Carlos G贸rriz L贸pez

Month: May 2013

Nulidad de cl谩usulas abusivas de pr茅stamo hipotecario (SJM 3 Barcelona 2.5.2013)

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil n煤mero 3 de Barcelona, don Jos茅 Mar铆a Fern谩ndez Seijo, ha dictado sentencia en el caso que enfrenta al Sr. Mohamed Aziz contra Catalunyacaixa el 02.05.2013 (Id Cendoj: 08019470032013100001). Este litigio se ha hecho c茅lebre al constituir el detonante de la cuesti贸n prejudicial que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 14.03.2013 (C-415/11), en la que se afirm贸 que la normativa sobre el procedimiento ejecutivo hipotecario (esencialmente, los art铆culos 695 ss. LEC y 131 LH) es incompatible con el Derecho comunitario.

En particular el Tribunal afirm贸 que 鈥溾a Directiva [93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl谩usulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores] debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prev茅, en el marco del procedimiento de ejecuci贸n hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposici贸n basados en el car谩cter abusivo de una cl谩usula contractual que constituye el fundamento del t铆tulo ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el car谩cter abusivo de esa cl谩usula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensi贸n del procedimiento de ejecuci贸n hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisi贸n final鈥 (p谩rrafo 64). Por otra parte, tambi茅n proporcion贸 los criterios para interpretar los elementos de 鈥渂uena fe鈥 y 鈥渄esequilibrio importante en detrimento del consumidor鈥 que conforman el concepto de 鈥渃l谩usula abusiva鈥 del art. 3.1 de la Directiva 93/13/CEE.

Como era de esperar, el titular del JM 3 de Barcelona declara abusivas y, por lo tanto, nulas tres cl谩usulas controvertidas de la escritura p煤blica de pr茅stamo con garant铆a hipotecaria: las de fijaci贸n de intereses moratorios, de vencimiento anticipado y de determinaci贸n unilateral de la cantidad exigible.

Existen algunos extremos de la sentencia que merecen destacarse. En primer lugar, el magistrado recuerda la importancia de la normativa europea 鈥揺n el caso, la Directiva 93/13/CEE- y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la ex茅gesis del Derecho espa帽ol y rechaza otorgar relevancia a elementos extrajur铆dicos, como las circunstancias en que se valor贸 el inmueble, el conocimiento de la situaci贸n del prestatario por parte de la entidad de cr茅dito o la adjudicaci贸n del inmueble al acreedor por el 50% de su valor de tasaci贸n.

Segundo, los jueces nacionales pueden valorar de oficio el car谩cter abusivo de las condiciones generales en los contratos de adhesi贸n. De hecho, en la demanda se cuestionaba exclusivamente la validez de la cl谩usula de fijaci贸n unilateral de la cantidad debida. El magistrado titular del JM 3 de Barcelona ha decidido motu proprio extender la valoraci贸n a las otras dos cl谩usulas, la de vencimiento anticipado y la de intereses moratorios. Ahora bien, se hace eco de la doctrina sentada por la STJUE 21.02.2013 (C-472/11), Banif Plus Bank, que obliga al juez a ofrecer a las partes la posibilidad de debatir de forma contradictoria el car谩cter abusivo de una cl谩usula antes de pronunciarse (principio de contradicci贸n).

Tercero, la cl谩usula que fijaba un inter茅s moratorio del 18,75 % es nula 鈥渢anto si se considera que es un instrumento a tanto alzado para indemnizar los perjuicios causados por la mora, por lo que el tipo de inter茅s de demora ser铆a claramente excesivo cuando rebase ampliamente los perjuicios concretos que previsiblemente cause dicha mora … como si se considera que con el inter茅s de demora se pretende que se cumpla con lo pactado y, con ello, procura que se mantenga una 茅tica de pago 鈥 Lo cierto es que el objetivo de mantener una 茅tica de pago dif铆cilmente justificaba un inter茅s tan severo cuando de los datos con los que contaba la entidad financiera en el momento de conceder el pr茅stamo se constataba que el deudor -鈥 – no pagaba porque no quisiera, sino que su impago se deb铆a a la imposibilidad de afrontar el mismo ya que la entidad era conocedora de que el 煤nico ingreso familiar era un salario neto ligeramente superior a los 1.100 euros al mes (鈥); y el 煤nico elemento patrimonial destacable era la propia vivienda鈥.

En cuanto a la cl谩usula de vencimiento anticipado, el magistrado pone de relieve la desproporci贸n existente puesto que la facultad resolutoria no estaba vinculada a par谩metros cuantitativos o temporalmente graves. 鈥淓l contrato se pact贸 con una duraci贸n de 33 a帽os – 396 meses -, el vencimiento anticipado se produce cuando se han constatado 4 incumplimientos, es decir en t茅rminos temporales cuando se hab铆a producido un incumplimiento equivalente al 1’01% del plazo total pactado 鈥 la entidad financiera hab铆a decidido vencer anticipadamente el pr茅stamo cuando el [deudor] hab铆a dejado de pagar el 0’328% de la cantidad prestada鈥.

La misma valoraci贸n merece la cl谩usula de fijaci贸n unilateral de la cantidad debida. La raz贸n es que permite al acreedor acudir a una procedimiento en que el deudor tiene muy limitados los motivos de oposici贸n: 鈥溾icha cl谩usula de liquidez deba reputarse abusiva cuando habilita al acreedor a acudir a un procedimiento de ejecuci贸n tan extremadamente severo como el previsto en la LEC tanto para la ejecuci贸n de t铆tulos no judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados, como para la ejecuci贸n de t铆tulos no judiciales en general鈥.

En cuanto a las consecuencias de la nulidad de las cl谩usulas, interesa subrayar que la demanda solicitaba la declaraci贸n de nulidad de la condici贸n general decimoquinta (determinaci贸n unilateral de la cantidad exigible) y, adem谩s, del procedimiento de ejecuci贸n hipotecario tramitado en el JPI n潞 5 de Martorell. El titular del JM 3 de Barcelona acoge la primera petici贸n y la extiende a las cl谩usulas de vencimiento anticipado y de intereses moratorios. No sucede lo mismo respecto de la segunda: 鈥淟a petici贸n refleja en la demanda de que se decrete la nulidad del proceso de ejecuci贸n hipotecaria es compleja de articular en la medida en la que no se cifran las consecuencias exactas de dicha petici贸n, ni se tiene la certeza en autos de la situaci贸n posesoria en la que actualmente se encuentra el inmueble tras el lanzamiento, dado que no se tiene la certeza de que el inmueble pueda estar o no ocupado por un tercero que no ha sido parte de los presentes autos鈥.

Por otra parte, el magistrado Fern谩ndez Seijo abre la v铆a a la indemnizaci贸n de los perjuicios que la inadecuaci贸n del Derecho espa帽ol a la Directiva 93/13/CEE ha causado al deudor hipotecario (鈥渄a帽os de compleja reparaci贸n, da帽os que no han sido reclamados en los presentes autos pero que en cualquier caso y con la debida forma podr铆an ser reclamados鈥).

Por 煤ltimo, al analizar la imposici贸n de costas el titular del JM 3 de Barcelona se hace eco de la cr铆tica velada del abogado de la parte demandante que le reprocha haber mediatizado el caso. El magistrado Jos茅 Mar铆a Fern谩ndez Seijo le responde con una elegante y sucinta referencia a tres cl谩sicos del cine (鈥淐iudadano Kane鈥, 鈥淎ce in the hole鈥 y 鈥淓l hombre que mat贸 a Liberty Balance鈥).

RECLAMACI脫N DE PAGOS 鈥淓N NEGRO鈥 (STS 4.4.2013)

El objeto de la STS 4.4.2013 (Id Cendoj 28079110012013100186) es la reclamaci贸n de cantidad de una sociedad an贸nima en liquidaci贸n contra quien fue primero administradora solidaria, junto con su cu帽ada, y despu茅s apoderada general, quedando la cu帽ada como administradora. El fundamento de la reclamaci贸n es el cobro de lo indebido, pues se ped铆a la restituci贸n de disposiciones de caja realizadas entre 1992 y 2003 y destinadas al consumo personal de la demandada, sin amparo en los estatutos ni en la relaci贸n laboral. El JPI 38 Madrid estim贸 la demanda y la AP confirm贸 la sentencia recurrida.

 

En la sentencia se abordan dos extremos: la prescripci贸n de la acci贸n y la legitimidad de los pagos. El primero se refiere a las cantidades correspondientes a los ejercicios de 1992 y 1993. La demandada alegaba que hab铆an transcurrido quince a帽os cuando se hab铆a interpuesto la acci贸n (30.12.2008). El TS rechaza el argumento al aplicar la teor铆a de la realizaci贸n al art. 1969 Cc. (SSTS 05.06.2008 y 25.03.2009, entre otras). Seg煤n esta teor铆a, 鈥溾a acci贸n nace al tiempo en que pueda ejercitarse para lograr su total efecto, porque de entenderse que la prescripci贸n extintiva comienza a correr antes, se dar铆a el contrasentido de castigar al titular de un derecho por una inactividad que le impon铆a la ley o la propia convenci贸n, no cabiendo reprochar al titular de un derecho el no haberlo actuado en una 茅poca en la cual no pod铆a ponerlo normal y eficazmente en ejercicio, por no conocer todav铆a las bases para actuarlo鈥.

 

La consecuencia es que el plazo de prescripci贸n no empez贸 hasta que se inici贸 la fase de liquidaci贸n, pues con anterioridad la sociedad estaba en manos de personas contra quienes pod铆a ejercitarse la acci贸n. En palabras del TS: 鈥溾abiendo dispuesto de las cantidades precisamente las personas que ten铆an el control de la sociedad, esta no pudo ejercitar la acci贸n de reintegro hasta que el control pas贸 al liquidador, porque solo a partir de este momento pudieron conocerse unos actos de disposici贸n que carec铆an de constancia en las cuentas sociales y de amparo en los estatutos por tratarse, como la propia recurrente alega en apoyo del motivo, de abonos “contra la caja B”鈥

 

El segundo aspecto controvertido es la legitimidad de la causa del negocio jur铆dico relativo al desplazamiento patrimonio. El Tribunal califica los pagos en negro como ileg铆timos debido a que fueron ordenados por los administradores de la compa帽铆a en beneficio propio y carec铆an de fundamento jur铆dico.

 

鈥淪i ya el fraude a la Hacienda p煤blica, y a la Seguridad Social 鈥 es manifiestamente il铆cito y determina la ilegitimidad de lo que en el motivo se aduce como causa del enriquecimiento de la recurrente, tambi茅n tiene que calificarse de ileg铆tima la causa desde el punto de vista estrictamente societario, porque se burlaban derechos tanto de los dem谩s socios, al menos potenciales o en abstracto si se descarta a los respectivos c贸nyuges de la hoy recurrente y de su cu帽ada, cuanto de los acreedores de la sociedad, se falseaban las cuentas anuales y, en fin, se incumpl铆an los estatutos sociales en una materia que, como la de la retribuci贸n de los administradores, es tratada por la jurisprudencia de esta Sala de forma especialmente rigurosa 鈥︹

LEGITIMACION DEL REGISTRADOR PARA IMPUGNAR RESOLUCI脫N DGRN (STS 02.04.2013)

STS 02.04.2013 (Id Cendoj 28079110012013100187) se debate si un registrador tiene legitimaci贸n para recurrir contra una resoluci贸n de la DGRN que revoca una calificaci贸n suya en el 谩mbito civil. El registrador hab铆a calificado negativamente la petici贸n de inscribir de un acta notarial de declaraci贸n de finalizaci贸n de obra y dep贸sito del libro del edificio. La raz贸n es que consideraba que se hab铆a producido una modificaci贸n esencial del edificio. El notario recurri贸 contra la nota de calificaci贸n ante la DGRN, que estim贸 el recurso al considerar que no exist铆a una intervenci贸n decisiva sobre el edificio puesto que un arquitecto hab铆a acreditado, bajo su responsabilidad, que la obra no supon铆a una variaci贸n esencial de la composici贸n, de la volumetr铆a ni del conjunto estructural del edificio, ni hab铆a tenido por objeto cambiar su uso caracter铆stico.

El registrador recurri贸 contra la DGRN en el 谩mbito civil. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimaron la demanda. En la casaci贸n se discute la legitimaci贸n activa del registrador. El Tribunal Supremo niega que exista al no concurrir inter茅s leg铆timo suficiente. Aplica el art. 10 LEC seg煤n el cual el registrador precisa de un “inter茅s leg铆timo suficiente”. Trae a colaci贸n la doctrina que fij贸 en la sentencia de 20.09.2011 (Id Cendoj聽28079110012011100643) seg煤n la cual “…La existencia de un inter茅s leg铆timo suficiente como base de la legitimaci贸n surge con car谩cter extraordinario de la propia norma siempre que la resoluci贸n de la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado pueda repercutir de modo efectivo y acreditado en la esfera jur铆dica del Registrador que la invoca por afectar a un derecho o inter茅s del que sea titular, el cual no se identifica con el que resulta de la defensa de la legalidad o disconformidad con la decisi贸n del superior jer谩rquico respecto de actos o disposiciones cuya protecci贸n se le encomienda, ni con un inter茅s particular que le impedir铆a calificar el t铆tulo por incompatibilidad, seg煤n el art铆culo 102 del RH, sino con aspectos que deber谩n concretarse en la demanda normalmente vinculados a una eventual responsabilidad civil o disciplinaria del registrador relacionada con la funci贸n calificadora registral si la nota de calificaci贸n hubiera sido revocada mediante resoluci贸n expresa de la DGRN El titular del Registro de la Propiedad n煤m. 1 de Lloret de Mar recurre una resoluci贸n de la DGRN ante los Juzgados de Primera Instancia de Gerona. El registrador hab铆a calificado negativamnete la petici贸n de inscripci贸n de un acta notarial de declaraci贸n de finalizaci贸n de obra y dep贸sito de libro del edificio en la que se testimonia certificado del arquitecto director de las obras. La raz贸n es que las obras realizadas supon铆an una modificaci贸n importante del edificio por lo que resultaban aplicables las garant铆as del art. 19 de la Ley de Edificaci贸n de 1999 (esencialmente el seguro decenal). La DGRN estim贸 el recurso de revocaci贸n interpuesto por el notario esencialmente porque un arquitecto hab铆a acreditado, bajo su responsabilidad, que la obra no significaba una variaci贸n esencial de la composici贸n general del exterior, de la volumetr铆a ni del conjunto estructural, ni ha tenido por objeto cambiar el uso caracter铆stico del edificio…”

 

CANCELACI脫N REGISTRAL Y PERVIVENCIA DE PERSONALIDAD

En la sentencia de 20.3.2013 (Id Cendoj 28079110012013100175),聽el Tribunal Supremo聽mantiene la legitimaci贸n pasiva de una sociedad pese a que se hab铆a disuelto, liquidado y cancelado sus asientos registrales antes de la presentaci贸n de la demanda. La sentencia se origina con la demanda formulada por una comunidad de propietarios contra la constructora del edificio en la que se reclama la indemnizaci贸n聽de los perjuicios derivados de los vicios, patolog铆as y da帽os del edificio causados durante el proceso constructivo. El Juzgado de Primera Instancia estim贸 la demanda y la Audiencia Provincial confirm贸 su decisi贸n. El Tribunal Supremo se pronuncia en la misma direcci贸n, subrayando que聽la liquidaci贸n presentaba defectos que la cancelaci贸n de los asientos registrales no hab铆a sanado.

El TS fundamenta la pervivencia de la personalidad tanto con argumentos procesales como materiales. Respecto de los primeros, aplica el art. 6 LEC afirmando que 鈥溾a cancelaci贸n no tiene car谩cter sanatorio de los posibles defectos de la liquidaci贸n. La definitiva desaparici贸n de la sociedad s贸lo se producir谩 cuando la cancelaci贸n responda a la situaci贸n real; o sea, cuando la sociedad haya sido liquidada en forma y no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir鈥. Cita en su apoyo la sentencia de 25.07.2012 (Id Cendoj 28079110012012100455), en la que hab铆a declarado que la cancelaci贸n de los asientos registrales no convalidaban los defectos existentes. No obstante, interesa subrayar que en esta decisi贸n el TS revoc贸 la sentencia recurrid y desestim贸 la demanda por falta de personalidad jur铆dica.

Desde la perspectiva sustancial,聽聽interpreta los arts. 109 y 123 LSRL en el sentido que la liquidaci贸n registral s贸lo pone fin a la personalidad jur铆dica de la sociedad cuando se han agotado todas sus relaciones jur铆dicas. En palabras del propio tribunal: 鈥溾, la cancelaci贸n de los asientos registrales de una sociedad es una mera f贸rmula de mec谩nica registral que tiene por objetivo consignar una determinada vicisitud de la sociedad (en el caso debatido, que 茅sta se haya disuelto de pleno derecho), pero que no implica la efectiva extinci贸n de su personalidad jur铆dica, la cual no se produce hasta el agotamiento de todas las relaciones jur铆dicas que la sociedad entablara鈥. Alega en fundamento suyo las Resoluciones de la DGRN 13.05.1992 (RJ 1992\5250) y 27.12.1999 (RJ 1999\9426), as铆 como las SSTS de 4.6.2000, 10.3.2001 y 27.12.2011 (Id Cendoj 28079110012011100901).

La resoluci贸n de 13.05.1992 permiti贸 inscribir una escritura de elevaci贸n a p煤blico de un documento privado de compraventa otorgado despu茅s de la cancelaci贸n de la sociedad vendedora en virtud de un mandato conferido por la junta general con anterioridad. La DGRN revoca la decisi贸n del registrador y admite la inscripci贸n al entender que persiste la personalidad jur铆dica de la sociedad despu茅s de la cancelaci贸n de sus asientos a fin de agotar las relaciones preexistentes. En palabras de la propia Direcci贸n: 鈥…aun despu茅s de la cancelaci贸n persiste todav铆a la sociedad como centro residual de imputaci贸n en tanto no se agoten totalmente las relaciones jur铆dicas de que la sociedad es titular. As铆 resulta de la misma Ley, pues en ella se prev茅 que procede la cancelaci贸n aunque todav铆a est茅n pendientes de extinci贸n determinadas obligaciones: obligaciones vencidas si su importe se consigna, como es posible, en forma que no equivalga al pago; obligaciones no vencidas cuyo pago quede asegurado. Como no hay obligaci贸n sin deudor es claro que en estos casos persiste una cierta personalidad … 聽No hay, pues, obst谩culos para que, consiguientemente, subsistan los encargos que, por acuerdo un谩nime de la Junta General, recibi贸 el liquidador si los mismos tienen como finalidad dar cumplimiento a obligaciones residuales, como lo es la de elevar a escritura p煤blica ventas ya consumadas antes de la cancelaci贸n registral de la sociedad.鈥

La cuesti贸n central de la Resoluci贸n de 27.12.1999 era si perviv铆a o no la denominaci贸n de una sociedad despu茅s de su extinci贸n por no haber ampliado su capital hasta el m铆nimo legal, tal y como exig铆a DT 6.2.陋 LSA. De nuevo la DGRN considera que la cancelaci贸n de los asientos registrales no puede significar la desaparici贸n de todo vestigio de la personalidad jur铆dico; al contrario debe mantenerse 茅sta a fin de regularizar las relaciones jur铆dicas en las que la sociedad estaba envuelta.聽鈥淟a cancelaci贸n de los asientos registrales de una sociedad聽(…)聽puede preceder a la definitiva extinci贸n de la personalidad de la sociedad聽(…),聽y en consecuencia, tal situaci贸n registral no puede ser considerada como obst谩culo a la pr谩ctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de esa personalidad jur铆dica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y, entre ellos, los relativos a la inscripci贸n de la reactivaci贸n de la sociedad an贸nima disuelta por falta de adecuaci贸n de su capital social junto con el previo, no inscrito, de aumento del mismo聽(…)鈥

Respecto de la sentencia de 27.12.2011 basta comentar que coincide la literalidad de su fundamento 2.潞 con el 3.潞 de la sentencia objeto de rese帽a.

Compartimos la doctrina del Tribunal Supremo, dado que la cancelaci贸n de los asientos registrales no puede significar irremisiblemente la extinci贸n de la personalidad jur铆dica de la sociedad. Sin embargo, la soluci贸n del caso suscita dudas puesto que los demandantes no hab铆an solicitado la ineficacia de la cancelaci贸n registral; al menos, no consta ese dato en el fallo rese帽ado. Es cierto que la inscripci贸n de la extinci贸n de la sociedad no convalida los defectos que pudieran haber existido durante la liquidaci贸n. Pero tambi茅n es verdad que el contenido del Registro se presume exacto y valido y produce eficacia hasta que se inscriba la sentencia que declare lo contrario (arts. 7 RRM). Y en la sentencia de 25.07.2012, que el Tribunal Supremo cita en apoyo de su ex茅gesis del art. 6 LEC, se desestim贸 la demanda por falta de personalidad de la demandada porque no hab铆a solicitado la ineficacia de la cancelaci贸n.

INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE GESTI脫N DE CARTERA DE INVERSI脫N RELACIONADO CON UN FRAUDE INTERNACIONAL

En la sentencia de 17.04.2013 (Id Cendoj 28079110012013100196), el Tribunal Supremo se ha enfrentado con el incumplimiento de un contrato de gesti贸n discrecional e individualizada de cartera de inversi贸n relacionado con la estafa perpetrada por Bernard Madoff. Confirma las sentencias inferiores que estimaron la demanda y condenaron聽al Banco Espirito Santo S.A. a indemnizar al inversor por el incumplimiento de sus obligaciones. Subraya que la entidad de cr茅dito no hab铆a gestionado la inversi贸n conforme al perfil conservador del cliente expresamente previsto en el contrato.

El tema m谩s interesante es la relaci贸n del incumplimiento con el fraude del fondo Fairfield/Madoff. La entidad de cr茅dito aleg贸 la imprevisibilidad del 煤ltimo para exculpar el posible incumplimiento y destac贸聽que hab铆a afectado a toda la comunidad financiera internacional as铆 como que ninguna supervisor lo hab铆a detectado a tiempo. El TS rechaza ese argumento tanto en relaci贸n con el error en la valoraci贸n de la prueba como en la infracci贸n del art. 1105 Cc. Considera que la inversi贸n en el fondo en cuesti贸n supuso un incumplimiento de la entidad de cr茅dito. La premisa mayor es la previsi贸n contractual de que el perfil del inversor era el m谩s conservador de todos los posibles. Como premisa menor subraya las caracter铆sticas del fondo de inversi贸n Fairfield/Madoff, que ten铆a un riesgo muy elevado, acorde con los ping眉es beneficios que ofrec铆a. Consecuentemente, la inversi贸n no se adecuaba al perfil del inversor acordado en el contrato.

Adem谩s afirma que no estaba probado que el fraude constituyera la causa de la p茅rdida total de la inversi贸n. Tampoco otorga eficacia alguna al hecho de que no fuera detectado por ninguna autoridad supervisora ni agencia de calificaci贸n: 鈥… se trata de una cuesti贸n no oponible por la entidad gestora a su cliente porque frente a este se oblig贸 a respetar su perfil conservador y, por tanto, a no invertir su patrimonio en fondos cuya denominaci贸n no permit铆a comprender m铆nimamente su funcionamiento real ni el verdadero riesgo que comportaban鈥 (fundamento jur铆dico 9.潞).

ENTIDADES DE CR脡DITO, COMPETENCIA Y PROTECCI脫N DEL CONSUMIDOR

Los d铆as 18 a 20 de abril se celebr贸 en Barcelona el European Jurist Forum. Las ponencias se agruparon en torno a tres materias, una de los cuales era 鈥淒erecho privado y de los negocios: crisis bancaria, inversi贸n privada e insolvencia鈥. El jueves 18 por la tarde tuvo lugar la primera sesi贸n que llevaba por t铆tulo 鈥淢ovilidad societaria y gesti贸n de crisis鈥 y el viernes 19 las dos restantes: 鈥淓l sector bancario europeo: lecciones de la crisis鈥 y 鈥淓l consumidor como inversor privado鈥. El s谩bado 20 se procedi贸 al informe de la sesi贸n en el que se expusieron las conclusiones derivadas de las tres sesiones.

 

Existe un puente entre las dos sesiones del viernes que ha sido noticia esta semana: la competencia en el mercado crediticio. El pasado martes 23 de abril el peri贸dico Cinco D铆as se hac铆a eco de las declaraciones de Enrique Garc铆a Candelas, director general de banca comercial del Banco de Santander, en las que pronosticaba que el Santander, el BBVA y Caixabank detentar谩n el 70 por ciento del mercado. Esta situaci贸n es producto de la reestructuraci贸n bancaria, pues una de las medidas que se adoptaron para luchar contra la crisis financiera fue fomentar la fusi贸n de las entidades de cr茅dito.

 

Basta leer el pre谩mbulo de la llamada Ley del FROB (Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuraci贸n bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de cr茅dito) o de la Ley de Cajas (Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de 贸rganos de gobierno y otros aspectos del r茅gimen jur铆dico de las cajas de ahorros) para darse cuenta de ello.

 

El resultado de esas medidas es muy peligroso. Por una parte, se han creado entidades de dudosa viabilidad (鈥渮ombis bancarios鈥); por ejemplo, Catalunyacaixa (Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa), cuya venta por el FROB fue suspendida el 4 de marzo de 2013, NCG (Caixa Galicia y Caixanova), Unnim (Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa, que actualmente forma parte del BBVA) o la propia Bankia (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja 脕vila y Caja Segovia), aunque algunos expertos mantienen su viabilidad. Por otra, se ha reducido el n煤mero de operadores en el mercado bancario. Y esta reducci贸n entra帽a serios riesgos para la competencia, y por lo tanto para el consumidor, puesto que es m谩s f谩cil que lleguen a acuerdos restrictivos de la competencia o que lleguen a constituir una posici贸n de dominio colectivo. Y ese riesgo se ve incrementado por la participaci贸n de algunas de las mayores entidades de cr茅dito existentes en el accionariado de la SAREB, as铆 como por la reducci贸n del 谩mbito de actuaci贸n de las entidades que han recibido ayudas p煤blicas.

 

Son accionistas suyos Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, Banca March, Cecabank, Banco Cooperativo Espa帽ol, Banco de Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular y Kutxabank, adem谩s del Deutsche Bank y Barclays Bank.

 

En cuanto a las restricciones a la actividad de las entidades nacionalizadas, v茅ase por ejemplo la noticia publicada en Cinco D铆as.

 

Ante esta situaci贸n ser铆a deseable una autoridad de la competencia fuerte, que velar谩 por la existencia de una fuerte concurrencia entre los operadores del mercado crediticio espa帽ol. Desafortunadamente, las propuestas legislativas (Proyecto de Ley de creaci贸n de la Comisi贸n Nacional de los Mercados y de la Competencia) se orientan en la direcci贸n contraria, como ha denunciado la doctrina (y dimos cuenta aqu铆) e incluso la Comisi贸n Europea.

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