Carlos G贸rriz L贸pez

Month: July 2014

DERECHO AL OLVIDO VS LIBERTAD DE INFORMACI脫N: EL CASO GOOGLE SPAIN

El conflicto entre el derecho a la intimidad y las libertades de expresi贸n y de informaci贸n es un cl谩sico. Piensen en todos los casos en que famosos, pseudo-famosos y particulares han demandado a medios de comunicaci贸n para difundir noticias o im谩genes pertenecientes a su vida privada. Las nuevas tecnolog铆as, y en particular internet, han revolucionado este tema y han renovado el inter茅s de los juristas. Uno de los 煤ltimos casos ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) de 13 de mayo de 2014 (C-131/12), que enfrentaba el todopoderoso Google con la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos y el Sr. Mario Costeja Gonz谩lez.

El origen del fallo radica en la petici贸n del Sr. Costeja, abogado de profesi贸n -隆como no! -, de que La Vanguardia y Google eliminaran datos referentes al embargo de determinados inmuebles que hab铆a sufrido a ra铆z de deudas con la Seguridad Social. Fundament贸 su reclamaci贸n en聽que esos hechos, a pesar de ser ciertos, hab铆an pasado hac铆a mucho tiempo y hoy en d铆a no ten铆an ninguna relevancia. La Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos acogi贸 la petici贸n respecto de Google pero no de La Vanguardia pues la informaci贸n que proporcionaba su p谩gina web estaba amparada por el art. 20 de la Constituci贸n Espa帽ola, que reconoce la libertad de expresi贸n y de informaci贸n. Google recurri贸 ante la Audiencia Nacional y, como 茅sta ten铆a algunas dudas sobre la interpretaci贸n de la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal, formul贸 determinadas preguntas al TJUE sobre la interpretaci贸n de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protecci贸n de las personas f铆sicas en lo que respecta al tratamiento de datos y a la libre circulaci贸n de estos datos, que es el referente esencial de la ley espa帽ola.

La corte europea considera que Google hace un tratamiento de datos personales, pues los motores de b煤squeda (google, bing o yahoo por ejemplo) buscan informaci贸n publicada en internet, la indexan, la almacenan temporalmente y la ponen a disposici贸n de los internautas. Y como el gestor del motor de b煤squeda determina los fines y medios de la actividad, se le debe considerar responsable del tratamiento de datos. Se plantea un problema porque el propietario del motor de b煤squeda (Google Inc.)聽tiene su sede en Estados Unidos y, en principio, no le afecta la Directiva. Y la otra empresa demanda, su filial ib茅rica (Google Spain), se dedica a la promoci贸n y venta de espacios publicitarios, pero no gestiona el motor de b煤squeda. No obstante, el Tribunal de Justicia falla su responsabilidad debido a la estrecha relaci贸n existente entre las dos actividades: sin la venta de espacios publicitarios no tendr铆a sentido empresarial el motor de b煤squeda (鈥淓n efecto, en tales circunstancias, las actividades del gestor del motor de b煤squeda y las de su establecimiento situado en el Estado miembro de que se trate est谩n indisociablemente ligadas, dado que las actividades relativas a los espacios publicitarios constituyen el medio para que el motor de b煤squeda en cuesti贸n sea econ贸micamente rentable y dado que este motor es, al mismo tiempo, el medio que permite realizar las mencionadas actividades鈥). Adem谩s a帽ade que una interpretaci贸n restrictiva de la Directiva no permitir铆a lograr su finalidad, que es garantizar una protecci贸n eficaz y completa de las libertades y derechos fundamentales de las personas f铆sicas -y, en particular, del derecho a la intimidad-.

La cuesti贸n principal era si el Sr. Costeja ten铆a derecho a que el motor de b煤squeda google dejara de ofrecer informaci贸n sobre los embargos mencionados. Entre otros problemas estaba que los datos proporcionados por el buscador eran ciertos. Sin embargo, el Tribunal le da la raz贸n en virtud del art. 6.1 de la Directiva. Considera que hay derecho a pedir la supresi贸n de los datos personales no s贸lo cuando son inexactos sino tambi茅n cuando son inadecuados, no pertinentes y excesivos en relaci贸n a los fines del tratamiento de datos, cuando no est谩n actualizados o cuando se conservan durante un tiempo posterior al necesario. Afirma que en estos casos el inter茅s de la persona debe prevalecer sobre el inter茅s del p煤blico a encontrar la informaci贸n. Ahora bien, except煤a las hip贸tesis en que la relevancia p煤blica de la persona justifica que se contin煤e informando sobre las circunstancias personales, aunque ya no sean actuales.

鈥淵a que el interesado puede, habida cuenta de sus derechos con arreglo a los art铆culos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la informaci贸n de que se trate ya no se ponga a disposici贸n del p煤blico en general mediante su inclusi贸n en tal lista de resultados, es necesario considerar, como se desprende, en particular, del apartado 81 de la presente sentencia, que estos derechos prevalecen, en principio, no s贸lo sobre el inter茅s econ贸mico del gestor del motor de b煤squeda, sino tambi茅n sobre el inter茅s de dicho p煤blico en encontrar la mencionada informaci贸n en una b煤squeda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no ser铆a el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempe帽ado por el mencionado interesado en la vida p煤blica, que la injerencia en sus derechos fundamentales est谩 justificada por el inter茅s preponderante de dicho p煤blico en tener, a ra铆z de esta inclusi贸n, acceso a la informaci贸n de que se trate鈥 (apartado 97). As铆 pues, el Tribunal de Justicia prima el derecho a la intimidad sobre la libertad de expresi贸n.

Esta concepci贸n ha sido muy criticada en Estados Unido que acusan a la sentencia de atentar contra uno de los pilares del Estado de Derecho, la libertad de expresi贸n. Por ejemplo, Jeff Jarvis, profesor de Ciencias de la Comunicaci贸n en Nueva York, califica la decisi贸n de loca y peligrosa (鈥…insane and dangerous ruling…鈥) y compara a la corte europea con un tirano que quiere tener el control sobre el conocimiento. Tambi茅n ha sido cuestionada en Europa donde se ha objetado聽que el TJUE parece haberse olvidado de que el art. 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea reconoce la libertad de expresi贸n (Por ejemplo Vassall-Adams, Guy: 鈥淐ase comment: Google Spain SL, Google Inc v Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonz谩lez鈥 en Eutopia Law, de 16.5.2014, quien destaca la importancia de internet para la libertad de expresi贸n).

El Sr.. Javis se equivoca en las formas, pero no en el fondo, a mi modesto entender. No creo que deba prevalecer el derecho a la intimidad sobre la libertad de expresi贸n cuando la informaci贸n es verdadera, pertinente y relevante. Al menos la sentencia no me ha convencido -imag铆nense que el Sr. Costeja llega a presidente del TC en unos a帽os: 驴tendr铆a inter茅s la informaci贸n eliminada?-. La Corte europea deber铆a haberse detenido m谩s en la relaci贸n entre los dos principios en conflicto y dar m谩s argumentos para defender la primac铆a del derecho al olvido. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Abogado General Niilo J盲盲skinen s铆 lo hab铆a hecho en sus conclusiones sobre el caso (25/06/2013) y precisamente a favor de la libertad de expresi贸n, informaci贸n y empresa.

Sea como sea, lo cierto es que Google tiene trabajo. A principios de julio hab铆a recibido m谩s de setenta mil peticiones de supresi贸n de datos personales. La empresa estadounidense ya ha comenzado a responder, aunque no siempre de forma positiva ni r谩pidamente, lo que ya ha generado las primeras quejas. Hay que tener en cuenta que la eliminaci贸n de los datos no es autom谩tica sino que Google ha de comprobar si la informaci贸n a pesar de ser cierta es inadecuada, irrelevante, excesiva en relaci贸n a su finalidad u obsoleta. Adem谩s, debe valorar si el inter茅s que pueda tener para la opini贸n p煤blica justifica su mantenimiento. Y por si esto fuera poco, la sentencia del Tribunal de Justicia s贸lo afecta a la Uni贸n Europea: ninguna obligaci贸n impone respecto de la informaci贸n publicada en el resto del mundo. As铆 pues, Google elimina la informaci贸n en las p谩ginas relacionadas con los pa铆ses europeos, pero no a la de los Estados Unidos (por ejemplo, v茅ase Ball, Joseph: 鈥淓U鈥檚 right to be forgotten: Guardian articles have been hidden by Google鈥, en The Guardian, 2.7.2014). Es m谩s, las p谩ginas existen y son accesibles por otras v铆as; lo 煤nico que hace Google es evitar que aparezcan los resultados en su buscador.

Por 煤ltimo, resulta parad贸jico que una acci贸n destinada a conseguir que se olvidaran determinados datos se haya convertido en uno de los temas jur铆dicos m谩s comentados en todo el mundo.

EUROPA SACA LOS COLORES AL LEGISLADOR ESPA脩OL

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) ha sacado los colores al legislador espa帽ol: su sentencia de 17 de julio de 2014 declara que el art. 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) vulnera el ordenamiento europeo. Es cierto que no es la primera vez que esto sucede y que, probablemente, tampoco ser谩 la 煤ltima. Tambi茅n es verdad que no es un hecho excepcional ni exclusivo de Espa帽a. Al contrario, no es inusual que la corte europea corrija a un legislador nacional por no haber hecho bien su trabajo. Pero el caso que nos ocupa es significativo porque se trata de una ley aprobada para corregir otra que el mismo TJUE hab铆a tachado de contraria al Derecho de la Uni贸n. Y en un tema tan sensible como las hipotecas.

Recordemos esa sentencia de 14 de marzo de 2013 (c-415/11), Mohamed Aziz v. Catalunyacaixa (puede encontrarse una valoraci贸n sucinta aqu铆 y una referencia a sus consecuencias aqu铆). El Sr. Aziz no hab铆a pagado algunas cuotas del cr茅dito que hab铆a solicitado para adquirir su vivienda y Catalunyacaixa ejecut贸 la hipoteca, qued谩ndose con la casa por el 50% de su valor al resultar desierta la subasta. Sin embargo, antes de que se produjera la adjudicaci贸n definitiva, el deudor present贸 una demanda solicitando que se declarara la nulidad de una cl谩usula del contrato de pr茅stamo hipotecario debido a su car谩cter abusivo. A pesar de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se hab铆an pronunciado a favor de la licitud de determinadas cl谩usulas de estos contratos, el Magistrado Fern谩ndez Seijo plante贸 una cuesti贸n prejudicial ante la corte europea de justicia. Fall贸 que la normativa espa帽ola era incompatible con la Directiva 93/13/CE sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos con consumidores.

Como no pod铆a ser menos el legislador espa帽ol reaccion贸 y aprob贸 la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci贸n a los deudores hipotecarios, reestructuraci贸n de deuda y alquiler social. Mediante ella modificaba diversas leyes a fin de corregir los defectos denunciados por el TJUE; entre ellas, el art. 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y llegamos al caso que nos ocupa, que tiene su origen de nuevo en un pr茅stamo hipotecario. Al no cobrar alguna mensualidad, el BBVA inici贸 un procedimiento ejecutivo hipotecario contra los deudores en el que solicita la satisfacci贸n 铆ntegra del pr茅stamo, m谩s los intereses ordinarios y de demora, as铆 como la venta de la finca en subasta p煤blica. Los deudores se opusieron, pero el Juzgado de Primera Instancia hizo caso omiso, lo que provoc贸 que recurrieran en apelaci贸n ante la Audiencia Provincial de Castell贸n. Como ten铆a dudas sobre compatibilidad del Derecho espa帽ol con el ordenamiento europeo, la Audiencia formul贸 una cuesti贸n prejudicial ante la corte europea en Luxemburgo. En particular, ten铆a dudas acerca de la validez del art. 695.4 LEC pues permite a los acreedores recurrir contra una decisi贸n judicial que acuerda el sobreseimiento del procedimiento ejecutivo o la no aplicaci贸n de una cl谩usula abusiva, pero no contempla la posibilidad de impugnar la resoluci贸n que desestima las pretensiones de los consumidores.

El Tribunal de Justicia responde que el art. 695.4 LEC es contrario al Derecho de la Uni贸n Europea pues coloca al consumidor en una situaci贸n de inferioridad respecto del acreedor que ejecuta la hipoteca. 鈥淓n efecto, este desequilibrio entre los medios procesales de que disponen, por un lado, el consumidor y por otro, el profesional, no hace sino acentuar el desequilibrio que existe entre las partes contratantes…鈥. Por lo tanto, esta disposici贸n vulnera el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) y el art. 7.1 de la Directiva 93/13/CE.

La corte de justicia aprovecha la ocasi贸n para apuntar otros problemas de la normativa espa帽ola, a pesar de que no se le hab铆a preguntado al respeto. Primero, critica que el art. 552.1 LEC s贸lo permita que el juez nacional pueda examinar de oficio el car谩cter abusivo de las condiciones generales. Deber铆a obligarle a hacerlo. Segundo, los art铆culos 552.1 y 695.1 LEC condicionan temporalmente la posibilidad de oponerse a un procedimiento de ejecuci贸n hipotecaria en virtud del car谩cter abusivo de una de las condiciones generales. No deber铆an existir l铆mites cronol贸gicos. Y tercero, no es correcto que el procedimiento declarativo que falla que una cl谩usula de un pr茅stamo hipotecario es abusiva y por tanto nula no tenga repercusi贸n en el procedimiento ejecutivo. No ofrece una protecci贸n completa y suficiente al consumidor, pues seguramente no podr谩 recuperar su domicilio.

Esta decisi贸n no solucionar谩 el problema de la vivienda ni del procedimiento ejecutivo hipotecario. Es posible que comporte la suspensi贸n o la anulaci贸n de algunas ejecuciones y obligar谩 al legislador a modificar la LEC (El Pa铆s informa de que se aprovechar谩 la reforma de la Ley Concursal para ello). Pero pone de relieve dos hechos importantes. El primero es la existencia de un grave problema de t茅cnica legislativa en Espa帽a. No s茅 si ser谩 ineptitud, dejadez, precipitaci贸n o razones m谩s poderosas, pero la situaci贸n es preocupante porque est谩 en juego el principio sagrado de la seguridad jur铆dica y la credibilidad del sistema. El segundo hecho es que los jueces de a pie parecen haberse rebelado contra el legislador. No se limitan a ser la boca muda que pronuncia las palabras de la Ley, como dec铆a Montesquieu. Gracias sobre todo a los instrumentos que proporciona la Uni贸n Europea, ha recuperado la voz y velan por la buena salud del Derecho nacional. Mi m谩s sincero reconocimiento.

UBER

鈥淟as ciencias avanzan que es una barbaridad鈥. Aquesta frase que canta don Hilarion a la sarsuela La verbena de la paloma es pot aplicar a Uber, el software d鈥檃plicaci贸 m貌bil que est脿 revolucionant 鈥損er no dir encabritant- el m贸n del taxi. Des de la seva creaci贸 al 2009, ha generat pol猫mica. En un primer moment els taxistes de San Francisco van protestar per que el seu nom original 鈥淯berCab鈥 donava lloc a confusi贸. Un jutjat de Brusel鈥es la ha prohibit i a Paris no es permet recollir passatgers fins que no passin 15 minuts des de la comunicaci贸. A l鈥檃bril d鈥檈nguany la Generalitat va obrir un expedient en considerar que podria no complir la normativa sobre el transport de passatgers. Per貌 va ser el passat 11 de juny quan els mitjans de comunicaci贸 se鈥檔 van fer ress貌 arrel de la vaga dels taxistes de Barcelona i de Madrid. Molt s鈥檋a escrit des de llavores i algunes afirmacions m鈥檋an generat les seg眉ents reflexions.

Un dels arguments que s鈥檋a donat per defensar Uber 茅s que constitueix un exemple de la nova 鈥渆conomia compartida鈥 i que els taxistes han d鈥檃daptar-se a l鈥檈voluci贸 de les noves tecnologies. 脡s m茅s que discutible. Uber no serveix per compartir les despeses d鈥檜n trajecte. Si aix铆 fos, no hi hauria res a dir. La web d鈥檃questa aplicaci贸 explica que t茅 per objecte connectar passatgers i conductors professionals i que cobra aproximadament un vint per cent del preu. Es genera aix铆 un problema perqu猫 la llei exigeix una autoritzaci贸 tant per realitzar serveis de transport discrecional de persones com per mitjan莽ar en aquest servei. I per si qued茅s algun dubte, tamb茅 per l鈥檃rrendament vehicles amb conductor. Aix貌 significa que tant Uber com els conductors que fan servir aquesta aplicaci贸 necessiten la corresponent autoritzaci贸. I, evidentment, hauran de complir amb les corresponents obligacions fiscals, com qualsevol ciutad脿 i empresa. Per aix貌, encerten la Generalitat i el Ministeri de Foment en obrir un expedient sancionador contra Uber Tecnologies, la empresa que hi ha darrera l鈥檃plicaci贸, i contra els conductors que la fan servir per a oferir el servei de transport. Una cosa diferent 茅s que aquest expedient arribi a bon port. D鈥檃ltra banda, no es cert que el m贸n del taxi no s鈥檋agi adaptat a les noves tecnologies. Hi ha aplicacions de tel猫fons m貌bils que permeten aconseguir un taxi. 脡s el cas de Hailo, Mytaxi, Cabify, GooTAxi, By-taxi, Click A Taxi o Join Up Taxi.

Tamb茅 s鈥檋a acusat als taxistes de formar un c脿rtel. Resulten paradigm脿tiques les paraules de Neelie Kroes, la vicepresidenta de la Comissi贸 Europea, al seu blog. Va criticar la decisi贸 d鈥檜n jutjat de Brussel鈥es de prohibir Uber perqu猫 no constitu茂a una mesura per protegir o ajudar als passatgers si no que la finalitat era mantenir el c脿rtel del taxi. Tamb茅 em sembla discutible. 脡s veritat que el taxi constitueix un mercat tancat, en el sentit que per entrar en ell cal reunir uns requisits molt exigents; el que fa que els preus d鈥檃quest servei siguin elevats. Per貌 no 茅s menys cert que aquests requisits no s贸n un capritx. Al contrari, estan pensats 鈥揺n teoria, al menys- per protegir a l鈥檜suari. Persegueixen garantir uns determinats m铆nims de qualitat i seguretat. I, el que 茅s m茅s important, hi ha una llei que els imposa. Per tant, si es vol obrir aquest mercat, s鈥檋aur脿 de canviar la llei, el que obligar脿 a valorar quins requisits s鈥檈xigeixen per dedicar-se professionalment al transport de persones.

Els taxistes farien b茅 en repensar la seva estrat猫gia. Ho dic perqu猫 el dia de la vaga va ser quan m茅s descarregues es van enregistrar d鈥橴ber. Sembla doncs que els hi van fer publicitat gratu茂ta. En segon lloc, l鈥櫭▁it d鈥檃questa aplicaci贸 rau en el preu: els seus usuaris aconsegueixen pagar menys que el que els hi costaria fer el mateix trajecte en taxi. Es possible que la difer猫ncia estigui en les despeses imprescindibles en complir els requisits legals. Per貌, de totes maneres, els taxistes farien b茅 en avaluar la situaci贸. I, per 煤ltim, han de tenir ben present que la tecnologia m貌bil continua avan莽ant i que cal adaptar-se a ella per oferir un millor servei.

* Publicat a Comer莽 i ciutat, 2014, n煤mero 47, p脿g. 13

LA MEDIACI脫 CONCURSAL

1. Introducci贸

La mediaci贸 concursal 茅s una instituci贸 preconcursal de recent creaci贸, la finalitat de la qual 茅s aconseguir que el deutor insolvent i els seus creditors arribin a un acord respecte del pagament dels deutes de manera que s鈥檈viti el concurs del primer. Pertany al Dret concursal que es pot definir com aquella part de l鈥檕rdenament jur铆dic que busca soluci贸 a la crisi econ貌mica dels particulars. La seva finalitat es aconseguir la m脿xima satisfacci贸 dels creditors. Per貌 es dif铆cil de realitzar quant m茅s temps passa sense que es prenguin mesures. Per aix貌 la tend猫ncia actual 茅s actuar quant abans millor; a ser possible, abans de que s鈥檕bri el procediment judicial del concurs. En aquesta l铆nea, al setembre de 2013 es va crear l鈥檃cord extrajudicial de pagaments, tamb茅 conegut com 鈥渕ediaci贸 concursal鈥. Es tracta de permetre a un empresari insolvent for莽ar una negociaci贸 amb els seus creditors a fi d鈥檃conseguir que li perdonin una part del deute, li donin m茅s temps per pagar o acceptin b茅ns o dret en pagament. La negociaci贸 茅s canalitza a trav茅s d鈥檜n 鈥渕ediador concursal鈥, com l鈥檃nomena la llei. Una part important de la doctrina li nega la condici贸 de mediaci贸, at猫s que el r猫gim de l鈥檃cord extrajudicial de pagament s鈥檃llunya dels trets que caracteritzen aquell mitj脿 de soluci贸 de conflictes. L鈥檃n脿lisi del seu r猫gim jur铆dic ens permetr脿 pronunciar-nos al respecte.

La mediaci贸 concursal est脿 regulada a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en endavant LC); essencialment al T铆tol X (arts. 231 a 242). Quant a la seva efic脿cia, interessa comentar que no s鈥檃plica als cr猫dits de Dret p煤blic, per貌 s铆 als que compten amb una garantia real, sempre que el seu titular s鈥檋agi adherit a la negociaci贸 informant expressament al mediador concursal. Suplet貌riament s鈥檃plica la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediaci贸n en Asuntos Civiles y Mercantiles, sempre que 茅s mantingui que l鈥檃cord extrajudicial de pagaments 茅s una mediaci贸. La Ley 5/2012 incorpora la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre Certs Aspectes de la Mediaci贸 en Assumptes Civils i Mercantils. Tamb茅 cal esmentar el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, doncs desenvolupa la Ley 5/2012.

2. Estatut jur铆dic del mediador concursal

Conv茅 analitzar l鈥檈statut jur铆dic del mediador concursal doncs presenta algunes singularitats respecte del r猫gim general. Essencialment es refereixen als requisits per accedir a la professi贸 i a la remuneraci贸. Respecte dels primers, l鈥檃rt. 233.1 LC exigeix que tinguin els requisits necessaris per esdevenir mediador i per ser administrador concursal. Els primers es troben previstos a l鈥檃rt. 11 de la Ley 5/2012. En primer lloc, pot ser una persona f铆sica o jur铆dica; per貌 en l鈥櫭簂tim cas ha de designar una persona f铆sica que compleixi les condicions exigides als mediadors 鈥渘aturals鈥. Segon, ha de tenir un t铆tol oficial universitari o de formaci贸 professional superior. Tercer, ha d鈥檋aver fet cursos de formaci贸 espec铆fica per al desenvolupament de la tasca de mediador, organitzats per institucions autoritzades. I quart, ha de tenir coberta, mitjan莽ant asseguran莽a o garantia an脿loga, la responsabilitat civil que pugui ocasionar la seva actuaci贸. L鈥檃rt. 27 LC estableix les condicions que han de tenir els administradors concursals i el 28 les prohibicions. Essencialment ha de ser un advocat, economista, titulat mercantil o auditor de comptes, amb cinc anys d鈥檈xperi猫ncia professional i formaci贸 especialitzada a l鈥櫭爉bit concursal.

Aix铆 doncs, el mediador concursal ha de ser un advocat, economista, titulat mercantil o auditor de comptes, amb cinc anys d鈥檈xperi猫ncia professional i formaci贸 especialitzada a l鈥櫭爉bit mercantil, que hagi fet els necessaris cursos de formaci贸 per adquirir els coneixements i habilitats propis dels mediadors i tingui coberta la seva responsabilitat civil. A m茅s, haur脿 d鈥檈star inscrit obligat貌riament al Registre de Mediadors i Institucions de Mediaci贸 (art. 11 RD 980/2013).

La remuneraci贸 del mediador concursal presenta importants difer猫ncies respecte del r猫gim general. L鈥檃rt. 15 de la Ley 5/2012 parteix del principi d鈥檃utonomia de la voluntat i preveu que les parts en conflicte es repartiran la quantitat al cinquanta per cent, la generaci贸 de la qual no dep猫n del resultat de la negociaci贸. La Disposici贸 Addicional 8.陋 LC remet el r猫gim de la remuneraci贸 del mediador concursal a la dels administradors concursals. Esdevenen aix铆 aplicables l鈥檃rt. 34 LC i el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el Arancel de Derecho de los Administradores Concursales. El primer aspecte que mereix comentar-se 茅s que no s贸n les parts i el mediador les que fixen la remuneraci贸 si no un tercer. El que la llei no aclareix si ser脿 el jutge que ha de con猫ixer del concurs del deutor o el registrador/notari que nomenen al mediador concursal. Segon, la determinaci贸 de la quantia no 茅s lliure. L鈥檃rt 34 LC fixa els elements que el jutge ha de tenir en compte al establir-la. A m茅s, configura aquesta suma com un m脿xim, de manera que el mediador mercantil no podr脿 rebre cap altre pagament, tret de que existeixin circumst脿ncies excepcionals. Ara b茅, la quantitat fixada no 茅s immutable. D鈥檜na banda, el jutge pot modificar-la en qualsevol moment del procediment quan concorri justa causa. D鈥檃ltra, la decisi贸 del jutge pot ser recorreguda en apel鈥aci贸. Per 煤ltim, la retribuci贸 va a c脿rrec de la massa activa; 茅s a dir, de l鈥檜nivers de b茅ns i drets del deutor.

3. Actuaci贸 del mediador concursal a l鈥檃cord extrajudicial de pagaments

1. La negociaci贸 de l鈥檃cord extrajudicial s鈥檕rigina amb el nomenament del mediador concursal i la iniciativa correspon al deutor exclusivament. No es necessari el consentiment del creditors ni que la mediaci贸 estigu茅s prevista als contractes o negocis que van generar els cr猫dits deguts. La Llei Concursal preveu que la negociaci贸 comen莽a amb una inst脿ncia del deutor demanant el nomenament del mediador concursal. Els arts. 231 i 232 LC fixen els requisits, l铆mits i prohibicions. D鈥檈lls resulta que aquest tipus de mediaci贸 est脿 disponible nom茅s per a persones f铆siques que tinguin la condici贸 d鈥檈mpresari i per a persones jur铆diques. Resulta criticable que no es permeti als consumidors acudir a aquest mitj脿 de soluci贸 de conflictes. Quant a les persones f铆siques, la llei defineix de forma molt ampli la condici贸 d鈥檈mpresari, de manera que compren tamb茅 els professionals independents i els aut貌noms. Han d鈥檈star en situaci贸 d鈥檌nsolv猫ncia, que pot ser tant actual com imminent; per貌 el seu passiu no pot superar els cinc milions d鈥檈uros. Respecte de les persones jur铆diques, la llei exigeix que estiguin en situaci贸 d鈥檌nsolv猫ncia actual, que si es declaren en concurs no sigui d鈥檈special complexitat (art. 190 LC), que tinguin l铆quid suficient per satisfer les despeses de la negociaci贸 i que el seu patrimoni i ingressos semblin suficients per arribar a un acord.

El destinatari de la inst脿ncia ser脿 un registrador mercantil o un notari. Haur脿 de dirigir-se al primer si el deutor 茅s un empresari individual o una persona jur铆dica inscribible al Registre Mercantil. En cas contrari ser脿 competent un notari de la poblaci贸 en la que el deutor tingui el seu domicili. L鈥檃rt. 232 estableix el contingut i la forma de la inst脿ncia.

2. El registrador o el notari nomenaran al mediador concursal. Ho faran seguint un criteri objectiu: l鈥檃rt. 233.1 LC ordena triar la persona natural o jur铆dica que de forma seq眉encial correspongui entre les que figurin a la llista elaborada pel Registre de Mediadors i Institucions de Mediaci贸 del Ministeri de Just铆cia. Si el designat accepta el c脿rrec, el registrador/notari procedir脿 al seu nomenament i a donar-ne la publicitat corresponent. En particular, comunicar脿 la designaci贸 al jutge competent per con猫ixer del concurs del deutor, al Registre Mercantil, al Registre P煤blic Concursal i als restants registres p煤blics que tinguin relaci贸 amb el conflicte, aix铆 com a l鈥橝g猫ncia Estatal de l鈥橝dministraci贸 Tribut脿ria i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El nomenament del mediador concursal t茅 gran transcend猫ncia doncs la llei li atribueix efectes importants (arts. 5 bis, 15 i 235 LC). Estableix que el deutor pot continuar amb la seva activitat empresarial o professional; per貌 li prohibeix sol鈥icitar nous pr茅stecs, l鈥檕bliga a retornar totes les targetes de cr猫dit i no li permet utilitzar mitjans electr貌nics de pagament. Igualment, declara que no podr脿 ser declarat en concurs de creditors, tret de que la negociaci贸 fracassi. Tampoc procedir脿 l鈥檈xecuci贸 judicials dels b茅ns necessaris per l鈥檈xercici de la seva activitat empresarial o professional. S鈥檈xceptuen els cr猫dits que comptin amb una garantia real. A m茅s, els creditors que puguin veure鈥檚 afectats per l鈥檃cord extrajudicial de pagaments no podran realitzar cap acte destinat a millorar la posici贸 en la que es trobin respecte del deutor. Per 煤ltim, aquest no podr脿 sol鈥icitar una nou acord extrajudicial de pagament durant un any.

3. El primer que ha de fer el mediador concursal 茅s comprovar l鈥檈xist猫ncia i quantia dels cr猫dits del deutor. A continuaci贸 convocar脿 als creditors a una reuni贸 per revisar les circumst脿ncies del pagament dels deutes existents. L鈥檃rt. 234 LC fixa el contingut, la forma i el moment de la convocat貌ria. Interessa especificar que el termini m脿xim per celebrar la reuni贸 茅s de dos mesos a comptar des del moment en que el mediador concursal accepta el c脿rrec. Quant als destinataris, s鈥檋aur脿 de dirigir a tots els creditors, inclosos els que comptin amb una garantia real, per貌 no els de Dret p煤blic.

4. El mediador concursal ha de fer la proposta d鈥檃cord. En particular, la llei li encarrega la preparaci贸 d鈥檜ns plans de pagament, viabilitat i continuaci贸. El primer consisteix en oferir als creditors la modificaci贸 de les condicions de satisfacci贸 dels cr猫dits existents; essencialment un quitament i una espera. L鈥檃rt. 236 imposa uns l铆mits: el quitament no podr脿 excedir del 25 % de l鈥檌mport dels cr猫dits i l鈥檈spera de 3 anys. El pla de viabilitat detallar脿 com es satisfaran els cr猫dits pendents si s鈥檃ccepta la proposta, aix铆 com les quantitats que percebr脿 el deutor en concepte de dret d鈥檃liments. I el pla de continuaci贸 explicar脿 com seguir脿 l鈥檃ctivitat empresarial o professional que exerceix el deutor. La Llei permet que el mediador concursal proposi una daci贸 en pagament; 茅s a dir, oferir determinats b茅ns o drets en pagament dels cr猫dits existents. Malgrat que es preveu com una alternativa als plans referits, no t茅 perqu猫 ser aix铆: La finalitat i la flexibilitat intr铆nseca a la mesura prejudicial permet concebre-les com complementaries.

El mediador concursal ha de preparar la proposta d鈥檃cord amb el deutor i enviar-la als creditors. Aquests podran adherir-se a ella, rebutjar-la o fer contraofertes, que poden consistir en propostes alternatives o en una modificaci贸 de la rebuda. Ara b茅, estan condicionades pels l铆mits de l鈥檃rt. 236. Tamb茅 poden negar-se a negociar. L鈥檃rt. 236.4 LC exigeix que el mediador concursal sol鈥iciti la declaraci贸 de concurs del deutor quan la majoria del passiu que pugui ser afectada per l鈥檃cord extrajudicial decideixi no continuar les negociacions.

5. Els creditors deliberaran i decidiran si aproven o no la proposta d鈥檃cord a una reuni贸 que es celebrar脿 en el lloc, data i hora fixats a la convocat貌ria. La llei vol garantir l鈥檃ssist猫ncia dels creditors sancionant com a subsidiaris -en cas de que es declari el concurs del deutor- els cr猫dits els titulars dels quals no assisteixin a la reuni贸 i no hagin comunicat amb antelaci贸 la seva adhesi贸 o rebuig a la proposta del mediador concursal. S鈥檈xceptuen els cr猫dits de Dret p煤blic i els que compten amb una garantia real i no s鈥檋agin adherit a la negociaci贸.

Durant la reuni贸 es debatran les propostes i es podran introduir modificacions. Per貌, a fi de protegir els creditors que s鈥檋aguessin adherit a la proposta i no assisteixen a la reuni贸, l鈥檃rt. 237 no permet que s鈥檃lterin les condicions de pagament de la proposta que s鈥檃nalitza. Igualment estableix les majories per aprovar l鈥檃cord. La regla general 茅s que han de votar a favor creditors que representin el 60% del passiu afectat per l鈥檃cord. Si cont茅 una daci贸 en pagament, la majoria s鈥檈leva al 75% i, a m茅s, cal l鈥檃provaci贸 del creditor o creditors que tinguessin una garantia real sobre el b茅 objecte de la daci贸. Tamb茅 especifica que aquests percentatges es calculen en funci贸 del passiu que resulti afectat per l鈥檃cord.

L鈥檃provaci贸 d鈥檜na proposta t茅 gran transcend猫ncia doncs comporta la novaci贸 dels cr猫dits anteriors a la publicaci贸 de l鈥檃pertura del procediment. 脡s a dir, quedaran redu茂ts, extingits o el seu venciment ajornat conforme als termes de l鈥檃cord. L鈥檃rticle 240.1 LC impedeix que s鈥檌nici茂n o continu茂n les execucions relatives a aquests cr猫dits. Per a que es produeixin aquests efectes cal elevar el pacte a escriptura p煤blica i que el notari o registrador en donin publicitat tot comunicant-lo al Butllet铆 Oficial de l鈥橢stat i al Registre P煤blic Concursal, aix铆 com als registres p煤blics de b茅ns afectats. Si la proposta no s鈥檃prova, el mediador concursal sol鈥icitar脿 la declaraci贸 de concurs de creditors, tret de que el deutor no es trobi en situaci贸 d鈥檌nsolv猫ncia.

6. L鈥檃rt. 239 LC regula la impugnaci贸 de l鈥檃cord extrajudicial de pagaments. Restringeix les causes a tres: la manca de concurr猫ncia de les majories de l鈥檃rt. 238.1, la superaci贸 dels l铆mits respecte del quitament i de l鈥檈spera i la desproporci贸 de les mateixes. Tamb茅 restringeix la legitimaci贸 activa als creditors que no hagin estat convocats, als que no hagin votat a favor i als que s鈥檋aguessin oposat al pacte durant la negociaci贸. El termini 茅s de 10 dies a partir de la data de publicaci贸 de l鈥檃cord i el procediment l鈥檌ncident concursal. La sent猫ncia podr脿 confirmar o anular l鈥檃cord. En l鈥櫭簂tim cas, el mediador haur脿 de sol鈥icitar la declaraci贸 de concurs, tret de que el deutor no sigui insolvent. La decisi贸 judicial es publicar脿 al B.O.E. i al Registre P煤blic Concursal i podr脿 ser recorreguda en apel鈥aci贸.

7. L鈥檃cord extrajudicial de pagament no posa fi al procediment ni allibera al mediador de les seves obligacions. La llei li exigeix que supervisi el compliment. Nom茅s quan aquest es produeixi de forma 铆ntegra podr脿 posar fi a la seva activitat, tot fent-lo constar en acta notarial que es publicar脿 al B.O.E. i al Registre P煤blic Concursal. En cas d鈥檌ncompliment, haur脿 d鈥檌nstar el concurs de creditors del deutor, sempre que estigui en situaci贸 d鈥檌nsolv猫ncia.

4. CONCURS CONSECUTIU

El concurs de creditors presenta diverses especialitats quan 茅s la conseq眉猫ncia de la negociaci贸 d鈥檜n acord extrajudicial de pagaments. Ens centrem en les que afecten al mediador concursal. En primer lloc, est脿 obligat a sol鈥icitar la declaraci贸 de concurs del deutor en tres casos: quan sigui impossible arribar a un acord extrajudicial, quan el jutgi l鈥檃nul鈥i en estimar la impugnaci贸 i quan s鈥檌ncompleixi. Segon, el mediador es convertir脿 en administrador concursal, tret de que concorri justa causa que permeti al jutge nomenar una altra persona. I tercer, les despeses de la negociaci贸 extrajudicial i els cr猫dits generats -i entre ells, la remuneraci贸 del mediador concursal- tindran la consideraci贸 de cr猫dits contra la massa. Aquesta qualificaci贸 resulta molt beneficiosa pels seus titulars doncs aquests cr猫dits es paguen al seu venciment, separant de la massa activa els b茅ns i drets necessaris (arts. 84 i 154 LC). La especialitat del concurs consecutiu tamb茅 afecta a l鈥檃pertura de la fase de liquidaci贸, a l鈥檈xercici de les accions de reintegraci贸 (art. 71 LC) i als efectes de la conclusi贸 (art. 178.2 LC).

5. CONCLUSIONS

L鈥檃n脿lisi de l鈥檃cord extrajudicial de pagaments evidencia que existeixen profundes difer猫ncies amb el r猫gim general de la mediaci贸. Destaca l鈥檌nici de les negociacions, la designaci贸 del mediaci贸 concursal i la seva remuneraci贸, doncs xoquen amb els principis de voluntarietat i lliure disposici贸 (art. 6 Ley 5/2012). Igual succeeix amb determinades imposicions de la negociaci贸 que col鈥isionen amb la flexibilitat que caracteritza aquest medi alternatiu de soluci贸 de conflictes.

Ara b茅, al meu modest entendre es pot continuar mantenint que es tracta d鈥檜na verdadera mediaci贸. La ra贸 es que est脿 present la seva ess猫ncia: l鈥檃cord extrajudicial de pagaments serveix per a que les parts en conflicte, deutor i creditors, arreglin les seves difer猫ncies sobre la satisfacci贸 dels deutes. Es cert que la iniciativa correspon exclusivament al primer; per貌 si la majoria del passiu no vol negociar, acaba el procediment. Igualment, tot i que correspon al mediador concursal formular els plans de pagament, viabilitat i continuaci贸, el deutor ha d鈥檈star d鈥檃cord. Es m茅s, sembla necess脿ria la comuni贸 entre tots dos per a que la proposta sigui viable i realista. D鈥檃qu铆 que resulti coherent que als creditors correspongui aprovar o no la proposta. Tamb茅 cal tenir en compte la terminologia utilitzada pel legislador (鈥渕ediador concursal鈥), la remissi贸 que l鈥檃rt. 233.1 fa a la Ley 5/2012, que el RD 980/2013 regula el mediador concursal i que aquesta figura tamb茅 forma part del Registre de Mediadors i Institucions de Mediaci贸. D鈥檃ltra banda, l鈥檃plicaci贸 suplet貌ria de la Ley 5/2012 a l鈥檃cord extrajudicial de pagaments pot facilitar l鈥檈xegesi i aplicaci贸 del T铆tol X de la Ley Concursal.

Els desencontres entre el r猫gim general de la mediaci贸 s鈥檈xpliquen, en bona part, pel marc jur铆dic-econ貌mic de l鈥檃cord extrajudicial de pagaments. Cal tenir en compte que el deutor es troba en una situaci贸 d鈥檌nsolv猫ncia que precisa actuaci贸 immediata, que la seva contrapart est脿 formada per una pluralitat de persones -els creditors-, a les que cal tractar de forma parit脿ria i que la instituci贸 tamb茅 est脿 pensada per alleugerir la c脿rrega de treball dels jutges de lo mercantil. Ara b茅, no es menys cert que el r猫gim jur铆dic de la mediaci贸 concursal cont茅 m煤ltiples defici猫ncies que precisen la intervenci贸 correctora del legislador. 脡s el cas, per exemple, de la conversi贸 del mediador en administraci贸 concursal, doncs posa en crisi el principi de confidencialitat i desincentiva el recurs a la figura examinada.

6. BIBLIOGRAF脥A

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Publicat a MORENO OLIVER, F. X. (Coord.): Bases de mediaci贸, Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, 2014, 71 a 78.

Lastminute v Ryanair: denigraci贸n y bases de datos

La STS 236/2014, de 7 de mayo de 2014 resulta relevante porque sintetiza la doctrina del Tribunal Supremo sobre el acto desleal de denigraci贸n y los requisitos de protecci贸n de las bases de datos elaborada en diversas sentencias que resuelven litigios entre Ryanair y agencias de viajes on line. El caso que nos ocupa enfrentaba a Lastminute Network SL, Sociedad Unipersonal con la famosa compa帽铆a low cost. La primera hab铆a ejercitado diversas acciones de competencia desleal a ra铆z de unas declaraciones formuladas por el transportista a茅reo en 2008 en las que advert铆a de聽que no iba a atender las reservas provenientes de agencias on line, a las que acusaba de robar y tomar a los consumidores y cobrar precios desorbitadas. Ryanair formul贸 reconvenci贸n en la que ped铆a que se condenara a Lastminute por vulnerar sus derechos de propiedad intelectual al extraerse datos de su p谩gina web sin su permiso. La primera instancia estim贸 la demanda y desestim贸 la reconvenci贸n. La AP confirm贸 la sentencia recurrida y lo mismo hace el TS.

El primer tema que se plantea es si la denigraci贸n exige que la identificaci贸n de la persona descalificada. La raz贸n es que Ryanair se refiri贸 a las agencias de viajes on line en general, pero a ninguna de ellas en particular. El TS falla negativamente en virtud de la finalidad del art. 9 LCD y de la distinci贸n con la vulneraci贸n al honor. As铆, afirma que 鈥溾l art铆culo 9 de la Ley de Competencia Desleal trata de evitar el da帽o al cr茅dito en el mercado producido a un agente econ贸mico. Pero no tiene como 煤ltima finalidad dar protecci贸n a dicho cr茅dito, sino asegurar, por medio de su tutela, el correcto funcionamiento del mercado 鈥 la menci贸n a la denominaci贸n social de la empresa objeto de la conducta denigratoria resulta secundaria, pues no afecta a la distorsi贸n del correcto funcionamiento del mercado que provoca la conducta denigratoria.鈥 Mantiene as铆 la l铆nea defendida con anterioridad en las decisiones 167/2014, de 7 de abril (Rumbo v Ryanair) y 171/2014, de 9 de abril (Atr谩palo v Ryanair), entre otras. Interesa destacar que en esos dos fallos el TS se pronunci贸 sobre el conflicto entre la denigraci贸n desleal y la libertad de expresi贸n. A su entender debe resolverse valorando qu茅 derecho protegido es m谩s digno de tutela a la vista de las circunstancias del caso y conforme a las reglas rectoras de cada uno de ellos.

En segundo t茅rmino, el TS mantiene que es l铆cita la aplicaci贸n de la cl谩usula general de deslealtad, a pesar de que se ha calificado la actuaci贸n de Ryanair como denigratoria. La raz贸n es que constituyen situaciones f谩cticas diversas. El Tribunal Supremo se hab铆a pronunciado en la misma l铆nea, aunque con mayor claridad, en las dos sentencias anteriormente referidas.

Otro de los problemas que se plantea es si est谩 justificada la publicaci贸n de la sentencia condenatoria. El dilema es de car谩cter ontol贸gico; en particular, si su fundamento es resarcitorio o de remoci贸n. La alta autoridad judicial espa帽ola聽mantiene que antes de la reforma introducida por la Ley 29/2009 respond铆a a la primera naturaleza y en la actualidad a la 煤ltima.

Por otra parte, niega que Lastminute haya incumplido obligaci贸n contractual alguna frente a Ryanair al utilizar informaci贸n de la p谩gina web de la compa帽铆a de tranpsorte a茅reo. La raz贸n es que no exist铆a contrato alguno entre ambos empresarios. Se hab铆a pronunciado en la misma direcci贸n en dos sentencias anteriores: 572/2012, 9 de octubre (Atr谩palo v. Ryanair) y 630/2012, de 30 de octubre (Ryanair v Edreams).

En relaci贸n con las bases de datos, el TS niega聽que Lastminute haya聽vulnerado derechos de autor de Ryanair al utilizar informaci贸n sobre聽los vuelos que 茅sta ofrece a sus consumidores. En primer lugar, rechaza que exista聽una base de datos; a su entender, se trata de un simple programa de ordenador. Pero aunque existiera una base de datos, no merece la protecci贸n general de los derechos de autor porque la selecci贸n o disposici贸n de su contenido no es original. Por 煤ltimo, considera que Ryanair no puede recabar la tutela del derecho 鈥渟ui generis鈥 sobre las bases de datos porque la inversi贸n realizada por la compa帽铆a low cost iba dirigida a generar u obtener los datos y no la base.

Estas cuestiones hab铆an sido analizadas de forma m谩s clara en dos fallos citados: 572/2012, de 9 de octubre y 630/2012, de 30 de octubre. En ellos el TS se apoy贸 en la jurisprudencia comunitaria, como es preceptivo, y sobre todo en la sentencia del Tribunal de Justicia de 9.11.2004 (C-444/02), Fixtures Marketing. En 茅sta puede leerse: 鈥渆l concepto de inversi贸n destinada a la obtenci贸n del contenido de una basede datosdebe entenderse en el sentido de que designa los recursos consagrados a la b煤squeda de elementos independientes ya existentes y a su recopilaci贸n en la base de que se trate, con exclusi贸n de aquellos recursos utilizados para la propia creaci贸n de los elementos independientes.鈥

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