Falta de legitimación de una concursada para recurrir en casación (STS 389/2020, de 1 de julio)

Posted on 31 July 2020 by Carles Górriz López

En la STS 389/2020, de 1 de julio, se plantea un interesante problema de legitimación activa para plantear el recurso de casación porque la recurrente había sido declarada en concurso voluntario y la administración concursal no había autorizado este acto procesal. Pero el caso es más complejo todavía: no estaba en concurso cuando fue demandada y, tras interponer el recurso, se aprobó un convenio concursal que produjo el levantamiento de los efectos del Título III de la Ley Concursal. Por lo tanto, al dictarse la sentencia la recurrente no estaba sometida a intervención concursal. No obstante, el Tribunal Supremo desestima el recurso por falta de legitimación activa.

“… apreciamos que el recurso de casación adolece de un defecto de legitimación activa, pues quien lo formuló estaba en ese momento bajo la intervención de la administración concursal y precisaba de su conformidad. Al no haberse prestado esta conformidad ni antes ni después de la interposición del recurso, concurre un motivo de inadmisión que en este momento se convierte en una causa de desestimación del recurso”.

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Dos sentencias recientes sobre la responsabilidad por deudas (art. 367 LSC)

Posted on 24 July 2020 by Carles Górriz López

El Tribunal Supremo se ha pronunciado dos veces recientemente sobre la responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad ex art. 367 LSC. En ambos casos la clave residía en uno de los presupuestos de la responsabilidad: en la concurrencia de la causa de disolución que desencadena los deberes de los administradores. En la sentencia 202/2020, de 28 de mayo se discutía si la falta de depósito de las cuentas anuales (que finalmente sí fueron depositadas) en el Registro Mercantil permitía considerar acreditado que el patrimonio neto estaba por debajo de la mitad del capital social. Así lo había considerado la Audiencia Provincial: la máxima autoridad judicial española explica que el demandante no había fundado la responsabilidad del administrador en la existencia de pérdidas; simplemente había alegado la falta de depósito. Fue la segunda instancia quien recondujo esta alegación a la causa prevista en el art. 363.1.e) LSC.

El Tribunal Supremo no secunda esta correlación. En primer lugar subraya que la ley no hace responsable a los administradores de las deudas sociales por haber incumplido la obligación de la sociedad de depositar las cuentas anuales. Reconoce que la jurisprudencia menor ha utilizado este hecho (“periférico”) para acreditar la existencia del déficit patrimonial o de inactividad social y admite que pueda dar lugar a una inversión de la carga de la prueba, puesto que imposibilita a terceros el conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad, lo que genera la apariencia de una voluntad de ocultación de la situación de insolvencia. Sin embargo, recuerda que la falta de depósito de las cuentas anuales no constituye por sí sola una prueba directa de la concurrencia de la situación de pérdidas. Y niega que en este caso se pudiera considerarse acreditada la existencia de una causa de disolución:

“… aunque las cuentas de la sociedad deudora correspondientes al ejercicio del año 2007 no se depositaron dentro del plazo legal, lo cierto es que, aunque extemporáneamente, dichas cuentas se depositaron el 8 de enero de 2009. Por tanto, antes de la fecha de interposición de la demanda rectora del presente pleito, momento en el que aquellas cuentas estaban ya publicadas en el Registro Mercantil (art. 281 LSC), decayendo con ello la base argumental del demandante, apoyada en la imposibilidad de conocimiento de la situación contable y patrimonial de la sociedad deudora.”

En el fallo 215/2020, de 1 de junio, se pronunció sobre la determinación del patrimonio neto a efectos de calcular si bajó por debajo de la mitad del capital social. El dilema residía en si debía tomarse en consideración sólo el patrimonio neto o la suma del patrimonio neto con el pasivo, como sorprendentemente había interpretado la Audiencia Provincial. El TS se posiciona en sentido contrario: recurre a la normativa contable (art. 36.1 Ccom., y art. 4 .2 y .3 del RD 1514/2007) en apoyo de la literalidad del art. 363.1.e) LSC y afirma que hay no que sumar el pasivo al patrimonio neto al valorar si concurre la causa de disolución prevista en esa disposición.

Al aplicar este criterio, falla que existía causa de disolución y que, por lo tanto, el administrador debía haber cumplido los deberes contractuales que imponen los arts. 356 y 366 LSC. Al no hacerlo debía responder de las deudas sociales. Y aquí se planteaba otra duda. El demandante solicitaba el pago de los cánones arrendaticios que no había abonado la compañía gestionada por el demandado. Éste alegó que el contrato de arrendamiento era anterior a la aparición de las pérdidas que, a la postre, habían producido su responsabilidad; por lo tanto, las rentas debidas eran anteriores a la aparición de causa de disolución. Pero el Tribunal Supremo no aceptó esta argumentación dado que el contrato de arrendamiento de una nave industrial es de tracto sucesivo. Y en este tipo de contratos

“…no cabe considerar que la obligación nazca en el momento de celebración del contrato originario, sino cada vez que se realiza una prestación en el marco de la relación de que se trate. Lo que significa, en el caso del arrendamiento, que las rentas devengadas con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución han de considerarse obligaciones posteriores y, por tanto, susceptibles de generar la responsabilidad solidaria de los administradores ex art. 367 LSC.”

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BEPI: STS 383/2020, de 1 de juliol

Posted on 22 July 2020 by Carles Górriz López

En la sentencia 383/2020, de 1 de julio, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre uno de los requisitos del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho: el pago del 25% del importe de los créditos concursales ordinarios (art. 178 bis .4º de la Ley Concursal). Sucintamente recuerda los presupuestos del BEPI: el concursado debe ser una persona física y el concurso debe haber terminado por liquidación o insuficiencia de la masa activa. En cuanto a los requisitos, explica que la exigencia de buena fe del deudor significa que el concurso no debe haber sido declarado culpable, que durante los diez años anteriores a la declaración de concurso el deudor no haya sido condenado por determinados delitos patrimoniales y que haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos que, al no haber tenido éxito, haya dado lugar al concurso consecutivo. Existen requisitos adicionales que aparecen alternativamente en los números 4 y 5 del art. 178 bis .3.  Se centra en los del número 4: deben haberse pagado todos los créditos contra la masa, los concursales privilegiados y al menos el 25% de los concursales ordinarios. Ahora bien, se dispensa la última exigencia (pago del 25% de los créditos ordinarios) si el deudor ha intentado sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos. Y aquí reside el dilema con que se enfrenta el Tribunal Supremo, pues la declaración de concurso fue anterior a la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, que introdujo el expediente del acuerdo extrajudicial de pagos. Para resolverlo interpreta que es suficiente haber intentado un acuerdo equivalente.

Si no se hubiera podido acudir al expediente del acuerdo extrajudicial de pagos, ya sea porque no se reunían los requisitos del art. 231 LC, ya sea porque cuando se instó el concurso ese expediente no había sido introducido en la ley, la exigencia del ordinal 4º de haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo puede entenderse cumplido cuando constare un intento de acuerdo con los acreedores por un medio equivalente. Pero, como advertíamos en esa sentencia 150/2019, de 13 de marzo, ese intento de acuerdo debía contener una propuesta de un pago, al menos parcial, y sin perjuicio de que fuera fraccionado y demorado en el tiempo.

Este requisito se cumple en nuestro caso pues consta que se abrió la fase de convenio y que el deudor presentó una propuesta de convenio que fue rechazada por los acreedores. También serviría una propuesta de acuerdo con un plan de pagos presentada a los acreedores con ocasión de la comunicación del art. 5 bis LC, sin perjuicio de que debería quedar constancia documental. En nuestro caso, como el tribunal de instancia declara probado que el deudor presentó una propuesta de convenio que no alcanzó la aceptación de los acreedores exigida para su aprobación, debe entenderse cumplida la exigencia del ordinal 4º del art. 178 bis.3 LC para que pueda concederse al deudor la exoneración inmediata del pasivo insatisfecho sin necesidad de acreditar el pago del 25% del pasivo ordinario.

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Pérdida de equipaje en transporte aéreo: ¿cómo calcular la cifra de indemnización?

Posted on 17 July 2020 by Carles Górriz López

Es usual que en verano se pierdan muchos equipajes. Aunque el presente es atípico, no está de más traer a colación el fallo del Tribunal de Justicia de 9.7.2020 (C-86/19), SL y Vueling Airlines SA sobre la indemnización de los perjuicios generados por la pérdida de las maletas en un transporte aéreo entre Ibiza y Formentera, con escala en Barcelona. La controversia residía en el montante del resarcimiento, pues el pasajero pedía la cifra máxima prevista en el art. 22.2 del Convenio de Montreal (1132 euros) y la aerolínea le ofrecía sólo 250 euros, argumentando que no había indicado el contenido, ni el valor o el peso del equipaje, y tampoco había aportado justificantes de las compras de reemplazo. El juzgado remitente observaba discrepancias en la jurisprudencia menor española: unas sentencias consideran que la pérdida es el supuesto más grave de daños al equipaje y el pasajero no necesita demostrar nada al respecto. Otras mantienen que el perjudicado debe probar los daños que ha sufrido y el juez decidir en virtud de los perjuicios acreditados.

La autoridad judicial europea desdobla la cuestión prejudicial formulada en dos. La primera pregunta es si el art. 22.2 del Convenio de Montreal fija una indemnización a tanto alzado, adeudada ipso iure al pasajero, o si se trata de un límite máximo de indemnización. Se pronuncia a favor de la segunda interpretación en base a cuatro argumentos. En primer lugar, recuerda que ya falló en ese sentido en su decisión de 22.11.2012 (C-410/11), Espada Sánchez y otros. Segundo, la posibilidad de declarar el valor del equipaje y que sirva para fijar la indemnización prueba que la cifra prevista en el precepto referido es un límite máximo que incluye tanto los daños morales como los materiales. Tercero, los trabajos preparatorios acreditan que las cantidades indicadas en el art. 22 del Convenio de Montreal constituyen un límite máximo y no una cantidad fija a tanto alzado. Por último, niega la pérdida sea el supuesto de daños más graves que se pueden causar al equipaje -aunque no indica cuál es el más pernicioso. A la luz de estas razones, concluye que

“el artículo 17, apartado 2, del Convenio de Montreal, en relación con el artículo 22, apartado 2, del mismo Convenio, debe interpretarse en el sentido de que la cantidad prevista en esta última disposición en concepto de límite de responsabilidad del transportista aéreo en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje facturado, sin que medie declaración especial del valor de la entrega de este en el lugar de destino, constituye una indemnización máxima que no corresponde ipso iure y a tanto alzado al pasajero afectado. En consecuencia, incumbe al juez nacional determinar, dentro de ese límite, el importe de la indemnización adeudada al pasajero atendiendo a las circunstancias del caso concreto.”

La respuesta a la primera cuestión genera una segunda: ¿cómo calcular la indemnización hasta el máximo fijado por el art. 22.2 del Convenio de Montreal? El Tribunal de Justicia explica que ya abordó este extremo en la resolución del caso Espada Sánchez, que hemos citado, donde afirmó que corresponde al pasajero demostrar de forma suficiente en Derecho, y bajo el control del juez, el contenido de los efectos extraviados, los daños sufridos o los gastos en que ha incurrido para substituir los elementos desaparecidos. Ahora bien, como ni el Reglamento 2027/97 ni el Convenio de Montreal regulan este extremo, se aplica el Derecho nacional (principio de autonomía procesal). Con todo, aunque el pasajero no aporte evidencia alguna, la autoridad judicial europea afirma que el juez puede tener en cuenta todos los datos de que disponga, como el peso de los efectos extraviados o si se trataba del viaje de ida o de vuelta.

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Análisis y valoración crítica de la sentencia Dinosaurus vs Gallesaurus

Posted on 7 July 2020 by Carles Górriz López

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona 123/2019, de 3 de abril de 2019, resuelve la controversia surgida entre Galletas Artiach, S.A.U., y La Flor Burgalesa, S.L., partes demandante y demandada, respectivamente, en relación con la fabricación, ofrecimiento y comercialización por parte de la sociedad demandada de las galletas Gallesauros, cuya forma de dinosaurio fue considerada por la parte demandante como infractora de sus marcas registradas para fabricar y comercializar sus galletas Dinosaurus. Asimismo, dichos actos de fabricación, ofrecimiento y comercialización fueron considerados por Artiach como actos constitutivos de competencia desleal por inducir a confusión al consumidor, constituir una imitación de las galletas Dinosaurus y suponer un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

En este sentido, la sentencia mencionada llevó a cabo un juicio de semejanza entre las marcas de ambas sociedades que le permitió concluir la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados y denegó el carácter notorio de las marcas de la parte demandante.

Asimismo, consideró que el hecho de que la parte demandante pretendiera extender la protección jurídica que el ordenamiento confiere a las marcas tridimensionales sobre la forma de la galleta carecía de amparo legal, por cuanto (i) las marcas registradas de la parte demandante no son tridimensionales y (ii) la forma de las galletas, al representar diferentes especies de dinosaurios, pertenecen al dominio público por cuanto se refieren al mundo animal, de manera que no resulta apropiable ni registrable.

En lo que respecta a la acción ejercitada de manera subsidiaria, la sentencia resolutoria del caso analizó la compatibilidad del ejercicio de acciones basadas en la regulación marcaria y en la legislación de competencia desleal, cuya relación se basa en el principio de complementariedad relativa. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal cuando los elementos fácticos consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas. De este modo, descartada la infracción marcaria y dado que los hechos alegados por la sociedad demandante para fundamentar ambas acciones son los mismos y no presentan facetas de desvalor distintas, el Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona consideró que no cabía analizar si la demandada había actuado deslealmente, por cuanto dichos hechos entraban en la esfera de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por todo lo anterior, la sentencia desestimó el caso, absolviendo a La Flor Burgalesa y condenando a Artiach a abonar las costas procesales.

Tras el análisis exhaustivo de la resolución del Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona, pude concluir que dicha sentencia cumple con los requisitos establecidos en el artículo 218 de la LEC, ya que es clara, precisa y congruente con las pretensiones de las partes, resuelve conforme a las normas aplicables al caso y motiva todos los razonamientos tanto fácticos como jurídicos que llevan a la desestimación de la demanda presentada por Artiach. Asimismo, resuelve conforme a los criterios establecidos por la doctrina y se sirve de la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo respecto de las distintas materias objeto de la controversia.

Finalmente, a modo de valoración personal, conviene destacar que comparto la argumentación jurídica respecto a la cual no pueden registrarse las diferentes especies de dinosaurios como forma de las galletas, por cuanto pertenecen al dominio público. Además, el hecho de permitir dicho registro generaría un monopolio por parte de Artiach de la comercialización de las galletas con forma de dinosaurio. No obstante, considero que la resolución analizada supone un perjuicio a la originalidad y a la innovación, puesto que Artiach es una empresa pionera en su sector, ya que tuvo una idea de negocio basada en la comercialización de unas galletas que atraían la atención de su público objetivo, los más pequeños, casando las ideas de alimentación y diversión. De este modo, bajo mi punto de vista, la comercialización por parte de Florbú de unas galletas con forma de dinosaurio se aprovecha de la reputación de la parte demandante, no por generar confusión acerca del origen empresarial de dicho producto, sino por medio de la explotación de una idea que ha tenido una gran acogida entre su público objetivo. Dicho aprovechamiento se ve acentuado por el hecho de que la parte demandada escogiera la forma de dinosaurio y no cualquier otra especie animal, ya que la primera era una fórmula que ya había sido probada con éxito en el mercado.

Sin embargo, esta sentencia sigue la tendencia de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de terminar con monopolios de marcas conocidas como en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 31 de enero de 2019 que resuelve el caso Apple vs. Pear o la resolución de la EUIPO de 11 de enero de 2019 sobre el caso Big Mac vs. Supermac.

En conclusión, esta línea jurisprudencial crea un perjuicio a la idea innovadora de Artiach, de manera que debemos preguntarnos qué prima más: proteger y reconocer la innovación y la originalidad o la libertad de mercado permitiendo que un competidor se apropie de las ideas de otro.

En este sentido, cabe señalar que, a principios de junio, tras la presentación de mi trabajo de final de grado, la Audiencia Provincial de Barcelona falló de manera prácticamente opuesta a la sentencia del Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona, estimando el recurso de apelación presentado por Artiach. Consideró que la marca Dinosaurus, denominativa y mixta, es notoria y que el grado de similitud existente entre los signos distintivos denominativos enfrentados es suficiente para producir en los consumidores un vínculo entre ambos, suponiendo así un aprovechamiento indebido de la marca notoria. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona no considera infringidas las marcas gráficas, por cuanto Artiach no puede pretender el monopolio de las galletas con forma de dinosaurio.

En consecuencia, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a La Flor Burgalesa (i) a cesar la actividad infractora, (ii) a retirar del mercado los productos infractores, embalajes, material comercial y cualesquiera otros documentos utilizados en la comercialización de las galletas Gallesauros y (iii) al pago del 1% de la cifra de negocios realizada con los productos ilícitamente marcados durante los 5 años inmediatamente anteriores a la interposición de la demanda y hasta que se haga efectivo el cese de la comercialización.

 

IRENE MOREIRO MARTÍNEZ

ADE + Derecho. Universitat Autònoma de Barcelona

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Competencia desleal e infracción del Derecho de la Unión

Posted on 6 July 2020 by Carles Górriz López

En nueva resolución sobre competencia desleal (STS 264/2020, de 8 de junio), el Tribunal Supremo niega que una empresa (Betfair) que ofrecía juegos de azar en línea sin autorización administrativa pero con una licencia emitida en Malta hubiera cometido un ilícito. La demanda había sido interpuesta por un competidor (Codere), se refería a la actividad realizada antes de la entrada en vigor de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, Reguladora del Juego y se basaba en los arts. 15, 21, 23, 29.2 y 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), y 1,3 y 5.1 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en relación con el art. 18 LCD.

Santeri Viinamäki

El Tribunal Supremo confirma que antes de la entrada en vigor de la Ley Reguladora del Juego, existía una prohibición general de los juegos de azar y que los ofrecidos por internet no estaban regulados. Pero esta prohibición constituía una restricción a la libre prestación de servicios, que constituye uno de los principios básicos del Derecho comunitario (art. 56 TFUE).

“…la situación normativa anterior a la entrada en vigor de la Ley Reguladora del Juego constituía una restricción excesiva de la libertad de prestación de servicios reconocida en el art. 49 CE, posteriormente 56 TFUE, que no guardaba proporción con ninguno de los objetivos que legitiman las restricciones a esta libertad comunitaria y no era sistemática ni coherente con la situación existente, en la que estas empresas de juego on line operaban públicamente y desarrollaban una actividad publicitaria y de patrocinio, y eran sometidas incluso a exacciones fiscales.”

Dado que no estaba justificada, ni era necesaria, ni proporcionada, el incumplimiento de la prohibición no podía constituir una infracción legal que fundamentara un acto de competencia desleal ex art. 15 LCD. El hecho de que la demanda contara con una licencia de otro Estado miembro otorgaba licitud a su actividad en España y también excluía los ilícitos relacionados con los códigos de conducta y con la naturaleza y características de los servicios.

 “Respecto de las conductas previstas en los arts. 21.1.c y 23.1 LCD, la indicada contrariedad de la normativa nacional con el Derecho de la UE, que impedía obtener una autorización por parte de las autoridades españolas, y el hecho de que Betfair contara con una autorización concedida en otro Estado miembro de la UE, excluye también la comisión de la conducta desleal prevista en tales preceptos legales por el hecho de que afirmara en su web que ‘dispone de un número de licencias de juego que nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos de forma global y de manera justa y regulada’, licencias concedidas en varios Estados miembros que describían a continuación.”

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De nuevo sobre la calificación de los “riders” (B v Yodel Delivery Network Ltd)

Posted on 30 June 2020 by Carles Górriz López

La calificación de los repartidores que trabajan para plataformas digitales sigue generando debate. La prensa informa de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha preparado un proyecto de ley en el que califica a los llamados riders como trabajadores por cuenta ajena (por ejemplo, aquí, aquí y aquí). Y también comenta que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en sentido contrario. Sí, es cierto, pero con muchos matices.

Se trata del Auto de 22 de abril de 2020 (C-692/19), B v Yodel Delivery Network Ltd, que trae causa del litigio entre un repartidor, el señor B, y la empresa de paquetería para la que trabaja (rectius, presta servicios) en exclusiva, Yodel Delivery Network Ltd. El contrato que les une califica a B como autónomo y no le obliga a realizar el servicio personalmente, sino que le permite utilizar un substituto o subcontratarlo. Igualmente, no le impone la exclusiva, sino que puede “trabajar” para otras empresas de reparto. Cuando llega un encargo, el repartidor tiene libertad para aceptarlo o no, decidir cuándo lo entrega, dentro de un determinado margen, y cuál es la ruta que va a utilizar a esos efectos. B dispone de su propio medio de transporte y su propio teléfono inteligente. La cuestión que se plantea es, evidentemente, si B es un trabajador por cuenta ajena o un autónomo.

Sorprende la forma de la resolución, pues no se trata de una sentencia sino de un auto. El Tribunal de Justicia explica que el art. 99 de su Reglamento de Procedimiento (Respuesta mediante un auto motivado) le permite recurrir a esta forma cuando la cuestión prejudicial versa sobre un tema sobre el que ya se ha pronunciado o cuando la respuesta no suscita ninguna duda razonable; pero no aporta ningún dato más. Hubiera agradecido que se explayara más en la justificación.

Recuerda que la Directiva 2003/88 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo no define al “trabajador”. No obstante, comenta que ya se ha pronunciado sobre ese extremo y que ha definido al trabajador por su subordinación a la persona para la que presta los servicios en cuanto a la organización y ejecución de estos. Así, en el fallo de 20 de noviembre de 2018 (C‑147/17), Sindicatul Familia Constanţa and Others, aseveró que: “el concepto de «trabajador» no puede ser objeto de una interpretación variable según los Derechos nacionales, sino que tiene un alcance autónomo propio del Derecho de la Unión. Debe definirse según criterios objetivos que caractericen a la relación laboral atendiendo a los derechos y los deberes de las personas interesadas. Pues bien, la característica esencial de la relación laboral radica en la circunstancia de que una persona realice, durante cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de esta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales percibe una retribución” (apartado 41).

Ahora bien, el Tribunal advierte que, al analizar si existe una relación de subordinación, hay que tomar en consideración todos los factores y circunstancias de la relación. En el caso analizado estima que no existe y que, por lo tanto, B es un autónomo y no un trabajador. Fundamenta su decisión en la libertad de que disfruta para llevar a cabo el encargo que le han hecho, pues puede rechazarlo, sin mayores consecuencias, o aceptarlo para subcontratarlo o hacerse substituir. Igualmente decide cuándo lo ejecutará, dentro de ciertos límites. Y el Tribunal también subraya que B tiene libertad para prestar servicios para terceros; incluso para competidores de Yodel Delivery Network, SL.

Así las cosas, es cierto que el Tribunal de Justicia califica al repartidor como autónomo, pero en virtud de las circunstancias particulares de su relación con la empresa para la que presta servicios. Debido a la importancia de todos los factores y elementos de la relación, es posible que mantenga la solución contraria cuando la persona que presta el servicio no disfruta de tanta libertad a la hora de organizar y realizar su actividad.

Si desean profundizar más en este caso, les recomiendo las entrada de dos laboralistas, mi compañero de Facultad Eduardo Rojo (aquí) y el profesor Ignasi Beltrán de Heredia (aquí).

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Responsabilidad de Seat SA por el ‘dieselgate’: quiebra el principio de relatividad de los contratos (STS 167/2020, de 11 de marzo)

Posted on 9 June 2020 by Carles Górriz López

1. El pasado 11 de marzo el Tribunal Supremo dictó una sentencia muy interesante que versa sobre el principio de relatividad de los contratos. Se trata del fallo 167/2020, de 11 de marzo relativo al caso dieselgate: Volkswagen instaló un software en sus vehículos que desactivaba las emisiones de NOx (combinación de óxido nítrico – NO- y dióxido de nitrógeno -NO2-) cuando detectaba que un automóvil estaba siendo sometido a control. Es decir, manipulaba los resultados para aparentar que sus vehículos contaminaban menos.

El origen de la resolución reside en la demanda interpuesta por la compradora de un Seat Ibiza contra el concesionario que se lo vendió y contra el fabricante del vehículo, Seat, S.A. Solicitaba, con carácter principal, la anulación de la compraventa por vicios del consentimiento o la resolución por incumplimiento más la indemnización de perjuicios morales. Subsidiariamente, pedía el resarcimiento de los daños materiales y morales derivados de no cumplir el vehículo las características, en lo relativo a emisiones, con que había sido ofertado y de la necesidad de someterlo a una modificación para eliminar el mecanismo instalado y cumplir los estándares de emisión de gases contaminantes.

El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Maó desestimó la demanda. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca estimó parcialmente el recurso de apelación, condenando al concesionario a pagar 500 euros en concepto de indemnización y absolviendo a Seat, SA, esencialmente por carecer de vínculo contractual con la demandante (sentencia 260/2017 de 7 de septiembre). El Tribunal Supremo revisa su decisión respecto del último extremo

2. La máxima autoridad judicial española considera acreditados los hechos y afirma que las acciones del Libro Tercero del TRLGDCU no resultan adecuadas para indemnizar la frustración del interés contractual del adquirente o los daños producidos porque el servicio no se ajustaba a lo contratado. Tampoco son aplicables las normas del Título V del Libro Segundo relativas a las garantía y servicios postventa, ya que se solicita la indemnización de daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de compraventa debido a las deficiencias del vehículo. Conforme al art. 117 TRLCU deben aplicarse los preceptos del Código civil. Pero estas normas presentan el problema de la vigencia del principio de relatividad de los contratos (art. 1257 Cc. Al no ser parte de la compraventa, no se podría exigir la indemnización a Seat, SA (ni a la matriz del grupo y responsable de instalar el software). El Tribunal Supremo fuerza la interpretación de este principio para responsabilizar contractualmente al fabricante.

En efecto, explica que la concepción de los contratos “como unidades absolutamente independientes entre sí” resultaba adecuada cuando se aprobó el Código civil, pero entra en crisis al generalizarse la producción en masa. No es apropiada en la construcción y venta masiva de viviendas, pues el adquirente es quien sufre los perjuicios de la violación de las obligaciones del contratista o arquitecto, que no es parte del contrato de compraventa, aunque sí del de obra.

El Tribunal Supremo mantiene que lo mismo sucede en el sector del automóvil “…dados los especiales vínculos que se crean entre el fabricante, los concesionarios y los compradores, la importancia de la marca del fabricante, la fidelidad del consumidor a dicha marca, su influencia en la decisión del adquirente de un automóvil, y la afectación masiva, a una pluralidad de adquirentes, que suelen provocar los defectos de fabricación”. En este ámbito (fabricación, distribución y venta de vehículos), la realidad choca con la configuración de los contratos como unidades autónomas. Los elementos fundamentales de la relación se hallan en los extremos; son el fabricante y el comprador. Los sujetos intermedios, distribuidor y concesionario, tienen un papel menor.

“Entre el fabricante y el comprador final, pese a que formalmente no han celebrado un contrato entre sí, se establecen vínculos con trascendencia jurídica, como son los relativos a la prestación de la garantía, adicional a la prevista legalmente, que es usual en este sector, o la exigibilidad por el consumidor final de las prestaciones ofertadas en la publicidad del producto, que generalmente ha sido realizada por el propio fabricante y que integran el contrato de compraventa por el que el consumidor adquiere el vehículo. Además, con frecuencia, el importador y el distribuidor pertenecen al mismo grupo societario que el fabricante, o están integrados en una red comercial en la que el fabricante tiene un papel importante, como ocurre actualmente en las redes de distribuidores de automóviles.”

El Tribunal Supremo utiliza esta argumentación para extender las obligaciones del contrato de compraventa al fabricante, a pesar de no ser parte. Afirma que si el vehículo no reúne las circunstancias con las que fue ofertado, el responsable no es sólo el concesionario sino también el fabricante, pues lo puso en el mercado, la publicitó y su incumplimiento ha generado los daños cuya reparación se solicita. Limitar la obligación de indemnizar al vendedor perjudicaría injustamente los intereses del adquirente, que a la vez era consumidor.

“…el fabricante del vehículo no puede ser considerado como un penitus extranei, como un tercero totalmente ajeno al contrato. El incumplimiento del contrato de compraventa celebrado por el comprador final se debió a que el producto que el fabricante había puesto en el mercado a través de su red de distribuidores no reunía las características técnicas con que fue ofertado públicamente por el propio fabricante y, por tanto, le es imputable el incumplimiento”.

El Tribunal Supremo se ve obligado a forzar la exégesis del art. 1257 Cc y sustentarla en el principio sociológico de interpretación de las normas jurídicas (art. 3 Cc) y el derecho del consumidor al resarcimiento de los perjuicios sufridos (art. 8.c) TRLGDCU). De ahí que mantenga que “…el fabricante del automóvil tiene frente al adquirente final la responsabilidad derivada de que el bien puesto en el mercado no reúne las características técnicas anunciadas por el fabricante. Esta responsabilidad es solidaria con la responsabilidad del vendedor, sin perjuicio de las acciones que posteriormente este pueda dirigir contra aquel. Y, consecuentemente, procede reconocer al fabricante del vehículo la legitimación pasiva para soportar la acción de exigencia de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual consistente en que el vehículo adquirido por la compradora final demandante no reunía las características, en cuanto a emisiones contaminantes, con las que fue ofertado”. Consecuentemente, condena a Seat, SA y a Talleres Menorca, SA a indemnizar los daños morales causados.

3. A nuestro modesto entender, la sentencia resulta criticable porque genera inseguridad jurídica. Fuerza tanto el principio de relatividad de los contratos que desaparece. No cabe ninguna duda de que Volkswagen es responsable de la instalación del software que falseaba la información sobre las emisiones de NOx y, por lo tanto, debería reparar los perjuicios causados. Pero ni la matriz del grupo empresarial, ni Seat, SA son partes del contrato de compraventa con la demandante. De ahí que sea necesario fundamentar sólidamente que deben responder por el incumplimiento de las obligaciones que derivan de ese contrato. Y, con el debido respeto, el Tribunal Supremo no lo hace de forma convincente. Apelar al derecho de los consumidores a la reparación de los daños y perjuicios que sufren (art. 8.c TRLGDCU) y a la necesidad de interpretar las normas conforme a la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas (art. 3 Cc) no justifica que una persona que no es parte de un contrato deba responder de su incumplimiento. La ley no prevé expresamente una excepción semejante ni para los contratos singulares ni para los actos en masa. Además la máxima autoridad española no explica qué requisitos deben concurrir para no aplicar el principio de relatividad de los contratos, o para aplicar la exégesis que mantiene en esta sentencia. O sea, ¿no se aplica el art. 1257 Cc a los actos y contratos en masa? ¿Sólo cuando no coinciden los sujetos que fabrican y ponen en el mercado productos, los publicitan y los venden a los consumidores? ¿A partir de ahora responden todas las empresas qué son parte de la cadena de fabricación y distribución cuando un consumidor sufre daños porque el producto no reúne las condiciones publicitadas?

4. Para finalizar, cabe comentar que el Tribunal de Justicia está conociendo de una cuestión prejudicial sobre la competencia de los tribunales austríacos para conocer de una demanda por responsabilidad extracontractual formulada contra Volkswagen AG por una asociación de consumidores austríacos. El pasado 2 de abril el abogado general Manuel Campos Sánchez-Bordona publicó sus conclusiones, que pueden consultarse en http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224904&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3149390.

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La STS 381/2019 abre una puerta a la cancelación de deuda pública

Posted on 1 June 2020 by Carles Górriz López

La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019 enciende un atisbo de luz a la posible cancelación de las deudas contraídas con la Administración pública, como Hacienda o Seguridad Social en el marco de un concurso de persona física. Se introduce así una gran oportunidad a deudores, empresarios o no, cuya deuda incluye un crédito público.

Sin embargo, la resolución en cuestión no abre tal puerta de forma expresa, por lo que debemos delimitar los pronunciamientos que en ella se hacen y que nos permite hacer tal afirmación.

¿Qué resuelve la sentencia?

Se viene a pronunciar sobre una demanda de incidente concursal presentada por la Abogacía del Estado, solicitando la denegación del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el marco de un concurso de persona física en el que una parte de crédito público no había sido satisfecho. Cabe recordar que el art. 178 bis de la Ley Concursal (LC), que regula la obtención del BEPI, prevé dos vías:

  1. Una obtención automática del apartado 4º del punto 3 de dicho artículo, por el que se obtiene el beneficio de forma automática. Habiendo satisfecho la totalidad de los créditos contra la masa y los privilegiados, y si no se hubiese sometido a un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) será necesario además satisfacer el 25% de los créditos ordinarios, el deudor se beneficiará de la obtención automática y definitiva del BEPI sin más trámite o
  2. Una obtención diferida del apartado 5º, sometiéndose a un plan de pagos autorizado por la autoridad judicial respecto aquellos créditos que no hayan sido satisfechos y que no puedan ser condonados (créditos contra la masa y con privilegio especial), siempre que:
    • No haya incumplido el deber de colaboración en la tramitación del concurso;
    • No haya obtenido este beneficio en los últimos 10 años;
    • No haya rechazado una oferta de empleo en los últimos 4 años acorde a su capacidad; y que
    • Acepte la publicación de la obtención provisional de dicho beneficio en el Registro Público concursal durante un plazo de 5 años, siendo definitiva si en este plazo el deudor no ha venido “a mejor fortuna”.

En el caso que nos ocupa, el deudor solicita la obtención diferida del BEPI respecto de un crédito frente a AEAT, la cual se opone a la concesión del beneficio por tener naturaleza pública. En respuesta, el deudor concursado propone un plan de pagos, a lo que la AEAT se vuelve a oponer. Se basa en que el párrafo tercero del punto 6 del art. 178 bis establece que “… respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica”. Este precepto deja el crédito público fuera  del alcance del AEP sometido a control judicial al que hacemos referencia anteriormente (art. 178bis.5 LC) necesario para la obtención diferida del BEPI.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo, realiza un exhaustivo análisis de la finalidad del artículo en cuestión y del procedimiento en general, siendo ésta la concesión de una segunda oportunidad a aquellos deudores que cargan con un nivel de deuda de imposible satisfacción. Pone de relieve una clara contradicción de este fin con el hecho de que una parte del crédito quede supeditada a una normativa distinta a la concursal, pues iría en detrimento del resto de acreedores (pars conditio creditorum). Esto podría suponer, por ejemplo, que el pago de intereses de demora del IRPF se realizara antes que el pago de una pensión de alimentos debida frente a un hijo.

Para evitar esta situación, y siendo éste el aspecto novedoso que introduce la sentencia, la máxima instancia judicial española interpreta que las deudas derivadas de un crédito público pendientes de pago en el momento de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, en el marco de la obtención diferida del BEPI (art. 178bis.3.5), han de incorporarse al AEP que requiere dicho precepto, por tanto sometido a la aprobación judicial por parte del órgano que conoce del concurso y no a su normativa específica.

¿Por qué esta novedad abre la puerta a la exoneración de crédito público?

Como hemos visto, la sentencia examinada no se pronuncia sobre la condonación del crédito público, al menos no de forma expresa o directa. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el punto 8 del art. 178bis de la LC. Dispone  que una vez transcurrido el plazo para el cumplimiento del AEP sin que éste se hubiera cumplido en su totalidad, pero el deudor hubiese destinado al menos la mitad de los ingresos inembargables percibidos durante un plazo de 5 años desde la concesión provisional del BEPI, o una cuarta parte de los ingresos si el deudor tuviera se encontrara en umbral de exclusión, el juez podrá igualmente conceder el BEPI de forma definitiva.

De esta manera, aunque no se hubiera cumplido el AEP aprobado judicialmente, aun quedando pendiente parte de deuda pública, y el deudor hubiese destinado todos los medios a su alcance para su cumplimiento, el juez concederá el Beneficio de Exoneración de forma definitiva, condonando así la deuda pública pendiente de pago.

Mario Córdoba Galán

Graduado en Derecho

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LA LEGAL DUE DILIGENCE Y SU IMPORTANCIA COMO ACTIVIDAD PREVIA EN LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE EMPRESAS

Posted on 27 May 2020 by Carles Górriz López

Cuesta imaginar una situación, por muy cuotidiana que sea, en la que el comprador no desee conocer aquello que pretende adquirir. Podríamos decir que se trata de un comportamiento psicológico básico que caracteriza la racionalidad humana. La finalidad última, aunque a la vez más importante, es determinar si el valor percibido del bien o del servicio es igual o superior al precio de venta existente. Sólo en estas condiciones se producirá la transacción.

En el complejo mundo de las operaciones de compraventa de empresas, cada vez más frecuentes debido a la desaparición progresiva de las fronteras económicas y a la revolución de las nuevas tecnologías, la situación no es distinta. El comprador quiere conocer los aspectos más significativos del potencial negocio a adquirir y, en especial, las circunstancias que puedan ocasionar algún riesgo o contingencias de forma inmediata o en un futuro.

Así, desde el momento en el que una empresa muestra su interés en adquirir a otra, se inicia un proceso de investigación y recopilación de información conocido con el nombre de Due Diligence. Se trata de uno de los procesos principales que sustentan la toma de decisiones en este tipo de operación, ya que sin su realización es imposible conocer cuál es realmente la situación de la empresa objeto de compra y, por ende, cuál es el precio justo que cabe pagar por ella. En definitiva, su objetivo es conocer con mayor profundidad el negocio que se pretende adquirir para ajustar el contrato de compraventa a la realidad de su situación.

En este contexto, se denomina Legal Due Diligence a aquella revisión diligente que trata de identificar los riesgos o las contingencias legales existentes. Hablamos, por ejemplo: de la existencia de cargas, gravámenes o derechos de terceros que puedan afectar a las acciones de la sociedad; de derechos reales de goce, cargas, gravámenes o medidas cautelares que puedan condicionar o limitar sus activos; de incumplimientos respecto a las obligaciones legales para con la Seguridad Social; de sanciones administrativas; de indemnizaciones pendientes de pago; de litigios pendientes o de la existencia de conflictos societarios.

En nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna norma jurídica al respecto. Se trata de un ejercicio que se ha ido introduciendo poco a poco por medio de la práctica mercantil. Esto significa que no existe ninguna estandarización respecto al procedimiento o al contenido de la Legal Due Diligence y su formulación depende totalmente de las características de la sociedad objeto, de su sector de actividad y de las particularidades de la operación proyectada. Por consiguiente, el argumento jurídico que fundamenta su realización así como las normas que regulan su ejecución lo encontramos plenamente en la autonomía de la voluntad. A pesar de ello, en mi TFG, que estará disponible en breve en el Depósito Digital de Documentos de la UAB, he intentado identificar, sistematizar y explicar los aspectos más comunes revisados durante el ejercicio de una Legal Due Diligence y los principales riesgos o contingencias que suelen descubrirse.

Oscar Campillo Xarau

Administración y Dirección de Empresas + Derecho

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