Carlos G贸rriz L贸pez

Month: October 2015

EJECUCI脫N HIPOTECARIA Y CL脕USULAS ABUSIVAS: STJUE 29.10.2015 (C-8/14)

Es por todos conocido que la t茅cnica jur铆dica del legislador espa帽ol deja mucho que desear. Y si a alguien le quedan dudas, el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea vuelve a confirmarlo. En su sentencia de 29 de octubre de 2015 (C-8/14), BBVA, afirma que la Disposici贸n Transitoria 4.陋 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci贸n a los deudores hipotecarios, reestructuraci贸n de deuda y alquiler social es incompatible con los art铆culos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Lo grave es que la Ley 1/2013 se aprob贸, entre otras razones, para adecuar la Ley de Enjuiciamiento Civil al ordenamiento europeo.

En efecto, como se recordar谩, en la famosa sentencia de 14 de marzo de 2013 (C-415/11), que valor茅 sucintamente aqu铆, la corte europea hab铆a declarado que la normativa espa帽ola del procedimiento de ejecuci贸n hipotecaria contraven铆a el Derecho de la Uni贸n Europea. De un lado, no permit铆a alegar el car谩cter abusivo de las cl谩usulas durante el procedimiento ejecutivo. De otro, no permit铆a al juez del procedimiento declarativo adoptar medidas cautelares como la suspensi贸n del procedimiento de ejecuci贸n hipotecaria.

El legislador espa帽ol aprob贸 la Ley 1/2013 para corregir los defectos denunciados por el Tribunal de Justicia. No obstante, como ya advert铆 en la entrada Ley de Protecci贸n de los Deudores Hipotecarios: una respuesta insuficiente, diversos preceptos de la nueva disposici贸n presentaban problemas de compatibilidad con la normativa europea. Y as铆 lo confirm贸 de nuevo el TJUE en la sentencia de 17 de julio de 2014 (C-169/14) (la coment茅 sucintamente en la entrada Europa saca los colores al legislador espa帽ol). En ella declar贸 que el art铆culo 695.4 LEC, producto de la reforma de 2013, chocaba con el art铆culo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea y el art铆culo 71 de la Directiva 93/13/CEE.

Ahora es el turno de la Disposici贸n Transitoria 4.陋 de la Ley 1/2013. Regula c贸mo afecta esta norma a los procedimientos ejecutivos que se hallan en curso en el momento de su entrada en vigor. Esencialmente concede un plazo de un mes para que las partes ejecutadas puedan formular un procedimiento extraordinario de oposici贸n bas谩ndose en la existencia de cl谩usulas abusivas. Este periodo preclusivo se computa desde la entrada en vigor de la Ley. El Tribunal de Justicia valora la compatibilidad de sus dos elementos, el plazo de un mes y el mecanismo para determinar su inicio, con la Directiva 93/13/CEE a la luz de los principios de equivalencia y efectividad. Estima que el primero no presenta problemas: 鈥溾n plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposici贸n no parece, en principio, materialmente insuficiente para la preparaci贸n e interposici贸n de un recurso judicial efectivo, sino que parece razonable y proporcionado habida cuenta de los derechos e intereses de que se trata鈥.

No sucede lo mismo con el mecanismo para determinar el inicio de ese lapso: vulnera el principio de efectividad. La autoridad judicial europea explica que los deudores hipotecarios fueron informados al principio del procedimiento, mediante una notificaci贸n individual, de que ten铆an un t茅rmino de diez d铆as para oponerse a la ejecuci贸n. Pero esa notificaci贸n era anterior a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 y no se les volvi贸 a informar individualmente acerca del nuevo derecho de oposici贸n que les conced铆a la Disposici贸n Transitoria 4.陋 Por lo tanto, es posible que no trabaran conocimiento de esa posibilidad con lo que sus derechos de defensa resultaban perjudicados. Consecuentemente, el TJUE afirma que 鈥溾a disposici贸n transitoria controvertida, en la medida en que prev茅 que el plazo preclusivo comienza a correr en el presente caso sin que los consumidores afectados sean informados personalmente de la posibilidad de alegar un nuevo motivo de oposici贸n en el marco de un procedimiento de ejecuci贸n ya iniciado antes de entrar en vigor esa Ley, no garantiza que se pueda aprovechar plenamente ese plazo y, en consecuencia, no garantiza el ejercicio efectivo del nuevo derecho reconocido por la modificaci贸n legislativa en cuesti贸n鈥.

AUSENCIA DE PROTESTA DE AVER脥AS EN UN FLETAMENTO MAR脥TIMO: STS 418/2015, DE 20 DE JULIO

A diferencia de lo que es usual en la doctrina, el objeto de esta entrada es aplaudir una decisi贸n judicial y no criticarla. Se trata de la STS 418/2015, de 20 de julio, que aborda el problema de las consecuencias de la falta de protesta de aver铆a en un transporte mar铆timo de mercanc铆as. El Tribunal Supremo huye de la literalidad del art铆culo 952.2 del C贸digo de comercio y adecua su ex茅gesis a la realidad actual, rompiendo as铆 con la interpretaci贸n tradicional.

Este precepto configuraba la protesta de aver铆as como un requisito de procedibilidad, de modo que su ausencia no permit铆a estimar la acci贸n de indemnizaci贸n ejercitada por el acreedor del transporte. Se aplicaba al caso por que los hechos, un transporte de mercanc铆as entre Vilanova i la Geltr煤 y Cardiff, se hab铆an producido antes de la entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegaci贸n Mar铆tima y no concurr铆an los requisitos necesarios para aplicar la normativa uniforme del acarreo mar铆timo bajo conocimiento de embarques.

Tradicionalmente se hab铆a interpretado que el segundo p谩rrafo del art铆culo 952.2 condicionaba el ejercicio de la acci贸n de indemnizaci贸n por p茅rdida o da帽o de la carga a la presentaci贸n de la protesta en su debido tiempo. As铆, SSTS 2.3.1988, 23.3.1988, 20.9.1988, 3.12.1990 y 21.2.2008. En la decisi贸n comentada, la m谩xima autoridad judicial espa帽ola cambia de posici贸n y mantiene que la ausencia de reserva de p茅rdida o da帽os genera la presunci贸n de que las mercanc铆as se han entregado conforme al conocimiento de embarque, admiti茅ndose la prueba en contrario. Pero no impide el ejercicio de la acci贸n de indemnizaci贸n.

Fundamenta su decisi贸n en la necesidad de adecuar la hermen茅utica a la realidad social actual (art. 3.1 del C贸digo civil). Pero tambi茅n otorga gran importancia, acertadamente, a la restante normativa sobre el contrato de transporte de mercanc铆as, que niega que la reserva de p茅rdida y aver铆as sea un requisito de procedibilidad, y en especial a la Ley de Navegaci贸n Mar铆tima.

C贸mo hemos dicho, el fallo comentado nos parece encomiable, pues abandona un formalismo obsoleto y adec煤a la interpretaci贸n del art. 952.2 Ccom a la realidad actual. Sin embargo, su trascendencia ser谩 escasa puesto que la Ley de Navegaci贸n Mar铆tima ha derogado el Libro III del C贸digo de comercio y su combinaci贸n con la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercanc铆as han privado de eficacia al precepto referido. No obstante, la STS 418/2015 alimenta el debate sobre la autonom铆a del Derecho de la navegaci贸n mar铆tima en Espa帽a o la apuesta por un Derecho del transporte.

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