RJCA\2012\635:Deficiencias e insuficiencias en el proyecto arquitectónico de construcción de parque temático y declaración de ruina y de responsabilidad del arquitecto

Tribunal Superior de Justicia

 

TSJ de C. Valenciana, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) Sentencia num. 497/2012 de 17 abril

 

RJCA\2012\635

CONTRATACION ADMINISTRATIVA: Deficiencias e insuficiencias en el proyecto arquitectónico de construcción de parque temático y declaración de ruina y de responsabilidad del arquitecto colaborador vinculado al contratista, arquitecto técnico y constructora: impugnación: declaración de responsabilidad únicamente del arquitecto que redactó y diseño dicho proyecto: anulación procedente.

ECLI:ECLI:ES:TSJCV:2012:2630

Jurisdicción:Contencioso-Administrativa

Recurso contencioso-administrativo 1010/2003

Ponente:Ilmo. Sr. D. Rafael Pérez Nieto

La Alcaldía-Presidencia del ayuntamiento dictó Acuerdo22-04-2003por el que declaró la ruina de parque temático y la responsabilidad por incumplimiento de contrato de los arquitectos y de la constructora y aprobó Decreto de14-05-2003por el que dispuso la contratación por el procedimiento de emergencia de las obras de reparación y acondicionamiento del referido parque temático.

El TSJ estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto y anula el Acuerdo y Decreto impugnados.

 PROCEDIMIENTO ORDINARIO – 001010/2003

 N.I.G.: 46250-33-3-2006-0003840

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

 COMUNIDAD VALENCIANA

 SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

 SECCIÓN 3

 SENTENCIA Nº. 497/12

En la ciudad de Valencia, a 17 de abril de 2012.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. don Juan Luis Lorente Almiñana, Presidente, don Rafael Pérez Nieto y don José Ignacio Chirivella Garrido, Magistrados, el recurso contencioso-administrativo con el número 1010/03 (al que se ha acumulado el 1864/03), en el que han sido partes, como recurrentes, don Donato y don Julián , representados por el Procurador Sr. Castello Navarro y defendidos por el Letrado Sr. Molina Martínez; don Teodulfo , representado por el Procurador Sr. Real Marqués y defendido por el Letrado Sr. Real Cuenca; “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP), representada por la Procuradora Sra. Gil Bayo y defendida por el Letrado Sr. Muñoz Tepp, y como parte demandada el Ayuntamiento de Alicante, representado por la Procuradora Sra. Higuera Luján y defendido por el Letrado Sr. Suárez Manteca. La cuantía es de 7.030.813,77 euros. Ha sido ponente el Magistrado don Rafael Pérez Nieto.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites establecidos por la ley, se emplazó a la partes recurrentes para que formalizaran demanda. Todas las partes recurrentes interesaron en sus escritos la nulidad de los actos impugnados.

 SEGUNDO.- La representación procesal del Ayuntamiento de Alicante dedujo escritos de contestación en los que solicita que se declare la conformidad a Derecho de la Resolución impugnada.

 TERCERO.- El proceso se recibió a prueba. Evacuados los escritos de conclusiones, los autos quedaron pendientes para votación y fallo.

 CUARTO.- Se señaló para votación y fallo el día 17 de abril de 2012.

 QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

 El objeto de la impugnación del presente recurso contencioso-administrativo son dos actos:

-El Acuerdo de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alicante, de 22-4-2003, que declara la ruina del parque temático del monte Tossal y la responsabilidad por incumplimiento de contrato de los Arquitectos don Donato y don Julián ; del Arquitecto Técnico don Teodulfo ; y de la constructora “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP). La responsabilidad se cifra en 7.030.813,77 euros.

-El Decreto de la misma Alcaldía, de 14-5-2003, que dispone la contratación por el procedimiento de emergencia de las obras de reparación y acondicionamiento del referido parque temático.

El conflicto jurídico gira en torno a los problemas surgidos con la construcción del parque. La construcción fue ejecutada sobre un proyecto financiado por el Instituto Turístic Valencià (ITV), si bien el Ayuntamiento de Alicante se subrogó -ya veremos en qué términos- en la posición contractual de dicho contratante después de la recepción provisional de 15-2-1995. Los problemas constructivos se detectaron a partir del vaciado del lago del parque a consecuencia de roturas; luego fueron constatados importantes daños estructurales; e incluso -según entiende el Ayuntamiento- son imputables determinados daños detectados en edificios próximos a la ladera del monte. El Ayuntamiento aprobó el 13-2-2002 un proyecto de reparación y acondicionamiento del parque, el cual fue adjudicado a la mercantil “CYPE Ingenieros, Estudios y Proyectos” SA.

El importe de la responsabilidad calculado por el Ayuntamiento se desglosa en 5.090.083 euros que se explican con el precio de la obra de reparación; en 1.736.632,26 euros, por la demolición de las infraestructuras arruinadas; y en 204.098 euros, por las obras de emergencia necesarias para evitar la ruina de los edificios colindantes al monte Tossal.

La imputación de responsabilidad que dispone el Ayuntamiento de Alicante se apoya en el informe de 16-4-2003 emitido por el Arquitecto Municipal (Jefe del departamento de conservación de inmuebles) don Blas , quien califica de ruinosa la situación del parque temático. Explica la ruina en la defectuosa realización de las obras y señala como responsables a sus directores, técnicos proyectistas y constructora. El Ayuntamiento invoca en su imputación el art. 56 de la Ley de Contratos del Estado (LCE) y el art. 1.591 del Código Civil (CC ) concluyendo que “(d)e los datos obrantes del expediente no resulta una distribución de la responsabilidad entre la empresa constructora y los arquitectos proyectistas y directores de las obras, resultando en consecuencia idéntica responsabilidad de ambos que deberán abonar los daños por partes iguales”.

Los recursos contenciosos-administrativos han sido presentados separadamente por los Arquitectos don Donato y don Julián , por un lado; por el Arquitecto Técnico don Teodulfo , por otro lado; y por la constructora “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP), por último.

SEGUNDO

 Los recurrentes don Donato y don Julián , Arquitectos, alegan “falta de legitimación activa” y “falta de acción” del Ayuntamiento de Alicante. Así lo entienden porque don Donato firmó el 27-3-1992 un contrato civil con el Instituto Turístic Valencià (ITV) y porque don Julián no ha firmado contrato ni con el ITV ni con el Ayuntamiento. Consideran en consecuencia que no es aplicable la Ley de Contratos del Estado (LCE), también porque el contrato entre la constructora y el ITV, celebrado el 26-10-1993, excluye la legislación administrativa. Aluden a que el proyecto redactado es previo y distinto del celebrado entre la constructora y el ITV, pues lo que se cede al Ayuntamiento es la obra, no el proyecto. Siguen alegando que el contrato entre la constructora y el ITV recoge una cláusula que obliga a la primera a reparar los desperfectos detectados desde los dos años posteriores a la recepción provisional, por lo que, si no se requirió la reparación de la constructora y se permitió la ruina, no cabe imputársela a los Arquitectos. Denuncian infracción procedimental, pues la imputación de responsabilidad se ha adoptado sin tramitación de expediente alguno ni emisión de dictamen del Consejo Consultivo, provocando un resultado de indefensión. Sostienen la viabilidad del proyecto -el cual fue aprobado por todas las instancias- y el cumplimiento de la normativa vigente; también que las patologías del parque encuentran su causa en la defectuosa compactación de los rellenos subyacentes al lago. Señalan que los problemas de deslizamiento de tierras no tienen lugar sino hasta el año 2004, cuando ya se había filtrado una ingente cantidad de agua como consecuencia de la rotura de la arqueta del lago. Denuncian como indebida la cantidad reclamada por el Ayuntamiento de Alicante: “No puede la Administración pedir dos veces lo mismo; esto es, la demolición y la reparación de los edificios colindantes, sin que los daños de estos últimos -cuantificados en exceso- le sean imputables, pues entre los edificios y el parque existía una carretera ejecutada por el Ayuntamiento”. Igualmente consideran inadmisible una indemnización que no se calcula por el coste de reparación sino por el de la construcción de un nuevo parque.

El recurrente don Teodulfo , Arquitecto Técnico, considera por su lado que el acto de imputación de responsabilidad es nulo porque decide sobre cuestiones sometidas a derecho privado y porque al Ayuntamiento no le compete; también porque no pagó cantidad alguna por la construcción del parque, ya que lo hizo el ITV. Denuncia infracción procedimental puesto que la declaración de ruina se ha dado sin previo trámite de audiencia; también que dicha declaración no cumple con los requisitos legales. Niega que sea aplicable el art. 56LCE al Arquitecto Técnico. Alega que, en todo caso, no se ha producido incumplimiento doloso imputable a él, ni siquiera un incumplimiento que se deduzca de los informes y las pruebas periciales, siendo que el Acuerdo impugnado carece de motivación sobre este punto. Alude a la insuficiencia del estudio geotécnico, aspecto que no compete al Arquitecto Técnico; también a errores proyectales, los que -en su opinión- son la causa eficiente de los problemas. Denuncia la falta de justificación de las cantidades que le reclama el Ayuntamiento.

La otra recurrente, la constructora “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA, comienza igualmente resaltando el carácter civil del contrato de obras y la incompetencia -por tal circunstancia- del Ayuntamiento para declarar la responsabilidad contractual. Alega además la inexistencia de su responsabilidad porque todas las patologías manifestadas en la construcción del parque se explican en defectos o carencias del proyecto y en los vicios del suelo. Alude a la insuficiencia del estudio geotécnico entregado por el ITV; a la inadecuación de la obra encomendada; al desconocimiento de las condiciones de la ladera del monte (pues fueron conocidas llegado el 2004); a la inexistencia de defectos de compactación en los rellenos; a la existencia de planos de deslizamiento y al deslizamiento producido por la rotura de la impermeabilización del lago; y a la falta de influencia de la rotura de su arqueta.

Enfrente de los recurrentes, la representación procesal de la parte demandada, el Ayuntamiento de Alicante, opone que las normas a aplicar son las de derecho administrativo porque tratamos de una obra pública ejecutada en un bien de dominio público. Afirma la legitimación ad causam del Ayuntamiento a partir de la recepción provisional ya que no tendría sentido su competencia para la gestión si no puede exigir responsabilidad a la constructora y a los técnicos intervinientes. Considera que la responsabilidad declarada se justifica con las fugas detectadas y con las deficiencias del proyecto, en concreto, las relativas a la concepción del lago y a su impermeabilización, las que fueron observadas durante la ejecución.

TERCERO

 .- Antes de comenzar el examen de las diversas cuestiones planteadas, conviene una precisión. Cada una de las partes recurrentes ha planteado impugnaciones propias ante los actos litigiosos, hasta el punto de que, alguna de ellas, promovió en su momento un recurso contencioso-administrativo que más adelante ha resultado acumulado al presente. Hay determinadas coincidencias entre los motivos de impugnación de cada una de las partes recurrentes. Mas otros motivos no son los mismos, sin que estos últimos eventualmente puedan aprovechar a quien no los ha esgrimido convenientemente.

Dicho lo anterior, es prioritario examinar el motivo impugnatorio que denuncia la incompetencia del Ayuntamiento de la Alicante para declarar la responsabilidad contractual de las partes recurrentes dada -según se alega- la naturaleza civil del contrato o contratos de los que el Ayuntamiento hace derivar dicha responsabilidad.

Los recurrentes Arquitectos don Donato y don Julián , más concretamente, aluden a que el contrato suscrito por el primero con el Institut Turístic Valencià (ITV) no fija una “adscripción a normativa administrativa alguna”; dicha parte y las demás señalan que el contrato de obra con la constructora “Compañía Levantina de Edificación y Obras Publicas” SA (CLEOP) contiene una cláusula que establece de forma expresa que el mismo “tendrá naturaleza jurídica civil. Especialmente se hace constar que el ITV no está sujeto a la Ley de Contratos del Estado “. Se apoyan en la previsión de la Disposición adicional séptima número 2 de la Ley Valenciana 7/1991 de 28 de diciembre , la cual impone el derecho privado en la relaciones jurídicas con el ITV.

Pues bien, la Ley de Contratos del Estado-LCE (Texto Articulado de 8 de abril de 1963, redacción de 17 de marzo de 1973), aplicable al caso, en art. 4 establece: “El régimen jurídico de los contratos que celebre la Administración se ajustará a las siguientes reglas: 1 º.- Los contratos cuyo objeto directo sea la ejecución de obras y la gestión de servicios públicos del Estado, así como la prestación de suministros del mismo, tiene el carácter de administrativos, y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias y, supletoriamente, por las demás normas del derecho administrativo. En defecto de este último, serán de aplicación las normas de derecho privado. […]”.

El ITV es entidad de derecho público ( Decreto 16/1992 de 3 de febrero , art. 1, número 1 ). La mejor doctrina científica nos previno en su momento de un fenómeno, el del abuso de la creación de entes institucionales como técnica de “huida del derecho administrativo”. Este fenómeno ha derivado en desdichado con algunas de sus implicaciones finales, en la medida que habilitadoras de arbitrariedades y corruptelas sin cuento dentro del ámbito de la contratación pública y en concreto de la selección de los contratistas, la cual -so pretexto que sometida al derecho privado a fin de dotarla de una mayor agilidad- concluye sin las garantías básicas de publicidad y concurrencia favoreciendo con ello intereses espurios ajenos a los generales.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha asumido una interpretación amplia y funcional del concepto organismo de derecho público. Así, las SSTJCE de 15-1-1998 , Mannesmann, Anlagenbau, Astrau y otros , de 1-2-2001 , Comisión/Francia y 27-2-2003 , Adolf Truley , se acogen al criterio según el cual, para dotar de este carácter a una determinada entidad -todo ello en el marco de las Directivas de contratación: 92/50 , 93/33 y 93/37 -, han de cumplirse los tres requisitos acumulativos de que sea organismo creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil; que esté dotado de personalidad jurídica; y que su actividad dependa estrechamente del Estado, de los entes territoriales o de otros organismos de derecho público.

En consonancia con esta doctrina, el art. 1 LCAP (que, si bien no es aplicable al caso, sí puede tenerse en cuenta como instrumento interpretativo) establece que los contratos que celebren las Administraciones Publicas se sujetarán a las prescripciones de dicha Ley, previendo el apartado tercero de dicho precepto que también ajustarán su actividad contractual a la misma los organismos autónomos y las restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculada o dependiente de cualquiera de las Administraciones Públicas siempre que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil y que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las Administraciones Públicas.

Aquí fue que el Conseller de Industria, Comercio y Turismo, el día 27-3-1992, en nombre del ITV, suscribió un contrato con el Arquitecto don Donato donde queda integrado como Arquitecto colaborador don Julián , contrato cuya cláusula primera, en lo que ahora interesa, dice así: “Constituye el objeto del presente contrato la elaboración y redacción de los proyectos básicos y de ejecución y dirección de las obras consistentes en la construcción de un parque infantil en el Tossal de Alicante, por una parte, y por otra, en el aparcamiento de vehículos para los usuarios y visitantes del referido parque. El objeto contractual […] se desarrollará de la siguiente forma. Una primera fase, consistente en la elaboración y redacción de los proyectos básicos y de ejecución […]. La segunda fase de ejecución del objeto contractual consiste en la dirección de las obras […]”.

Por otro lado, el 26-10-1993, el mismo ITV suscribe con la recurrente “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP) un contrato que tiene por objeto la “ejecución, construcción, instalaciones y ajardinamiento de un parque infantil de carácter temático, con sus instalaciones anexas y complementarias”.

Recapitulando, tratamos de unos contratos suscritos por una entidad de derecho público; que tienen por objeto la ejecución de una obra destinada a un servicio público en terreno de dominio público local; no siendo mercantil el interés perseguido con dicha obra. De ahí que dichos contratos debieron tramitarse con arreglo a las normas de derecho público y estar sujetos a las mismas en cuanto a sus efectos. Por mucho que de la Disposición adicional número 2 de la Ley Valenciana 7/1991 pueda deducirse lo contrario, hay que resolver el conflicto de normas jurídicas mediante el criterio constitucional de competencia, y de ahí que dicha Ley 7/1991 no resulte aplicable pues -como alega la asistencia procesal del Ayuntamiento de Alicante- el art. 149.1 18ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva para promulgar la legislación básica sobre contratación administrativa.

Con esto se rechaza el motivo de impugnación.

CUARTO

 Otro de los motivos de impugnación, planteado por los recurrentes Arquitectos y el recurrente Arquitecto Técnico, atiende a la supuesta falta de acción del Ayuntamiento de Alicante para declarar la responsabilidad de todos ellos. Señalan los recurrentes que los servicios que prestaron se desenvolvieron en ejecución de contratos suscritos con el Institut Turístic Valencià (ITV), no con dicho Ayuntamiento.

El ITV, el día 1-6-1993, suscribió un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante para la construcción, ejecución e instalación del parque infantil en la ladera del monte Tossal o de San Fernando. Las edificaciones e instalaciones del parque serían puestas a disposición de la corporación municipal y el ITV financiaría el proyecto. El punto cuarto del convenio establece que “(l)a efectiva entrega de la posesión de las instalaciones y edificaciones del parque, cuya financiación asume el ITV, por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, se efectuará en el momento de la recepción provisional de las obras por parte del ITV”, y que “a partir de la fecha de recepción provisional, se entenderá subrogado el Excmo. Ayuntamiento de Alicante en todos los derechos y acciones que frente a la empresa o empresas contratistas pudieran corresponder al ITV”.

La recepción provisional de las obras tuvo lugar el 15-2-1995. Así pues, desde esta fecha, el Ayuntamiento de Alicante se subroga en todas las acciones de las que venía asistido el ITV frente a los contratistas ejecutantes del proyecto del parque en el monte Tossal, entre ellos, claro está, las personas y la entidad que plantean los recursos contencioso-administrativos que aquí se enjuician.

El motivo de impugnación es rechazado.

QUINTO

 Es momento de pasar al examen de las quejas de índole procedimental. Ya hemos dicho que los recurrentes Arquitectos alegan infracción de procedimiento, en concreto de los arts. 18 y 52 LCE y los arts. 51 y 157 de su Reglamento, pues la imputación de responsabilidad se ha adoptado sin tramitación de expediente alguno ni emisión de dictamen del Consejo Consultivo y todo ello con el resultado de indefensión.

Sin embargo esta cuestión no fue planteada por los recurrentes en su escrito de demanda, lo que constituye una impropiedad procesal, pues no cabe suscitar en trámite de conclusiones hechos nuevos. La STS de 4-7-2011 , con cita de la STS de 22-4- 2009, recuerda que en el proceso contencioso-administrativo las pretensiones se articulan en los escritos de demanda y de contestación, sin que después las partes puedan plantear cuestiones nuevas en el trámite de vista o de conclusiones ( arts. 56, apartado 1 , y 65, apartado 1, LJCA ). De ahí que la queja de estos recurrentes tenga que ser rechazada.

Por su lado, el recurrente Arquitecto Técnico igualmente se queja de la omisión del trámite procedimental previo a la declaración de su responsabilidad, además de que -en su sentir- el acto de imputación carece de la motivación suficiente al respecto de la específica responsabilidad de dicho recurrente.

El recurrente Arquitecto Técnico, una vez jurisdiccionalizado el litigio, ha podido alegar y probar ante este órgano judicial todo lo que ha considerado oportuno. De ahí que, antes de entrar en consideración acerca de sus quejas procedimentales, sirva mejor a su derecho a la tutela judicial efectiva y a la función jurisdiccional -que debe tender hacia la definitiva terminación de los litigios- el que esta Sala dirima si realmente concurren los presupuestos para que el Ayuntamiento de Alicante le atribuya la responsabilidad que le atribuye.

Con esto pasamos a examinar el fondo del conflicto jurídico.

SEXTO

 El conflicto jurídico versa sobre el fracaso de una obra pública, la construcción del parque temático infantil “Un país de niños” en el monte Tossal de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante, gestor definitivo de la obra, califica el fracaso de ruinoso en sentido técnico-legal e imputa la responsabilidad derivada a los Arquitectos directores del proyecto, al Arquitecto Técnico y a la constructora, ello con base a los arts. 56 de la Ley de Contratos del Estado (LCE ) y 1591 del Código Civil (CC ).

Para ir avanzando en algunas de las cuestiones jurídicas suscitadas, conviene repasar la literalidad de los preceptos legales invocados por el Ayuntamiento en su Acuerdo de imputación de responsabilidad; también la jurisprudencia que los interpreta.

El art. 56LCE reza así: “Si la obra se arruinara con posterioridad a la recepción definitiva por vicios ocultos de la construcción debidos al incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, responderá este de los daños y perjuicios en el término de quince años”.

El art. 1591 CC por su lado establece: “El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviese lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiese, si se debe la ruina al vicio del suelo o de la dirección”.

La jurisprudencia se muestra partidaria de una interpretación amplia y flexible, impuesta por la realidad social, del concepto de ruina a los fines del nacimiento de la responsabilidad del art. 56LCE y el art. 1591 CC , habiendo declarado que el término “ruina” que utiliza el legislador no debe quedar reducido al supuesto de derrumbamiento total o parcial de un edificio, sino que “hay que extenderlo también a aquellos defectos constructivos que, por exceder de las imperfecciones comunes o corrientes, impliquen una ruina potencial que haga temer por su pérdida o la inutilicen para la finalidad que le es propia” ( SSTS de la Sala Primera de 25-1-1982 , 27-12-1983 , 16-6-1984 , 16-2-1985 , 17-2-1986 , 22-6-1986 , 30-12-1987 y 4-12-1989 ). Ha precisado la jurisprudencia que el estado de ruina puede ser funcional, la cual “tiene lugar en aquellos supuestos en los que los defectos constructivos inciden en la idoneidad de la cosa para su normal destino, y por consiguiente afecta al valor práctico de la utilidad, como exigencia, junto a la seguridad, de una adecuada construcción. (y así) se aprecia la ruina funcional cuando los defectos tienen una envergadura o gravedad que exceden de las imperfecciones corrientes haciendo inútil o impropia la cosa para su finalidad” ( STS, Sala Primera, de 26-3-2007 ; en el mismo sentido, STS, Sala Primera, de 20-12-2006 ).

El sentido del incumplimiento doloso a que se refieren los preceptos hay que entenderlo como una “omisión consciente por parte del obligado de sus deberes contractuales” ( STS de 23-5-1983 ), no siendo necesaria una específica intención de dañar.

La responsabilidad del Arquitecto director de las obras, declarada solidariamente junto con el Aparejador y la contratista, es procedente en los supuestos en que no resulte discernible la responsabilidad de los intervinientes en la construcción ruinosa ( STS de 28-6-2006 ). La Sala Primera del Tribunal Supremo, interpretando el art. 1591 CC , declara en su STS de 20-7-1989 que “la creación jurisprudencial del principio de responsabilidad solidaria en la construcción opera en las hipótesis en que la ruina de la edificación (ruina física o ruina funcional) se haya producido por la concurrencia de varias concausas, unas atribuibles a la dirección y otras a la ejecución, sin posibilidad de discernir las consecuencia de cada una – SSTS entre otras de 17-6-1985 y 30- 12-1985 -, de modo que la responsabilidad solidaria de los distintos elementos personales que cooperaron en la edificación solo está justificada en caso de no poder individualizarse la correspondiente a cada uno de los culpables de los defectos constructivos, por lo que es manifiesto que cuando no se da tal presupuesto de hecho por haberse precisado la atribuible a cada uno de ellos (…) la prestación de responsabilidad solidaria no puede prosperar”.

Así pues, a priori , los arts. 56LCE y 1591 CC legitiman una declaración de responsabilidad conjunta y solidaria imputable al Arquitecto, al Arquitecto Técnico y a la constructora, si es que la obra encargada ha fracasado por una ruina funcional y no es posible delimitar la responsabilidad de cada uno de los contratistas. Dicho en otras palabras, del art. 1591 CC , aplicable al caso, igualmente se puede hacer derivar responsabilidad del Arquitecto y del Arquitecto Técnico, por lo que hemos de rechazar algunas alegaciones que durante el proceso se han vertido en sentido contrario.

Toca a continuación discernir si los defectos de la obra del monte Tossal eran irrecuperables y en consecuencia ruinosos y si cabe delimitar una responsabilidad causal determinante de la ruina, particular que fuera, entre cada uno de los contratistas que interponen los recursos contencioso-administrativos.

SÉPTIMO

 Las anteriores cuestiones -no se oculta- están marcadamente influidas por consideraciones de naturaleza técnica. En las actuaciones constan numerosos informes y dictámenes unidos al expediente administrativo o aportados por las partes en los que se toca el tema. Entre ellos venimos a recodar el informe del Ingeniero de Caminos Sr. Juan María (de CYPE Ingenieros); el informe del Ingeniero de Caminos Sr. Celestino y del Ingeniero Agrónomo Sr. Ismael (de la Universidad Politécnica de Valencia, UPV); el informe del Ingeniero Industrial Municipal Sr. Secundino ; el informe del Arquitecto Municipal Sr. Blas ; el informe del Ingeniero Sr. Alexis (de la UPV); el informe del Sr. Fidel (de la UPV); el informe del Profesor Titular de Mecánica del Suelo de la UPV Sr. Celestino ; o el informe del Ingeniero de Caminos Sr. Virgilio .

Ha sido también que la Sala acordó, a los fines de ser asesorada sobre las cuestiones litigiosas, dos pruebas periciales a practicar en sede judicial y servidas por el Ingeniero de Caminos don Bienvenido (Profesor Titular de Ingeniería del Terreno de la UPV) y por el Arquitecto don Joaquín . En principio, la virtualidad de estas diligencias probatorias es superior a la de otros documentos periciales, y ello por la garantía que implica la imparcialidad que hay que presumir en estos peritos, los cuales han sido elegidos previa insaculación; también por el juramento o la promesa por ellos prestados de cumplir bien y fielmente su función; o porque -en fin- sus dictámenes se han sometido a contradicción en una vista oral mediante la cual el órgano judicial ha podido apreciar con inmediación las respuestas periciales a las peticiones de aclaración o ampliación planteadas por las partes del proceso. Tampoco es desdeñable el dato de que el dictamen de estos peritos ha supuesto una general reconsideración de la numerosa documentación pericial de la que antes hemos hecho reseña.

Recordamos, de todos modos, que las apreciaciones periciales no vinculan a los órganos judiciales y que estos deben ponderarlas mediante una sana crítica, pues otra cosa sería una impropia delegación de la decisión judicial en los peritos. Como aquí se podrá comprobar, nuestra decisión sobre la responsabilidad del fracaso de la obra se apartará en cierta medida de algunas de las apreciaciones servidas por los peritos judiciales.

OCTAVO

 Es punto de partida de la valoración de la Sala la consideración expresada por uno de los peritos judiciales según la cual el estado de la ciencia arquitectónica, en la actualidad, permite superar cualquier dificultad que a priori planteen los terrenos en los cuales se pretenda construir, de modo que, en su caso, debe buscarse la solución técnica ante la concreta dificultad y proyectar y construir en consecuencia. La otra premisa -centrada ya en el caso enjuiciado- es que los sucesivos vaciamientos del lago instalado artificialmente en el monte Tossal de Alicante y el hundimiento de su lecho constituyeron la más significada manifestación del fracaso de la obra pública “Un país de niños”. La conclusión es que este fracaso no ha resultado de causas de fuerza mayor; tampoco tiene su explicación en el caso fortuito, dado que encuentra su causa en las omisiones y deficiencias imputables a alguno o algunos de los sujetos que concurrieron en el proceso constructivo.

El parque temático se proyectó sobre un monte con laderas de un 20 % de inclinación. El parque incluía un lago artificial de 10.000 m2 (una superficie superior a un campo de fútbol) y múltiples terrazas y bancales aguantados con muros. Estas instalaciones requerían del desplazamiento y rellenos de tierras artificiales que les sirvieran de base. Con ellas se allanaba de algún modo la superficie inclinada de la ladera, si bien, y al mismo tiempo, quedaba alterado el flujo de las escorrentías, pues no descenderían por el monte como antes de la obra ya que el agua de las lluvias sería absorbida en mayor medida por el monte al cual, además, la obra le había privado de los árboles que asentaban sus laderas.

En concreto, el lago artificial fue construido sobre una superficie inclinada del monte y sobre rellenos de tierra desplazada – aguantados con muros de hasta 14 metros- que allanaban dicha superficie. El lago se llenó de agua en al menos tres ocasiones y en cada una de ellas se vació, filtrándose esta agua en la base de rellenos. Como explicó el perito judicial Ingeniero de Caminos, los rellenos se asentaron sobre una superficie inclinada y esto suponía una diferente presión en las tierras del relleno y la causa del desplazamiento de estas tierras y a la postre de los “asientos” (descensos en la superficie por mayor unión de los materiales de la construcción a causa de la presión de los unos sobre los otros). Ello provocó la rotura del lecho del lago y su desagüe masivo, pese a que estaba impermeabilizado, lo cual resultaba inútil ante los hundimientos y fallas de su base. La filtración del gran volumen de agua del lago evacuada, por otro lado, afectó todavía más a la base de rellenos con compresiones y extensiones, y el sobrepeso de esta masa de tierra, de alguna manera descontrolada, unida a flujos de agua, fue lo que determinó nuevos asientos y fallas en otras instalaciones del parque temático que en definitiva lo arruinaron, pues los defectos resultantes hacían imposible su utilización en los términos en que había sido concebido y proyectado.

La Sala no está de acuerdo con la apreciación del perito judicial Arquitecto según la cual “el diseño (de la obra) era el adecuado, dada la naturaleza del proyecto que se quería construir”; no creemos que el proyecto del parque temático se redactara con arreglo a las reglas de la ciencia arquitectónica, dadas las particulares circunstancias concurrentes. Como afirma el otro perito judicial, por el mayor coeficiente de infiltración de aguas de lluvia, provocado por las terrazas y los bancales resultantes de las obras, existía una gran probabilidad de que los rellenos fueran a quedar inundados y de que por lo tanto se viera reducida su resistencia y aumentase su deformabilidad y la posibilidad de asientos diferenciales. Los rellenos de tierra en el proyecto están tratados con una exigencia mínima -de manera ordinaria-, lo que supone que los redactores no dieron la respuesta proyectiva adecuada a la particular complejidad técnica de la obra. Tampoco previeron el adecuado sistema de drenaje que compensara o paliara la deficiencia, especialmente donde la zona del lago artificial. A lo que hay añadir que el informe geológico, que fue dado por bueno por quien proyectó la obra, era -así lo denuncian los dos peritos judiciales- a todas luces insuficiente por el carácter genérico de las recomendaciones sobre cimentaciones, excavaciones y explanaciones; también por la escasez de sondeos y calicatas (18, cuando eran recomendables unos 240).

Al redactor y diseñador del proyecto de la obra le correspondía haber previsto el comportamiento de los rellenos dadas las particulares características del monte Tossal o bien haber arbitrado una solución arquitectónica eficaz para paliarlo. No corresponde a esta Sala señalar dichas soluciones, pero nos parece claro que no se pusieron los medios adecuados a la vista de las insuficiencias del estudio geológico; de la inadecuada previsión sobre compactación de los rellenos; o del también insuficiente sistema de drenaje arbitrado.

No hay datos objetivos concluyentes en el proceso a partir de los cuales pueda deducirse que las tareas de compactación de los rellenos se ejecutaron por la constructora inobservando los mandatos del proyecto. La apreciación en sentido contrario del perito judicial Arquitecto no ha resultado confirmada por otras apreciaciones periciales. Tampoco está probado que el vaciado del lago tuviera su causa en la rotura de una arqueta mal ejecutada. En general, no hay datos suficientes que desmientan que la constructora se limitó a ejecutar el proyecto servido por quien lo redactó, lo cual la exime de la responsabilidad que le imputa el Ayuntamiento de Alicante.

En fin, lo que resulta de las actuaciones es que el Arquitecto Técnico de la obra se limitó a vigilar su ejecución siguiendo el mandato de quien lo redactó. Por ello, también dicho Arquitecto Técnico está exento de la responsabilidad que le atribuye el Ayuntamiento.

Recapitulando, la causa de la ruina de la obra pública “Un país de niños” en el monte Tossal de Alicante hay que buscarla en las deficiencias e insuficiencias del proyecto arquitectónico, por lo que solo es lícito declarar responsable de la ruina al profesional Arquitecto que lo redactó y diseñó.

Otros daños causados en la ladera del monte y aledaños (ronda de acceso, edificios, etc.) no encuentran su explicación en los desplazamientos de tierras provocados con el intento fallido de construir el parque temático. Al menos no concurren datos concluyentes en tal sentido: en este punto nos acogemos a la apreciación del perito judicial Ingeniero de Caminos según la cual la situación de inestabilidad global de la ladera del monto está asociada “…a deslizamientos profundos que afecten la estratificación de la ladera y cuyo origen puede ir asociado a desequilibrios por la redistribución de los materiales excavados en los bancales y/o cambio en las condiciones hidrogeológicas (presencia de agua)”.

En consecuencia, hemos de estimar los recursos contencioso-administrativos planteados por don Teodulfo , por una parte, y por “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP), por otra parte, debiéndose anular los actos impugnados en cuanto declaran o suponen la responsabilidad contractual de uno y de otra.

Igualmente debe estimarse el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Arquitecto don Julián . El Institut Turísitic Valencià (ITV) y el Arquitecto don Donato celebraron un contrato para la “elaboración y redacción de los proyectos básicos y de ejecución y dirección de las obras” del parque temático el día 27-3-1992. El contrato detallaba “las obligaciones del Arquitecto” -esto es, del Arquitecto contratista-, a quien incumbía la de entregar un proyecto adecuado con arreglo a la ciencia arquitectónica. El Arquitecto don Julián no era contratista con el ITV, sino colaborador vinculado al contratista, si bien el ITV aceptó la colaboración (aceptó la “intervención de otro facultativo”), por lo que la responsabilidad por el incumplimiento del contrato solo puede ser exigida por la Administración al Arquitecto con quien contrató y no al empleado por este.

NOVENO

 Resta examinar la cuantificación de la responsabilidad, ya que ha sido cuestionada por el recurrente a quien le incumbe con arreglo a lo razonado en el anterior Fundamento.

El importe de la responsabilidad calculado por el Ayuntamiento de Alicante se desglosa en 5.090.083 euros que tienen su explicación en el precio de la obra de reparación; en 1.736.632,26 euros, por la demolición de las infraestructuras arruinadas; y en 204.098 euros, por las obras de emergencia necesarias para evitar la ruina de los edificios colindantes.

Pues bien, no era posible exigir al Arquitecto una reparación propia de las deficiencias proyecto, dada la trascendencia de estas que impedía la reparación. Mas no cabe tampoco que la indemnización sustitutoria se calcule por el importe de otro proyecto sustancialmente diferente, como fue el que se ejecutó al final. Tampoco puede el Ayuntamiento exigir al Arquitecto una indemnización por el importe de las obras de emergencia porque -como ya se ha dicho- no hay datos concluyentes que permitan asegurar que los desplazamientos de tierras desde el monte Tossal, que producen daños o amenazan con dañar los edificios próximos a su falda, tienen su causa eficiente en la obra ejecutada que proyectó el Arquitecto contratista.

Por lo que solo es legítimo que el Ayuntamiento pueda exigir al Arquitecto la responsabilidad por los perjuicios que implica la demolición de las infraestructuras arruinadas, los cuales cifra el mismo Ayuntamiento en 1.736.632,26 euros.

En consecuencia, el recurso contencioso-administrativo planteado por don Donato debe ser estimado en parte, en el sentido de que los actos impugnados han de limitar la responsabilidad de este contratista a la cantidad de 1.736.632,26 euros.

DÉCIMO

 De conformidad con lo establecido en el art. 139.1 LJCA , y no concurriendo temeridad o mala fe en las partes contendientes, no ha lugar a un expreso pronunciamiento sobre las costas procesales.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación

FALLAMOS

Estimamos los recursos contencioso-administrativos interpuestos por don Julián , por don Teodulfo y por “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP), al ser contrarias a Derecho las Resoluciones impugnadas en la parte que declaran o suponen la responsabilidad de dichos recurrentes, y las anulamos en dicha parte, por contrarias a Derecho.

Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Donato , al ser parcialmente contrarias a Derecho las Resoluciones impugnadas en tanto que no limitan el importe de la responsabilidad de dicho recurrente a 1.736.632,26 euros, y las anulamos en dicha parte.

Sin costas.

Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno. A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como Secretaria de la misma, certifico. En Valencia, a diecisiete de abril de dos mil doce.

 

 

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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