estudiants estan canviant. Constitueix un vici for莽a est猫s entre els professors d鈥檜na certa edat queixar-se sobre les noves generacions: no saben, no s鈥檈sforcen, no es preocupen, etc. Per貌 tamb茅 hi ha qui opina que estem davant de la generaci贸 millor preparada de la Hist貌ria. No s茅 quina de les afirmacions ser脿 veritat 鈥揺m temo que cap d鈥檈lles-. Per貌 el que s铆 sembla cert 茅s que les aptituds i compet猫ncies dels nous estudiants han canviat degut a la disponibilitat d鈥檕rdinadors, tabletes i altres dispositius electr貌nics, a la tirada pels mitjans audiovisuals en lloc dels cartacis i a la facilitat d鈥檃ccedir a continguts digitalitzats. Aix铆, per exemple, s贸n capa莽os de passar-se hores buscant informaci贸 a internet 鈥搕ant que hi ha qui proposa convertir a google en font del Dret-, per貌 nom茅s utilitzen les biblioteques per lligar. A m茅s, no n鈥檋i ha prou amb trobar la informaci贸: s鈥檋a de seleccionar i processar. I aix貌 no 茅s gens f脿cil. Es tracta d鈥檜na habilitat que cal aprendre.

4. Un altre condicionant 茅s la globalitzaci贸 de l鈥檈conomia i de la societat. 脡s una realitat innegable que la internacionalitzaci贸 de les relacions humanes est脿 condicionant la feina del jurista. Per aix貌, cal preparar els estudiants de la millor manera possible per afrontar els reptes que se鈥檒s presentin. I per aix貌 es necessari aprendre idiomes. Per貌 tamb茅 resulta aconsellable con猫ixer altres cultures. D鈥檃qu铆 que la mobilitat internacional esdevingui clau.

5. Per 煤ltim, cal prestar atenci贸 a la demanda del mercat. 脡s a dir, quin tipus d鈥檃dvocat triomfa en l鈥檃ctualitat. Fa pocs dies la premsa informava sobre l鈥櫭▁it que estan tenint uns despatxos poc ortodoxos, com Arriaga Abogados, Bufete Rosales, Abogados Preferentes o Trivi帽o Abogados. S鈥檋an especialitzat en les demandes col路lectives contra els bancs i entitats similars arrel de la comercialitzaci贸 de productes t貌xics. I han aconseguit fer-se amb un n铆nxol de mercat gens menyspreable.

Hi ha tres dades rellevants d鈥檃quest model de despatx. En primer lloc, la promoci贸 que fan. Fins no fa gaire els advocats acostumaven a fer-se fotografiar a les seves biblioteques, rodejats d鈥橝ranzadis i altres joies bibliogr脿fiques. Jos茅 Mar铆a Ru铆z de Arriaga promociona el seu despatx de la ma de Iker Casillas, l鈥檈x porter del Reial Madrid. Segon, els advocats acostumaven a fer tesi doctoral; al menys s鈥檌nscrivien als programes de doctorat amb l鈥檈speran莽a (ut貌pica?) de concloure algun dia la seva recerca. Segons els diaris, el senyor Arriaga 茅s m茅s partidari dels MBAs de les escoles de negoci: el que importa 茅s el marketing. I tercer, els mitjans de comunicaci贸 estan posant en dubte l鈥櫭╰ica professional d鈥檃lguns d鈥檃quests despatxos. Aporten dades que fan pensar que estan m茅s interessats en la remuneraci贸 que generaria continuar amb els plets que en la defensa dels interessos dels seus clients.

II. Com ensenyar Dret (aptituds, habilitats i compet猫ncies)

1. Un cop exposats els condicionants de la realitat, 茅s hora de pronunciar sobre c贸m ensenyar Dret i quines s贸n les compet猫ncia que s鈥檋an de fomentar. En primer lloc, cal pronunciar-se sobre si 茅s millor centrar-se en les grans idees o si cal descendir al detall de la llei. Al meu modest entendre, 茅s preferible la primera opci贸 donat que avui en dia 茅s m茅s real que mai la idea de Kirchmann de que tres paraules del legislador poden fer inservible una biblioteca jur铆dica sencera. En efecte, l鈥檃llau de normes, la celeritat amb la que canvien i el fet que cada dia tinguem menys temps per l鈥檈nsenyament fan que sigui preferible dedicar els esfor莽os a explicar els grans conceptes i els principis essencials de l鈥檕rdenament, aix铆 com analitzar el conflictes d鈥檌nteressos que estan darrera de les normes jur铆diques.

Aix貌 no significa que les classes tinguin que ser exclusivament lli莽ons magistrals on s鈥檈nsenyin conceptes abstractes. La pluralitat metodol貌gica es benvinguda i es poden utilitzar casos pr脿ctics per ensenyar les principals institucions de l鈥檕rdenament jur铆dic. Igualment, tampoc s鈥檋a de renunciar a explicar el detall de la llei quan sigui possible. Per貌 en cas de conflicte, cal donar prefer猫ncia a la transmissi贸 dels conceptes i principis b脿sics del Dret.

2. Ja que ens hem referit a la metodologia, crec que no hi ha una 煤nica possibilitat v脿lida sin贸 que totes poden ser 煤tils en funci贸 de les necessitats docents. Aix铆, les lli莽ons magistrals s贸n 煤tils per introduir les grans q眉estions a grups nombrosos d鈥檃lumnes. Els casos pr脿ctics s贸n m茅s atractius pels estudiants per貌 exigeixen grups redu茂ts disposats a treballar, tant els alumnes com els professors. I una cosa similar succeeix amb l鈥檃utoaprenentatge.

Ara b茅, l鈥檕pci贸 per un m猫tode o altre pot resultar aliena a la voluntat docent en estar supeditada als condicionants universitaris. Aix铆, no es poden (rectius, no s鈥檋aurien de) fer classes pr脿ctiques amb m茅s de cinquanta alumnes. Igualment, no sembla raonable programar lli莽ons magistrals quan la seva duraci贸 supera el temps en que un alumne pot estar concentrat (o en que la pr貌stata del docent est脿 tranquil路la). I no cal oblidar la formaci贸 del docent, doncs tamb茅 condiciona la manera d鈥檈nsenyar el Dret. Aix铆, per exemple, als professors en exclusiva ens costa molt resoldre correctament els casos pr脿ctics mentre que tenim m茅s facilitat per ensenyar la teoria general. I el mateix succeeix, per貌 al rev茅s, amb els professionals (advocats, jutges, notaris, registradors) que donen classes. L鈥檌deal seria que complement茅ssim les nostres aptituds i ens coordin茅ssim.

D鈥檃ltra banda, cal fomentar el treball en equip. La ra贸 principal 茅s que la societat demana que els juristes posseeixin aquesta compet猫ncia. La complexitat actual de les relacions humanes i, sobre tot, econ貌miques determina que sigui m茅s efectiu unir esfor莽os que treballar en solitari. A m茅s a m茅s, actuar en equip permet tamb茅 que desenvolupin l鈥檋abilitat de resoldre per si mateixos els conflictes que poden sorgir dins del col路lectiu, el que constitueix un valor afegit a la formaci贸 de l鈥檃lumnat. Per貌 no nom茅s interessa impulsar el treball en equip, sin贸 que cal exigir als estudiants que adoptin tots els papers possibles; 茅s a dir, que s脿piguen actuar com l铆ders o com gregaris en funci贸 de les necessitats.

3. Quant a les compet猫ncies dels estudiants, tradicionalment seguien (i continuen seguint) un paradigma format per quatre elements: apuntar, 鈥渆mpollar鈥, vomitar i oblidar. 脡s a dir, l鈥檃lumne acostumava a desenvolupar un paper totalment passiu a les classes: es limitava a anotar el que el professor predicava amb m茅s o menys gr脿cia. El dia abans o, en el millor dels casos, pocs dies abans de l鈥檈xamen aprenia de mem貌ria el que havia apuntat sense aprofundir en els continguts, doncs no se li exigia. Tercer, l鈥檈xamen consistia en reproduir, amb m茅s o menys detall, el que el professor havia explicat a classe. Desgraciadament la major part de les dades apreses acostumaven a oblidar-se als pocs dies (sic, hores).

Sense perjudici de continuar fomentant la mem貌ria quan sigui necessari, cal promoure altre tipus d鈥檋abilitats dels nostres estudiants; en particular, el trinomi buscar, analitzar i exposar. En primer lloc, cal incentivar que els estudiants cerquin per s铆 sols materials jur铆dics: normes, sent猫ncies, resolucions administratives, contractes-tipus, usos y pr脿ctiques, etc. Quantes m茅s variats i quantes m茅s fonts millor. 脡s una bona manera d鈥檈stimular l鈥檈sperit d鈥檌niciativa, que tan 煤til 茅s en el m贸n professional i laboral.

Cal tenir en compte que els avan莽os de la tecnologia i l鈥檃ugment de la digitalitzaci贸 fan que molts d鈥檃quests continguts estiguin a l鈥檃bast de qualsevol persona que tingui un dispositiu connectat a la xarxa. A m茅s a m茅s, avui en dia internet ofereix la possibilitat d鈥檃ccedir a lli莽ons magistrals de grans professors a trav茅s de recursos com confer猫ncies a youtube, webinars o MOCCs. Per貌 no cal oblidar les biblioteques, dotades de fons bibliogr脿fics i bases de dades de gran utilitat. Cal aconseguir que els alumnes tornin a elles a aprendre.

En segon lloc, cal impulsar la capacitat d鈥檃n脿lisi dels estudiants. Estimular-los per a que identifiquin els conflictes d鈥檌nteressos existents, esbrinin els arguments utilitzats per les parts o en trobin d鈥檃ltres i els valorin a fi de decidir quins s贸n pertinents i quins no. En aquest sentit, s鈥檋a d鈥檈speronar l鈥檈sperit cr铆tic dels nostres alumnes per tal de formar bons juristes.

L鈥櫭簂tim element del trinomi 茅s l鈥檈xposici贸. Cal ensenyar als alumnes a transmetre els coneixements adquirits, tant de forma oral com per escrit. El professor ha de corregir les presentacions, els treballs i escrits que els alumnes li entriguin no nom茅s per valorar el seu treball sin贸 tamb茅 per tal d鈥檃judar-los a esmenar les defectes que puguin tenir i a ser m茅s efectius en la transmissi贸 de la informaci贸 al p煤blic.

En aquest sentit, tenen gran utilitat els cursos, seminaris i tallers de ret貌rica i orat貌ria. I el mateix succeeix amb les concursos, tornejos i lligues de debat que s鈥檋an posat tant de moda. Malauradament, aquests 煤ltims no tenen reconeixement oficial ni pels alumnes ni pels professors. S鈥檃costumen a fer gratia et amore. No pot ser aix铆. Es necessari incorporar aquestes activitats als plans d鈥檈studi de les nostres universitats i aconseguir el finan莽ament necessari per a que treballar no costi diners.

4. En una societat i en una economia tan globalitzades com les actuals, els futurs juristes se les veuran amb clients estrangers i hauran de comunicar-se amb ells. Per aix貌 el domini del major n煤mero d鈥檌diomes resulta fonamental. I entre ells l鈥檃ngl猫s, que avui en dia no constitueix un valor afegit sin贸 un pressupost indispensable.

A les facultats de Dret ens hem d鈥檈sfor莽ar per ajudar als alumnes a adquirir aquestes habilitats. No es tracta tant d鈥檈nsenyar Dret comparat 鈥搕ot i que 茅s una assignatura molt formativa, la inclusi贸 de la qual als plans d鈥檈studi mereix ser valorada- com d鈥檈mprar idiomes estrangers. Aix貌 es pot fer utilitzant-los com a llengua vehicular o, al menys, utilitzant materials escrits o elaborats en altres lleng眉es. La primera opci贸 茅s la m茅s desitjable, per貌 molt complicada d鈥檃ssolir. D鈥檜na banda, precisa un gran domini de l鈥檌dioma en q眉esti贸, tant per part del docent com de l鈥檃lumnat. De l鈥檃ltra, es dif铆cil trobar els materials normatius tradu茂ts. Cal recon猫ixer que el Ministeri de Just铆cia ha fet una gran esfor莽 al respecte i trobem moltes normes essencials tradu茂des a l鈥檃ngl猫s i al franc猫s a la seva p脿gina web. Dissortadament aquestes traduccions no s贸n perfectes; presenten incorreccions i contradiccions. Atesa aquesta dificultat, 茅s comprensible la recan莽a dels professors i dels 貌rgans de govern de les Facultats de Dret a programar assignatures en altres idiomes.

Molt m茅s f脿cil 茅s incorporar materials en altres idiomes a les assignatures que s鈥檌mparteixen en catal脿 o en espanyol. Poden ser sent猫ncies o decisions administratives, regles i pr脿ctiques uniformes, contractes-tipus o formularis, per exemple. La seva utilitzaci贸 ajuda a assolir un major domini de l鈥檌dioma estranger i tamb茅 pot servir per comprendre millor una instituci贸 o concepte nacional. Aix铆, l鈥檃n脿lisi d鈥檜n coneixement d鈥檈mbarcament redactat en angl猫s permetr脿 explicar que 茅s un 鈥渓ien鈥, comparar-lo amb un dret de retenci贸 i aprofundir en el significat, efic脿cia i problemes d鈥檃quest 煤ltim.

L鈥檌ntercanvi d鈥檃lumnes i de professors 茅s un altre instrument important铆ssim per l鈥檃prenentatge dels idiomes. Resulta tan evident i s贸n tan coneguts els seus avantatges que no cal dir res m茅s. Deixin-me per貌 fer una consideraci贸. Si ens creiem els beneficis dels intercanvis, cal dotar-los dels recursos necessaris. D鈥檜na banda, recursos econ貌mics. Unes beques de 200 o 300 euros al mes per als nostres estudiants sembla un insult a d鈥檌ntel路lig猫ncia (d鈥檃qu铆 aquella dita carregada de ra贸: 鈥渓鈥檈ramus s贸n els pares鈥). D鈥檃ltra banda, cal m茅s flexibilitat en els plans d鈥檈studi i en els programes de les assignatures. Aquesta reivindicaci贸 afecta sobre tot al intercanvi de professors. L鈥檈xig猫ncia d鈥檜n m铆nim de vuit hores setmanals de classe genera un mal de cap al coordinador de la universitat de dest铆, doncs no resulta f脿cil trobar aquest espai en uns plans d鈥檈studi i programes tan atape茂ts com els actuals. Al final, acaba pidolant unes hores als seus companys de facultat per tal que un professor de fora, al que moltes vegades no coneix, pugui venir a treballar.

5. Per 煤ltim, per貌 no per aix貌 menys important, la formaci贸 continuada es una necessitat evident avui en dia. Per aix貌 cal que les universitats i els col路legis d鈥檃dvocats ofereixin als interessats programes adients. I si fos possible, de forma coordinada. Ara b茅, en l鈥檃ctualitat la formaci贸 continuada 茅s volunt脿ria; dep猫n exclusivament de la volici贸 del jurista. La q眉esti贸 est脿 en si cal condicionar l鈥檈xercici de les activitats jur铆diques a l鈥檃creditaci贸 de la realitzaci贸 de cursos de seguiment. Aix铆 succeeix, per exemple, amb els mediadors.

De nuevo sobre el retraso en la entrega de la vivienda

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre el derecho a resolver el contrato de compraventa de vivienda por incumplimiento del plazo de entrega. La sentencia 71/2016, de 17 de febrero de 2016 reitera la doctrina anterior que expusimos en la entrada: “Jurisprudencia reciente sobre la compraventa de viviendas con entregas a cuenta“.

En el caso, la primera instancia y la apelaci贸n聽desestimaron la demanda al considerar que una demora de siete meses en la obtenci贸n de la vivienda de primera ocupaci贸n constitu铆a un mero retraso sin trascendencia resolutoria. El Tribunal Supremo confirma el fallo recurrido. Recuerda que no puede entrar en la interpretaci贸n del contrato salvo cuando “…la realizada por el tribunal sentenciador sea contraria a las normas legales, il贸gica聽o arbitraria…”.

Respecto del fondo del asunto, subray贸 que la falta de entrega de la vivienda era imputable a los compradores, “…ya que no atendieron el requerimiento de la vendedora para que comparecieran聽a escriturar…” Adem谩s, no hab铆an demostrado que la falta de entrega del inmueble en plazo les hubiera producido da帽o alguno.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén