JUR\2015\83535: Declaración de ruina: procedencia: ruina técnica y económica: coste de la reparación superior al 50% del valor actual del edificio y daño no reparable técnicamente por los medios normales.

Tribunal Superior de Justicia

 

TSJ de C. Valenciana, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia num. 1176/2014 de 12 diciembre

 

JUR\2015\83535

EDIFICACIONES RUINOSAS: Declaración de ruina: procedencia: ruina técnica y económica: coste de la reparación superior al 50% del valor actual del edificio y daño no reparable técnicamente por los medios normales: prueba: informe técnico municipal: edificio afectado por ruina técnica y económica: procedencia.

ECLI:ECLI:ES:TSJCV:2014:9835

Jurisdicción:Contencioso-Administrativa

Recurso de Apelación 212/2011

Ponente:IIlma. Sra. Desamparados Iruela Jiménez

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

 VALENCIANA

  • SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

 SECCIÓN PRIMERA

En Valencia, a doce de diciembre de dos mil catorce.

VISTOS los presentes autos por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Srs. D. MARIANO FERRANDO MARZAL, Presidente, D. CARLOS ALTARRIBA CANO, D. EDILBERTO NARBÓN LAINEZ, Dª DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ y Dª ESTRELLA BLANES RODRÍGUEZ, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:

 SENTENCIA Nº 1176

En el recurso de apelación número 212/2011, interpuesto por D. Rubén contra la sentencia nº 377/10, de 6 de octubre de 2010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Alicante en el recurso contencioso-administrativo ordinario número 432/2008 seguido ante ese Juzgado.

Han sido parte apelada el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE y D. Jose Pedro y Dª Florinda ; siendo Magistrada Ponente Dª DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ.

  • ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Alicante se siguió el recurso contencioso-administrativo ordinario número 432/2008, deducido por D. Rubén frente al decreto de 27 de julio de 2007 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alicante, por el que se declaró la situación legal de ruina del edificio sito en la PLAZA000 , nº NUM000 , de esa localidad.

En el expresado recurso contencioso-administrativo se dictó en fecha 6 de octubre de 2010 sentencia nº 432/08 desestimándolo, sin hacer expresa imposición de costas procesales.

 SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso por D. Rubén , en tiempo y forma, recurso de apelación, solicitando se dictase por la Sala sentencia que revocase la apelada y estimase la demanda formulada por aquél en el proceso de instancia.

 TERCERO.- Admitidos a trámite por el Juzgado el recurso de apelación, se dio traslado del mismo a las partes apeladas, que formularon oposición, solicitando el dictado por la Sala de sentencia que desestimase dicho recurso y confirmase la sentencia impugnada. Los apelados D. Jose Pedro y Dª Florinda solicitaron, además, la condena en costas al apelante.

 CUARTO.- Elevados los autos a este Tribunal, y una vez recibidos, se formó el presente rollo de apelación y se acordó, al amparo del art. 85.3 de la Ley 29/1998 , el recibimiento a prueba del recurso de apelación, a fin de admitir y practicar la prueba propuesta el apelante que la Sala consideró comprendida en aquel precepto legal, consistente en que por un perito de designación judicial se dictaminase sobre los extremos señalados por aquél.

Practicada dicha prueba, y conferido a las partes el trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, señalándose al efecto el día dos de diciembre de dos mil catorce.

 QUINTO.- Se han cumplido en ambas instancias las prescripciones legales.

  • FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

 El decreto de 27 de julio de 2007 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alicante impugnado por D. Rubén en el recurso contencioso-administrativo declaró, a tenor de los arts. 210 y 208 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana , la situación legal de ruina del edificio sito en la PLAZA000 , nº NUM000 , ordenando a sus ocupantes el desalojo total de inmueble, y concediendo a la propiedad un plazo no superior a un mes para proceder bien a la demolición o bien al inicio de las obras de rehabilitación de ese inmueble.

SEGUNDO

 En el proceso de instancia, el recurrente, el citado D. Rubén , ejercitó las siguientes pretensiones: 1.- la declaración de que el expediente administrativo de ruina no había sido tramitado con carácter contradictorio, al habérsele privado indebidamente del trámite de audiencia; 2.- la declaración de que el acto impugnado no era firme en derecho; 3.- la anulación de ese acto administrativo, por ser contrario a derecho; y 4.- subsidiariamente, a) se declarase el incumplimiento por los propietarios del edificio del deber de conservación del mismo, debiendo indemnizar al recurrente por los perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento; y b) se condenase a tales propietarios a indemnizarle por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del desalojo del inmueble -los gastos de desalojo y el mayor coste de un futuro arrendamiento de vivienda a precio de mercado-.

TERCERO

 La sentencia ahora apelada desestimó el recurso contencioso-administrativo por entender el Juzgado que la declaración de ruina legal decretada por el Ayuntamiento demandado se ajustaba a los arts. 210 y 208 de la LUV . Más en concreto, razonaba el Juzgador de instancia lo siguiente: 1.- la defectuosa notificación por el Ayuntamiento al actor de la resolución concediéndole trámite de audiencia en el expediente, así como del decreto de 27 de julio de 2007 de la Alcaldía-Presidencia que declaraba la situación legal ruina del edificio, no le había originado al demandante ninguna indefensión; 2.- el coste de reparación del edificio excedía del 50 por ciento del valor de construcción de un edificio de nueva planta de similares características, según había quedado acreditado mediante los informes del arquitecto municipal que figuraban en el expediente administrativo y mediante el informe pericial aportado por la propiedad del inmueble, elaborado por la arquitecta Dª Virtudes , siendo insuficiente para desvirtuar la conclusión a que llegaban aquellos informes el dictamen aportado por el actor, redactado por el arquitecto técnico D. Desiderio ; 3.- aunque el decreto de declaración de ruina no se pronunciaba sobre el incumplimiento por los propietarios del deber de conservación del inmueble, ese pronunciamiento podía, conforme al art. 210 de la LUV , ser efectuado por el Ayuntamiento en un momento posterior; y 4.- por último, la sentencia rechazaba la alegación del demandante acerca de la vulneración por la resolución impugnada art. 211 de la LUV , pues en el aludido informe pericial de Dª Virtudes , en que se fundaba dicha resolución, se recogía que la fachada no podía ser demolida y debía rehabilitarse en cualquier caso.

CUARTO

 En su escrito de apelación el apelante no impugna la desestimación por el Juzgado de las pretensiones que ejercitó en el punto 4 del suplico de su escrito de demanda. Abandona también el apelante las alegaciones que formuló en el proceso relativas a que el decreto de declaración de ruina del edificio no había tenido en cuenta la protección de la fachada. El objeto del presente recurso de apelación queda limitado, por consiguiente, a revisar la sentencia apelada en cuanto, a) desestima las pretensiones del recurrente de que se declare, de un lado, que el expediente administrativo de ruina no se tramitó por el Ayuntamiento con carácter contradictorio, y de otro, que el decreto de la Alcaldía-Presidencia de 27 de julio de 2007 recurrido no era firme; b) aprecia la existencia de situación legal de runa del edificio en cuestión; y c) no ha tomado en consideración que los propietarios de inmueble actuaron con mala fe, abuso de derecho y fraude de ley, al crear artificialmente la situación más favorable para solicitar la declaración de ruina.

Se oponen los apelados a las alegaciones impugnatorias y pretensiones planteadas por el recurrente y sostienen, en síntesis, que la sentencia recurrida es ajustada a derecho.

QUINTO

 La solicitud del apelante de que se revoque la sentencia apelada en cuanto el Juzgador de instancia no se pronuncia sobre la pretensión que ejercitó en el punto 1 del suplico de su escrito de demanda -que se declarase que el expediente administrativo de ruina no había sido tramitado por el Ayuntamiento de Alicante con carácter contradictorio, al haberle privado éste indebidamente del trámite de audiencia- y que, en consecuencia, la Sala efectúe un pronunciamiento expreso acogiendo dicha pretensión, no puede prosperar, según se pasa a fundamentar a continuación.

Sostiene el apelante que ese pronunciamiento expreso sobre la ausencia de contradicción en el expediente de ruina le resulta decisivo, al igual que el otro pronunciamiento que asimismo insta acerca de la falta de firmeza del decreto de la Alcaldía-Presidencia de 27 de julio de 2007, a efectos de acreditar en vía civil la inexistencia de la causa de resolución del contrato de arrendamiento suscrito con los codemandados-apelados prevista en el art. 114. 10ª) de la derogada Ley de Arrendamientos Urbanos -“El contrato de arrendamiento urbano, lo sea de vivienda o de local, podrá resolverse a instancia del arrendador por alguna de las causas siguientes: 10ª) la declaración de ruina de la finca, acordada por resolución que no dé lugar a recurso y en expediente contradictorio tramitado ante la autoridad municipal, en el cual hubieren sido citados al tiempo de su iniciación todos los inquilinos y arrendatarios”-.

La sentencia apelada admite en su fundamentación jurídica que las citaciones practicadas por el Ayuntamiento a D. Rubén en su domicilio en cumplimiento del trámite exigido por el art. 210.3 de la LUV -“En las actuaciones se citará a los ocupantes legítimos de la construcción y a los titulares de derechos sobre ella que consten en los registros públicos…”- no se efectuaron en la forma dispuesta en el art. 59.2 de la Ley 30/1992 , lo que comportaba, a su vez, que no pudiera tenerse por válida la posterior citación edictal. Pero, como razona aquella sentencia, lo relevante a efectos de la litis es que esa defectuosa citación en vía administrativa al interesado no ocasionó a éste ninguna indefensión, por cuanto pudo interponer contra el decreto de la Alcaldía-Presidencia de 27 de julio de 2007 recurso contencioso-administrativo y alegar en sede jurisdiccional lo que estimó conveniente a su derecho, y proponer prueba pericial a fin de desvirtuar los informes técnicos obrantes en el expediente. Esta conclusión del Juzgado es compartida por la Sala, de conformidad con la reiterada jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que pone de relieve que la omisión del trámite de audiencia en sede administrativa no supone por sí misma -salvo, en su caso, en los procedimientos sancionadores- que se haya prescindido del procedimiento legalmente establecido, por lo que no resulta de aplicación la causa de nulidad de pleno derecho del acto administrativo contemplada en la letra e) del art. 62.1 de la Ley 30/1992 , sino que a tal omisión le es de aplicación de manera muy directa la previsión del apartado 2 del art. 63 de la misma Ley , que establece la anulabilidad de un acto por defecto de forma cuando éste dé lugar a la indefensión del interesado. Esa indefensión ha de ser real y efectiva, de manera que la mera invocación de infracciones formales, sin trascendencia real y material, no puede provocar la anulación por el órgano jurisdiccional del acto recurrido. La indefensión, en suma, ha de ser real y efectiva, esto es, para que exista indefensión determinante de la anulación del acto es preciso que el afectado se haya visto imposibilitado a resultas de la actuación administrativa de aducir en el proceso en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes (con excepción, según ha sido dicho, de los recursos contencioso-administrativos en los que se revise un acto dictado en un procedimiento administrativo sancionador, por serles de aplicación a los procedimientos sancionadores las garantías consagradas en el art. 24.2 CE ), conclusión que se ve corroborada en el orden práctico, pues ningún sentido tendría el cumplimiento del trámite omitido si una vez celebrado no se produjeran modificaciones reales en el expediente resuelto, lo que obliga, por tanto, a que se alegue, en términos razonables, qué hipotéticos efectos favorables para el recurrente se habrían producido de no haber tenido lugar el vicio formal alegado.

El apelante aduce que considera acertada y no combate esa fundamentación jurídica apuntada en la sentencia de instancia relativa a la ausencia de indefensión sufrida por él, pero insiste, a pesar de ello, en que la Sala efectúe un pronunciamiento expreso en el fallo de la sentencia que declare que el expediente administrativo de ruina no fue tramitado por el Ayuntamiento de Alicante con carácter contradictorio, al no haberle efectuado en legal forma la citación prevista en el art. 210.3 de la LUV . Pues bien, habiéndose recogido tanto en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia como en la presente sentencia, según ha sido ya expuesto, que las citaciones practicadas por el Ayuntamiento a D. Rubén no se llevaron a cabo en la forma establecida en el art. 59 de la Ley 30/1992 pero que, no obstante, dicho defecto formal no ocasión al recurrente ninguna indefensión real y efectiva, todo ello conduce, en definitiva, a la desestimación del motivo de impugnación planteado por aquél, por lo que en modo alguno puede reflejarse en el fallo de la sentencia como pronunciamiento estimatorio del recurso, habiéndose dado, por otra parte, cumplida respuesta por el órgano jurisdiccional a dicho motivo impugnatorio mediante la aludida fundamentación jurídica, respetándose así el principio de congruencia de la sentencia con lo pedido por la parte recurrente.

SEXTO

 Ha de ser asimismo desestimada la pretensión del apelante relativa a que el fallo de la sentencia efectúe también un pronunciamiento expreso que declare que el decreto de la Alcaldía-Presidencia de 27 de julio de 2007 recurrido por aquél en el proceso de instancia no era firme. El Juzgado a quo ya dictó auto en fecha 17 de marzo de 2009 rechazando la alegación previa formulada por los codemandados al amparo del art. 58.1 de la Ley 29/1998 mediante la que éstos solicitaban la inadmisión del recurso contencioso-administrativo por haber sido interpuesto extemporáneamente por el actor. Por consiguiente, habiéndose inadmitido el recurso por el Juzgado, es claro que el referido decreto de 27 de julio de 2007 era un acto definitivo que no había alcanzado firmeza en vía administrativa. Pero tampoco esta circunstancia ha de quedar reflejada en el fallo de la sentencia, sino que, a tenor del art. 69 de la precitada Ley 29/1998 , el pronunciamiento necesario que hubiera debido contener el fallo de la sentencia hubiera sido precisamente el contrario, es decir, la declaración de inadmisión del recurso por concurrir alguna de las causas previstas en ese precepto legal.

SÉPTIMO

 Pasando ya a examinar si, como considera la sentencia apelada, la declaración de ruina legal decretada por el Ayuntamiento apelado se ajustaba a los arts. 210 y 208 de la LUV , la Sala, a la vista de las alegaciones formuladas por las partes, y una vez examinado el expediente administrativo, las actuaciones de instancia y, especialmente, la prueba pericial practicada en esta apelación a propuesta de la parte apelante, estima acertados los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, que concluye que el coste de las reparaciones del edificio excedía del 50 por ciento del valor de construcción de un edificio de nueva planta de similares características.

El apelante sostiene, por el contrario, que no se dan las circunstancias para la declaración de ruina legal del inmueble. En este sentido alega que la sentencia de instancia ha efectuado una errónea valoración de la prueba, de un lado por cuanto los informes del arquitecto municipal obrantes en el expediente administrativo no poseen ningún valor probatorio porque carecen de motivación y, además, porque el técnico municipal no visitó el inmueble después de haber sido solicitada la declaración de ruina; y de otro, por cuanto el informe emitido por la arquitecta Dª Virtudes a instancia de la propiedad del inmueble va más allá del contenido del art. 210 de la LUV , ya que pretende una modernización del inmueble mediante la rehabilitación incluso de las partes del edificio no dañadas, en particular cuando aquella perito pone de relieve que es necesaria la sustitución de los forjados, los cuales, según señala el perito D. Desiderio , se encontraban en buen estado.

Pues bien, tales alegaciones del apelante han de ser rechazadas. En primer lugar, es cierto, como sostiene éste, que los informes del arquitecto municipal de 9 de febrero y 10 de julio de 2007 se limitan a dar por válido el informe emitido por la arquitecta Dª Virtudes , tanto en lo relativo a las patologías padecidas por el inmueble y las obras de reparación necesarias reflejadas por dicha perito como en cuanto a los costes de esas obras de reparación y de la edificación “a nuevo” del edificio. Es cierto también que el arquitecto municipal, según reconoció en su declaración judicial a presencia de las partes, no realizó para redactar los aludidos informes una inspección exhaustiva del edificio. Ello no obstante, consta en el expediente administrativo que en fecha 5 de octubre de 2006 sí realizó una detallada visita de inspección al inmueble a efectos de comprobar su estado de conservación, cuyo resultado reflejó en su informe de 13 de octubre siguiente; por ello, aun cuando este informe es anterior a la iniciación del procedimiento de declaración de ruina, no puede sostenerse que el técnico municipal careciera de datos suficientes acerca del estado del inmueble para emitir los expresados informes de 9 de febrero y 10 de julio de 2007 y, más en concreto, por lo que se refiere al estado que presentaban los forjados -cuestión a la que el apelante otorga una relevancia esencial para la resolución de la litis-, el arquitecto municipal puso de manifiesto en su declaración que comprobó que estaban dañados, porque al caminar sobre ellos temblaban, y que por ello ordenó a la propiedad su reparación.

Y en segundo lugar, carecen de razón los reparos que opone el apelante al dictamen emitido por la arquitecta de la propiedad Dª Virtudes . La crítica principal que formula aquél a este informe viene referida a la necesidad que se indica por la perito de sustitución de los forjados existentes por otros nuevos, sustitución que el recurrente considera innecesaria fundándose en que según su perito D. Desiderio las vigas de madera de dichos forjados se encontraban en buen estado. Sin embargo, basta la lectura del informe del mencionado perito Sr. Desiderio -documento nº 1 de los adjuntados por el actor con su demanda- para advertir en que esa afirmación del apelante no es cierta, pues dicho perito, al describir los daños que presentaba la estructura del edificio (que, según consta en el expediente, fue construido en el año 1920), señala expresamente que “algunas de las viguetas de madera, sobre todo en la planta cuarta, están afectadas por la humedad y, por consiguiente, se detecta putrefacción puntual en las cabezas de las viguetas recayentes al patio de luces, y bajo cubierta existe una zona apuntalada”. Esos daños en las viguetas quedan corroborados, además, en el precitado informe del arquitecto municipal de 13 de octubre de 2006 y, por añadidura, mediante el resultado del dictamen pericial elaborado en esta segunda instancia por el perito de designación judicial D. Raimundo , que especificó que “Con respecto al forjado, un porcentaje significativo de las viguetas de madera se encuentra afectado, bien por la humedad, bien por la carcoma, habiéndose necesaria la ejecución de una capa de compresión, ya que el tablero de rasillas cerámicas existente no se considera suficiente para asegurar la estabilidad estructural del dicho elemento”.

Por otra parte, la necesidad de sustitución de todos los forjados a resultas de los daños en las viguetas de madera quedó acreditada en el proceso de instancia mediante el dictamen de Dª Virtudes , que declaró que acometer la reparación de los mismos exigiría poner elementos de cohesión tales como una primera capa de compresión, con su mallazo, que generarían un peso mayor sobre la estructura y llevarían a tener que reforzar ésta. También el perito designado judicialmente a instancia del apelante, el citado D. Raimundo , se mostró conforme con la sustitución de los forjados, puesto que en su declaración a presencia judicial manifestó que quitar el suelo quedaba justificado si posteriormente se le iba a dar uso al edificio; lo que no es, en definitiva, sino lo que contempla el art. 210.1 de la LUV cuando señala que “Procede declarar la situación legal de ruina cuando el coste de las reparaciones necesarias para… restaurar en ella (en el edificio o construcción) las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo..”.

OCTAVO

 Aduce el apelante, de otro lado, que el Juzgado no tuvo en cuenta para declarar la situación de ruina legal del inmueble la influencia que tuvo en el coste de las obras de reparación el mayor coste derivado de la reconstrucción de todos aquellos elementos que fueron previamente demolidos por la propiedad en el interior de las viviendas, tales como la tabiquería interior de distribución, los falsos techos, y la red eléctrica o de agua. Añade el apelante que mediante la demolición de tales elementos los propietarios del edificio actuaron con mala fe, abuso de derecho y fraude de ley, porque crearon artificialmente la situación más favorable para solicitar la declaración de ruina.

Dicha cuestión, planteada por el actor en la primera instancia judicial y sobre la que no se pronunció el Juzgado, fue objeto de la prueba pericial practicada en esta apelación por el perito de designación judicial D. Raimundo , que indicó al respecto en su dictamen que “si descontáramos el importe de los mismos (de los elementos demolidos por la propiedad en el interior de las viviendas) el valor de las obras a realizar no sería mayor que la mitad del coste de reposición a nuevo del edificio”, y añadió, en cuanto a la existencia de razones técnicas que, para mantener la solidez del inmueble, pudieran ser justificativas de esa previa demolición, que “aparentemente, el estado de los forjados no era malo..”. Pero estas afirmaciones fueron después matizadas por aquel perito en su comparecencia a presencia judicial, manifestando que “están justificadas (las referidas demoliciones) si posteriormente se va a proceder a la rehabilitación del edificio evidentemente, si yo voy a rehabilitarlo para darle uso a ese edificio, pues necesito quitar las instalaciones, ponerlas nuevas, necesito tratar la madera… y para eso tengo que quitar la escayola del falso techo, etc, sí”, lo que remite de nuevo al art. 210.1 de la LUV cuando habla de reparaciones necesarias para restaurar en el edificio o construcción las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo. Pero es que, además, el propio perito del recurrente, D. Desiderio , reconoció en su declaración practicada en la primera instancia judicial, refiriéndose a las instalaciones demolidas en el interior de las viviendas, que “aunque no se hubieran demolido, sí habría que hacerlas nuevas”.

A la vista de lo anterior, deviene innecesario un pronunciamiento de la Sala acerca de si los aludidos elementos e instalaciones existentes en el interior de las viviendas fueron demolidos deliberadamente por la propiedad con la intención de propiciar la declaración de ruina legal del edificio.

NOVENO

 En cuanto a si el coste de las obras de reparación antecitadas superaba o no la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente y realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación – art. 208.3 de la LUV -, ha de estarse en este punto, como asó apreció el Juzgado de instancia, al dictamen de la perito Dª Virtudes , que contempla todas esas obras de reparación y que contiene un detallado desglose de las partidas de obra y los presupuestos de ejecución material de las mismas, así como del cálculo del PEM de la nueva construcción, concluyendo la perito que con el método utilizado para establecer el valor medio de la construcción, y con la solución de reparación por ella propuesta, el coste de las obras de reparación del edificio llegaba al 89% del valor de la construcción a nuevo. Este porcentaje fue corregido por la propia perito en su posterior informe de 16 de abril de 2009 -aportado en el proceso de instancia por los codemandados con su escrito de contestación a la demanda-, eliminando del coste total de las obras de reparación la partida correspondiente a la instalación del ascensor, por considerarla una mejora, concluyendo aun así la perito que el valor de reparación del edificio supondría un 63% del valor de la construcción a nuevo.

La prevalencia probatoria otorgada al dictamen de la mencionada perito Dª Virtudes frente a los restantes informes técnicos viene dada por las siguientes circunstancias: 1.- tanto el informe de D. Desiderio como el redactado por el perito de designación judicial refieren los precios de las partidas de obra a los años 2008 y 2011, respectivamente, en lugar de a la fecha de inicio del expediente de declaración de ruina -año 2006-, como así hizo con acierto aquella perito; y 2.- además, el aludido perito D. Desiderio no recoge en su dictamen todas las obras de reparación indicadas en los fundamentos jurídicos precedentes de esta sentencia, ni efectúa un desglose de los precios totales de las partidas que enumera, ni contiene mediciones de los elementos de obra, ni especificación de precios unitarios y, por añadidura, incrementa el importe del PEM de la obra nueva reflejado por la perito Sra. Virtudes en su informe mediante la aplicación de un coeficiente corrector en concepto de complejidad en la ejecución de las obras derivada de la necesidad de conservar la fachada y de la ubicación del edificio entre calles estrechas que fija en un 30%, sin que justifique la razón de ese porcentaje y no de otro distinto, y sin que por otra parte lo aplique también, como hubiera sido lo lógico, al valor de las obras de reparación del inmueble.

De conformidad con todo lo fundamentado, considera la Sala que la valoración de la prueba que lleva a cabo el Juzgado de instancia se ajusta a las reglas de la sana crítica según el art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , lo que no significa otra cosa sino que las conclusiones de los peritos deben ser examinadas por los órganos judiciales depurando sus razonamiento y ponderándolos atendiendo a su fuerza convincente. En el mismo sentido que el Juzgador de instancia, entiende la Sala que resulta ajustada a derecho la declaración de la situación legal de ruina del edificio en cuestión decretada por el Ayuntamiento de Alicante, al haber quedado debidamente acreditado, en la forma expuesta, que el coste de las reparaciones necesarias para restaurar en ese edificio las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo supera la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente, realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación – arts. 208 y 210 de la LUV , actualmente derogada pero aplicable por razones temporales al caso de autos-.

Procede, resultas de todo lo fundamentado, la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia recurrida.

DÉCIMO

 Cabe hacer una última consideración para rechazar las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento apelado en torno a la nulidad de la prueba pericial practicada por el perito designado por la Sala en la presente apelación a propuesta del apelante. Aduce el Ayuntamiento que la referida prueba se practicó sin respetar las determinaciones del art. 345 de la LEC , por cuanto en la visita al inmueble que realizó el perito estuvieron presentes el apelante y la otra parte apelada, sin que el perito diera aviso al Ayuntamiento de Alicante. Pues bien, esa irregularidad formal en la realización de la expresada prueba pericial, no cuestionada por las demás partes procesales, no invalida el resulta de dicha prueba, pues el Ayuntamiento no argumenta qué indefensión real y efectiva le ocasionó en la defensa de sus derechos e intereses la invocada irregularidad y, además, esa hipotética indefensión habría quedado en todo caso suprimida mediante la intervención que tuvo el letrado municipal en la declaración del perito a presencia judicial. Resulta conveniente la cita en este punto de la STS 3ª, Sección 5ª, de 4 de abril de 2014 -recurso de casación número 5111/2011 -, que en un supuesto de extensión de los efectos de una prueba pericial practicada en otro proceso en el que una de las partes -la Generalitat Valenciana- ni siquiera había sido oída acerca de la procedencia de esa prueba ni sobre su objeto, declaró que “nada impedía que la Sala convocase a las partes y al técnico autor del informe a una comparecencia en la que aquéllas pudiesen pedir a éste los datos y aclaraciones que estimasen procedentes. Con ello se habría enervado la indefensión de la Administración autonómica”.

UNDÉCIMO

 En virtud de lo establecido en el art. 139.2 de la Ley 29/1998 , no procede hacer expresa imposición de costas procesales a la apelante, a pesar de la desestimación del recurso de apelación, al haber tomado la Sala en consideración para efectuar ese pronunciamiento desestimatorio el resultado de la prueba pericial practicada en esta segunda instancia que no fue admitida en su día por el Juzgado de instancia.

Vistos los preceptos legales antecitados, concordantes y demás de general aplicación,

  • FALLAMOS

1

Desestimar el recurso de apelación número 212/2011, interpuesto por D. Rubén D. Rubén contra la sentencia nº 377/10, de 6 de octubre de 2010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Alicante en el recurso contencioso-administrativo ordinario número 432/2008 seguido ante ese Juzgado, que se confirma.

2

No hacer expresa imposición de costas procesales causadas en esta segunda instancia.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso de apelación, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como Secretaria de la misma, certifico.

 

 

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Aquesta entrada ha esta publicada en Ruina. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.