Crisis del informe de género 1 (3346) en el planeamiento urbanístico e indeterminación del urbanismo con perspectiva de género

 Crisis del informe de género en el planeamiento urbanístico e indeterminación del urbanismo con perspectiva de género
JOAN AMENÓS ÁLAMO
RESUMEN
En este artículo se examina el “informe de impacto de género” que algunas legislaciones autonómicas exigen como trámite preceptivo en el procedimiento de elaboración de los planes generales de ordenación urbana. Se analizan su contenido y las consecuencias jurídicas derivadas de su inexistencia. Una vez establecidos sus contornos jurídicos, estudiamos la regulación jurídica del denominado “urbanismo de género”.
PALABRAS CLAVE
ÍNDICE
  1. Introducción
  2. Apogeo y decadencia del informe de impacto de género en la tramitación del planeamiento urbanístico.
            2.1. El gran momento: la ausencia de informe de género implica la nulidad del Plan General de Ordenación ya aprobado.
                  2.1.1. Informes de género y disciplinas urbanísticas.
                              2.1.1.1. Vocabulario básico.
                              2.2.2.2. Principio de transversalidad, igualdad formal e igualdad material.
                  2.1.2. La anulación del Plan de Reordenación territorial de la Costa del Sol occidental de la provincia de Málaga por falta del preceptivo informe de género.
            2.2. Matices, limitaciones y restricciones impuestas por la jurisprudencia.
                        2.2.1. La inexigencia de informe.
                        2.2.2. La referencia al Texto Refundido de la Ley del Suelo. Una cláusula de estilo.
                        2.2.3. Especialidad del Plan.
                        2.2.4. El papel del Tribunal en el control de las discriminaciones.
                        2.2.5. El informe de impacto de género.
                                   2.2.5.1. Regulación.
                                   2.2.5.2. Categorización.
                                   2.2.5.3. La dilución del informe de impacto de género.
                                               2.2.5.4. Informe de impacto de género y Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
                                   2.2.6. El informe de impacto de género debería disolverse en el trámite de información público y en el proceso de participación ciudadana.
  1. La ciega huída hacia adelante del “urbanismo con perspectiva de género”.
  2. Conclusiones.
  3. Bibliografía.
  1. Apogeo y decadencia del informe de impacto de género en la tramitación del planeamiento urbanístico.
2.1 El gran momento: la ausencia de informe de género implica la nulidad del Plan General de Ordenación ya aprobado.
2.1.1. Informes de género y disciplinas urbanísticas.
          2.1.1.1. Vocabulario básico.
 
  1. En los últimos años, la legislación de diversas Comunidades Autónomas ha estipulado la evacuación de un previo y preceptivo “informe de género” en el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes generales de ordenación urbana. Se trata de un instrumento que procura evitar la promulgación de normas no equitativas y, en su caso, detectar y corregir posibles situaciones de desigualdad real por razones de sexo o de género.
 
  1. Partiremos de la base de que el sexo indica una característica biológica esencial de las personas. Por su parte, la idea de “género” alude al conjunto de funciones, roles y misiones que –de modo formal o informal- se atribuyen socialmente a las personas de un determinado sexo. Este criterio, por otra parte, es el ordinario en los informes de género a los cuales hemos aludido.
 
  1. Dicho lo anterior, conviene recordar que las disciplinas urbanísticas estudian la situación de las actividades humanas en el espacio y su forma de moverse y evolucionar en él. Examinan, por ejemplo, la manera en que las distintas funciones sociales (de producción, de consumo, de comunicación, de convivencia, etc.) operan sobre el territorio.
2.1.1.2. Principio de transversalidad, igualdad formal e igualdad material.
  1. Pues bien, las aludidas funciones muestran a veces ciertas relaciones con las tareas asignadas a los géneros. En consecuencia, se ha afirmado que el urbanismo debe quedar afectado por el principio de transversalidad. Se trata de una regla nacida en ciertos foros internacionales y que ha tenido una amplia recepción legislativa. Este mandato obliga a revisar todas las políticas públicas de cara a percibir y corregir posibles desigualdades de género. Desde los primeros balbuceos de este imperativo, se advirtió que el urbanismo era un espacio privilegiado o, al menos, relevante para estas tendencias.
 
  1. Es evidente que en la acción urbanística de los poderes públicos puede haber aspectos relacionados con el sexo de las personas y su comportamiento de género a nivel social. No siempre es fácil detectarlos, no obstante. Observaremos que, cuando los casos concretos llegan a los tribunales contencioso-administrativos, estos suelen plantear al demandante la determinación de los preceptos que inciden en estos puntos y, lo que es más preciso y cortante, se preguntan cómo afectan unos concretos artículos a la igualdad de hombres y mujeres.
 
  1. En síntesis, pues, el informe de género abarca dos grandes cuestiones. En primer lugar, la exigencia de asegurar la igualdad ante la ley, en la línea del art. 14 de la Constitución. En segundo lugar, podemos adoptar una perspectiva que no se satisfaga con la mera igualdad formal y que introduzca medidas o estímulos para acercarse a la igualdad material (en la línea del art. 9.2 de la Norma Suprema). Por tanto, el informe de género es un instrumento que opera en el proceso de elaboración de la norma jurídica y que procura identificar y evitar normas discriminatorias y, en su caso, detectar y señalar pautas para corregir situaciones de desigualdad real.
 
2.1.2. La anulación del Plan de Reordenación territorial de la Costa del Sol occidental de la provincia de Málaga por falta del preceptivo informe de género.
 
  1. Existió un  fallo relevante en la historia institucional del trámite que estamos examinando. Aunque se había dicho que el informe de género había despertado poco interés doctrinal y político, lo cierto es que la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2015(recurso de casación 2676/2012) puso sobre el tapete la virtualidad de dicho dictamen. Esta resolución judicial anuló –por inexistencia de informe de género- el Plan de Reordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental de la Provincia de Málaga, aprobado por Decreto de la Junta de Andalucía 142/2006, de 18 de julio (que también establecía la creación de una Comisión de Seguimiento) . Como puede intuir el lector, este Plan constituía una herramienta normativa relevante, ya que procuraba solventar los graves problemas de legalidad y de gestión vividos con extraordinaria crudeza, especialmente en el Ayuntamiento de Marbella.
  2. La resolución judicial indicada entendió que era aplicable el art. 139.1 de la Ley de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprobaban medidas fiscales y administrativas. Este precepto establecía que en todos los proyectos de ley y reglamentos que aprobase el Consejo de Gobiernoandaluz debía emitirse un informe de evaluación del impacto por razón de género. Ello incluía la aprobación definitiva del Plan General indicado.
  3. La conclusión que estamos examinando se veía reforzada por otro argumento. En concreto, el Tribunal recordó que la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estipulaba la aplicación supletoria de la Ley estatal30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elaborase el Gobierno.
  1. 2. Matices, limitaciones y restricciones impuestas por la jurisprudencia.
2.2.1. La inexigencia de informe.
 
  1. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 1750, de 10 de enero del 2018 (y en otras posteriores) fijó la posición jurisprudencial en un sentido muy diferente al que hemos visto en el epígrafe anterior. En esta sentencia –que ha sido harto comentada – el Tribunal Supremo casa el previo fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, que había anulado el Acuerdo del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad, aprobatorio del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. El Tribunal Supremo entendió que no se daba la exigencia de incorporación de un específico informe de impacto de género en la Comunidad Autónoma de Madrid en el momento de la aprobación del citado Plan.
  2. Fueron diversos los argumentos usados por la resolución judicial. En primer lugar, la inexistencia de un imperativo expreso de evacuación de informe de impacto de género como rito previo a la aprobación definitiva de los planes generales de ordenación urbanística. Añade el Tribunal que ello no puede ser llenado acudiendo al expediente de la supletoriedad del Derecho estatal. El Derecho urbanístico de la Comunidad Autónoma madrileña, aprobado en el ejercicio de su competencia en esta materia, no dispone este específico trámite y su opción ha de ser respetada. En este sentido, el Tribunal Supremo se mueve dentro de la orientación asumida por el Tribunal Constitucional.
2.2.2. La referencia al Texto refundido de la Ley del Suelo. Una cláusula de estilo.
  1. La sentencia precitada anota que la legislación estatal urbanística vigente –básicamente, el Real Decreto Legislativo 7/2015, aprobatorio del Texto Refundido de la Ley del Suelono había establecido ningún trámite relativo a la evaluación del impacto de género en la elaboración del plan general (a diferencia de lo dispuesto en relación a la evaluación ambiental, al informe de la Administración hidrológica, de la Administración de costas, etc.).
  2. Ahora bien, es cierto que esta ley ha impuesto el respeto a la regla sustancial de igualdad de hombres y mujeres en los instrumentos de ordenación. Así, la igualdad es calificada como unos de los principios de desarrollo sostenible (art. 3). Por otra parte, el art. 20.1.c) del texto primigenio indicaba que las administraciones públicas y, en particular, las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, debían “atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de […] igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, […]”.
  3. Sin embargo, el mismo artículo 20.1.c) –que acabamos de citar- recibe una nueva redacción por medio de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y se limita a precisar que las administraciones públicas competentes en el sector deben “atender, teniendo en cuenta la perspectiva de género, en la ordenación de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente”.
  4. Por tanto, la perspectiva de género se va pareciendo a una cláusula de estilo que opera como recordatorio de la ya asentada prohibición de discriminación establecida por el art. 14 CE. Conviene anotar que esta opción de la Ley del Suelo –innecesariedad de un preceptivo informe de género- fue especialmente subrayada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
2.2.3. Especialidad del Plan.
 
  1. Ahora bien, el Tribunal Supremo emplea obiter dicta otros argumentos de gran interés. El primero de ellos ya había sido emitido en el “fundado voto particular” (en palabras del Tribunal) que se formuló en la Sentencia de 6 de octubre de 2015. En esta sentencia, como ya sabemos, se anuló el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental del provincia de Málaga por falta del preceptivo informe de género. El voto particular que estamos comentando recuerda que los planes de urbanismo son, evidentemente, normas jurídicas. Ahora bien, tienen un carácter peculiar y, por tanto, “no sigue de ello la aplicación de las mismas reglas a todas las manifestaciones de la potestad normativa del Poder Ejecutivo”. En definitiva, “no tiene por qué producirse en el caso de los planes una recepción absoluta de las normas reguladoras de los reglamentos estatales y autonómicos”.
  1. Todo lo anterior va en la línea redundante de mantener que el informe de impacto de género sólo será preceptivo si lo demanda de forma expresa y concreta la norma urbanística autonómica reguladora de la tramitación del plan. Estamos, pues, ante una clara afirmación del especialismo del Derecho urbanístico y, en concreto, de su más afamado producto jurídico, que es el plan.
                        2.2.4. El papel del Tribunal en el control de las discriminaciones.
          Además, se recuerda en el Fundamento jurídico decimoquinto de la sentencia citada que una ordenación de naturaleza discriminatoria contenida en la norma urbanística sería susceptible de discutirse en una hipotética impugnación del Plan. Es decir, independientemente de la existencia y del contenido del informe de género, la igualdad entre las personas es una quaestio iuris y le corresponde al tribunal su enjuiciamiento.
2.2.5. El informe de impacto de género.
 
2.2.5.1. Regulación.
  1. Por último, debemos decir que el informe de impacto de género en el marco general de aprobación de proyectos de ley y reglamentos ha sido desarrollado a nivel estatal. Lo veremos posteriormente. Ahora bien, teniendo en cuenta las competencias urbanísticas de las Comunidades Autónomas, nos interesa especialmente la regulación que estas entidades han llevado a cabo en la materia.
  2. Así, por ejemplo, podemos citar el Decreto 275/2010, por el que se regulan las unidades de igualdad de género en la Administración de la Junta de Andalucía. Este mismo Decreto desarrolla el “informe de evaluación del impacto de género” y lo define como documento que acompaña a ciertas disposiciones estipuladas normativamente y en el que “se recoge una evaluación previa de los resultados y efectos que dichas disposiciones puedan tener sobre mujeres y hombres, así como la incidencia de sus resultados en relación con la igualdad de oportunidades de ambos sexos”. Ello se concreta en el siguiente contenido: -Información necesaria para identificar las desigualdades de género existentes en relación con el objeto de la disposición. –Impacto previsible de la norma en la igualdad.   -Posibles medidas para subsanar las desigualdades, si ello fuera necesario.
2.2.5.2. Categorización.
  1. Como hemos visto, pues, el informe de género se evacúa en el marco del procedimiento de elaboración de normas administrativas (de rango reglamentario) o de proyectos de normas elaborados por el Ejecutivo que, en su caso, habrán de ser discutidas y aprobadas por el Poder Legislativo. Se incluye, por tanto, en la gran categoría de las declaraciones de juicio previas a la adopción de una decisión por parte de un órgano administrativo, contribuyendo a su motivación (especialmente, por su carácter técnico y pericial).
  1. En efecto, la legislación, la jurisprudencia y la tradición académica han definido el informe como acto de instrucción consistente en una declaración de juicio emitida por un órgano administrativo (o, en algún caso, una entidad especializada) en relación a determinados aspectos jurídicos o técnicos que plantea un procedimiento y que proporcionan una garantía de acierto al órgano competente para resolver. Puede servir, pues, para la motivación de la decisión final y se tiene en cuenta especialmente su carácter técnico e incluso, en su caso, pericial.
2.2.5.3. La dilución del informe de género.
          Conviene tener en cuenta que la idea de insertar la valoración de la cuestión del género en un ámbito más amplio  ha sido seguida por la legislación urbanística de algunas Comunidades Autónomas. Así, la legislación balear ha implantado la “memoria social del plan” y la legislación catalana se  refiere a la “memoria social”. En efecto, la legislación  que  regula el procedimiento administrativo muestra una tendencia a incluir las cuestiones de género en un marco más global de memorias previas a la aprobación de normas que incluyen aspectos mucho más diversos (impacto social, relación con las normas preexistentes, etc.). Además, se ha observado en la práctica una evidente indefinición u oscuridad a la hora de concretar qué es la “perspectiva de género” o el “impacto de género”.
2.2.5.4. Informe de Impacto de Género y Memoria de Análisis de Impacto Normativo
  1. Hemos de reseñar, en ese sentido, la nueva redacción dada al art. 26 de la Ley del Gobierno por la disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Este precepto edifica de forma amplia y ambiciosa el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de Real Decreto legislativo y de las normas reglamentarias (regulando, por ejemplo, de forma generosa, la consulta pública, la audiencia e información pública, etc.).
  1. En la nueva redacción del art. 26.3 de la Ley del Gobierno se estipula que el centro directivo competente confeccionará con carácter preceptivo una Memoria de Análisis de Impacto Normativo. Su contenido es realmente extenso: oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación, análisis jurídico, adecuación de la norma al orden de distribución de competencias, impacto económico y presupuestario, etc. Pues bien, el art. 26.3 f) precisa que dicha memoria incluirá preceptivamente el siguiente apartado: “f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto. ”
  1. Teniendo en cuenta, por cierto, la actual costumbre legiferante, es importante la previsión del artículo 26.11 de la Ley del Gobierno, según la cual la memoria de análisis de impacto normativo se mantiene en la tramitación y aprobación de decretos-leyes, pero tendrá un “carácter abreviado”.
  2. Por último, es importante reseñar la novedad introducida en el art. 26.9 d) de la misma Ley del Gobierno, según el cual el Ministerio de la Presidencia –con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno- analizará, entre otros, el siguiente aspecto:“d) El contenido preceptivo de la memoria del Análisis de Impacto normativo y, en particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la aplicación de la norma cuando fuere preceptivo”.
1.2.6. El informe de impacto de género debería disolverse en el trámite de información pública y en el proceso de participación ciudadana.
          1.-A nuestro entender, el marco adecuado para los datos y propuestas que suelen introducirse en el “informe con perspectiva de género” en urbanismo no es el documento objetivo que la legislación y la jurisprudencia califican como informe (que es, en definitiva, una pericia), sino que debe formar parte de otro trámite: la información pública y el proceso de participación ciudadana. De hecho, lo reconocen al menos parcialmente muchos informes de impacto de género, que ponen en marcha ritos participativos y dan cuenta de sus resultados. Solo de este modo sería posible el acercamiento a las mujeres y ciudadanas que, efectivamente, serán afectas por el plan, sin necesidad de acudir a los estereotipos del informante o a las imprevisibles ocurrencias de ciertos expertos.
  1. En realidad, es cada vez más difícil –en los países occidentales- operar con la categoría del género para la elaboración de las diversas políticas públicas. Así, en el ámbito urbanístico hallamos por ejemplo mujeres preocupadas por la dispersión urbana y otras no tanto; mujeres que –como conductoras- preferirían un aumento de infraestructuras viales y otras que optarían por una mayor red de transportes públicos; mujeres interesadas y favorecidas –en cuanto operarias- por la expansión de los polígonos industriales y otras que desearían la mezcla de funciones en el suelo urbano, etc. Esta diversidad de realidades y de objetivos nos permite trabajar en la hipótesis de que estamos ante una categoría –el género- de escasa utilidad, mientras que otros conceptos –segregación social o equilibrio ecológico, por ejemplo- son más objetivables y operativos.
  1. La ciega huída hacia adelante del “urbanismo con perspectiva de género”.
  2. Desde hace ya algunos años, se viene usando la expresión de “urbanismo con perspectiva de género” o, tout court, “urbanismo de género”. Desde un punto de vista académico, se referiría al papel de las mujeres en las actividades que se realizan en el territorio y que lo acaban transformando. Es un punto de vista teórico que no vamos a estudiar y que corresponde a la historia, a la sociología, a la antropología, etc.  Con otro enfoque –y en un plano más bien teórico o de análisis- la noción indicada fomentaría la reivindicación del papel de las mujeres pioneras en el campo de la formulación o la práctica del urbanismo.
  3. Ahora bien, a nosotros nos interesa aquí el urbanismo de género como un conjunto más o menos consolidado de ideas que han logrado, incluso, una plasmación concreta en normas sustanciales urbanísticas. Es decir, ya no nos movemos en el campo del procedimiento –como ocurría con el informe de impacto, sino que entramos en el terreno de las normas sustanciales reguladoras. Antes de estudiarlas, veremos sus bases doctrinales, que incluyen las aportaciones de autores como Inés Sánchez de Madariaga, Carballeira Ribeira o Rando.
  1. Conclusiones.
  2. Bibliografía.

           

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Así escribí 3.-La anulación del Plan de Reordenación territorial de la Costa del Sol occidental de la provincia de Málaga por falta del preceptivo informe de género.

LA ANULACIÓN DEL PLAN DE REORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA POR FALTA DEL PRECEPTIVO INFORME DE GÉNERO.

         1.-Existió un  fallo relevante en la historia institucional del trámite que estamos examinando. Aunque se había dicho que el informe de género había despertado poco interés doctrinal y político, lo cierto es que la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2015 (recurso de casación 2676/2012) puso sobre el tapete la virtualidad de dicho dictamen. Esta resolución judicial anuló –por inexistencia de informe de género- el Plan de Reordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental de la Provincia de Málaga, aprobado por Decreto de la Junta de Andalucía 142/2006, de 18 de julio (que también establecía la creación de una Comisión de Seguimiento) . Como puede intuir el lector, este Plan constituía una herramienta normativa relevante, ya que procuraba solventar los graves problemas de legalidad y de gestión vividos con extraordinaria crudeza, especialmente en el Ayuntamiento de Marbella.

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         2.-La resolución judicial indicada entendió que era aplicable el art. 139.1 de la Ley de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprobaban medidas fiscales y administrativas. Este precepto establecía que en todos los proyectos de ley y reglamentos que aprobase el Consejo de Gobierno andaluz debía emitirse un informe de evaluación del impacto por razón de género. Ello incluía la aprobación definitiva del Plan General indicado.

 *        3.-La conclusión que estamos examinando se veía reforzada por otro argumento. En concreto, el Tribunal recordó que la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estipulaba la aplicación supletoria de la Ley estatal 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elaborase el Gobierno. Esta remisión nos aconseja examinar brevemente en esta materia la evolución del Derecho estatal.

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Así escribí 2.-Informes de género y disciplinas urbanísticas

       INFORMES DE GÉNERO Y DISCIPLINAS URBANÍSTICAS.

         1.- En los últimos años, la legislación de diversas Comunidades Autónomas ha estipulado la evacuación de un previo y preceptivo “informe de género” en el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes generales de ordenación urbana. Se trata de un instrumento que procura evitar la promulgación de normas no equitativas y, en su caso, detectar y corregir posibles situaciones de desigualdad real por razones de sexo o de género.

         Partiremos de la base de que el sexo indica una característica biológica esencial de las personas. Por su parte, la idea de “género” alude al conjunto de funciones, roles y misiones que –de modo formal o informal- se atribuyen socialmente a las personas de un determinado sexo. Este criterio, por otra parte, es el ordinario en los informes de género a los cuales hemos aludido.

*

         2.-Dicho lo anterior, conviene recordar que las disciplinas urbanísticas estudian la situación de las actividades humanas en el espacio y su forma de moverse y evolucionar en él. Examinan, por ejemplo, la manera en que las distintas funciones sociales (de producción, de consumo, de comunicación, de convivencia, etc.) operan sobre el territorio.

         Pues bien, las aludidas funciones muestran a veces ciertas relaciones con las tareas asignadas a los géneros. En consecuencia, se ha afirmado que el urbanismo debe quedar afectado por el principio de transversalidad. Se trata de una regla nacida en ciertos foros internacionales y que ha tenido una amplia recepción legislativa.  Este mandato obliga a revisar todas las políticas públicas de cara a percibir y corregir posibles desigualdades de género. Desde los primeros balbuceos de este imperativo, se advirtió que el urbanismo era un espacio privilegiado o, al menos, relevante para estas tendencias.

         Es evidente que en la acción urbanística de los poderes públicos puede haber aspectos relacionados con el sexo de las personas y su comportamiento de género a nivel social. No siempre es fácil detectarlos, no obstante. Observaremos que, cuando los casos concretos llegan a los tribunales contencioso-administrativos, estos suelen  plantear al demandante la determinación de los preceptos que inciden en estos puntos y, lo que es más preciso y cortante,  se preguntan cómo afectan unos concretos artículos a la igualdad de hombres y mujeres.

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         3.-En síntesis, pues, el informe de género  abarca dos grandes cuestiones. En primer lugar, la exigencia de asegurar la igualdad ante la ley, en la línea del art. 14 de la Constitución. En segundo lugar, podemos adoptar una perspectiva que no se satisfaga con la mera igualdad formal y que introduzca  medidas o estímulos para acercarse a la igualdad material (en la línea del art. 9.2 de la Norma Suprema). Por tanto, el informe de género es un instrumento que opera en el proceso de elaboración de la norma jurídica y que procura identificar y evitar normas discriminatorias y, en su caso, detectar y señalar pautas para corregir situaciones de desigualdad real.

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Así escribí 1.-Introducción.

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Así escribí 0.- “Crisis del informe de género en el planeamiento urbanístico e indeterminación del urbanismo con perspectiva de género”.

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BODEGA2. Del ser al deber-ser: la falsedad central (entre otras muchas) del urbanismo de género.(II). El apuntalamiento del pasado.

        1.-El artículo describe después los avances en esta materia articulados por la pionera Ley 4/1990, de Ordenación del Territorio del País Vasco. Alude especialmente a las Directrices de Ordenación Territorial y a su revisión a partir del año 2015. Subraya el papel que ha jugado en ello la destacada especialista y asesora, gracias a cuya intervención los citados instrumentos “introducen la perspectiva de género como uno de los aspectos transversales del documento de planificación estratégica” (p. 47). La afirmación inicial sobre el trabajo de nueva redacción merece nuestro comentario:

         “Se parte de un constatación, la de que las personas tienen distintas necesidades y aspiraciones en relación al territorio y al espacio urbano derivados de los roles de género que asumen en la vida cotidiana” (p.48).

         En consecuencia, parece que la planificación urbanística va a reforzar esos roles. Ningún espacio  va a dejarse a los que tienen “necesidades y aspiraciones” que no casan con el papel impuesto por el género. Toda la lucha contra los roles y los estereotipos se viene abajo con estas implacables previsiones del planificador. A mi entender, una posible salida dentro de este discurso  habría sido referirse a ciertas funciones que se desean resaltar en las nuevas normas. Por ejemplo, la llamada “función de cuidado” (sobre la que hablaremos luego). Se podrían prever su impacto y afectación en la trama urbana y los instrumentos para favorecerla, pero desvinculándolas de las personas de un sexo o de otro. Es decir, sin asignarlas previamente ni justificar su fomento en que “lo hacen principalmente las mujeres”.

         Todo esto, como ya dije, salvo que se quiera consolidar el protagonismo ejercido por un género en una determinada tarea. Se trataría de una opción, por supuesto, perfectamente defendible, pero deberían quedar claras sus bases y sus implicaciones.

*

         2.- Todo el artículo  (por lo que hace referencia a las DOT y también en general) sigue en este punto el razonamiento que hemos expuesto. Es decir, se observa el dato de que las mujeres realizan mayoritariamente, por ejemplo, las tareas domésticas y de atención a menores y mayores dependientes y, por tanto, se considera que el planificador ha de tenerlo en cuenta. El silogismo, como ya hemos dicho, no encaja con el  desiderátum de liberarse o de aflojar los roles de género. En realidad, estamos ante una visión reaccionaria en este punto (lo cual, como digo, es perfectamente admisible).

         He hablado de silogismo porque, en diversos momentos, su funcionamiento es implacable. Así, siguiendo con el proceso de revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio, se  nos dice que debe tenerse en cuenta “la consideración de los distintos patrones de uso de los espacios urbanos y de las edificaciones como resultado de los roles diferentes de género que asumen las personas” (p. 51). En otro momento, se  nos recuerda que uno de los objetivos de la revisión indicada consiste en:

         “Promover un territorio que, en sus diferentes escalas, dé respuesta a las necesidades de cuidado: mediante la incorporación del ejercicio de un urbanismo del cuidado tanto en la planificación territorial como en la urbanística” (p. 51).

**

         3.- Ahora bien, llegados a este punto, es preciso reflexionar mínimamente sobre esa noción del “cuidado” -y también de la constantemente usada “vida cotidiana”- . Ello nos permitirá cerrar el análisis del método del razonamiento con la arribada a la conclusión definitiva, que no es otro que la legitimación (bajo la excusa del “género”) de un determinado modelo urbano.

(Fuente: aquí )

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BODEGA1. Del ser al deber-ser: la falsedad central (entre otras muchas) del urbanismo de género.(I)Los apuntes de la legislación de vivienda en el País Vasco.

        1.-El artículo de Arantza LETURIONDO-ARANZAMENDI titulado “De la planificación territorial a la Agenda Urbana. Un recorrido con visión de género”[1] constituye un buen ejemplo del significado y carencias del denominado “urbanismo de género”. Tiene a su favor una indudable ventaja: expone esta tendencia globalmente, desde sus bases legales hasta la aplicación práctica en una concreta Comunidad Autónoma.

        El artículo se inicia con una halagadora mención de la Ley  4/2005, del Parlamento Vasco, para la igualdad de Hombres y Mujeres, que establece en su art. 18.1 la obligación de los poderes públicos de “tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de las normas planes, programas y otros instrumentos de política pública“.

        Sin embargo, pese a tan ambiciosa proclamación de la transversalidad igualitaria, lo cierto es que la legislación de ordenación del territorio y urbanística del País Vasco no hizo luego “mención alguna a la perspectiva de género ni al urbanismo inclusivo” (p. 46).

*

        2.-La timidez expresiva sería luego corregida por la Ley 3/2015, de Vivienda, que en la definición de conceptos de su art. 3 opta por la inflación terminológica:

        “”[L]a integración de la perspectiva de género: es la  consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación”.

**

        3.-Ya por el mismo sendero, el art. 23 de la Ley alude a la “equidad de género”, que regirá el uso del espacio urbanos y de los equipamientos. Ahora bien, la apuesta fuerte (y con un amplio desarrollo conceptual) por la igualdad de género se hace, como veremos de inmediato, en la legislación de ordenación territorial.

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(Fuente:aquí).

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[1] LETURIONDO-ARANZAMENDI A.: “De la planificación territorial a la Agenda Urbana. Un recorrido con visión de género”, Ciudad y Territorio. Estudios territoriales. , 2003 (2020), pp. 45-56.

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CADIZ

CADIZ

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El huracán de la politización.

   1.-La desorientación y las dudas se plasmarían en el art. 122 de la Constitución, que consagró el extraño entramado de elección de miembros (cuyo número, además, era excesivo, pues superaba los veinte vocales). Había, ciertamente, dos vocales natos –el presidente del alto Cuerpo Consultivo de la República y el presidente del Tribunal de Cuentas-, pero para el resto se  compuso una desafinada sinfonía procesos de elección.

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    2.-Así, el presidente del Tribunal era nombrado por las Cortes, fuera o no diputado; dos diputados eran elegidos también por las Cortes; cada región española enviaría un representante, elegido “en la forma que determine la ley”; finalmente, dos miembros iban a ser  elegidos por los Colegios de Abogados y cuatro iban a ser profesores de las Facultades de Derecho de toda España. Debe tenerse en cuenta que sólo en este último caso –Facultades de Derecho y Colegios de Abogados- se exigía la licenciatura en Derecho. El mandato, en fin, era de cuatro años (aunque para el presidente era de diez).

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   3.-En realidad, hubo detalles que acentuaron la complicación, ya que se entendió que los representantes regionales no cubrían sólo a las regiones autónomas (sólo Cataluña hubiera podido acceder), sino también a las creadas y delimitadas por la ley. Como estas no eran aún entidades político-administrativas, la elección recayó en los concejales de los ayuntamientos.

En definitiva, de los veinticinco vocales, dos eran natos (el presidente del Consejo de Estado y el del Tribunal de Cuentas) y el resto electivos. El resultado fue devastador: “La extracción política de los vocales, diseñada en las normas constitucionales y legales, condujo a que finalmente todos, incluso los de las corporaciones, llegaran al Tribunal por razones estrictamente políticas” (p. 38).

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Un Tribunal no soñado.

Un Tribunal no soñado.      

         1.-La Constitución de 1931 opta por un parlamento unicameral y aspira a embridarlo, teóricamente, con un Tribunal de Garantías Constitucionales. Aquí arranca el examen de Fossas, ya que dicho Tribunal actuaría luego como Juez Penal de Companys. Como señala el autor, es cierto que este órgano se inspiraba en los modelos austríaco y norteamericano, pero también en el Anteproyecto de Constitución de 1929 (que no llegó a tramitarse). Se deduce de la lectura que estamos ante una novedad confusa. De hecho, lo mismo se deriva del examen de Esteve Pardo, por lo que respecta a España.

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         2.-Es decir, no estamos ante una cuestión doctrinal profundamente debatida o ante una demanda política ampliamente sentida. Apunta Fossas que “el Título IX de la Constitución que lo regulaba se redactó de forma improvisada y con poco interés; la Ley Orgánica que lo desarrolló no se aprobaría hasta junio de 1933, casi dos años después de la entrada en vigor del texto constitucional; y su actividad no se inició hasta enero de 1934, ya en el Bienio Negro”.

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         3.-Y añade que:

         “La incidencia negativa de ese contexto se manifestó en la ausencia de un proyecto político claro sobre la institución, y en la confusión que reinó entre los constituyentes acerca de la naturaleza del órgano, como se puso de manifiesto en los debates de las Cortes. Las discusiones mantenidas entonces revelaron que la implantación de la jurisdicción constitucional requiere como presupuesto no solo un concepto de Constitución, sino también una cierta idea de democracia, que no era la dominante en las fuerzas políticas, hostiles al establecimiento de límites a la soberanía del Parlamento […]”

La pelea en el Congreso entre un socialista y un conservador que anticipó la Guerra Civil

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