Carlos G贸rriz L贸pez

Month: June 2013

MODIFICACI脫N DEL ART. 669 LEC

El聽Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigaci贸n, el desarrollo y la innovaci贸n (BOE n煤m. 155, de 29 de junio) modifica el art. 669.1 LEC. Su DF 3.陋 reduce la cantidad que deben depositar los postores en una subasta de inmuebles del 20 al 5%. As铆 la nueva redacci贸n ser谩:

芦1. Para tomar parte en la subasta los postores deber谩n depositar, previamente, el 5 por ciento del valor que se haya dado a los bienes con arreglo a lo establecido en el art铆culo 666 de esta Ley. El dep贸sito se efectuar谩 conforme a lo dispuesto en el n煤mero 3.潞 del apartado 1 del art铆culo 647.禄

El cambio viene a subsanar una de las lagunas de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci贸n a los deudores hipotecarios, reestructuraci贸n de deuda y alquiler social, que denunciamos en una entrada anterior. El RDL 7/2013 entrar谩 en vigor el d铆a siguiente al de su publicaci贸n (DF 6.陋).

 

CNMC: 驴FRANKENSTEIN AL SERVICIO DE LA COMPETENCIA?

Ha empezado el proceso de reestructuraci贸n de los supervisores sectoriales y concurrenciales en Espa帽a. El primer acto ha sido la creaci贸n de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mediante la Ley 3/2013, de 4 de junio (BOE n煤m. 134, de 5.6.2013). Este organismo desarrollar谩 las funciones que hasta ahora ven铆an ejerciendo la autoridad espa帽ola de la competencia (CNC) y siete reguladores sectoriales (Comisi贸n Nacional de la Energ铆a, Comisi贸n del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisi贸n Nacional del Sector Postal, Comit茅 de Regulaci贸n Ferroviaria, Comisi贸n Nacional del Juego, Comisi贸n de Regulaci贸n Econ贸mica Aeroportuaria y Consejo Estatal de Medios Audiovisuales). Todos ellos desaparecen (D.A. 2.陋).

El cambio ha concitado la cr铆tica despiadada, pero merecida, de la academia, tanto jur铆dica como econ贸mica, de tres supervisores sectoriales (CNC, CMT y CNSP) y de la Comisi贸n Europea (puede consultarse la carta que Neelie Kroes envi贸 al Ministro de Industria aqu铆 as铆 como la noticia que publicaba El Pa铆s).聽El principal reproche es que se socava la independencia del organismo que debe velar porque exista competencia en el mercado. Adem谩s existe el temor fundado de la politizaci贸n del nombramiento de los miembros de la nueva instituci贸n (frente a la politizaci贸n de los miembros de la CNMC (por ejemplo, Critilo) v茅ase la propuesta de los profesores聽Alfaro y Marcos)聽y la posible falta de financiaci贸n suficiente. As铆 las cosas, conviene empezar por la justificaci贸n del cambio.

El Pre谩mbulo de la Ley 3/2013 anuncia cinco argumentos que fundamentan la reestructuraci贸n de los reguladores espa帽oles. El primero es la seguridad jur铆dica y la confianza institucional. Se afirma que, pese a desarrollar funciones an谩logas, los reguladores actuales act煤an de forma divergente y que algunas de sus actuaciones se hallan duplicadas. La unificaci贸n posibilitar谩 鈥溾ormas claras, una arquitectura institucional seria y unos criterios de actuaci贸n conocidos y predecibles por todos los agentes econ贸micos鈥.聽Sin embargo, este argumento no sirve para la fusi贸n de los reguladores sectoriales con la autoridad de la competencia pues, utilizando palabras m谩s autorizadas (Ruiz Peris (2013), 鈥淟a reforma institucional del Derecho de la competencia espa帽ol鈥, en La Ley, 16.01.2013), tienen 鈥渇unciones y culturas鈥 diversas (tambi茅n Costas, Brokelmann, Delgado/Garc铆a Cobos/Garc铆a D铆az y Llobet). Adem谩s, se ha denunciado que un supervisor multifunci贸n tiene m谩s riesgo de coordinaci贸n interna y de lucha por los recursos (Critilo). Por eso, ser谩 necesaria una gesti贸n excelente. Y si es as铆, los consejeros de la CNMC deber谩n dedicar m谩s esfuerzos a la gesti贸n que a la supervisi贸n de los mercados, represi贸n de las conductas anticoncurrenciales y promoci贸n de la competencia (advierten de las dificultades de gestionar el macroregulador Delgado, Garc铆a Cobos y Garc铆a D铆az).聽En relaci贸n al 煤ltimo extremo,聽el profesor Ruiz Peris comenta que no est谩 claro el car谩cter de los miembros de la CNMC. Si se trata especialistas que analizan a fondo todas las cuestiones, el n煤mero de miembros resulta claramente insuficiente. Si se limitan a supervisar la labor de los directores hay un evidente problema de independencia.

La segunda raz贸n es el ahorro de costes: la fusi贸n de los ocho organismos permitir谩 鈥溾provechar las econom铆as de escasa derivadas de la existencia de funciones de supervisi贸n id茅nticas o semejantes, metodolog铆as y procedimientos de actuaci贸n similares y, sobre todo, conocimientos y experiencia cuya utilizaci贸n en com煤n resulta obligada鈥. Es una de las ideas que m谩s ha calado en la sociedad. As铆 lo demuestra una noticia publicada en El Pa铆s en la que se informaba de que la creaci贸n de la CNMC supondr谩 un ahorro de 28 millones de euros.聽No obstante, existen dudas acerca de la eficacia del organismo; es decir, si con menos medios la CNMC podr谩 desarrollar satisfactoriamente todas las funciones que ven铆an ejerciendo hasta ahora la CNC y los siete supervisores que desaparecen. T茅ngase en cuenta que se pasar谩 de 50 consejeros a 10, seg煤n la noticia anteriormente referida. Y si estos 10 pueden llevar a cabo exitosamente las mismas funciones que ven铆an desarrollando sus antecesores, deber谩 reflexionarse acerca de la labor de los 煤ltimos. En segundo lugar, se ha afirmado (Llobet) que buena parte del ahorro que se anuncia proviene de la falta de creaci贸n de organismos previstos pero todav铆a no existentes (Comisi贸n Nacional del Juego, Comisi贸n de Regulaci贸n Econ贸mica Aeroportuaria y Consejo Estatal de Medios Audiovisuales). Ahora bien, el hecho de que no se creen no significa que no sea necesario disponer de los medios necesarios para llevar a cabo sus funciones. Con lo cual, o bien el nuevo organismo estar谩 infradotado o bien una parte del ahorro anunciado no ser谩 cierto聽(Llobet). Igualmente se ha se帽alado que la eficiencia de las econom铆as de escala en mercados diferentes es muy limitada y puede quedar neutralizadas por la dificultad de gestionar un organismo muy heterog茅neo (Llobet). As铆 las cosas, se afirma que se podr铆an conseguir las mismas eficiencias con medidas menos agresivas; en particular, mediante un modelo dual en el que convivir铆an la autoridad de la competencia, por un lado, y un regulador multisectorial independiente, por otro (Ruiz Peris) o un modelo con tres reguladores sectoriales (Energ铆a, Comunicaciones y Transporte) y una autoridad de defensa de la competencia (Delgado, Garc铆a Cobos y Garc铆a D铆az).

En tercer lugar se alega la necesidad de adecuar los reguladores a las transformaciones de los sectores supervisados y se hace especial hincapi茅 en el progreso tecnol贸gico. Este argumento constituye un fundamento insuficiente para justificar la revoluci贸n que genera la Ley 3/2013. No se entiende bien por qu茅 la necesidad de adecuar los supervisores a la evoluci贸n de la realidad pr谩ctica y al progreso tecnol贸gico exige su desaparici贸n y la creaci贸n de uno nuevo. Ser铆a preferible mejorar la situaci贸n de los existentes y corregir los posibles defectos.

La cuarta raz贸n es la tendencia internacional a fusionar autoridades relacionadas. Los cr铆ticos consideran que esta tendencia no es real: la mayor parte de los Estados mantienen reguladores separados; m谩s a煤n, son excepci贸n los Estados que unifican los reguladores sectoriales con la autoridad de la competencia (por ejemplo, Llobet聽y Costas).

Por 煤ltimo, el Pre谩mbulo destaca que Holanda ha procedido a integrar algunos reguladores con la autoridad de la competencia para conseguir mayor eficiencia en la supervisi贸n de los mercados. Tampoco este argumento resulta convincente: el modelo holand茅s es una singularidad, s贸lo se fusionaron tres organismos (la autoridad de consumo, el regulador de telecomunicaciones y la autoridad de la competencia) y est谩 en proceso de implantaci贸n, por lo que no es posible afirmar, al menos de momento, su eficiencia (Llobet).

 

La Ley 3/2013 se compone de 39 art铆culos, agrupados en 5 cap铆tulos, 18 Disposiciones Adicionales, 10 Transitorias, 1 Derogatoria y聽 11 Finales, adem谩s de un Anexo que establece las tasas y prestaciones patrimoniales relacionadas con las actividades y servicios regulados en la Ley.聽El Cap铆tulo I hace honor a su r煤brica: 鈥淣aturaleza y r茅gimen jur铆dico鈥. Caracteriza a la CNMC como un organismo p煤blico con personalidad jur铆dica propia y plena capacidad p煤blica y privada que act煤a con autonom铆a org谩nica y funcional y plena independencia del Gobierno, pese a estar adscrita al Ministerio de Econom铆a y Competitividad. Su objeto es 鈥溾arantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios鈥 (art. 1.2). Tiene su sede en Madrid aunque su estatuto jur铆dico puede establecer otras sedes (art. 2.3 y DA 18.陋).

El art铆culo 2.2 somete la Comisi贸n a 鈥溾 lo dispuesto en esta Ley, en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y en la legislaci贸n especial de los mercados y sectores sometidos a su supervisi贸n a que hacen referencia los art铆culos 6 a 11 de esta Ley y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones P煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci贸n y Funcionamiento de la Administraci贸n General del Estado, de acuerdo con lo previsto en su Disposici贸n adicional d茅cima, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y por el resto del ordenamiento jur铆dico鈥. Cabe a帽adir que el art. 26.1, ubicado en el Cap铆tulo III, dispone que el Gobierno aprobar谩 el estatuto de la CNMC mediante Real Decreto y que el Consejo de este organismo elaborar谩 el Reglamento de funcionamiento interno.

Los art铆culos 5 a 12 (Cap铆tulo II) desgranan las funciones de la Comisi贸n. El Pre谩mbulo las agrupa en dos categor铆as. De un parte, la defensa y promoci贸n de la competencia en cualquier mercado. Estas funciones constituyen, esencialmente, el contenido del art. 5. Se trata de la labor que ven铆a desarrollando la CNC. El segundo grupo abarca la supervisi贸n, control y resoluci贸n de conflictos en los mercados en que la normativa antitrust resulta insuficiente para conseguir la existencia de una competencia efectiva. Es decir, deber铆a agrupar las funciones que ven铆an desarrollando los siete supervisores unificados (arts. 6 a 12, completados por las DDAA 7.陋 a 12.陋 y 16.陋). La escisi贸n de las funciones en dos grupos se adecua a la posibilidad de actuaci贸n de la Comisi贸n en dos Salas, una que abordar铆a los problemas de competencia y otra de supervisi贸n de mercados determinados.

El aspecto m谩s interesante y controvertido es la redistribuci贸n de funciones entre el nuevo organismo y los departamentos ministeriales competentes que hacen el art. 5.3 y las DD.AA. 5.陋 a 11.陋 La raz贸n es que constituye una de las cr铆tica principales que se hacen al macrosupervisor pues puede condicionar su independencia y su eficacia聽(Critilo,聽Critilo聽y聽Llobet). Especialmente si se tiene en cuenta que la instrucci贸n queda reserva a cuatro direcciones que, a nuestro modesto entender, quedar谩n integradas en los ministerios correspondientes.聽Resulta as铆 paradigm谩tica la llamada funci贸n 14 (resoluci贸n de las operaciones de concentraci贸n empresarial en el sector energ茅tico). Hasta ahora, su titularidad correspond铆a a la CNE. Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2013, se ha afirmado que la competencia recaer谩 en el Ministerio de Econom铆a y Competitividad (Navas).

El Pre谩mbulo intenta justificar la redistribuci贸n de funciones. Por un lado, expresa la finalidad de descargar de trabajo a la CNMC para que pueda desarrollar de modo m谩s eficientes sus funciones. Por eso se atribuye a los departamentos ministeriales 鈥溾odas aquellas tareas de 铆ndole administrativa que ven铆an ejerciendo los organismos reguladores, para cuyo desempe帽o no se requiere una especial independencia, as铆 como tareas que resultaban de escasa utilidad para la consecuci贸n de los objetivos de la Comisi贸n鈥.

Por otro lado, afirma que la CNMC continuar谩 desarrollando todas las funciones que la Uni贸n Europea exig铆a a los supervisores sectoriales. As铆, puede leerse: 鈥溾as competencias de las comisiones en Espa帽a son m谩s amplias que las requeridas por la normativa europea, en lo referente a la pol铆tica sectorial, la concesi贸n y revocaci贸n de t铆tulos habilitantes para el ejercicio de determinadas actividades, el asesoramiento al Gobierno y el estudio e investigaci贸n de los sectores鈥.

La DA 5.陋 contiene la norma de cierre del sistema: atribuye a la CNMC todas las competencias que tuvieran los organismos que se extinguen y no se hayan atribuido expresamente a los departamentos ministeriales. Esta previsi贸n constituye la respuesta del Ejecutivo espa帽ol a la cr铆ticas vertidas desde diferentes instancias preocupadas por la independencia del nuevo organismo, entre las que destaca la Comisi贸n Europea. El borrador de Anteproyecto establec铆a la soluci贸n inversa: la DA 3.陋 atribu铆a a los departamentos ministeriales correspondientes las competencia que la legislaci贸n ven铆a atribuyendo a los organismos reguladores extinguidos y que no otorgaran a la CNMC.

El Cap铆tulo III (鈥淥rganizaci贸n y funcionamiento鈥) regula la estructura org谩nica de la CNMC. El art铆culo 13 dispone que dos son los 贸rganos de gobierno: el Consejo y el Presidente. El primero es el 贸rgano colegiado de decisi贸n. Ejerce las funciones resolutorias, consultivas, de promoci贸n de la competencia y de arbitraje y de resoluci贸n de conflictos (arts. 14.1 y 20). Est谩 compuesto por diez miembros (art. 14.2), nombrados por el Gobierno, si bien el Congreso tiene derecho de veto (art. 15.1 y, en cuanto聽 las incompatibilidades y prohibiciones, art. 22). Su mandato tiene una duraci贸n de seis a帽os, sin posibilidad de reelecci贸n (t茅ngase en cuenta la DA 3.陋). Act煤a en pleno y en salas, existiendo dos de ellas, una dedicada a temas de competencia y otra para la supervisi贸n regulatoria (art. 18). Sus funciones se hallan previstas en el art. 21. Los acuerdos se adoptan por mayor铆a de votos de los asistentes, disponiendo el presidente de la reuni贸n de voto dirimente. El Presidente de la CNMC es esencialmente un 贸rgano de representaci贸n. El art. 19 establece sus funciones.

La Ley 3/2013 prev茅 cuatro direcciones de instrucci贸n que, como su nombre indica, se encargar谩n de tramitar los expedientes relacionados con las funciones de la CNMV. La primera es la Direcci贸n de Competencia, a la que se le atribuyen todas las funciones de instrucci贸n previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, como expresamente subraya el Pre谩mbulo. La segunda es la Direcci贸n de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, a la que se encarga la tramitaci贸n de los expedientes relativos a las funciones previstas en los arts. 6, 9 y 12.1.a) y e). La Direcci贸n de Energ铆a instruir谩 los expedientes relativos a las funciones de los arts. 7 y 12.1.b). Por 煤ltimo, la Direcci贸n de Transportes y del Sector Postal tiene por objeto la gesti贸n de los expedientes relativos a las funciones de arts. 8, 10, 11 y 12.1.c), d) y f).

Las cuatro direcciones no forman parte de la CNMC. As铆 se desprende del art铆culo 13 que establece que los dos 贸rganos de gobierno son el Consejo y el Presidente. Por lo tanto, se vuelve a la situaci贸n anterior a la creaci贸n de la CNC, en que la instrucci贸n de los expedientes de defensa de la competencia estaba en manos del Servicio de Defensa de la Competencia que era un 贸rgano integrado en el Ministerio de Econom铆a y Hacienda (art. 30 de la LDC 1989).

El Cap铆tulo IV contiene los reg铆menes de actuaci贸n, econ贸mico-financiero, patrimonial y presupuestario de la CNMC. El art. 27 establece las facultades de inspecci贸n. Reproduce mutatis mutandi las funciones que la LDC 2007 atribu铆a a la CNC. La atribuci贸n actual resulta encomiable pues la nueva autoridad no s贸lo podr谩 desarrollar estas facultades en los procedimientos antitrust sino tambi茅n en los dem谩s 谩mbitos de su competencia, como la supervisi贸n de los mercados de la energ铆a, telecomunicaciones o postal (Gonz谩lez-P谩ramo). El 28 pone el acento en los deberes de colaboraci贸n y secreto. El 29 regula la potestad sancionatoria. El 31 contiene el r茅gimen jur铆dico del personal, funcional y laboral, que resulta complementado por la DA 6.陋 Los arts. 33 y 34 regulan el r茅gimen econ贸mico, financiero y patrimonial de la CNMC, que constituye uno de los extremos m谩s pol茅micos de la Ley.

Tras declarar que la CNMC tendr谩 un patrimonio propio e independiente, el art. 33 establece que la CNMC dispone de los siguientes medios econ贸micos para cumplir sus fines: a) las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; b) los bienes y derechos que constituyan su patrimonio as铆 como los productos y rentas del mismo; y c) cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos. El art. 34 prev茅 que la Comisi贸n elaborar谩 un anteproyecto de presupuesto que remitir谩 al Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas, a trav茅s del Ministerio de Econom铆a y Competitividad, para su tramitaci贸n de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Entre los medios econ贸micos de que dispone la CNMC se echan en faltan las tasas que genera su actividad. A diferencia de lo que ven铆a sucediendo hasta ahora (art. 22 LDC), la Ley 3/2013 prev茅 que se ingresen en el Tesoro P煤blico (DA 14.3). Se trata de una decisi贸n harto discutible pues puede limitar en gran medida la eficacia del nuevo supervisor.

Por 煤ltimo, el art. 36 dispone el r茅gimen de los recursos contra los actos, decisiones y resoluci贸n de la CNMC. El apartado 3.潞 dispone que los del Presidente y del Consejo ponen fin a la v铆a administrativa y s贸lo son susceptibles de recurso ante la jurisdicci贸n contencioso-administrativa.

Bajo el t铆tulo de 鈥淭ransparencia y responsabilidad鈥, el Cap铆tulo V comprende tres art铆culos. El 37 rige la publicidad de todas las disposiciones, resoluciones, acuerdos e informes que se dicten en aplicaci贸n de las leyes, una vez notificadas a las partes y tras resolver sobre los aspectos confidenciales. El 38 prev茅 la creaci贸n de un 贸rgano de control interno para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los procedimientos de supervisi贸n. Por 煤ltimo, el art. 39 somete la CNMC al control parlamentario.

De las 18 Disposiciones Adicionales existentes merecen destacarse dos. La 1.陋 regula la puesta en funcionamiento de la CNMC y fija un plazo m谩ximo de 4 meses, desde la entrada en vigor de la Ley, para ello. Por lo tanto, la Comisi贸n deber谩 estar en marcha a m谩s tardar el 6 de octubre de 2013 (respecto del periodo de transici贸n v茅ase el art铆culo del profesor Marcos en Expansi贸n). La DA 2.陋 ordena la extinci贸n de los ocho organismos cuyas funciones asume la CNMC y a帽ade que las referencias a los mismos en las leyes deber谩n entenderse hechas al nuevo organismo. Tras 10 Disposiciones Transitorias y 1 Derogatoria, las 11 Disposiciones Finales modifican diversas leyes, fijan el t铆tulo competencia de la norma, habilitan al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias y disponen que la entrada en vigor tuvo lugar el d铆a siguiente a la publicaci贸n de la Ley; es decir, el 6 de junio de 2013.

PROTECCI脫N DE VARIEDADES VEGETALES Y AGOTAMIENTO DE PATENTE: MONSANTO VS BOWMAN

La tecnolog铆a ha revolucionado todos los 谩mbitos de la econom铆a, incluida la agricultura. Recientemente se han producido diversos conflictos jur铆dicos que atestiguan su importancia. El m谩s significativo tiene como protagonista a la multinacional Monsanto y se ha desarrollado en Estados Unidos. Patent贸 una variedad de semillas de soja que contiene una alteraci贸n gen茅tica que le permite resistir el Roundup Ready, un herbicida con glifosato elaborado por la misma empresa. Monsanto y sus distribuidores comercializan las semillas bajo licencia por la que permiten a los adquirentes plantar y cultivarlas una 煤nica vez. Los compradores pueden consumirlas o venderlas, pero no pueden replantarlas. El Sr. Bowman compr贸 una partida de estas semillas y las cultiv贸 cumpliendo las condiciones de la licencia. Pero reserv贸 una parte de la cosecha para replantarla en temporadas venideras. Al descubrir esta pr谩ctica, Monsanto demand贸 al Sr. Bowman alegando que hab铆a infringido su derecho de exclusiva. El demandado se defendi贸 escud谩ndose, esencialmente, en el agotamiento del derecho de patente. La District Court estim贸 la demanda y conden贸 al Sr. Bowman a pagar una indemnizaci贸n de 84.456 d贸lares. El Federal Circuit confirm贸 la sentencia recurrida. Apelada la decisi贸n, la Supreme Court of the United States fall贸 a favor de Monsanto en una sentencia de 13.05.2013.

La sentencia versa esencialmente sobre el agotamiento del derecho de patente. La Supreme Court afirma que esta instituci贸n no permite a un agricultor reproducir semillas patentadas a trav茅s de su cultivo y recolecci贸n sin contar con la autorizaci贸n del titular del derecho de exclusiva. Antes que nada interesa comentar que la alta instituci贸n judicial estadounidense declara que una semilla de soja transg茅nica no s贸lo puede protegerse como variedad vegetal, previsto en la Plan Variety Protection Act (PVPA), 7 U.S.C. 搂2321 et seq., sino tambi茅n como patente. A su entender, los dos derechos de exclusiva son compatibles puesto que los requisitos para obtener una patente son m谩s exigentes que los de la variedad vegetal y la protecci贸n que dispensa es mayor. Apoya su afirmaci贸n en el precedente E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int鈥檒, Inc., 534 U. S. 124 (2001).

La Supreme Court expone el principio del agotamiento del derecho de patente: 鈥渓a venta inicial autorizada de un art铆culo patentado pone fin a todos los derechos que confiere la patente sobre ese producto鈥 (Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617, 625 (2008). Agotada la patente, el adquirente tiene plena libertad de usar o vender el producto que constituye su objeto, pues la finalidad de la instituci贸n es evitar el monopolio del titular de la patente en la comercializaci贸n del invento. Se considera que la primera puesta en el mercado representa una recompensa suficiente para el inventor.

El fundamento del agotamiento determina que 茅ste s贸lo se predique de productos originales; es decir, no se extiende a las copias que hayan realizado terceros sin el consentimiento del titular. La Supreme Court fundamenta esa decisi贸n en diversos precedentes: Mitchell v. Hawley, 16 Wall. 544, 548 (1873); Wilbur-Ellis Co. v. Kuther, 377 U. S. 422, 424 (1964); Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replace- ment Co., 365 U. S. 336, 346 (1961) y Cotton-Tie Co. v. Simmons, 106 U. S. 89, 93鈥94 (1882). El Tribunal aplica este razonamiento al caso y considera que, al cosechar y recolectar las semillas, el Sr. Bowman hizo copias de los productos patentados, por lo que no pod铆a disfrutar de la protecci贸n del agotamiento de la patente.

PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD PERSONAL Y CONTINUIDAD ECON脫MICA (STG 17.5.2013, Parker-Hannifin Corp)

El Tribunal General se pronuncia sobre los principios de responsabilidad personal y de continuidad econ贸mica en la sentencia de 17.5.2013 (T-146/09), Parker ITR Srl y Parker-Hannifin Corp contra Comisi贸n Europea. Resuelve el recurso contra la Decisi贸n de la Comisi贸n de 28 de enero de 2009 (COMP/39406) que consideraba existente un c谩rtel en el sector de las mangueras marinas destinadas al petr贸leo y al gas e impon铆a las multas correspondientes. El Tribunal General anula una parte de la Decisi贸n al considerar que la conducta il铆cita no era imputable a la demandante con anterioridad a una determinada fecha. Para ello analiza los dos principios mencionados.

El principio clave para imputar un il铆cito anticoncurrencial es el de responsabilidad personal, seg煤n el cual un hecho punible s贸lo puede ser imputado a su propio autor. En palabras del TG: 鈥淚ncumbe en consecuencia a la persona f铆sica o jur铆dica que dirig铆a la empresa de que se trata en el momento en que se cometi贸 la infracci贸n responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la Decisi贸n por la que se declara la existencia de la infracci贸n la explotaci贸n de la empresa ya no estuviera bajo su responsabilidad 鈥︹ (apartado 87).

Ahora bien, reconoce que, en circunstancias excepcionales, se puede sancionar a una persona f铆sica o jur铆dica que no es la autora de la conducta para evitar que el responsable pueda eludir las sanciones a trav茅s de la reestructuraci贸n, cesi贸n de la empresa o cambios de car谩cter jur铆dico u organizativo. Es lo que se conoce como el principio de continuidad econ贸mica (apartados 89 ss.

Constituye un instrumento dirigido a evitar el fraude de ley, de ah铆 que s贸lo pueda acudirse a 茅l cuando existan v铆nculos econ贸micos y organizativos entre la empresa responsable y la tercera que va a ser sancionada o cuando la persona jur铆dica que cometi贸 la infracci贸n haya sido transmitida a un tercero en condiciones abusivas con la intenci贸n de eludir las sanciones previstas por el Derecho de la competencia.

En el caso rechaza que existieren v铆nculos econ贸micos entre la empresa demandante y la que cometi贸 el il铆cito por lo que considera que la primera no es responsable de la conducta antitrust antes de la adquisici贸n de la empresa. De ah铆 que anule parcialmente la Decisi贸n y modifique la sanci贸n impuesta.

Por 煤ltimo, el Tribunal tambi茅n se pronuncia sobre la imputaci贸n de los actos il铆citos de una filial a su matriz. En el apartado 173 puede leerse: 鈥溾l comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jur铆dica separada, esa filial no determina de manera aut贸noma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los v铆nculos econ贸micos, organizativos y jur铆dicos que unen a esas dos entidades jur铆dicas鈥︹ Y contin煤a: 鈥淓llo es as铆, en efecto, porque, en tal situaci贸n, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad econ贸mica y, por lo tanto, integran una 煤nica empresa en el sentido de la jurisprudencia. Por lo tanto, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen una 煤nica empresa a efectos del art铆culo 81聽CE permite que la Comisi贸n dirija una decisi贸n que imponga multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario acreditar la implicaci贸n personal de 茅sta en la infracci贸n鈥︹ (apartado 174).

NULIDAD DE CL脕USULA DE INDEMNIZACI脫N POR LUCRO CESANTE EN UN CONTRATO DE ABANDERAMIENTO DE ESTACI脫N DE SERVICIO

El Tribunal Supremo se pronuncia, una vez m谩s, sobre la compatibilidad de una cl谩usula de un contrato de abanderamiento de estaci贸n de estaci贸n de servicio con el Derecho de la competencia. En la sentencia de 25.04.2013 (Id Cendoj

28079110012013100236) se plantean dos cuestiones. La primera es la competencia judicial para conocer de la acci贸n de indemnizaci贸n prevista en la cl谩usula; la segunda, su validez. Interesa destacar que el contrato se celebr贸 el 25 de noviembre de 1995, por lo que resultaba aplicable el Reglamento 1984/83 de la Comisi贸n, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicaci贸n del apartado 3 del art铆culo 85 del Tratado a determinadas categor铆as de acuerdos de compra exclusiva. Su cl谩usula 25.陋 rezaba:

“Este contrato tendr谩 una duraci贸n de diez a帽os, comput谩ndose este plazo desde la fecha en que se realice el primer suministro de carburante por MOBIL, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (CEE) n煤mero 1984/83 de la Comisi贸n, de 22 de Junio de 1983, relativo a la aplicaci贸n del apartado 3o del art铆culo 85 del tratado a determinadas categor铆as de acuerdos de compra exclusiva.

No obstante lo anterior, si EL TITULAR alcanzase antes de este plazo de 10 a帽os el volumen m铆nimo de venta de combustibles y carburantes pactado en el ACUERDAN UNDECIMO, se dar谩 por finalizado el presente contrato.

Por el contrario, si el TITULAR no hubiese alcanzado durante dicho periodo de tiempo el volumen m铆nimo de venta de combustibles y carburantes pactado en el ACUERDAN UNDECIMO, EL TITULAR podr谩 optar, a su elecci贸n, entre indemnizar a MOBIL por el lucro cesante que corresponda por la diferencia existente entre los litros comprometidos y los realmente vendidos, o por la pr贸rroga del presente contrato hasta la fecha en que se alcance dicho volumen m铆nimo de venta. Caso de que llegado el d铆a del vencimiento de este contrato y el TITULAR no hubiese comunicado a MOBIL su elecci贸n ofreci茅ndole el pago del lucro cesante producido, se entender谩 que ha optado por su pr贸rroga.

Al finalizar este contrato, y de no llegarse a un acuerdo para su revocaci贸n, MOBIL dispondr谩 de un periodo de tiempo razonable, no inferior a un mes, para retirar de la Estaci贸n de Servicio su equipo, instalaciones desmontables, anuncios, logotipos y cualquier otro elemento propiedad de MOBIL”

BP, proveedor del combustible en el contrato, demand贸 al titular de la estaci贸n de servicio (Benazahar, SL) en los juzgados de primera instancia. Reclamaba el pago de una indemnizaci贸n de 589.354 euros al haber optado Benazahar, SL por la resoluci贸n del contrato ante la imposibilidad de alcanzar el volumen de ventas acordado. El titular de la estaci贸n de servicio se defendi贸 argumentando, esencialmente, la nulidad de la cl谩usula de duraci贸n del contrato por ser contraria al Derecho comunitario de la competencia. El Juez de Primera Instancia estim贸 la demanda por lo que Benazahar interpuso recurso de apelaci贸n en el que ped铆a la nulidad de actuaciones por falta de competencia judicial. A su entender correspond铆a a los Juzgados de lo Mercantil al resultar aplicables los arts. 81 y 82 TCE y el Derecho derivado. La AP confirm贸 la sentencia recurrida, lo que gener贸 el recurso de casaci贸n.

El Tribunal Supremo desestima la petici贸n de nulidad de actuaciones basada en la falta de competencia objetiva del Juzgado de Primera Instancia. En primer lugar, subraya que la parte demandada hab铆a aceptado la competencia objetiva del Juzgado de Primera Instancia al no formular reconvenci贸n ajustada al art. 406 LEC ni suscitar cuesti贸n alguna en la audiencia previa. Adem谩s, el juez no exigi贸 a la demandada ninguna aclaraci贸n ni correcci贸n de su contestaci贸n. En segundo t茅rmino, la AP no declar贸 la nulidad de actuaciones por falta de competencia objetiva, a pesar de que pod铆a haberlo hecho, incluso de oficio, en virtud del art. 48 LEC. Y en tercer lugar, el principio de tutela judicial efectiva exig铆a mantener la eficacia de las actuaciones y resolver las cuestiones planteadas en el juicio. El Tribunal a帽ade que, por una parte, no se ped铆a la nulidad del contrato sino la improcedencia de la indemnizaci贸n de lucro cesante. Por otra, “…el litigio no era en puridad un procedimiento de aplicaci贸n de los art铆culos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (hoy art铆culos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, TFUE ), sino un proceso de reclamaci贸n de cantidad con base en un contrato cuyo pacto 25o, fundamento principal de la reclamaci贸n, hac铆a expresa referencia al Reglamento no 1984/83, y cuyo pacto 32o contemplaba expresamente que se tuviera por no puesta cualquier estipulaci贸n contraria al derecho comunitario…”

En cuanto al fondo del asunto, el TS estima el recurso, declara nula la cl谩usula contractual controvertida y desestima la acci贸n de indemnizaci贸n. Parte de la aplicaci贸n del art. 81.1 TCE (actual art. 101.1 TFUE) al contrato en cuesti贸n, con el discutible argumento de que 茅ste se somet铆a al Reglamento 1984/83 para escapar a la prohibici贸n de los acuerdos restrictivos de la competencia. En segundo lugar, recuerda que, seg煤n el citado Reglamento, los contratos de compra exclusiva s贸lo pod铆an tener una duraci贸n superior a 5 a帽os si el proveedor conced铆a al revendedor ventajas econ贸micas o financieras importantes. Ahora bien, en ning煤n caso pod铆a exceder de 10 a帽os, pues el art. 12.1.c) lo prohib铆a.

El contrato vulneraba esa prohibici贸n: “…la imposici贸n al revendedor, es decir a la hoy recurrente Benazahar , de un volumen m铆nimo de ventas a帽adido a la obligaci贸n de compra exclusiva (pacto 11o), vinculando ese volumen m铆nimo a la duraci贸n de la exclusiva (pacto 25o), vulneraba el l铆mite absoluto de duraci贸n de diez a帽os porque o bien obligaba al revendedor a seguir sujeto a la exclusiva por tiempo indeterminado, hasta alcanzar el volumen m铆nimo de venta, o bien le obligaba a perder una parte de las ventajas econ贸micas o financieras cuya concesi贸n por el proveedor hab铆an permitido a este que la exclusiva de abastecimiento superara el l铆mite general de duraci贸n de cinco a帽os. Tanto es as铆 que la cantidad pedida en la demanda como indemnizaci贸n, 589.354 euros, casi alcanza los 100 millones de ptas. entregados en su d铆a por BP a Benazahar como contraprestaci贸n por el abanderamiento y suministro en exclusiva, de suerte que, si finalmente se acordara la indemnizaci贸n, el resultado final ser铆a la p茅rdida por el revendedor de lo que contractualmente le correspond铆a por su obligaci贸n de compra exclusiva y, a la vez, justificaba que esta pudiera tener una duraci贸n superior a cinco a帽os”.聽Consecuentemente el Tribunal considera no puesta la obligaci贸n de volumen m铆nimo de venta y la indemnizaci贸n de lucro cesante en caso de incumplimiento.

A modo de conclusi贸n cabe recordar que el Reglamento 1984/83 fue sustituido por el Reglamento 2790/1999 y 茅ste por el Reglamento 330/2010 de la Comisi贸n, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicaci贸n del art铆culo 101.3 TFUE a determinadas categor铆as de acuerdos verticales y pr谩cticas concertadas. El art铆culo 5.1.a) del 煤ltimo prohibe los pactos de no competencia que tengan una duraci贸n superior a 5 a帽os. Ahora bien, except煤a los cosas en que los bienes o servicios contractuales sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos propiedad del proveedor o arrendados por 茅l a terceros no vinculados con el comprador. En ese caso, la duraci贸n de la cl谩usula de no competencia podr谩 tener la misma duraci贸n que la ocupaci贸n de los locales y terrenos por el comprador (art. 5.2).

LEY DE PROTECCI脫N DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS: UNA RESPUESTA INSUFICIENTE

El pasado 15 de mayo se aprob贸 y entr贸 en vigor la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci贸n a los deudores hipotecarios, reestructuraci贸n de deuda y alquiler social (BOE n煤m. 116, de 15 de mayo, correcci贸n de errores BOE n煤m. 123, de 23 de mayo). Con ella se pod铆an matar tres p谩jaros de un tiro; pero s贸lo est谩n heridos.

En primer lugar, se podr铆a considerar que la Ley 1/2013 sirve para dar respuesta a la petici贸n de una parte importante de la sociedad espa帽ola de proteger a los deudores hipotecarios. Sigue el camino trazado por dos normas anteriores, como el Gobierno se encarg贸 de resaltar en respuesta a la petici贸n de quinientos juristas de regular la daci贸n en pago (El Pa铆s, Cinco D铆as, Expansi贸n, etc. En una 鈥渘ota鈥 en formato “Word” de la que se hicieron eco algunos peri贸dicos, el Gobierno explicaba que ya hab铆a adoptado dos normas jur铆dicas para proteger a los deudores hipotecarios especialmente vulnerables, con las que entroncaba el Proyecto de Ley de protecci贸n de deudores hipotecarios, de reestructuraci贸n de la deuda y de alquiler social. La primera era el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci贸n de deudores hipotecarios sin recursos (BOE n煤m. 60, de 10 de marzo). El C贸digo de Buenas Pr谩cticas que contiene prev茅 tres soluciones sucesivas para los deudores hipotecarios: reestructuraci贸n, quita y daci贸n en pago. La segunda norma es el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protecci贸n a los deudores hipotecarios (BOE n煤m. 276, de 16 de noviembre). Las dos principales herramientas que contiene son suspender el lanzamiento de la vivienda habitual durante un periodo de dos a帽os y crear un Fondo Social de Vivienda.聽La Ley 1/2013 profundiza en las medidas anteriores. Mas resulta insuficiente: supone una ayuda temporal para los deudores hipotecarios pero est谩 lejos de resolver el problema de fondo. Valgan dos apuntes como evidencia. El primero es su propia finalidad, reflejada en el Pre谩mbulo: establece medidas para evitar la exclusi贸n social, no para solucionar el problema de la morosidad en los pr茅stamos hipotecarios. El segundo es que establece una moratoria de dos a帽os para evitar los desahucios de la vivienda habitual. Pero no se elimina la deuda; es m谩s, contin煤an deveng谩ndose intereses moratorios.

Por otra parte, podr铆a alegarse que la Ley 1/2013 establece la datio in solutum. De hecho,聽entronca con la Iniciativa Legislativa Popular de Proposici贸n de Ley de regulaci贸n de la daci贸n en pago de paralizaci贸n de los desahucios y de alquiler social (BOCG, X Legislatura, Serie A, 21 de diciembre de 2012). Esta propuesta se reelabor贸 con el Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protecci贸n a los deudores hipotecarios (BOCG, X Legislatura, Serie A, 7 de diciembre de 2012) y el resultado de la fusi贸n ha sido la Ley objeto de esta entrada. Ciertamente, acoge la daci贸n en pago, pero de forma tan restrictiva y residual聽que esta medida ha quedado neutralizado sin satisfacer las expectativas de una parte no despreciable de la ciudadan铆a espa帽ola. El art铆culo 7.5 de la Ley modifica el art. 579 LEC y su apartado 2.潞 contempla la datio in solutum. Para ello es necesario que se haya ejecutado la hipotecado sobre la vivienda habitual y que el remate haya sido insuficiente para saldar la deuda. La entidad de cr茅dito podr谩 continuar exigiendo el pago de la cantidad pendiente. Si el ejecutado paga el 65 % de la cantidad total pendiente en un plazo de cinco a帽os, o el 80 % en diez, queda liberado de su responsabilidad por la parte restante.

Por 煤ltimo, la Ley 1/2013 ha introducido reformas para adecuar la ejecuci贸n hipotecaria al Derecho de la Uni贸n Europea, tal como exigi贸 el Tribunal de Justicia en la conocida sentencia de 14.3.2013. Sin embargo, es discutible que las reformas resulten totalmente satisfactorias, en el sentido que resuelvan los problemas existentes. As铆 sucede, por ejemplo, con la exigencia de que dejen de pagarse tres cuotas mensuales para poder instar la ejecuci贸n hipotecaria. Como afirm贸 el magistrado Fern谩ndez Seijo en la sentencia de 2.5.2013, el problema es la proporcionalidad: el incumplimiento de tres mensualidades es nimio cuando la duraci贸n de la hipoteca supera los treinta a帽os. Y lo mismo sucede con el plazo de un mes para alegar la existencia de cl谩usulas abusivas en los procedimientos ejecutivos iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de la Ley (DT 4.陋). Tampoco resulta satisfactoria, a mi modesto entender, que deba haber transcurrido un plazo de tres a帽os para poder volver a liberar la vivienda habitual de la ejecuci贸n mediante el pago o la consignaci贸n de la deuda (art. 7.13, que da una nueva redacci贸n al art. 693 LEC).

En cuanto al contenido de la norma, se estructura en cuatro Cap铆tulos. El primero dispone la聽suspensi贸n autom谩tica y por dos a帽os de los desahucios de las familias que se encuentran en una situaci贸n de riesgo de exclusi贸n. Se impide as铆 el lanzamiento de la vivienda habitual. Ahora bien, la deuda no s贸lo sigue existiendo sino que aumenta, pues la Ley prev茅 que contin煤an deveng谩ndose intereses de demora. Eso s铆, aparecen limitados a un dos por cien sobre la deuda pendiente. Esta medida se aplica a familias en situaci贸n de especial vulnerabilidad, que aparecen determinadas por dos tipos de requisitos. Los primeros son de car谩cter personal y aparecen determinados en el art铆culo 1.2 (por ejemplo, familias numerosas o una unidad familiar en el que el deudor hipotecario se encuentre en situaci贸n de desempleo y no haya agotado las prestaciones por desempleo). Los segundos tienen car谩cter econ贸mico y se hallan en el apartado 3.潞 del art铆culo 1. El principal es que los ingresos de la familia no superen el l铆mite de tres veces el Indicador P煤blico de Renta de Efectos M煤ltiples, como regla general. El art铆culo 2 regula la forma de acreditar la concurrencia de estas circunstancias.

El Cap铆tulo II聽persigue introducir mejoras en el mercado hipotecario a trav茅s de la modificaci贸n de diversas normas. As铆, se enmiendan los art铆culos 21.3, 114 y 129 de la Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de febrero de 1946); 3, 3.bis.2.a).1, 3.bis.4.a), 3.bis.l), 3.ter.1, 3.ter.2 y 5 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulaci贸n del mercado hipotecario y la letra a) del apartado 1 de la Disposici贸n Adicional 1 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario financiero. Entre otros cambios, se exige que la escritura de pr茅stamo hipotecario establezca si el inmueble constituir谩 la vivienda habitual. Segundo, los intereses de demora de los pr茅stamos para adquirir la vivienda habitual se limitan a tres veces el inter茅s legal del dinero, s贸lo podr谩n devengarse sobre el capital pendiente de pago y no podr谩n ser capitalizados. Tercero, el notario podr谩 suspender la venta extrajudicial cuando cualquiera de las partes acredite haber planteado ante el Juez competente el car谩cter abusivo de las cl谩usulas contractuales. Cuarto, las sociedades de clasificaci贸n estar谩n sometidas a los requisitos de homologaci贸n previa, independencia y secreto. Y quinto, se exige que los contratos de pr茅stamo hipotecario cuente con una cl谩usula manuscrita en la que el prestatario declare haber sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato.

El Cap铆tulo III modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para flexibilizar el r茅gimen de la ejecuci贸n hipotecaria y adecuarlo a las exigencias del Derecho de la Uni贸n. En particular revisa los art铆culos 552.1, 557.1, 561.1, 575.1 bis, 579, 647.1, 654, 668, 670.1, 671, 682, 691.2, 693 y 695.聽Entre las modificaciones introducidas destaca la posibilidad de oponer a la ejecuci贸n la existencia de cl谩usulas abusivas en el t铆tulo. En segundo t茅rmino, se limitan al 5% las costas exigibles al deudor en caso de ejecuci贸n de la vivienda habitual. Tercero, se condona una parte de la deuda pendiente si el deudor paga determinados porcentajes en los plazos fijados, como he comentado con anterioridad. Cuarto, se rebajan los requisitos para pujar en las subastas de bienes muebles (sic, deber铆a ser de los inmuebles). Quinto, la cantidad obtenida en la subasta se imputar谩 al pago de la deuda en el orden siguiente: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Sexto, se eleva al 70% del valor de subasta la cantidad por la que el acreedor se adjudica la vivienda habitual en caso de que la licitaci贸n quede desierta. Sexto, se fija en tres el n煤mero de plazos mensuales que deben dejar de cumplirse para acudir al procedimiento de ejecuci贸n hipotecaria. S茅ptimo, se permite liberar la vivienda habitual objeto de ejecuci贸n mediante el pago o la consignaci贸n de las cantidades debidas un n煤mero ilimitado de veces. Ahora bien, deben haber transcurrido tres a帽os entre la fecha de liberaci贸n y la del requerimiento de pago. Y octavo, se incluye el car谩cter abusivo de una cl谩usula contractual que fundamente la ejecuci贸n o la exigencia de la deuda entre las causas de oposici贸n a la ejecuci贸n. Ahora bien, no cabe recurso contra el auto del juez que rechace la oposici贸n.

El Cap铆tulo IV (art. 8) modifica el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci贸n de deudores hipotecarios sin recursos. En particular, se revisan sus art铆culos 2 (extensi贸n de las medidas previstas a los avalistas hipotecarios respecto de su vivienda habitual), 3 (expandiendo el umbral de exclusi贸n para que m谩s deudores puedan beneficiarse de las medidas), 4 (reduciendo los intereses moratorios), 5 (ampliando el 谩mbito de aplicaci贸n del C贸digo de Buenas Pr谩cticas), 6 (relativo a la comisi贸n de control que supervisa el cumplimiento del C贸digo de Buenas Pr谩cticas) y el Anexo que contiene el C贸digo de Buenas Pr谩cticas para la reestructuraci贸n viable de las deudas con garant铆a hipotecaria sobre la vivienda habitual. Se introduce un nuevo art铆culo 3 bis, que otorga el beneficio de excusi贸n a los fiadores e hipotecantes no deudores, y un Cap铆tulo VI que contiene el r茅gimen sancionador.

Cierran la Ley cuatro Disposiciones Adicionales, diez Transitorias y cuatro Finales. La DA primera encomienda al Gobierno la promoci贸n de la constituci贸n de un fondo social de viviendas propiedad de entidades de cr茅dito destinado a ofrecer cobertura a las personas desalojadas de su casa por el impago de un pr茅stamo hipotecario. La segunda pide al Banco de Espa帽a la elaboraci贸n de un informe sobre las medidas que se pueden adoptar para fortalecer la independencia de las sociedades de tasaci贸n respecto de las entidades de cr茅dito. Igualmente, el Banco de Espa帽a debe publicar una 鈥淕u铆a de Acceso al Pr茅stamo Hipotecario鈥 (DA tercera). La cuarta exime a los beneficiarios de ayudas estatales para la adquisici贸n de viviendas protegidas de la obligaci贸n de devolver las ayudas y beneficios en caso de daci贸n en pago.

Entre las DDTT destacan la primera 鈥搎ue ordena aplicar la Ley a los procedimientos judiciales o extrajudiciales de ejecuci贸n que se hubieran iniciado a su entrada en vigor en los que no se hubiera ejecutado el lanzamiento-, la segunda 鈥搎ue prev茅 que los Secretarios judiciales y Notarios dar谩n un plazo de 10 d铆as a los ejecutantes para recalcular los intereses de demora conforme a la Ley-, la cuarta 鈥搎ue establece un plazo de un mes para formular incidente extraordinario de oposici贸n basado en las nuevas causas de oposici贸n- y la s茅ptima 鈥搎ue regula la aplicaci贸n del C贸digo de Buenas Pr谩cticas.

Las dos primeras DDFF tienen por objeto modificaciones puntuales de la Ley de Regulaci贸n de los Planes y Fondos de Pensiones (RDLegislativo 1/2002, de 29 de noviembre) y de la Ley de Ordenaci贸n y Supervisi贸n de los Seguros Privados (RDLegislativo 6/2004, de 29 de octubre). La DF tercera fija el fundamento competencial de la norma y la cuarta ordena su entrada en vigor el mismo d铆a de su publicaci贸n, con lo cual se produce la curiosa circunstancia de que la Ley devino aplicable antes de su publicaci贸n.

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