Carlos G贸rriz L贸pez

Month: March 2015

Resoluci贸n DGRN 4.3.2015: acreditaci贸n de la asistencia a una junta general

La cuesti贸n que se plantea en la resoluci贸n de 4.3.2015 es si debe acreditarse al registrador mercantil la representaci贸n de una comunidad hereditaria que concurri贸 a una junta general de una SL en la que se vot贸 la ampliaci贸n del capital y el ejercicio del derecho de adquisici贸n preferente. El registrador se neg贸 a practicar la inscripci贸n por diversas razones y, entre ellas, porque no se le hab铆a acreditado la representaci贸n de la comunidad hereditaria. Pero el presidente de la junta s铆 hab铆a reconocido la condici贸n de socio de la comunidad y la representaci贸n de la persona que actuaba en su nombre. La junta se hab铆a celebrado y en ella se aprob贸 el aumento del capital social. La comunidad hab铆a renunciado al ejercicio del derecho de adquisici贸n preferente.

La DGRN estima el recurso y declara que procede la inscripci贸n. Parte de dos premisas. La primera es que el Libro Registro de Socios de una SL no tiene un alcance sacramental: el 贸rgano de administraci贸n puede reconocer la condici贸n de socio a quien lo acredite debidamente aunque no conste en el Libro. La segunda es que la competencia para confeccionar la lista de asistentes es de la mesa de la junta general. Por lo tanto, hay que estar a la declaraci贸n del presidente sobre la v谩lida constituci贸n de la junta, sin que el registrador mercantil pueda denegar la inscripci贸n por cuestiones relacionadas con este extremo, salvo cuando concurran circunstancias que cuestionen el mero hecho de la celebraci贸n de la junta o su adecuaci贸n al ordenamiento jur铆dico. 鈥淓l hecho de que en el desarrollo de la junta la representaci贸n de la comunidad hereditaria no vote a favor del aumento de capital y renuncie al ejercicio de su derecho de suscripci贸n preferente no implica, per se, ninguna de las circunstancias que permiten afirmar que la declaraci贸n de v谩lida constituci贸n es contraria a Derecho sin perjuicio de que si alguno de los part铆cipes de la comunidad considera vulnerada su posici贸n jur铆dica ejercite las acciones que el ordenamiento le reconoce鈥. Consecuentemente, la DGRN afirma que el registrador no pod铆a exigir al representante de la comunidad hereditaria que acreditara su poder para asistir a la junta

RES. DGRN 6.3.2015: INSCRIPCI脫N DE LA RENUNCIA AL CARGO DEL ADMINISTRADOR 脷NICO

La cuesti贸n que resuelve la resoluci贸n de 6 de marzo de 2015 es la inscripci贸n de la renuncia al cargo de la administradora 煤nica anunciada en una junta general. El registrador mercantil no la inscribi贸 porque no constaba en la convocatoria del 贸rgano soberano y los asistentes a la misma, que representaban el 100% del capital social, no aceptaron la inclusi贸n del orden del d铆a del nombramiento de un nuevo administrador. El registrador bas贸 su negativa en la resoluci贸n de la DGRN de 29.9.2014, seg煤n la cual para inscribir la renuncia del administrador 煤nico debe acreditarse que se ha convocado una junta general en cuyo orden del d铆a se prevea el nombramiento de un nuevo administrador.

La Direcci贸n General estima el recurso y matiza su doctrina. Explica que inicialmente exig铆a que el administrador continuara en el cargo hasta que se reuniese una junta general que aceptara la renuncia y nombrara un nuevo administrador (resoluciones de 26 y 27 de mayo de 1992). En una segunda fase rebaj贸 la exigencia y simplemente requiri贸 la convocatoria formal de la junta general, cuyo orden del d铆a previera el nombramiento de nuevos administradores (resoluciones de 24 de marzo de 1994, 23 de junio de 1994, 23 de mayo de 1997 y 30 de junio de 1997).

En el caso que nos ocupa se da la circunstancia de que la renuncia al cargo ha tenido lugar durante una junta general debidamente convocada en la que se ha aceptado la dimisi贸n del administrador. La DGRN recuerda que el 贸rgano soberano pod铆a haber nombrado un nuevo gestor en esa reuni贸n. As铆 lo ha afirmado tanto el Tribunal Supremo (sentencias de 30.4.1971, 30.9.1985 y 4.11.1992) como la propia DGRN (16.2.1995 y 26.7.1996). Consecuentemente, deb铆a haberse inscrito la renuncia del administrador, puesto que hab铆a obrado diligentemente y la junta general pod铆a haber evitado el descabezamiento de su 贸rgano de gesti贸n:

鈥溾 en los casos de renuncia del administrador 煤nico manifestada en la junta general previamente convocada, puede nombrarse un nuevo administrador en esa misma junta, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la adopci贸n de tal acuerdo, aunque no tenga car谩cter de junta universal y 鈥揷omo es l贸gico, al ser imprevista la renuncia en el momento de la convocatoria鈥 no se hubiera incluido tal asunto en el orden del d铆a de la convocatoria鈥 la administradora ha llevado a cabo la diligencia que le era exigible al manifestar su renuncia en la junta general, de modo que la eficacia de su renuncia no puede verse condicionada por contingencias como la negativa de los socios presentes y representados en la misma junta a nombrar un nuevo administrador 鈥︹

Responsabilidad de administradores y concurso: STS 737/2014

En la sentencia 737/2014, de 22 de diciembre, el Tribunal Supremo se enfrenta al ejercicio de una acci贸n individual de responsabilidad de administradores de una sociedad declarada en concurso de acreedores. En la primera instancia los acreedores hab铆an demandado a los administradores y a los auditores, que hab铆an sido sancionados por el ICAC por faltas graves en el desempe帽o de sus funciones. El Juzgado de lo Mercantil n煤m. 10 de Barcelona fall贸 que las acciones hab铆an prescrito. La Audiencia Provincial estim贸 el recurso al otorgar eficacia al art. 60 de la Ley Concursal y conden贸 a los demandados. El Tribunal Supremo confirma su decisi贸n.
Respecto de la interrupci贸n de la prescripci贸n ex art. 60 Ley Concursal, el Tribunal Supremo distingue en funci贸n de las acciones de responsabilidad. La social de responsabilidad s贸lo puede ser ejercitada por la administraci贸n concursal; es competente el juez que conoce el concurso y la declaraci贸n del mismo no suspende el ejercicio de la acci贸n ni paraliza los efectos en que se hubiere efectuado. En el caso de la responsabilidad por deudas del art. 367 LSC, la declaraci贸n de concurso conlleva la suspensi贸n de su ejercicio as铆 como de los procedimientos pendientes. En cambio, no suspende el ejercicio de la acci贸n individual de responsabilidad: 鈥溾uede ser ejercitada por los terceros perjudicados, ante el juez mercantil que corresponda, al margen del concurso de acreedores鈥. Ahora bien, 鈥(e)l hecho de que el ejercicio de esta acci贸n individual no quede suspendido como consecuencia de la declaraci贸n de concurso no significa que no alcance a esta acci贸n el efecto de la interrupci贸n de la prescripci贸n. La interrupci贸n de la prescripci贸n no va ligada necesariamente a la suspensi贸n o paralizaci贸n de la acci贸n, siendo posible que estando interrumpida la prescripci贸n pueda ejercitarse la acci贸n. En estos casos, la justificaci贸n del efecto interruptivo de la prescripci贸n es distinto, y guarda relaci贸n con la conveniencia de que los terceros afectados, en nuestro caso acreedores de la sociedad, esperen a lo que pudiera acontecer en el concurso, que pudiera afectar al da帽o o perjuicio susceptible de ser resarcido por los administradores con la acci贸n individual, y tambi茅n al conocimiento de las conductas o comportamiento de los administradores que pudieran justificar la responsabilidad鈥.
La declaraci贸n de concurso tambi茅n afecta a la acci贸n de responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, frente a los auditores. Por una parte, la competencia recae en el juez del concurso. Por otra, s贸lo est谩 legitimada activamente la administraci贸n concursal.
El Tribunal Supremo sigue la doctrina mayoritaria y califica la acci贸n individual de responsabilidad como org谩nica 鈥搃d est, vinculaci贸n sist茅mica de los arts. 236 a 241 bis LSC- y extracontractual. Mantiene que los administradores incumplieron gravemente sus deberes al formular unas cuentas que no ofrec铆an una imagen fiel de la situaci贸n patrimonial y financiera de la sociedad. Asimismo, afirma que esta conducta caus贸 un da帽o directo a los acreedores que suministraron productos a la sociedad confiando en que su econom铆a estaba desahogada, aunque no acudieron al Registro mercantil.
鈥淭iene raz贸n el recurrente cuando afirma que las diferencias, errores o desajustes en la contabilidad de una sociedad publicadas en el Registro Mercantil para informaci贸n general, en s铆 mismas no son necesariamente aptas, adecuadas causalmente, para una acci贸n individual contra sus administradores.
Pero eso no impide que en supuestos excepcionales como el presente, en que la relevancia de las inexactitudes que afectaban a la imagen de la solvencia de la compa帽铆a, hubiera provocado una falsa confianza en los acreedores demandantes para lleva a cabo importantes suministros en la campa帽a de Navidad sin recabar las garant铆as que aseguraran el cobro de sus cr茅ditos鈥︹

Mediaci贸: comen莽ar la casa per la teulada

A mitjans de gener vaig fer una xerrada al M脿ster de Mediaci贸 que s鈥檌mparteix a la Facultat de Ci猫ncies de l鈥橢ducaci贸 de la Universitat Aut貌noma de Barcelona per parlar sobre el marc jur铆dic de la mediaci贸 civil i mercantil. Despr茅s d鈥檈studiar el tema i parlar amb companys advocats, he arribat a la conclusi贸 de que, en mat猫ria de mediaci贸 mercantil, l鈥橢stat espanyol ha comen莽at la causa per la teulada (clar que perqu猫 no li quedava m茅s remei). Intento explicar-me.

La mediaci贸 茅s un mitj脿 alternatiu de resoluci贸 de conflictes que es caracteritza perqu猫 son les pr貌pies parts les que arriben a una soluci贸 al seu desencontre gr脿cies a l鈥檃jut d鈥檜n mediador. Aquest 煤ltim 茅s un professional neutral, la funci贸 del qual no es trobar una resposta al problema sin贸 apropar a les parts per tal de que siguin elles mateixes les que resolguin les seves difer猫ncies. Dues raons principals serveixen de fonament a la instituci贸. La primera 茅s la responsabilitat social de la persona. Es considera desitjable que els ciutadans aprenguin a solucionar per ells mateixos els conflictes que creen, en lloc de rec贸rrer a un tercer (jutges i tribunals) per a que els hi resolguin la papereta. De l鈥檃ltra, hi ha una ra贸 monet脿ria: la mediaci贸 serveix per descongestionar l鈥橝dministraci贸 de Just铆cia. Si la mediaci贸 funciona, no cal destinar tants recursos a aquesta 煤ltima o es podran aprofitar millor els que hi ha destinats.

Al meu modest entendre, per a que aquest sistema funcioni s贸n necessaris dos elements El primer es material: cal que els poders p煤blics cre茂n un sistema adequat de mediaci贸. Han de fixar els requisits necessaris per esdevenir mediador, especificar com han de dur a terme la seva tasca i establir els mecanismes per fer complir els acords als que arribin les parts en cas de que s鈥檃ssoleixin. Afortunadament, i sense que serveixi de precedent, disposem de normes adequades. El legislador catal脿 es va posar mans a la obra ben aviat. A l鈥檃ny 2001 va aprovar la Llei 1/2001, de 15 de mar莽, de mediaci贸 familiar de Catalunya. En veure que el seu abast era insuficient, va promulgar la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediaci贸 en l鈥櫭爉bit del dret privat. El legislador espanyol no ha estat tant matiner per貌 finalment ha fet els deures. La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles constitueix un marc jur铆dic apropiat per aquest sistema de soluci贸 de conflictes.

L鈥檃ltre element es la convicci贸 en el sistema. Per a que la mediaci贸 funcioni 茅s necessari que els ciutadans i les empreses creguin que 茅s un bon mitj脿 per resoldre els seus problemes. Si manca aquesta convicci贸 no hi ha res a fer, doncs la mediaci贸 es basa en l鈥檃utonomia de la voluntat i en la disponibilitat. 脡s a dir, no sols les parts han d鈥檈star d鈥檃cord en recorre a aquest mitj脿 de soluci贸 de conflictes sin贸 que no estan obligades a arribar a un acord; poden abandonar-lo en qualsevol moment.

脡s aqu铆 on rau el problema. La societat espanyola no es prou madura per acceptar la mediaci贸 com un sistema adient de resoluci贸 de conflictes. D鈥檜na banda, est脿 molt crispada i prefereix la confrontaci贸 al di脿leg. D鈥檃ltra, hi ha la convicci贸 de que els tribunals ho arreglen tot i donen la ra贸 a aquell que la treu. Nom茅s cal veure qualsevol programa de Tele5 per veure amb quina facilitat s鈥檃mena莽a amb una querella per argumentar que es t茅 ra贸.

Malauradament el legislador nacional no est脿 fent res per canviar aquesta cultura. No ha engegat cap programa seri贸s per fomentar la mediaci贸 i els sistemes alternatius de resoluci贸 de conflictes a l鈥櫭爉bit mercantil. La ra贸 茅s que no sembla creure en ells. L鈥檃provaci贸 de la Ley de mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles no 茅s una resposta a la petici贸 de la societat ni est脿 adre莽ada a canviar la cultura de confrontaci贸 actual. 脡s senzillament una resposta extempor脿nia a una imposici贸 de la Uni贸 Europea. El seu origen es remunta a l鈥檃ny 2005 quan les Corts Generals van dictar la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el C贸digo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separaci贸n y divorcio. La seva Disposici贸 Final 3.陋 ordenava al Govern espanyol que prepar茅s un projecte de llei sobre mediaci贸. Desafortunadament no va haver resposta. Tres anys m茅s tard el Parlament Europeu i el Consell van aprovar la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles. L鈥橢stat espanyol estava obligat a elaborar una norma que la incorpor茅s a l鈥檕rdenament intern abans del 21 de maig de 2011 per貌 se li va passar l鈥檃rr貌s. Tot de pressa i corrents va promulgar el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles. Aix铆 es complia amb Europa per貌 es devaluava la Constituci贸 Espanyola, doncs l鈥檃rt. 86 preveu que aquest tipus de norma est脿 pensada exclusivament per casos d鈥檈xtraordin脿ria i urgent necessitat; no pas per resoldre la deixadesa dels poders p煤blics. Tres mesos m茅s tard veia la llum la Ley de mediaci贸n en asuntos civiles y mercantiles que reprodueix mutatis mutandi l鈥檈smentat Real Decreto-Ley.

*Publicat originalment a Comer莽 i ciutat, 2015 (n煤m. 54), p脿gines 26 i 27.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén