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Archive for the category Jurisprudencia.Novedades

març 21 2008

Condenación de España por violación del Derecho comunitario en el asunto E.ON/Endesa

El día 6 de marzo de 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha decidido que España ha violado el Derecho comunitario por no haber retirado las codiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energia y por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio. En 2006 la Comisión había declarado estas condiciones como incompatibles con el Derecho comunitario.

Las principales alegaciones de España son: a) el recurso carece de objeto, puesto que la oferta pública de adquisición de E.ON no produjo efectos (aunque las condiciones no habían sido retiradas), y b) las medidas nacionales han sido adoptadas para garantizar la seguridad del suministro energético, en conformidad con el art. 21(4) del Reglamento de concentraciones.

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febr. 09 2008

Aplicación del artículo 6(1) del reglamento nº 44/2001 a los contratos de trabajo

La Cour de Cassation de Francia ha solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la cuestión de saber si la sección 5 del reglamento nº 44/2001, relativa a los contratos de trabajos, contiene “de forma exhaustiva y exclusiva” las reglas de competencia correspondientes a este tipo de contratos, o, si, al contrario, estas reglas se puede completar con la regla de competencia especial establecida en el artículo 6 (1).

En sus conclusions del 17 de enero de 2008, el Abogado general Poiares Maduro empieza con el análisis de la aplicabilidad del artículo 6(1) en materia de contratos individuales de trabajo. Poiares Maduro da una respuesta positiva, “aunque, a primera vista, la interpretación literal de la sección 5 relativa al contrato de trabajo parezca oponerse a ello” (para. 15). Las razones en apoyo de esta respuesta:

a) hay que tomar en cuenta el alcance teleológico y contextual del reglamento nº 44/2001: en el contexto del Convenio de Bruselas, como no había una sección específica relativa a los contratos de trabajo, a éstos se les aplicaban las reglas de competencia que el convenío establecía, incluso el articulo 6(1). El reglamento nº 44/2001 “se inscribe en la continuidad y no rompe con las reglas establecidas por el Convenio” y coresponde a la voluntad de sus autores.

b) el artículo 6 (1) no constituye una excepción a las reglas de competencia relativas a los contratos individuales de trabajo, sino un complemento a las disposiciones que tratan sobre ellos (para. 19).

A continuación, el Abogado General analiza los requisitos específicos de aplicación del artículo 6(1). Asimismo, la aplicación del artículo 6(1) requiere “la existencia de una conexión entre las demandas capaz de garantizar que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, cualquiera que sea, tenga una relación estrecha con ese asunto” (para. 31).

Para apreciar dicha conexión, el Abogado General, citando la jurisprudencia Pugliese (C-437/00), enumera algunos criterios: el hecho de que la celebración del segundo contrato estuviera prevista cuando se firmó el primero, el hecho de que el primer contrato se modificara habida cuenta de la celebración del segundo, el hecho de que exista un vínculo orgánico o económico entre ambos empresarios, el hecho de que exista un acuerdo entre los dos empresarios por el que se establece un marco para la coexistencia de los dos contratos, el hecho de que el primer empresario conserve una facultad de dirección sobre el trabajador, o el hecho de que el primer empresario pueda decidir respecto a la duración de la actividad del trabajador para el segundo empresario.

Raluca Ionescu


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febr. 06 2008

Fiscalidad directa y vivienda: el “mal caso” Comisión c. Alemania (sentencia de 17 de enero de 2008, asunto C-152/2005)

¿Por qué un Estado miembro de la Unión, en este caso Alemania, no puede incentivar a los sujetos pasivos cuyas rentas están sujetas a contribución en ese país – sin distinción de nacionalidad ni de residencia – a construir y/o adquirir una vivienda en territorio alemán? Porque según una jurisprudencia general clásica del Tribunal de Luxemburgo aplicada aquí a este caso específico, tal previsión legal genera una disuasión a la libre circulación de los ciudadanos comunitarios enunciados en el artículo 18 , de trabajadores del art. 39 o de establecimiento del art. 43 del Tratado CE. Así, el artículo 1 de la EigZulG establece que los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta por obligación personal en el sentido de la EStG tienen derecho a una subvención a la propiedad inmobiliaria. Y en virtud del artículo 2, apartado 1, primera frase, dicha subvención se concederá en el supuesto de construcción o de adquisición de una vivienda en una casa en plena propiedad situada en territorio alemán o de una vivienda en plena propiedad situada en territorio alemán. El tema aparece en el año 2000 habiéndose, por distintas circunstancias, desarrollado una fase precontenciosa muy prolongada: el problema se centraba en la situación de los abundantes trabajadores transfronterizos presentes en las zonas limítrofes del país que, acogiéndose a la remuneración y a la fiscalidad alemana, no estaban legitimados para acceder a la subvención para la adquisición o construcción de su vivienda si tal vivienda no se halla en territorio alemán. El Tribunal aprecia la existencia de obstáculos disuasorios para los no residentes en Alemania, y la excepción de interés general invocada por Alemania – la potenciación de una construcción de vivienda suficiente en el país – es poco atinada. Sabemos que la jurisprudencia comunitaria en infracción suele ser poco rica en matices y muy básica, pero es contundente y aquí es enormemente discutible, cuando menos por dos razones que encierran serios peligros.

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des. 03 2007

España condenada por la no transposición de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración

El día 15 de noviembre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha condenado a España por no haber adaptado su Derecho interno a la directiva 2003/109/CE y por no haber informado la Comisión europea sobre el estado de la transposición.

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nov. 26 2007

La sentencia Orams v. Apostolides : el Reino Unido no reconoce una sentencia de Chipre por el motivo de la no aplicación del Reglamento 44/2001

La sentencia Orams v. Apostolides (High Court of Justice, Queen’s Bench Division, 6.09.2006, EWHC 2226) pone de relieve las dificultades que intervienen en la aplicación del reglamento 44/001 en cuanto al reconocimiento de la sentencias dictadas en Chipre. Debido al conflicto entre la República de Chipre y la República Turca del Chipre del Norte, el Consejo Europeo de 13 de diciembre de 2002 había decidido que, después de la adhesión del Chipre a la Unión europea,

in the absence of a settlement the application of the acquis to the northern part of the island shall be suspended until the Council decides unanimously otherwise, on the basis of a proposal by the Commission.

Esta decisión ha sido incorporada en el Protocolo no. 10 del Tratado de Adhesión.

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oct. 18 2007

Asunto C-98/06, 11.10.2007, Freeport plc c. Olle Arnoldsson

Freeport compra de una sociedad, con la que colabora el Sr. Arnoldsson, un proyecto de desarollo de centros comerciales (del tipo « tiendas de fábrica ») en Kungsbacka (Suecia). Entre Freeport y el Sr. Arnoldsson se concluyó en 1999 un acuerdo verbal por el que el segundo recibiría su comisión cuando se abriera la fábrica de Kungsbacka. Mediante un compromiso escrito ulterior, Freeport confirma el acuerdo verbal añadiendo algunas condiciones para el pago de la comisión, condiciones que el Sr. Arnoldsson acceptó. Una de las condiciones establecía que el pago sería realizado por la sociedad que fuera propietaria del establecimiento de Kungsbacka. La tienda fue inaugurada en 2001 y es propiedad de la sociedad sueca Freeport AB (filial 100% de Freeport). El Sr. Arnoldsson reclamó tanto a Freeport AB como a Freeport, el pago de la comisión. Freeport AB rechazando su reclamación porque no era parte del acuerdo y que además no existía cuando se celebró el acuerdo, el Sr. Arnoldsson presentó en 2003 una demanda, basada en el art. 6. 1 del Reglamento nº 44/2001, ante el Göteborgs tingsrät (Suecia) en la que solicitaba que se condenara solidariamente a las dos sociedades a abonarle la comisión más intereses. Freeport invocó que ella no tenía su domicilio social en Suecia y que no existía una relación suficientemente estrecha entre las demandas ya que la acción dirigida contra ella tenía un fundamento contractual, mientras que la dirigida contra Freeport AB tenía un fundamento delictual o cuasi-delictual.

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jul. 13 2007

Sentencia en materia de acceso de documentos extranjeros al Registro de la Propiedad español

El Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Alicante ha dictado  una reciente sentencia en la que confirma la inscribibilidad en el Registro de la Propiedad español de los documentos notariales extranjeros. Se trata de un nuevo elemento en un debate en el que los tribunales han corregido la doctrina de la DGRN (Resoluciones de 7 de febrero y de 20 de mayo de 2005) que mantenía la imposibilidad de que los documentos notariales extranjeros accediesen al Registro de la Propiedad español.

Se puede consultar aquí un comentario a la RDGRN de 7 de febrero de 2005 que fue publicado en el vol. 5 (2005) del Anuario Español de Derecho Internacional Privado (pp. 337-349)

Rafael


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juny 26 2007

Libre prestación de servicios, desplazamiento de trabajadores y dumping social

Según el Abogado general Mengozzi, los sindicatos pueden, mediante acciones colectivas, motivadas por objetivos de interés general y proporcionadas, obligar a un prestador de servicios de otro Estado miembro a suscribir el nivel salarial previsto en un convenio colectivo.

Las Conclusiones presentadas el 23 de mayo de 2007, Asunto C‑341/05, Laval un Partneri Ltd contra Svenska Byggnadsarbetareförbundet y otros.

Raluca


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juny 20 2007

Sentencia del TJCE 7 de junio de 2007, asunto C-178/05, Comisión de las Comunidades Europeas contra Grecia (traslado del domicilio, impuestos indirectos, transposición, evasión fiscal)

En 2005, la Comisión ha interpuesto recurso en incumplimiento en contra de Grecia, teniendo como motivo la transposición incorecta de la Directiva 69/335/CEE de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985. La normativa nacional (Ley nº 1676/86, de 24 de diciembre de 1986, sobre la fijación de los tipos impositivos sobre el valor añadido y otras disposiciones; el recurso en incumplimiento ha sido introducido 20 años más tarde!) grava todo traslado del domicilio, siempre que la sociedad de que se trate no esté sujeta al impuesto sobre las aportaciones en el Estado miembro de origen.

En su sentencia, el Tribunal decide que de la directiva 69/335/CEE se desprende que están sujetos al impuesto sobre las aportaciones los traslados de un Estado miembro a otro Estado miembro del domicilio (efectivo o social) de las sociedades, asociaciones o personas jurídicas que estén consideradas, a efectos de la percepción del impuesto sobre las aportaciones, como sociedades de capital en este último Estado miembro, aunque no lo estén en el primer Estado miembro.

Asimismo, estas disposiciones no establecen que se graven con el impuesto sobre las aportaciones los traslados de domicilio de las sociedades, asociaciones o personas jurídicas que sean consideradas, a efectos de la percepción del impuesto sobre las aportaciones, como sociedades de capital en cada uno de los dos Estados miembros de que se trate. Sin embargo, el criterio de la «sujeción» utilizado por la normativa nacional puede llevar a que se grave en Grecia con el impuesto sobre las aportaciones a una sociedad, aunque ésta también se considere «sociedad de capital» en el Estado miembro de origen. Éste es particularmente el caso cuando este último Estado, en virtud del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 69/335/CEE, exime todas las operaciones del impuesto sobre las aportaciones o cuando aplica un tipo impositivo cero.

Por tanto, el criterio de la «sujeción» utilizado por la normativa sobre los traslados de domicilio de que se trata permite gravar con el impuesto sobre las aportaciones casos para los que la Directiva 69/335/CEE no prevé tal gravamen. Teniendo en consideración que la Directiva realiza una harmonización exhaustiva en este ámbito, el TJCE considera que la normativa nacional de que se trata es una transposición incorrecta de la primera.

En su intervención en el juicio, España ha alegado que el criterio de la «sujeción» es necesario para luchar contra la evasión fiscal. Como la Directiva 69/335/CEE realiza una harmonización exhaustiva y no prevé ninguna disposición explícita que permita a los Estados miembros adoptar medidas generales para luchar contra la evasión fiscal, «los Estados miembros únicamente pueden oponerse a la aplicación del Derecho comunitario en circunstancias especiales que constituyan una práctica abusiva o fraudulenta». La aplicación del Derecho comunitario «no puede extenderse hasta llegar a cubrir las prácticas abusivas de los operadores económicos, esto es, las operaciones que no se realicen en el marco de transacciones comerciales normales, sino únicamente para beneficiarse abusivamente de las ventajas establecidas en el Derecho». Sin embargo, en el presente caso, por una parte, la normativa sobre los traslados de domicilio de que se trata no se limita a luchar contra un abuso en un caso especial. Por otra parte, el uso de un derecho creado por el Derecho comunitario, como el establecimiento de una sociedad en otro Estado miembro o el traslado de su domicilio, no puede justificar, por sí solo, una sospecha de abuso.

Además, por no haber hecho una distinción clara entre «imposición efectiva» y «sujeción» que puede haber conducido a cierta confusión, el TJCE añade que tal normativa no cumple las exigencias de seguridad jurídica, establecidas por la jurisprudencia en materia de adaptación del Derecho interno a las directivas.

Raluca


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