Protegit: AMENÓS.-Recensión a DE LORA: Lo sexual es político (y jurídico).-(II).

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Protegit: AMENÓS.-Recensión a DE LORA: Lo sexual es político (y jurídico).-(I)

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Pregunta 56 B.-Contratación pública y Covid-19.

Pregunta 56 B.-Contratación pública y Covid-19.

        1.-Ha sido contundente el golpetazo de la crisis sanitaria sobre la convocatoria, ejecución, gestión y responsabilidades en la contratación del sector público. De hecho, es un proceso que no ha concluido y respecto al cual sólo vamos a dar algunas pinceladas. Seguiremos aquí una ordenación en parte cronológica. Para dar mayor agilidad, eludiré a veces el número del precepto concreto que nos afecta. Cito ya, de entrada, las principales normas que utilizaré:

        a)RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

        b)RD-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (especialmente,  su art. 16).

        c)RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (especialmente, art. 34).

        d)RD-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (especialmente, art. 4).

*

        2.-La primera medida adoptada fue de carácter general: suspensión de términos e interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Ello afecta, de entrada, a la tramitación de contratos del sector público. Ahora bien, es cierto que tales entidades podían acordar motivadamente la continuación de los procedimientos administrativosreferidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, a que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”. Por ahí podría entrar, perfectamente, la elaboración de muchos expedientes conectados con la pandemia y sus consecuencias.

*

        3.-Aunque con algunos cambios normativos muy rápidos, la gran estrella de la fase álgida del Covid-19 ha sido la tramitación de emergencia. El RD-ley 7/2020 abre las compuertas y dispone que cualquier medida  directa o indirecta de las entidades del sector público para enfrentarse a la plaga ya justifica la tramitación de emergencia. Ustedes ya la conocen y saben que se regula en el art. 120 LCSP (me remito, pues, a la pregunta 52 de nuestro completísimo programa).

        La irrupción de la emergencia se completa con la atribución al Jefe de  la Misión o Representación Permanente (está al frente de la Embajada) de la formalización de contratos que tengan una ejecución total o parcial en el extranjero.

        Igualmente, se afloja el régimen de los abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista (es decir, se adelantan los pagos).

*

        4.-Celeridad: he ahí el objetivo de las pautas que hemos visto en el punto 3.-.Para evitar abusos, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa recordó que, en la medida de lo posible, deberían mantenerse los siguientes principios:

        a)Publicidad y transparencia.

        b)Formalización del contrato y documentación del expediente.

        c)Justificación de la emergencia. Estamos ante una circunstancia acotada al tiempo estrictamente indispensable y también vinculada a objetivos contractuales conectados con el COVID-19. Ahora bien, esto último no es de fácil delimitación (pues podría cubrir desde la compra de ordenadores para el trabajo remoto hasta el aumento de dotaciones y medios en las fuerzas y cuerpos de seguridad).

*

        5.-Los días fueron pasando y el factum principis se hizo efectivo. Esto es, una decisión de la Administración Pública –la declaración del estado de alarma- impedía la efectiva ejecución de los contratos. Además de ello, es probable que algunos contratistas estuvieran pensando en el riesgo imprevisible para excusar su incumplimiento.

        Ahora bien, el art. 34 del Decreto-Ley 8/2020 vino en su socorro y arbitró algunas medidas inspirándose en el principio de conservación del contrato. En síntesis, observamos la siguiente subdivisión:

        a)Medidas en relación a los contratos públicos de servicios y suministros.

        b)Medidas en torno a los contratos de obras.

        c)Medidas respecto a la concesión de obras y a la concesión de servicios.

        Veámoslo sucintamente.

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        6.- a)Respecto a los contratos públicos de servicios y de suministros se dispone lo siguiente:

                a.1) La suspensión total o parcial del contrato si su ejecución deviniese imposible. El órgano de contratación notificará al contratista el fin de la suspensión cuando la prestación ya pueda reanudarse.

                a.2) Si la ejecución del contrato ha quedado totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora abonará al contratista ciertos daños y perjuicios efectivamente sufridos durante el período de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad y cuantía.

        Obsérvese que la ley es restrictiva respecto a los daños indemnizables. Así, por ejemplo, se prevé el pago como indemnización de los gastos salariales, salvo que puedan aplicarse las reglas del permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo. En tal caso, este pago de los salarios no sería una indemnización, sino un abono a cuenta respecto al precio final. Obsérvese, pues, que la Administración garantiza la liquidez del contratista en este aspecto.

        También cubre la Administración, por ejemplo, los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al período de suspensión del contrato (salvo que se emplearen para fines distintos).

                a.3)Evidentemente, en  muchos casos no será necesario entrar en un procedimiento de valoración y acreditación de daños. Simplemente, se habrá producido una demora. En tal caso, se dispone la ampliación de plazos si el contratista ofrece el cumplimiento de sus compromisos.

        b)Respecto a los contratos de obras, también se estipula la suspensión ante la imposibilidad de ejecución del contrato o la prórroga en el plazo de entrega final.

        Igualmente, la Administración Pública indemnizará ciertos gastos producidos durante el período de ejecución. Por ejemplo, gastos salariales,; alquileres o costes de mantenimiento de la maquinaria, instalaciones y equipos; pólizas de seguros previstas en el pliego y vinculados al objeto del contrato; etc.

        c)En relación a los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios, la ley establece un criterio más general y generoso y atribuye al contratista el derecho el derecho de restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la ampliación de su duración inicial o la modificación de otras cláusulas.

*

        7.Como vemos, se trata de dos conjuntos de medidas:

                -Permitir la suspensión y/o demora en el cumplimiento.

                -Cubrir con una indemnización ciertos gastos derivados de las medidas adoptadas (factum principis) o de la propia situación de riesgo imprevisible.

        Todo esto no rige, no obstante, para ciertos contratos que deben continuar su ejecución en los términos ya establecidos. Por ejemplo, contratos de servicios o de suministros sanitarios o farmacéuticos, determinados contratos de servicios de seguridad, de limpieza o de mantenimiento de servicios informáticos, etc. Es decir, se trata de objetos vinculados a la lucha contra el Covid-19 y al mantenimiento de servicios esenciales que no pueden paralizarse.

***

 

 

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Protegit: Notas para aclararse en el magma de las corrientes feministas (III). El libro de Pablo de Lora (I).

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Protegit: Notas para aclararse en el magma de las corrientes feministas (II).-El añejo sector reticente.

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Protegit: Notas para aclararse en el magma de las corrientes feministas (I). Las preguntas.

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RJCA\2015\385:orden de realización de obras de arreglo y reparación de muros exteriores: procedencia: adopción de medidas urgentes

Tribunal Superior de Justicia

 

TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia num. 33/2015 de 28 enero

 

RJCA\2015\385

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID: Suelo y ordenación urbana-urbanismo: orden de realización de obras de arreglo y reparación de muros exteriores: procedencia: adopción de medidas urgentes tendentes a evitar daños graves a las personas y cosas: límites: deber legal de conservación: alcance.

ECLI:ECLI:ES:TSJM:2015:2648

Jurisdicción:Contencioso-Administrativa

Recurso de Apelación 804/2013

Ponente:Ilmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Madrid dictó Sentencia, en fecha13-02-2013, estimatoria del recurso deducido contra un Decreto del Gerente del Distrito de Tetuán de22-01-2010, en materia de urbanismo.

El TSJ de Madrid estima el recurso de apelación interpuesto.

 Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

 Sección Segunda C/ General Castaños, 1 – 28004

33010310

 NIG: 28.079.45.3-2010/0009836

 ROLLO DE APELACION Nº 804/2.013

SENTENCIA Nº 33/2015

—-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

—-

Ilustrísimos Señores:

Presidente:

  1. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

  1. José Daniel Sanz Heredero

Dª Elvira Adoración Rodríguez Martí

  1. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

En la Villa de Madrid a veintiocho de enero de dos mil quince.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Rollo de Apelación número 804 de 2013 dimanante

del Procedimiento Ordinario número 31 de 2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Ayuntamiento de Madrid asistido y representado por el Letrado Consistorial Don Antonio Cabrero Martínez y por Juan María , Letrado, representado por la Procuradora Doña María Del Rosario Martín-Borja Rodríguez contra la Sentencia dictada en el mismo. Han sido parte la apelante y como apelada la «Comunidad de Propietarios del inmueble sito en la CALLE000 nº NUM000 de Madrid» representada inicialmente por la Procuradora Doña María Eva de Guinea Ruenes y posteriormente por la Procuradora Doña Marta Cendra Guinea y asistido por el Letrado Don Daniel Arjona Villanueva.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- El día 13 de febrero de 2013, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid en el Procedimiento Ordinario número 31 de 2010 dictó Sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: « Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto la Procuradora Dª Mª Eva de Guinea Ruenes en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios de CALLE000 N° NUM000 contra el Decreto de 22-1-10 del Gerente del Distrito de Tetuán (Ayuntamiento de Madrid) que desestimó el recurso de reposición interpuesto por la hoy actora contra resolución del Gerente del Distrito de Tetuán de 27-8-09 por la que se ordenaba la realización de obras consistentes en el arreglo y reparación de los muros exteriores, así como la impermeabilización de los mismos en aras a satisfacer el deber de conservación, en relación con la finca sita en CALLE000 n° NUM000 de Madrid (Expte. NUM001 ) Declaro la disconformidad a Derecho de la resolución impugnada y en consecuencia la anulo.- Sin hacer expresa condena en costas. Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en dos efecto Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACION, que se admitirá en dos efectos y que se interpondrá ante éste Juzgado por medio de un escrito presentado en el plazo de quince días, contados desde el siguiente a su notificación, para su resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En caso de recurrirse por parte no exenta de pago, se deberá realizar previamente depósito de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 15 de la LO 6/1985 , de 1 de Julio LOPJ , en la redacción dada por art 1.19 LO 1/2009 . Al notificarse la resolución a las partes, se indicará la forma de efectuarlo, por escrito ante este juzgado en el plazo de quince días desde su notificación. Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»

 SEGUNDO.- Por escrito presentado el día 21 de marzo de 2.013 el Letrado Consistorial Don Antonio Cabrero Martínez en nombre y representación del Ayuntamiento de Madrid interpuso recurso de apelación contra la citada resolución formulando los motivos de impugnación frente a la resolución recurrida y terminó solicitando que tener por interpuesto, en tiempo y forma recurso de apelación contra la Sentencia nº 41/13, de 13 de febrero de 2013 , y en su día, y previos los trámites procesales oportunos, acuerde elevar las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, solicitando de esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que previos los trámites oportunos, dicte Sentencia en la que se revoque íntegramente la que se impugna, y se declare ajustada a Derecho la resolución administrativa atacada de contrario.

 TERCERO.- Por escrito presentado el 25 de marzo de 2013 la Procuradora Doña María Del Rosario Martín-Borja Rodríguez en nombre y representación de Juan María , interpuso recurso de apelación contra la citada resolución formulando los motivos de impugnación frente a la resolución recurrida y terminó solicitando tener por interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia n° 41/13, de 13 de febrero de 2013 , y en su día, y previos los trámites procesales oportunos, acuerde elevar las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, del que solicitaba tener por recibido el presente Recurso de Apelación, lo admita y, previos los trámites oportunos, dicte Sentencia en la que se revoque íntegramente la que se impugna, y se declare ajustada a Derecho la resolución administrativa atacada de contrario, con expresa condena en costas.

 CUARTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 22 de marzo de 2.013 se admitió a trámite el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid y se acordó dar traslado del mismo a la parte demandada, presentándose por la Procuradora Doña María Eva de Guinea Ruenes en nombre y representación de la «Comunidad de Propietarios del inmueble sito en la CALLE000 nº NUM000 de Madrid» escrito el día 23 de abril de 2.013 formulando oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario con base en las alegaciones que tuvo por conveniente se opuso al mismo y solicitó teniendo por formalizado en tiempo y forma escrito de oposición al recurso de apelación presentado de contrario y, previos los trámites oportunos, remita los autos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que suplico se desestime el recurso de apelación y se confirme la sentencia apelada, con expresa imposición de costas a la recurrente.

 QUINTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 24 de abril de 2.013 se admitió a trámite el recurso interpuesto por la representación de Juan María , y se acordó dar traslado del mismo a la parte demandada, presentándose por la Procuradora Doña María Eva de Guinea Ruenes en nombre y representación de la «Comunidad de Propietarios del inmueble sito en la CALLE000 nº NUM000 de Madrid» escrito el día 23 de abril de 2.013 formulando oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario con base en las alegaciones que tuvo por conveniente se opuso al mismo y solicitó teniendo por formalizado en tiempo y forma escrito de oposición al recurso de apelación presentado de contrario y, previos los trámites oportunos, remita los autos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que suplico se desestime el recurso de apelación y se confirme la sentencia apelada, con expresa imposición de costas a la recurrente.

 SEXTO.- Por diligencia de ordenación de 31 de Julio de 2.013 se elevaron las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta sección segunda, siendo designado Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez, señalándose el día 22 de enero de 2015 para la deliberación votación y fallo del recurso de apelación, día y hora en que tuvo lugar.

 SÉPTIMO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones de los artículos 80.3 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1.998 .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

 Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 26 de Octubre de 1.998 el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia – Sentencias de 24 de noviembre de 1987 , 5 de diciembre de 1988 , 20 de diciembre de 1989 , 5 de julio de 1991 , 14 de abril de 1993 , etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal “ad quem” la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los limites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo. Así pues, los recursos de apelación deben contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la sentencia de instancia. En este sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de abril y 14 de junio de 1991 , indican que el recurso de apelación no tiene por objeto reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo, sino revisar la Sentencia que se pronunció sobre ello, es decir, la depuración de un resultado procesal obtenido con anterioridad, por lo que el escrito de alegaciones del apelante ha de ser, precisamente, una crítica de la Sentencia impugnada con la que se fundamente la pretensión revocatoria que integra el proceso de apelación , de suerte que, si esa crítica se omite, se priva al Tribunal ad quem del necesario conocimiento de los motivos por los que dicha parte considera a la decisión judicial jurídicamente vulnerable, sin que se pueda suplir tal omisión ni eludir la obligada confirmación de la Sentencia por otro procedimiento, ya que la revisión de ésta no puede “hacerse de oficio por el Tribunal competente para conocer del recurso “. Sin embargo el incumplimiento de dichos requisitos no constituye causa de inadmisión del recurso de apelación sino de desestimación.

SEGUNDO

 Por tanto, el enjuiciamiento de esta Sala debe limitarse al estudio de los motivos alegados por la recurrente sin extender su enjuiciamiento a otros que fueron objeto de discusión y debate en la instancia. Según establece el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio , por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo en su exposición de motivos por razones tanto conceptuales como competenciales, la primera materia específica de que se ocupa la Ley es la del estatuto de derechos y deberes de los sujetos afectados, a los que dedica su Título I, y que inspiran directa o indirectamente todo el resto del articulado. Con este objeto, se definen tres estatutos subjetivos básicos que cabe percibir como tres círculos concéntricos: Primero, el de la ciudadanía en general en relación con el suelo y la vivienda, que incluye derechos y deberes de orden socio-económico y medioambiental de toda persona con independencia de cuáles sean su actividad o su patrimonio, es decir, en el entendimiento de la ciudadanía como un estatuto de la persona que asegure su disfrute en libertad del medio en el que vive, su participación en la organización de dicho medio y su acceso igualitario a las dotaciones, servicios y espacios colectivos que demandan la calidad y cohesión del mismo. Por ello el artículo 9 del citado Real Decreto Legislativo 2/2008 define el contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas estableciendo que el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística; conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este deber constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios, cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, corriendo a cargo de los fondos de ésta las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general. En la actualidad y tras la reforma de dicho precepto por la Ley 8/2013, de 26 de junio , de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas la redacción del mismo es la siguiente el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística y conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso, y en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles, así como realizar obras adicionales por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este deber, que constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, se establece en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. Cuando se supere dicho límite, correrán a cargo de los fondos de aquella Administración, las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general.

TERCERO

 E l artículo 168 de la Ley 9/2001, de 17 de julio , del Suelo de la Comunidad de Madrid , establece que Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. El deber de los propietarios de construcciones y edificios alcanza hasta el importe de los trabajos y obras que no rebase el límite del contenido normal de aquél, representado por la mitad del valor de un edificio o construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinada al uso que le sea propio. Cuando el Ayuntamiento ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de conservación o rehabilitación que excedan del referido límite, éste podrá requerir de aquélla que sufrague el exceso. En todo caso, el Ayuntamiento podrá establecer: a) Ayudas públicas, en las condiciones que estime oportunas, mediante convenio, en el que podrá disponerse la explotación conjunta del inmueble. b) Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias. Para garantizar el cumplimiento de dicho deber el artículo 169 de Ley regula la Inspección periódica de edificios y construcciones estableciendo que los propietarios de construcciones y edificios de antigüedad superior a treinta años deberán encomendar a un técnico facultativo competente o, en su caso, a entidades de inspección técnica homologadas y registradas por la Consejería competente en materia de ordenación urbanística, cada diez años, la realización de una inspección dirigida a determinar el estado de conservación y las obras de conservación o, en su caso, rehabilitación que fueran precisas. Estos plazos podrán revisarse por Decreto del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los informes de las entidades de inspección técnica a que se refiere el número anterior deberán estar autorizados por técnico legalmente habilitado para ello. Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán consignar el resultado de la inspección, con descripción de: a) Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas recomendadas, en su caso priorizadas, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar las condiciones de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la construcción o edificación. b) El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras realizados para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el o, en su caso, los informes técnicos de las inspecciones anteriores. La eficacia, a efectos administrativos, de los informes técnicos requerirá la presentación de copia de los mismos en el Ayuntamiento dentro del mes siguiente al vencimiento del período decenal correspondiente.. Los Ayuntamientos podrán requerir de los propietarios la exhibición de los informes técnicos resultantes de las inspecciones periódicas y, caso de comprobar que éstas no se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados. Los informes técnicos a que se refiere este artículo podrán servir de base para el dictado de órdenes de ejecución de obras. Los Ayuntamientos deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación o conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deterioradas o en condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración actuante para adoptar cualquiera de estas medidas: a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de conservación. b) Imposición de las sanciones previstas en la presente Ley. c) Subsidiariamente, la Administración actuante podrá declarar en situación de ejecución por sustitución el inmueble correspondiente, sin necesidad de su inclusión en área delimitada al efecto, para la aplicación del régimen de ejecución mediante sustitución del propietario d) Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad.

CUARTO

 Y como indicamos en la Sentencia dictada 19 de Noviembre de 2014 dictada en el recurso de apelación 613/2013 (Roj: CENDOJ STSJ M 14120/2014 – ECLI:ES:TSJM:2014:14120) A este respecto, podemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2001 rec. 7088/1998 , según la cual: ” Las órdenes de ejecución de los arts. 181.2 y 182.1 del TRLS de 1976 sirven a las potestades municipales de intervención de los actos de edificación y uso del suelo respecto de la conservación de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y edificios, para mantenerlos en una situación idónea de conservación (art. 245.1 TRLRS) sin alcanzar, desde luego, a un supuesto de reordenación del inmueble que excede de su conservación, como el que aquí se contempla. La policía administrativa sobre las edificaciones no se limita a las licencias urbanísticas necesarias para alzarlas y ocuparlas sino que se prorroga en el tiempo, tras la conclusión de las obras al amparo de una licencia no caducada y conforme a la ordenación urbanística, mediante la exigencia de los deberes de conservación adecuada de los edificios, que acompañan como deber a las facultades de su uso y disfrute que comprende el derecho de propiedad conforme al art. 348 del Código civil ( sentencias de 6 de noviembre de 2000 , 5 de diciembre de 1997 y 12 de septiembre de 1997 ). El art. 21.1 del TRLRS establece que los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos al uso establecido en cada caso por el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, previniendo riesgos para las personas o las cosas, salubridad para que no atenten a la salud e higiene y ornato públicos, para que no perjudiquen lo que se ha llamado la “imagen urbana” ( sentencias de 30 de diciembre de 1989 y 27 de febrero de 1990 ). Nace así la potestad correlativa de los Ayuntamientos o otros órganos competentes legalmente para dictar órdenes de ejecución que garanticen la seguridad, salubridad y ornato de las construcciones, constituyendo, como expresa el art. 5, apartado c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales , órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo “.

 Como presupuestos necesario e imprescindible para la validez y eficacia de toda orden de ejecución de obras se constituye la previa concreción de las obras a realizar y su valoración, en la medida de lo racionalmente posible y previsible. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1997 , rec. 13871/1991 , nos indica que:

 ” No obstante las indiscutibles facultades de la autoridad municipal para imponer la realización de obras o actividades que garanticen la salubridad y ornato público de las edificaciones o solares en virtud de lo dispuesto en el art. 181.1 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 y el art. 10 del Reglamento de Planeamiento , la jurisprudencia ha reiterado con unánime criterio – s.s. 31-7-89 , 27-9-89 , 2-1-92 etc.- la necesidad de detallar o concretar las obras o tareas a realizar, no resultando suficiente las declaraciones genéricas dado que esos mandatos exigen el requisito de la previa concreción del contenido de lo ordenado y su presupuesto en la medida de lo racionalmente posible y previsible que -con el requerimiento y audiencia al interesado- constituye presupuesto necesario para la validez y eficacia de la orden de ejecución , toda vez que ello tiene también especial relevancia para el supuesto de que el interesado, en definitiva, opte por la ejecución subsidiaria municipal, en la cual la Administración ha de actuar con estricta sujeción a la ley y al derecho y por ende con los términos y contenido del mandato municipal en cuanto a la concreción de la obra o actividad fijada y a su presupuesto “.

 En parecidos términos se pronuncia la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 3 de marzo de 1998 , rec. 1316/1992 , que señala que: “(…) como tiene muy reiteradamente declarado esta Sala – Sentencias de 28 de noviembre de 1977 , 30 de octubre de 1981 , 20 de julio de 1987 , 18 de septiembre de 1989 , etc.- si bien es cierta la competencia municipal para dictar las disposiciones convenientes en orden a la policía urbana al igual que lo es la obligación de los propietarios de terrenos y edificaciones, de mantenerlos en condiciones de seguridad, solubridad y ornato público, facultades y obligaciones reconocidas e impuestas por el artículo 181 de la Ley del Suelo y 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística , no es menos evidente que la intervención de los Ayuntamientos en materias de policía urbana exigiendo al administrado el mantenimiento en condiciones de seguridad, solubridad y ornato público la edificación que le pertenezca, ha de ser como todo acto de intervención administrativa, congruente con los motivos y fines que lo justifiquen concretando el alcance del mandato que debe ser adecuado y proporcional al fin que persigue especificándose en el acuerdo administrativo que impone la orden de ejecución de tales obras, cuales hayan de ser las mismas con la descripción más detallada posible para el mejor cumplimiento por parte del obligado.

 El requisito de la previa concreción de las obras a realizar y su valoración, en la medida de lo racionalmente posible y previsible, junto con el requerimiento al interesado, constituye presupuesto necesario e imprescindible para la validez y eficacia jurídica de tal orden de ejecución “. Pudiendo citarse también la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2000 , rec. 6331/1994 , para la que ” en toda orden de ejecución de obras o actividad, la Administración ha de concretar al máximo posible la determinación y cuantificación de las mismas “.

QUINTO

 Es desde la anterior perspectiva desde la que han de analizarse las afirmaciones realizadas en las sentencia apelada que fundamenta su fallo indicando que Por otro lado, en el presente procedimiento, a través de los dos expedientes administrativos se acredita que al Ayuntamiento de Madrid le constaba que la Comunidad de Propietarios había presentado ya en 2006 acta de ITE desfavorable (expediente NUM002 ) entre otras cosas por deficiencias en la falta de revoco de las medianeras que produce humedades de capilaridad al interior (ver folio 6 expediente NUM002 ) y que la Comunidad acometió obras de reconstrucción de la red general de saneamiento, así como obras de rehabilitación por lo cual de acuerdo con Proyecto Técnico redactado por arquitecto firmándose el fin de obra el 12-3-08, lo que ya el 12-6-08 era conocido por la Administración (folio 71). Igualmente significar que entre la Comunidad de Propietarios y el Sr. Juan María se había seguido procedimiento civil en el que por sentencia firme se desestimó la demanda formulada por el Sr. Juan María contra la Comunidad de Propietarios hoy recurrente. En consecuencia, y de lo expuesto se puede decir que se encuentra acreditado que al Ayuntamiento le constaba que la Comunidad había realizado obras de rehabilitación del inmueble para subsanar deficiencias del Acta ITE habiendo finalizado las obras en marzo de 2008, lo que había sido puesto de manifiesto en el expediente Administrativo relativo a la ITE, y sin resolver en ese procedimiento lo que correspondiera incoa el expediente que nos ocupa (n° NUM001 ) y lo mantiene pese a acordarse por los técnicos del servicio municipal competente que no existían daños estructurales y que las humedades existentes en la vivienda del hoy recurrido no comprometen la seguridad estructural del edificio ni afectan a las condiciones de habitabilidad, siendo producidos por ascensión capilar de la humedad natural del terreno motivada por la tipología constructiva del edificio, (repárese que se trata de semisótano que por su altura está en situación de fuera de ordenación y que la edificación está construida sin impermeabilización) Tratándose la vivienda afectada propiedad del hoy recurrido de una vivienda cerrada desde hace muchos años que no mantiene condiciones de habitabilidad en el estado en que se encuentra ( revestimientos deteriorados, calas, picados y zancas por redes de saneamiento, no solado, no aparatos sanitarios, deficiente estado de conservación, etc.) Y existiendo conformidad entre los técnicos municipales en que las humedades de la propia vivienda mejorarían con el mantenimiento normal y la ventilación de la misma .Encontrándose la otra vivienda sita en el mismo bajo, en condiciones de habitabilidad mantenimiento y aireación normales lo que hace que no presente las humedades de la vivienda del correcurrido pese a tener las mismas condiciones constructivas y sin impermeabilización. (…) No es sino desde dicha perspectiva desde la que se ha de analizar la argumentación de la sentencia apelada que indica que Ante ello, hemos de concluir que la actuación administrativa recurrida no se enmarca dentro de los límites establecidos por la normativa señalada en el fundamento tercero de esta resolución. Existe un exceso en la determinación del Ayuntamiento dada la falta de elementos en lo actuado en el expediente administrativo que permitieran deducir que nos encontramos ante una situación de falta de actuación de un propietario que incumpla sus obligaciones de mantener la finca en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Del expediente no resulta que la propiedad de la Comunidad de Propietarios CALLE000 N° NUM000 hoy recurrente se encontrara en situación de incumplimiento de mantener los terrenos y construcciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. La aparición de las humedades se encontraba en la vivienda del correcurrido y debía ser ese propietario sobre el que debió recaer tal obligación, sin perjuicio de las acciones que le pudieran incumbir por supuestas actuaciones de tercero en pared medianera o elemento común del inmueble, actuaciones que son ajenas al deber urbanístico que el Ayuntamiento tiene y que fue mencionado anteriormente. Debiendo en el expediente abierto sobre la ITE del edificio resolver lo relativo a si las obras realizadas por la comunidad eran o no idóneas.

SEXTO

 Debe en primer lugar indicarse que la existencia de una ITE desfavorable resulta intrascendente, y también resulta intrascendente que como consecuencia de la misma se hayan realizado determinadas obras, dado que si no se solucionan aquellos defectos que afecten a la en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles, se mantiene la obligación del propietario el inmueble de proceder a realizar los trabajos que de mejora y rehabilitación tal y como indica el artículo 9 del texto refundido de la ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio , siendo el limite el alcance el deber legal de conservación, que no es otro que aquel que habilita la declaración de ruina. Este precepto en su redacción actual tras la entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 26 de junio , de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece que el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística y conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso, y en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles, así como realizar obras adicionales por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este deber, que constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, se establece en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. Cuando se supere dicho límite, correrán a cargo de los fondos de aquella Administración, las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general. (…) En particular, cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservación comprenderá, además , la realización de los trabajos y las obras necesarias para satisfacer, con carácter general, los requisitos básicos de la edificación establecidos en el artículo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre , de Ordenación de la Edificación , y para adaptarlas y actualizar sus instalaciones a las normas legales que les sean explícitamente exigibles en cada momento. Las obras adicionales para la mejora de la calidad y sostenibilidad a que hace referencia el párrafo primero de este apartado podrán consistir en la adecuación parcial o completa a todas, o a algunas de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la Edificación, debiendo fijar la Administración, de manera motivada, el nivel de calidad que deba ser alcanzado para cada una de ellas. Es cierto que la redacción original de dicho precepto indicaba que el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística; conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este deber constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios, cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, corriendo a cargo de los fondos de ésta las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general.

SÉPTIMO

 Resulta patente que con la actual redacción las obras ordenadas por el Ayuntamiento de Madrid se ajustan a los mandatos de la Ley pues se incluyen en el concepto de obras , necesarias para satisfacer, con carácter general, los requisitos básicos de la edificación establecidos en el artículo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre , de Ordenación de la Edificación . Pero también son obras que conformaban el deber de los propietarios, conforme a la redacción originaria de la texto refundido de la ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio , al tener la condición de obras de seguridad y salubridad pues afectan al arreglo y reparación de los muros exteriores, incluida la impermeabilización de los mismos pues es causa al menos concurrente de las humedades de la vivienda propiedad del apelante Juan María , sin perjuicio de que efectivamente la vivienda propiedad del hoy recurrido de se encontrara cerrada desde hace muchos años que no mantiene condiciones de habitabilidad en el estado en que se encuentra ( revestimientos deteriorados, calas, picados y zancas por redes de saneamiento, no solado, no aparatos sanitarios, deficiente estado de conservación, etc.). Es patente, sin necesidad de prueba alguna que la patología de patología estructural en los muros de carga estructurales del edificio medianeros con los edificios de las Calles Carlos Rubio 5 y Tenerife 11, así como en el muro de carga estructural de la fachada principal, encontrándose varias zonas en las cuales zonas los ladrillos silíceo calcáreos que lo forman y sus morteros de agarre están disgregados, existiendo bastantes ladrillos que han perdido su sección y masa, y otros están empezando a disgregarse, existiendo un claro deterioro progresivo del ladrillo y de su mortero de agarre, a la que se refiere la sentencia de instancia, y que puede observarse en las fotografías obrantes en los autos, y dichas obras que comprometen la estabilidad futura del edificio se encuentran en las que el artículo 9 de la texto refundido de la ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio en su redacción originaria contemplaba, dentro de los conceptos antes indicados de seguridad y salubridad, pero además la Ley establece que las obras pueden consistir en la realización de los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación , y no cabe duda que las mismas son perfectamente incluibles en los conceptos de mejora y conservación, y por lo tanto su realización es exigible, aunque las obras de impermeabilización requeridas supongan dotar a la finca de unos elementos con los que no fue construida hace más de 51 años, pues conforme a la Ley estos elementos son exigibles aunque en el momento de la construcción el edificio no contara con ellos siempre que no se supere el límite del deber legal de conservación en en la Comunidad de Madrid se establece en el artículo 171 de la Ley Territorial de Madrid 9/2001 de 17 julio 2001 del suelo de Madrid, y que se establece en la mitad del valor de un edificio o construcción de nueva planta con similares características e igual superficie útil que la existente, excluido el valor del suelo, si bien acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de al menos los informes técnicos correspondientes a las dos últimas inspecciones periódicas, se sume el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones al de las que deban ejecutarse. No consta en el presente caso que se haya alcanzado el limite del deber legal de conservación que además obligaría a declarar la ruina del edificio.

OCTAVO

 Debe además señalarse que conforme al artículo 2.2.5. de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 17 de Abril de 1.997 se consideran contenidas en el deber de conservación regulado: a) Las actuaciones que tengan por objeto mantener los terrenos, urbanizaciones, edificios, carteles e instalaciones en estado de seguridad, salubridad y ornato público. En tales actuaciones se incluirán, en todo caso, las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de tales elementos o instalaciones. Estas condiciones se concretan en el artículo 2.2.6.2 de normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 12 de Junio de 1997 En construcciones: a) Condiciones de seguridad: las Edificaciones deberán mantenerse, en sus cerramientos y cubiertas estancas, al paso del agua, contar con la protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse, asimismo, los materiales de revestimiento de fachadas, cubiertas y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes . b) Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores o animales vagabundos que puedan ser causa de infecciones o peligro para las personas. Conservarán en buen estado de funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos y partículas. c) Condiciones de ornato: La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. Si el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 12 de Junio de 1997 establece que l os elementos de su estructura deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse, asimismo, los materiales de revestimiento de fachadas, cubiertas y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes, no cabe duda que las obras ordenadas se incluyen en dicho concepto. Por tanto ha de estimarse el recurso de apelación pues como indica el Letrado Consistorial del Ayuntamiento de Madrid que reconoce una discrepancia entre técnicos acerca de si las deficiencias observadas y derivadas de la aparición de humedades por capilaridad en muros exteriores, lo cierto es que el desacuerdo acerca de tales deficiencias se refiere a si se trata de daños estructurales o no, cuestión quie deviene intrascendente dada la obligación de acometer trabajos de mejora y rehabilitación , conforme al artículo 9 de texto refundido de la ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio en su redacción originaria por ello y como indica el Letrado Consistorial del Ayuntamiento de los daños están acreditados y así el objeto de litis es la orden de ejecución de obras de arreglo, reparación e impermeabilización de muros exteriores, los cuales tienen naturaleza de bien común, tanto los de sustentación o carga como los divisorios entre inmuebles colindantes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1980 , 9 de mayo de 1983 , y 22 de octubre de 1993 , entre otras).Es indiscutido él carácter de muros exteriores de los elementos donde han aparecido humedades por capilaridad aun cuando una cara interior de los mismos dé al inmueble sito en el bajo (semisótano) del Sr. Juan María , codemandado en este procedimiento. Así pues, independientemente de la obligación que pueda tener éste de conservar su vivienda desde el interior, la aparición de humedades por capilaridad cuyo origen, según coinciden los técnicos, es el subsuelo y se debe a una impermeabilización insuficiente (pese a haberse seguido el estilo constructivo habitual en el año en que se edificó el bloque). Esto conlleva la necesidad de que la comunidad de propietarios adopte las medidas necesarias para reparar las citadas humedades, cuando menos en la parte exterior de los muros . En conclusión , no cabe duda que los daños causados por humedades existen., que se localizan en muros exteriores y tienen trascendencia, asimismo, hacia el interior, afectando la vivienda del bajo, en la que también podría apreciarse de forma concurrente pero no excluyente el incumplimiento del deber de conservación. Ha de estimarse el recurso de apelación.

NOVENO

 De conformidad con el artículo 139 de de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa en segunda instancia se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. Al estimarse el recurso no procede la imposición de costas a ninguna de las partes. Y respecto de las costas de primera instancia de conformidad con el apartado 1º de dicho precepto en su redacción vigente al tiempo de interponerse el recurso contencioso-administrativo (anterior a la establecida por establecida por la Ley 37/2011 ) considerando la Sala que no es de apreciar temeridad ni mala fe, es por lo que no procede formular expresa condena en costas en dicha primera instancia.

Vistas las disposiciones legales citadas

FALLAMOS

 QUE ESTIMAMOS LOS RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el Letrado Consistorial Ayuntamiento de Madrid y por la Procuradora Doña María Del Rosario Martín-Borja Rodríguez en nombre y representación de Juan María , y REVOCAMOS la Sentencia dictada el día 13 de febrero de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid en el Procedimiento Ordinario número 31 de 2010 y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto la Procuradora doña María Eva de Guinea Ruenes en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios de CALLE000 número contra el Decreto de 22 de enero de 2010 del Gerente del Distrito de Tetuán (Ayuntamiento de Madrid) que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra resolución de 27 de agosto de 2009 por la que se ordenaba la realización de obras consistentes en el arreglo y reparación de los muros exteriores, así como la impermeabilización de los mismos en aras a satisfacer el deber de conservación, en relación con la finca sita en CALLE000 número NUM000 de Madrid (Expte. NUM001 ), sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en primera y segunda instancia por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes lo serán por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno y verificado remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución, en su caso.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente Juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

  1. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

 

 

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JUR\2015\11177 EDIFICACIONES RUINOSAS: Circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demolición del inmueble: gastos en que incurra el Ayuntamiento por razón de las medidas adoptadas

Tribunal Superior de Justicia

 

TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencia num. 979/2014 de 12 noviembre

 

JUR\2015\11177

EDIFICACIONES RUINOSAS: Circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demolición del inmueble: gastos en que incurra el Ayuntamiento por razón de las medidas adoptadas: repercusión al propietario o propietarios hasta el límite del deber normal de conservación: procedencia.

ECLI:ECLI:ES:TSJM:2014:13480

Jurisdicción:Contencioso-Administrativa

Recurso de Apelación 750/2013

Ponente:Ilmo. Sr. D. Miguel Angel García Alonso

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

 Sección Segunda C/ General Castaños, 1 – 28004

33010310

 NIG: 28.079.45.3-2011/0039025

 RECURSO DE APELACIÓN nº 750 /2013

SENTENCIA nº 979

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

 SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

 SECCIÓN SEGUNDA

—————–

 Iltmos Señores:

 Presidente.

  1. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

 Magistrados:

  1. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

  1. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

—————–

En la Villa de Madrid, a 12 de noviembre de 2.014.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, constituida en Sección por los Señores anotados al margen, el Recurso de Apelación nº 750/2013, interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por el Letrado de sus servicios jurídicos, contra la Sentencia de fecha 12 de marzo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario nº 200/11, que estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra la resolución dictada por el Coordinador General de Gestión Urbanística y Obras del Ayuntamiento de Madrid el 20 de septiembre de 2011, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 1 de marzo de 2011 en el expediente administrativo 711/2010/19719.

Siendo parte apelada la entidad “ALDESA NUEVO MADRID, S.L.”, representada por la Procuradora Doña Dolores de la Plata Corbacho.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- Notificada la sentencia referida, cuyo fallo estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto, la representación del Ayuntamiento citado interpuso recurso de apelación en el plazo de los quince días siguientes, solicitando su revocación y que se decrete la conformidad a derecho de la resolución administrativa referida, basándose en los hechos que constan.

 SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación se admitió a trámite el recurso y se acordó dar traslado del mismo a la parte contraria a fin de que en el plazo de quince días, pudiera formalizar escrito de oposición al recurso de apelación. Presentado este escrito, se solicitó la desestimación del recurso de apelación.

 TERCERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo elevó las actuaciones a este Tribunal correspondiendo su conocimiento a esta Sección Segunda; acordándose dar a los autos el trámite previsto en los arts. 81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y siendo designado ponente el Ilmo. Sr. Don Miguel Ángel García Alonso.

Se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso de apelación el día 6 de noviembre de 2014 , en cuyo acto tuvo lugar su celebración.

 CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, y en particular las previsiones de los arts. 80.3 ª y 81 y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

 Se interpone recurso de apelación contra la sentencia de fecha 12 de marzo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 21 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario nº 200/11, que estimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra la resolución dictada por el Coordinador General de Gestión Urbanística y Obras del Ayuntamiento de Madrid el 20 de septiembre de 2011, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 1 de marzo de 2011 en el expediente administrativo 711/2010/19719. Esta resolución acordó requerir a la propiedad de la finca sita en la calle Antonio de Cabezón, nº 27, de Madrid, para que ingrese en las arcas municipales 89.449,42 € correspondiente a las obras en ejecución inmediata.

El juez de instancia, de acuerdo con el demandante, entendió que la resolución anterior de 1 de octubre de 2010 que puso en conocimiento de la propiedad las actuaciones realizadas en aplicación de la actuación inmediata prevista en el art. 169 de la Ordenanza Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones fue notificada al mismo tiempo que la resolución recurrida, que la resolución que resolvió el recurso de reposición indicó que la de 1 de octubre de 2010 era firme y que en definitiva no se le dio la posibilidad de impugnar antes la resolución en la que se le ponía en conocimiento que las obras habían sido realizadas a su costa.

Alega el Ayuntamiento apelante que esta resolución anterior era firme y que en todo caso se ha emitido informe en fecha 10 de agosto de 2011 por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid para la resolución del recurso de reposición en los que se apoya la resolución impugnada.

El particular demandante se opone al recurso de apelación alegando que no se le concedió el trámite de audiencia previsto en el Art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , y en el Art. 33 de la Ordenanza y que no ha podido presentar las alegaciones pertinentes, y adoptar las medidas oportunas para poder acabar con la situación de peligro inminente. Que se declaró en al resolución de 1 de octubre de 2010. Que no se le dio traslado de la propuesta de resolución.

SEGUNDO

 Como señala la Sentencia de la Sala 3º del Tribunal Supremo el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia – Sentencias de 24 de noviembre de 1.987 , 5 de diciembre de 1.988 , 20 de diciembre de 1.989 , 5 de julio de 1.991 , 14 de abril de 1.993 , etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal “ad quem” la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los limites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo.

TERCERO

 De los datos obrantes la Sala no comparte las consideraciones del juez de instancia: efectivamente la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones dispone en el art. 16:

  1. Si un servicio municipal apreciare la existencia de un peligro grave e inminente, adoptará las medidas que estimare oportunas para evitarlo sin necesidad de acto administrativo previo .

  2. Dichas medidas serán las que técnicamente se consideren imprescindibles para evitar el peligro inmediato, y podrán consistir en desalojos provisionales, clausura de inmuebles o partes de estos, apeos, apuntalamientos, demoliciones u otras análogas; debiendo observarse, en cualquier caso, el principio de intervención mínima.

  3. Las actuaciones referidas en los números precedentes serán a cargo de la propiedad del inmueble.

La actuación de la administración está amparada en el art. 26 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio , por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana dispone:

  1. Cuando como consecuencia de comprobaciones realizadas por los servicios de la Administración, de oficio o en virtud de denuncia de particulares, o como consecuencia del escrito de iniciación del expediente de ruina, se estime que la situación de un inmueble o construcción ofrece tal deterioro que es urgente su demolición y existe peligro para las personas o bienes en la demora que supone la tramitación del expediente, el Ayuntamiento o el Alcalde acordarán el desalojo de los ocupantes y adoptarán las medidas referidas a la seguridad de la construcción .

  2. A tal efecto, recibida la instancia solicitando declaración de ruina o la denuncia de cualquier persona, se dispondrá con carácter de urgencia una visita de inspección , emitiéndose informe por los técnicos municipales. Los técnicos municipales emitirán informe sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad del inmueble, proponiendo, en su caso, la adopción de medidas excepcionales de protección, tales como apeos o apuntalamientos, que hayan de aplicarse con carácter inmediato.

  3. El Ayuntamiento o el Alcalde adoptarán la resolución que proceda en plazo de veinticuatro horas desde la recepción de los informes .

dispone

 De igual manera la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, en su artículo 172

1

Cuando una construcción o un edificio amenace ruina inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado o declarado de interés histórico o artístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o el edificio y su desalojo. Dichas medidas podrán extenderse, excepcionalmente, a la demolición que sea estrictamente indispensable para proteger adecuadamente valores superiores y, desde luego, la integridad física de las personas.

2

Todos los gastos en que incurra el Ayuntamiento por razón de las medidas adoptadas serán repercutibles en el propietario o propietarios, en vía administrativa y hasta el límite del deber normal de conservación .

En el supuesto presente es irrelevante que ambas resoluciones se hayan notificado al mismo tiempo ya que de las consideraciones anteriormente expresadas, al tratarse de una actuación urgente no cabe la posibilidad de un procedimiento previo con audiencia y alegaciones del interesado antes de dictar la resolución que da lugar al derribo. Será con posterioridad cuando se pueda alegar y acreditar que la actuación no era necesaria.

Lo importante es que la primera resolución de 1 de octubre de 2010 se notificó correctamente según consta en el expediente administrativo.

De hecho examinando el recurso de reposición, en el mismo se dice inicialmente que “no está conforme con la resolución de 1 de marzo de 2011, por lo que frente a la misma se interpone recurso de reposición” y posteriormente al final del escrito se expresa que “se tenga por presentado el recurso de reposición contra la resolución de 1 de octubre de 2010”.

Por tanto en realidad está mencionando las dos resoluciones y está alegando tanto frente a las actuaciones a las que se refiere la inicial resolución, como frente a las partidas y la justificación de su coste a las que se refiere la segunda de 1 de marzo de 2011, por lo que puede entenderse que el recurso de reposición se interpuso contra ambas resoluciones.

Si consideramos que este recurso de reposición se ha interpuesto contra ambas resoluciones la primera de ellas de 1 de octubre de 2010 no sería firme, pero en todo caso la resolución impugnada que resuelve el recurso de reposición no sería contraria a derecho ya que fundamentalmente se basa en un informe de los servicios técnicos que examina y entra a conocer tanto de las alegaciones referentes a la procedencia de las actuaciones urgentes como a las partidas y su importe.

En conclusión no hay indefensión alguna ya que se le ha notificado la resolución referida y ha alegado frente a ella, pudiendo proponer prueba.

Debe entrarse a conocer del fondo del asunto : el informe citado de los servicios técnicos consta al folio 94 y siguientes del expediente administrativo y examinado el mismo se observa que con gran detalle contesta y justifica las razones por las que procedían todas las actuaciones expresadas y el respeto al principio de intervención mínima referente al edificio de oficinas colindante y a las que se refiere el propio interesado en su demanda.

Igualmente detalla la necesidad de las partidas y su desglose.

Frente a ello el demandante se limita a realizar alegaciones mostrando su disconformidad.

En este caso el criterio fundamental a tener en cuenta es el de la independencia de los técnicos respecto a los intereses en juego, ya que ello constituye, una evidente garantía y seguridad de la imparcialidad de sus actuaciones. A este respecto la ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone en su artículo 137 :

3

Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

En tal sentido (STTS 12.12.891 19.2.90 y 8.3.93, y de 20 de Julio de 1993, entre otras muchas)se determina que los informes emitidos por los órganos técnicos municipales así como los de los peritos procesales, gozan de garantía de imparcialidad.

En este sentido, como determina reiterada jurisprudencia, los hechos reflejados en los informes de la administración gozan de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario, por lo que han de prevalecer frente a las manifestaciones subjetivas del sancionado, exentas de prueba, como en este caso. La presunción de legalidad de que se benefician los actos administrativos ha de ser combatida, para su destrucción, por los interesados mediante la aportación de elementos probatorios suficientemente demostrativos de la disconformidad a derecho de aquellos.

Los hechos determinantes de los argumentos empleados por la defensa de la recurrente debieron alegarse aportando al efecto en vía administrativa las justificaciones oportunas para la defensa de su derecho y en especial sobre los puntos expuestos. Mas lejos de proceder así solo se expresaron meras alegaciones, por lo que los hechos determinados en el informe de los servicios técnicos de la administración conservan su virtualidad y no pueden ser rebatidos con meras argumentaciones vertidas en la vía jurisdiccional y en la que ni siquiera se propuso prueba de perito designado judicialmente.

Por todo ello se estimará el recurso de apelación.

 CUARTO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa , al estimarse el recurso de apelación, no procede la imposición de costas a ninguna de las partes.

VISTAS las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación al caso, la Sala acuerda,

FALLAMOS

Que con ESTIMACIÓN del recurso de apelación 750/2013 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por el Letrado de sus servicios jurídicos, contra la Sentencia de fecha 12 de marzo de 2013 dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 21 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario nº 200/11, debemos REVOCAR y REVOCAMOS la referida Sentencia por no ser conforme a Derecho; y en consecuencia, desestimamos el recurso interpuesto en la instancia contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, que expresamente declaramos ajustada a Derecho y sin imposición de costas.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Contra la anterior Sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

  1. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. Miguel Ángel García Alonso

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

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JUR\2015\83535: Declaración de ruina: procedencia: ruina técnica y económica: coste de la reparación superior al 50% del valor actual del edificio y daño no reparable técnicamente por los medios normales.

Tribunal Superior de Justicia

 

TSJ de C. Valenciana, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia num. 1176/2014 de 12 diciembre

 

JUR\2015\83535

EDIFICACIONES RUINOSAS: Declaración de ruina: procedencia: ruina técnica y económica: coste de la reparación superior al 50% del valor actual del edificio y daño no reparable técnicamente por los medios normales: prueba: informe técnico municipal: edificio afectado por ruina técnica y económica: procedencia.

ECLI:ECLI:ES:TSJCV:2014:9835

Jurisdicción:Contencioso-Administrativa

Recurso de Apelación 212/2011

Ponente:IIlma. Sra. Desamparados Iruela Jiménez

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

 VALENCIANA

  • SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

 SECCIÓN PRIMERA

En Valencia, a doce de diciembre de dos mil catorce.

VISTOS los presentes autos por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Srs. D. MARIANO FERRANDO MARZAL, Presidente, D. CARLOS ALTARRIBA CANO, D. EDILBERTO NARBÓN LAINEZ, Dª DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ y Dª ESTRELLA BLANES RODRÍGUEZ, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:

 SENTENCIA Nº 1176

En el recurso de apelación número 212/2011, interpuesto por D. Rubén contra la sentencia nº 377/10, de 6 de octubre de 2010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Alicante en el recurso contencioso-administrativo ordinario número 432/2008 seguido ante ese Juzgado.

Han sido parte apelada el AYUNTAMIENTO DE ALICANTE y D. Jose Pedro y Dª Florinda ; siendo Magistrada Ponente Dª DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ.

  • ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Alicante se siguió el recurso contencioso-administrativo ordinario número 432/2008, deducido por D. Rubén frente al decreto de 27 de julio de 2007 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alicante, por el que se declaró la situación legal de ruina del edificio sito en la PLAZA000 , nº NUM000 , de esa localidad.

En el expresado recurso contencioso-administrativo se dictó en fecha 6 de octubre de 2010 sentencia nº 432/08 desestimándolo, sin hacer expresa imposición de costas procesales.

 SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso por D. Rubén , en tiempo y forma, recurso de apelación, solicitando se dictase por la Sala sentencia que revocase la apelada y estimase la demanda formulada por aquél en el proceso de instancia.

 TERCERO.- Admitidos a trámite por el Juzgado el recurso de apelación, se dio traslado del mismo a las partes apeladas, que formularon oposición, solicitando el dictado por la Sala de sentencia que desestimase dicho recurso y confirmase la sentencia impugnada. Los apelados D. Jose Pedro y Dª Florinda solicitaron, además, la condena en costas al apelante.

 CUARTO.- Elevados los autos a este Tribunal, y una vez recibidos, se formó el presente rollo de apelación y se acordó, al amparo del art. 85.3 de la Ley 29/1998 , el recibimiento a prueba del recurso de apelación, a fin de admitir y practicar la prueba propuesta el apelante que la Sala consideró comprendida en aquel precepto legal, consistente en que por un perito de designación judicial se dictaminase sobre los extremos señalados por aquél.

Practicada dicha prueba, y conferido a las partes el trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo, señalándose al efecto el día dos de diciembre de dos mil catorce.

 QUINTO.- Se han cumplido en ambas instancias las prescripciones legales.

  • FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

 El decreto de 27 de julio de 2007 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alicante impugnado por D. Rubén en el recurso contencioso-administrativo declaró, a tenor de los arts. 210 y 208 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana , la situación legal de ruina del edificio sito en la PLAZA000 , nº NUM000 , ordenando a sus ocupantes el desalojo total de inmueble, y concediendo a la propiedad un plazo no superior a un mes para proceder bien a la demolición o bien al inicio de las obras de rehabilitación de ese inmueble.

SEGUNDO

 En el proceso de instancia, el recurrente, el citado D. Rubén , ejercitó las siguientes pretensiones: 1.- la declaración de que el expediente administrativo de ruina no había sido tramitado con carácter contradictorio, al habérsele privado indebidamente del trámite de audiencia; 2.- la declaración de que el acto impugnado no era firme en derecho; 3.- la anulación de ese acto administrativo, por ser contrario a derecho; y 4.- subsidiariamente, a) se declarase el incumplimiento por los propietarios del edificio del deber de conservación del mismo, debiendo indemnizar al recurrente por los perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento; y b) se condenase a tales propietarios a indemnizarle por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del desalojo del inmueble -los gastos de desalojo y el mayor coste de un futuro arrendamiento de vivienda a precio de mercado-.

TERCERO

 La sentencia ahora apelada desestimó el recurso contencioso-administrativo por entender el Juzgado que la declaración de ruina legal decretada por el Ayuntamiento demandado se ajustaba a los arts. 210 y 208 de la LUV . Más en concreto, razonaba el Juzgador de instancia lo siguiente: 1.- la defectuosa notificación por el Ayuntamiento al actor de la resolución concediéndole trámite de audiencia en el expediente, así como del decreto de 27 de julio de 2007 de la Alcaldía-Presidencia que declaraba la situación legal ruina del edificio, no le había originado al demandante ninguna indefensión; 2.- el coste de reparación del edificio excedía del 50 por ciento del valor de construcción de un edificio de nueva planta de similares características, según había quedado acreditado mediante los informes del arquitecto municipal que figuraban en el expediente administrativo y mediante el informe pericial aportado por la propiedad del inmueble, elaborado por la arquitecta Dª Virtudes , siendo insuficiente para desvirtuar la conclusión a que llegaban aquellos informes el dictamen aportado por el actor, redactado por el arquitecto técnico D. Desiderio ; 3.- aunque el decreto de declaración de ruina no se pronunciaba sobre el incumplimiento por los propietarios del deber de conservación del inmueble, ese pronunciamiento podía, conforme al art. 210 de la LUV , ser efectuado por el Ayuntamiento en un momento posterior; y 4.- por último, la sentencia rechazaba la alegación del demandante acerca de la vulneración por la resolución impugnada art. 211 de la LUV , pues en el aludido informe pericial de Dª Virtudes , en que se fundaba dicha resolución, se recogía que la fachada no podía ser demolida y debía rehabilitarse en cualquier caso.

CUARTO

 En su escrito de apelación el apelante no impugna la desestimación por el Juzgado de las pretensiones que ejercitó en el punto 4 del suplico de su escrito de demanda. Abandona también el apelante las alegaciones que formuló en el proceso relativas a que el decreto de declaración de ruina del edificio no había tenido en cuenta la protección de la fachada. El objeto del presente recurso de apelación queda limitado, por consiguiente, a revisar la sentencia apelada en cuanto, a) desestima las pretensiones del recurrente de que se declare, de un lado, que el expediente administrativo de ruina no se tramitó por el Ayuntamiento con carácter contradictorio, y de otro, que el decreto de la Alcaldía-Presidencia de 27 de julio de 2007 recurrido no era firme; b) aprecia la existencia de situación legal de runa del edificio en cuestión; y c) no ha tomado en consideración que los propietarios de inmueble actuaron con mala fe, abuso de derecho y fraude de ley, al crear artificialmente la situación más favorable para solicitar la declaración de ruina.

Se oponen los apelados a las alegaciones impugnatorias y pretensiones planteadas por el recurrente y sostienen, en síntesis, que la sentencia recurrida es ajustada a derecho.

QUINTO

 La solicitud del apelante de que se revoque la sentencia apelada en cuanto el Juzgador de instancia no se pronuncia sobre la pretensión que ejercitó en el punto 1 del suplico de su escrito de demanda -que se declarase que el expediente administrativo de ruina no había sido tramitado por el Ayuntamiento de Alicante con carácter contradictorio, al haberle privado éste indebidamente del trámite de audiencia- y que, en consecuencia, la Sala efectúe un pronunciamiento expreso acogiendo dicha pretensión, no puede prosperar, según se pasa a fundamentar a continuación.

Sostiene el apelante que ese pronunciamiento expreso sobre la ausencia de contradicción en el expediente de ruina le resulta decisivo, al igual que el otro pronunciamiento que asimismo insta acerca de la falta de firmeza del decreto de la Alcaldía-Presidencia de 27 de julio de 2007, a efectos de acreditar en vía civil la inexistencia de la causa de resolución del contrato de arrendamiento suscrito con los codemandados-apelados prevista en el art. 114. 10ª) de la derogada Ley de Arrendamientos Urbanos -“El contrato de arrendamiento urbano, lo sea de vivienda o de local, podrá resolverse a instancia del arrendador por alguna de las causas siguientes: 10ª) la declaración de ruina de la finca, acordada por resolución que no dé lugar a recurso y en expediente contradictorio tramitado ante la autoridad municipal, en el cual hubieren sido citados al tiempo de su iniciación todos los inquilinos y arrendatarios”-.

La sentencia apelada admite en su fundamentación jurídica que las citaciones practicadas por el Ayuntamiento a D. Rubén en su domicilio en cumplimiento del trámite exigido por el art. 210.3 de la LUV -“En las actuaciones se citará a los ocupantes legítimos de la construcción y a los titulares de derechos sobre ella que consten en los registros públicos…”- no se efectuaron en la forma dispuesta en el art. 59.2 de la Ley 30/1992 , lo que comportaba, a su vez, que no pudiera tenerse por válida la posterior citación edictal. Pero, como razona aquella sentencia, lo relevante a efectos de la litis es que esa defectuosa citación en vía administrativa al interesado no ocasionó a éste ninguna indefensión, por cuanto pudo interponer contra el decreto de la Alcaldía-Presidencia de 27 de julio de 2007 recurso contencioso-administrativo y alegar en sede jurisdiccional lo que estimó conveniente a su derecho, y proponer prueba pericial a fin de desvirtuar los informes técnicos obrantes en el expediente. Esta conclusión del Juzgado es compartida por la Sala, de conformidad con la reiterada jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que pone de relieve que la omisión del trámite de audiencia en sede administrativa no supone por sí misma -salvo, en su caso, en los procedimientos sancionadores- que se haya prescindido del procedimiento legalmente establecido, por lo que no resulta de aplicación la causa de nulidad de pleno derecho del acto administrativo contemplada en la letra e) del art. 62.1 de la Ley 30/1992 , sino que a tal omisión le es de aplicación de manera muy directa la previsión del apartado 2 del art. 63 de la misma Ley , que establece la anulabilidad de un acto por defecto de forma cuando éste dé lugar a la indefensión del interesado. Esa indefensión ha de ser real y efectiva, de manera que la mera invocación de infracciones formales, sin trascendencia real y material, no puede provocar la anulación por el órgano jurisdiccional del acto recurrido. La indefensión, en suma, ha de ser real y efectiva, esto es, para que exista indefensión determinante de la anulación del acto es preciso que el afectado se haya visto imposibilitado a resultas de la actuación administrativa de aducir en el proceso en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de derecho pueda considerar pertinentes (con excepción, según ha sido dicho, de los recursos contencioso-administrativos en los que se revise un acto dictado en un procedimiento administrativo sancionador, por serles de aplicación a los procedimientos sancionadores las garantías consagradas en el art. 24.2 CE ), conclusión que se ve corroborada en el orden práctico, pues ningún sentido tendría el cumplimiento del trámite omitido si una vez celebrado no se produjeran modificaciones reales en el expediente resuelto, lo que obliga, por tanto, a que se alegue, en términos razonables, qué hipotéticos efectos favorables para el recurrente se habrían producido de no haber tenido lugar el vicio formal alegado.

El apelante aduce que considera acertada y no combate esa fundamentación jurídica apuntada en la sentencia de instancia relativa a la ausencia de indefensión sufrida por él, pero insiste, a pesar de ello, en que la Sala efectúe un pronunciamiento expreso en el fallo de la sentencia que declare que el expediente administrativo de ruina no fue tramitado por el Ayuntamiento de Alicante con carácter contradictorio, al no haberle efectuado en legal forma la citación prevista en el art. 210.3 de la LUV . Pues bien, habiéndose recogido tanto en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia como en la presente sentencia, según ha sido ya expuesto, que las citaciones practicadas por el Ayuntamiento a D. Rubén no se llevaron a cabo en la forma establecida en el art. 59 de la Ley 30/1992 pero que, no obstante, dicho defecto formal no ocasión al recurrente ninguna indefensión real y efectiva, todo ello conduce, en definitiva, a la desestimación del motivo de impugnación planteado por aquél, por lo que en modo alguno puede reflejarse en el fallo de la sentencia como pronunciamiento estimatorio del recurso, habiéndose dado, por otra parte, cumplida respuesta por el órgano jurisdiccional a dicho motivo impugnatorio mediante la aludida fundamentación jurídica, respetándose así el principio de congruencia de la sentencia con lo pedido por la parte recurrente.

SEXTO

 Ha de ser asimismo desestimada la pretensión del apelante relativa a que el fallo de la sentencia efectúe también un pronunciamiento expreso que declare que el decreto de la Alcaldía-Presidencia de 27 de julio de 2007 recurrido por aquél en el proceso de instancia no era firme. El Juzgado a quo ya dictó auto en fecha 17 de marzo de 2009 rechazando la alegación previa formulada por los codemandados al amparo del art. 58.1 de la Ley 29/1998 mediante la que éstos solicitaban la inadmisión del recurso contencioso-administrativo por haber sido interpuesto extemporáneamente por el actor. Por consiguiente, habiéndose inadmitido el recurso por el Juzgado, es claro que el referido decreto de 27 de julio de 2007 era un acto definitivo que no había alcanzado firmeza en vía administrativa. Pero tampoco esta circunstancia ha de quedar reflejada en el fallo de la sentencia, sino que, a tenor del art. 69 de la precitada Ley 29/1998 , el pronunciamiento necesario que hubiera debido contener el fallo de la sentencia hubiera sido precisamente el contrario, es decir, la declaración de inadmisión del recurso por concurrir alguna de las causas previstas en ese precepto legal.

SÉPTIMO

 Pasando ya a examinar si, como considera la sentencia apelada, la declaración de ruina legal decretada por el Ayuntamiento apelado se ajustaba a los arts. 210 y 208 de la LUV , la Sala, a la vista de las alegaciones formuladas por las partes, y una vez examinado el expediente administrativo, las actuaciones de instancia y, especialmente, la prueba pericial practicada en esta apelación a propuesta de la parte apelante, estima acertados los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, que concluye que el coste de las reparaciones del edificio excedía del 50 por ciento del valor de construcción de un edificio de nueva planta de similares características.

El apelante sostiene, por el contrario, que no se dan las circunstancias para la declaración de ruina legal del inmueble. En este sentido alega que la sentencia de instancia ha efectuado una errónea valoración de la prueba, de un lado por cuanto los informes del arquitecto municipal obrantes en el expediente administrativo no poseen ningún valor probatorio porque carecen de motivación y, además, porque el técnico municipal no visitó el inmueble después de haber sido solicitada la declaración de ruina; y de otro, por cuanto el informe emitido por la arquitecta Dª Virtudes a instancia de la propiedad del inmueble va más allá del contenido del art. 210 de la LUV , ya que pretende una modernización del inmueble mediante la rehabilitación incluso de las partes del edificio no dañadas, en particular cuando aquella perito pone de relieve que es necesaria la sustitución de los forjados, los cuales, según señala el perito D. Desiderio , se encontraban en buen estado.

Pues bien, tales alegaciones del apelante han de ser rechazadas. En primer lugar, es cierto, como sostiene éste, que los informes del arquitecto municipal de 9 de febrero y 10 de julio de 2007 se limitan a dar por válido el informe emitido por la arquitecta Dª Virtudes , tanto en lo relativo a las patologías padecidas por el inmueble y las obras de reparación necesarias reflejadas por dicha perito como en cuanto a los costes de esas obras de reparación y de la edificación “a nuevo” del edificio. Es cierto también que el arquitecto municipal, según reconoció en su declaración judicial a presencia de las partes, no realizó para redactar los aludidos informes una inspección exhaustiva del edificio. Ello no obstante, consta en el expediente administrativo que en fecha 5 de octubre de 2006 sí realizó una detallada visita de inspección al inmueble a efectos de comprobar su estado de conservación, cuyo resultado reflejó en su informe de 13 de octubre siguiente; por ello, aun cuando este informe es anterior a la iniciación del procedimiento de declaración de ruina, no puede sostenerse que el técnico municipal careciera de datos suficientes acerca del estado del inmueble para emitir los expresados informes de 9 de febrero y 10 de julio de 2007 y, más en concreto, por lo que se refiere al estado que presentaban los forjados -cuestión a la que el apelante otorga una relevancia esencial para la resolución de la litis-, el arquitecto municipal puso de manifiesto en su declaración que comprobó que estaban dañados, porque al caminar sobre ellos temblaban, y que por ello ordenó a la propiedad su reparación.

Y en segundo lugar, carecen de razón los reparos que opone el apelante al dictamen emitido por la arquitecta de la propiedad Dª Virtudes . La crítica principal que formula aquél a este informe viene referida a la necesidad que se indica por la perito de sustitución de los forjados existentes por otros nuevos, sustitución que el recurrente considera innecesaria fundándose en que según su perito D. Desiderio las vigas de madera de dichos forjados se encontraban en buen estado. Sin embargo, basta la lectura del informe del mencionado perito Sr. Desiderio -documento nº 1 de los adjuntados por el actor con su demanda- para advertir en que esa afirmación del apelante no es cierta, pues dicho perito, al describir los daños que presentaba la estructura del edificio (que, según consta en el expediente, fue construido en el año 1920), señala expresamente que “algunas de las viguetas de madera, sobre todo en la planta cuarta, están afectadas por la humedad y, por consiguiente, se detecta putrefacción puntual en las cabezas de las viguetas recayentes al patio de luces, y bajo cubierta existe una zona apuntalada”. Esos daños en las viguetas quedan corroborados, además, en el precitado informe del arquitecto municipal de 13 de octubre de 2006 y, por añadidura, mediante el resultado del dictamen pericial elaborado en esta segunda instancia por el perito de designación judicial D. Raimundo , que especificó que “Con respecto al forjado, un porcentaje significativo de las viguetas de madera se encuentra afectado, bien por la humedad, bien por la carcoma, habiéndose necesaria la ejecución de una capa de compresión, ya que el tablero de rasillas cerámicas existente no se considera suficiente para asegurar la estabilidad estructural del dicho elemento”.

Por otra parte, la necesidad de sustitución de todos los forjados a resultas de los daños en las viguetas de madera quedó acreditada en el proceso de instancia mediante el dictamen de Dª Virtudes , que declaró que acometer la reparación de los mismos exigiría poner elementos de cohesión tales como una primera capa de compresión, con su mallazo, que generarían un peso mayor sobre la estructura y llevarían a tener que reforzar ésta. También el perito designado judicialmente a instancia del apelante, el citado D. Raimundo , se mostró conforme con la sustitución de los forjados, puesto que en su declaración a presencia judicial manifestó que quitar el suelo quedaba justificado si posteriormente se le iba a dar uso al edificio; lo que no es, en definitiva, sino lo que contempla el art. 210.1 de la LUV cuando señala que “Procede declarar la situación legal de ruina cuando el coste de las reparaciones necesarias para… restaurar en ella (en el edificio o construcción) las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo..”.

OCTAVO

 Aduce el apelante, de otro lado, que el Juzgado no tuvo en cuenta para declarar la situación de ruina legal del inmueble la influencia que tuvo en el coste de las obras de reparación el mayor coste derivado de la reconstrucción de todos aquellos elementos que fueron previamente demolidos por la propiedad en el interior de las viviendas, tales como la tabiquería interior de distribución, los falsos techos, y la red eléctrica o de agua. Añade el apelante que mediante la demolición de tales elementos los propietarios del edificio actuaron con mala fe, abuso de derecho y fraude de ley, porque crearon artificialmente la situación más favorable para solicitar la declaración de ruina.

Dicha cuestión, planteada por el actor en la primera instancia judicial y sobre la que no se pronunció el Juzgado, fue objeto de la prueba pericial practicada en esta apelación por el perito de designación judicial D. Raimundo , que indicó al respecto en su dictamen que “si descontáramos el importe de los mismos (de los elementos demolidos por la propiedad en el interior de las viviendas) el valor de las obras a realizar no sería mayor que la mitad del coste de reposición a nuevo del edificio”, y añadió, en cuanto a la existencia de razones técnicas que, para mantener la solidez del inmueble, pudieran ser justificativas de esa previa demolición, que “aparentemente, el estado de los forjados no era malo..”. Pero estas afirmaciones fueron después matizadas por aquel perito en su comparecencia a presencia judicial, manifestando que “están justificadas (las referidas demoliciones) si posteriormente se va a proceder a la rehabilitación del edificio evidentemente, si yo voy a rehabilitarlo para darle uso a ese edificio, pues necesito quitar las instalaciones, ponerlas nuevas, necesito tratar la madera… y para eso tengo que quitar la escayola del falso techo, etc, sí”, lo que remite de nuevo al art. 210.1 de la LUV cuando habla de reparaciones necesarias para restaurar en el edificio o construcción las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo. Pero es que, además, el propio perito del recurrente, D. Desiderio , reconoció en su declaración practicada en la primera instancia judicial, refiriéndose a las instalaciones demolidas en el interior de las viviendas, que “aunque no se hubieran demolido, sí habría que hacerlas nuevas”.

A la vista de lo anterior, deviene innecesario un pronunciamiento de la Sala acerca de si los aludidos elementos e instalaciones existentes en el interior de las viviendas fueron demolidos deliberadamente por la propiedad con la intención de propiciar la declaración de ruina legal del edificio.

NOVENO

 En cuanto a si el coste de las obras de reparación antecitadas superaba o no la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente y realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación – art. 208.3 de la LUV -, ha de estarse en este punto, como asó apreció el Juzgado de instancia, al dictamen de la perito Dª Virtudes , que contempla todas esas obras de reparación y que contiene un detallado desglose de las partidas de obra y los presupuestos de ejecución material de las mismas, así como del cálculo del PEM de la nueva construcción, concluyendo la perito que con el método utilizado para establecer el valor medio de la construcción, y con la solución de reparación por ella propuesta, el coste de las obras de reparación del edificio llegaba al 89% del valor de la construcción a nuevo. Este porcentaje fue corregido por la propia perito en su posterior informe de 16 de abril de 2009 -aportado en el proceso de instancia por los codemandados con su escrito de contestación a la demanda-, eliminando del coste total de las obras de reparación la partida correspondiente a la instalación del ascensor, por considerarla una mejora, concluyendo aun así la perito que el valor de reparación del edificio supondría un 63% del valor de la construcción a nuevo.

La prevalencia probatoria otorgada al dictamen de la mencionada perito Dª Virtudes frente a los restantes informes técnicos viene dada por las siguientes circunstancias: 1.- tanto el informe de D. Desiderio como el redactado por el perito de designación judicial refieren los precios de las partidas de obra a los años 2008 y 2011, respectivamente, en lugar de a la fecha de inicio del expediente de declaración de ruina -año 2006-, como así hizo con acierto aquella perito; y 2.- además, el aludido perito D. Desiderio no recoge en su dictamen todas las obras de reparación indicadas en los fundamentos jurídicos precedentes de esta sentencia, ni efectúa un desglose de los precios totales de las partidas que enumera, ni contiene mediciones de los elementos de obra, ni especificación de precios unitarios y, por añadidura, incrementa el importe del PEM de la obra nueva reflejado por la perito Sra. Virtudes en su informe mediante la aplicación de un coeficiente corrector en concepto de complejidad en la ejecución de las obras derivada de la necesidad de conservar la fachada y de la ubicación del edificio entre calles estrechas que fija en un 30%, sin que justifique la razón de ese porcentaje y no de otro distinto, y sin que por otra parte lo aplique también, como hubiera sido lo lógico, al valor de las obras de reparación del inmueble.

De conformidad con todo lo fundamentado, considera la Sala que la valoración de la prueba que lleva a cabo el Juzgado de instancia se ajusta a las reglas de la sana crítica según el art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , lo que no significa otra cosa sino que las conclusiones de los peritos deben ser examinadas por los órganos judiciales depurando sus razonamiento y ponderándolos atendiendo a su fuerza convincente. En el mismo sentido que el Juzgador de instancia, entiende la Sala que resulta ajustada a derecho la declaración de la situación legal de ruina del edificio en cuestión decretada por el Ayuntamiento de Alicante, al haber quedado debidamente acreditado, en la forma expuesta, que el coste de las reparaciones necesarias para restaurar en ese edificio las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo supera la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente, realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación – arts. 208 y 210 de la LUV , actualmente derogada pero aplicable por razones temporales al caso de autos-.

Procede, resultas de todo lo fundamentado, la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia recurrida.

DÉCIMO

 Cabe hacer una última consideración para rechazar las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento apelado en torno a la nulidad de la prueba pericial practicada por el perito designado por la Sala en la presente apelación a propuesta del apelante. Aduce el Ayuntamiento que la referida prueba se practicó sin respetar las determinaciones del art. 345 de la LEC , por cuanto en la visita al inmueble que realizó el perito estuvieron presentes el apelante y la otra parte apelada, sin que el perito diera aviso al Ayuntamiento de Alicante. Pues bien, esa irregularidad formal en la realización de la expresada prueba pericial, no cuestionada por las demás partes procesales, no invalida el resulta de dicha prueba, pues el Ayuntamiento no argumenta qué indefensión real y efectiva le ocasionó en la defensa de sus derechos e intereses la invocada irregularidad y, además, esa hipotética indefensión habría quedado en todo caso suprimida mediante la intervención que tuvo el letrado municipal en la declaración del perito a presencia judicial. Resulta conveniente la cita en este punto de la STS 3ª, Sección 5ª, de 4 de abril de 2014 -recurso de casación número 5111/2011 -, que en un supuesto de extensión de los efectos de una prueba pericial practicada en otro proceso en el que una de las partes -la Generalitat Valenciana- ni siquiera había sido oída acerca de la procedencia de esa prueba ni sobre su objeto, declaró que “nada impedía que la Sala convocase a las partes y al técnico autor del informe a una comparecencia en la que aquéllas pudiesen pedir a éste los datos y aclaraciones que estimasen procedentes. Con ello se habría enervado la indefensión de la Administración autonómica”.

UNDÉCIMO

 En virtud de lo establecido en el art. 139.2 de la Ley 29/1998 , no procede hacer expresa imposición de costas procesales a la apelante, a pesar de la desestimación del recurso de apelación, al haber tomado la Sala en consideración para efectuar ese pronunciamiento desestimatorio el resultado de la prueba pericial practicada en esta segunda instancia que no fue admitida en su día por el Juzgado de instancia.

Vistos los preceptos legales antecitados, concordantes y demás de general aplicación,

  • FALLAMOS

1

Desestimar el recurso de apelación número 212/2011, interpuesto por D. Rubén D. Rubén contra la sentencia nº 377/10, de 6 de octubre de 2010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Alicante en el recurso contencioso-administrativo ordinario número 432/2008 seguido ante ese Juzgado, que se confirma.

2

No hacer expresa imposición de costas procesales causadas en esta segunda instancia.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso de apelación, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como Secretaria de la misma, certifico.

 

 

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RJCA\2012\635:Deficiencias e insuficiencias en el proyecto arquitectónico de construcción de parque temático y declaración de ruina y de responsabilidad del arquitecto

Tribunal Superior de Justicia

 

TSJ de C. Valenciana, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) Sentencia num. 497/2012 de 17 abril

 

RJCA\2012\635

CONTRATACION ADMINISTRATIVA: Deficiencias e insuficiencias en el proyecto arquitectónico de construcción de parque temático y declaración de ruina y de responsabilidad del arquitecto colaborador vinculado al contratista, arquitecto técnico y constructora: impugnación: declaración de responsabilidad únicamente del arquitecto que redactó y diseño dicho proyecto: anulación procedente.

ECLI:ECLI:ES:TSJCV:2012:2630

Jurisdicción:Contencioso-Administrativa

Recurso contencioso-administrativo 1010/2003

Ponente:Ilmo. Sr. D. Rafael Pérez Nieto

La Alcaldía-Presidencia del ayuntamiento dictó Acuerdo22-04-2003por el que declaró la ruina de parque temático y la responsabilidad por incumplimiento de contrato de los arquitectos y de la constructora y aprobó Decreto de14-05-2003por el que dispuso la contratación por el procedimiento de emergencia de las obras de reparación y acondicionamiento del referido parque temático.

El TSJ estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto y anula el Acuerdo y Decreto impugnados.

 PROCEDIMIENTO ORDINARIO – 001010/2003

 N.I.G.: 46250-33-3-2006-0003840

 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

 COMUNIDAD VALENCIANA

 SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

 SECCIÓN 3

 SENTENCIA Nº. 497/12

En la ciudad de Valencia, a 17 de abril de 2012.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. don Juan Luis Lorente Almiñana, Presidente, don Rafael Pérez Nieto y don José Ignacio Chirivella Garrido, Magistrados, el recurso contencioso-administrativo con el número 1010/03 (al que se ha acumulado el 1864/03), en el que han sido partes, como recurrentes, don Donato y don Julián , representados por el Procurador Sr. Castello Navarro y defendidos por el Letrado Sr. Molina Martínez; don Teodulfo , representado por el Procurador Sr. Real Marqués y defendido por el Letrado Sr. Real Cuenca; “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP), representada por la Procuradora Sra. Gil Bayo y defendida por el Letrado Sr. Muñoz Tepp, y como parte demandada el Ayuntamiento de Alicante, representado por la Procuradora Sra. Higuera Luján y defendido por el Letrado Sr. Suárez Manteca. La cuantía es de 7.030.813,77 euros. Ha sido ponente el Magistrado don Rafael Pérez Nieto.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites establecidos por la ley, se emplazó a la partes recurrentes para que formalizaran demanda. Todas las partes recurrentes interesaron en sus escritos la nulidad de los actos impugnados.

 SEGUNDO.- La representación procesal del Ayuntamiento de Alicante dedujo escritos de contestación en los que solicita que se declare la conformidad a Derecho de la Resolución impugnada.

 TERCERO.- El proceso se recibió a prueba. Evacuados los escritos de conclusiones, los autos quedaron pendientes para votación y fallo.

 CUARTO.- Se señaló para votación y fallo el día 17 de abril de 2012.

 QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

 El objeto de la impugnación del presente recurso contencioso-administrativo son dos actos:

-El Acuerdo de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alicante, de 22-4-2003, que declara la ruina del parque temático del monte Tossal y la responsabilidad por incumplimiento de contrato de los Arquitectos don Donato y don Julián ; del Arquitecto Técnico don Teodulfo ; y de la constructora “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP). La responsabilidad se cifra en 7.030.813,77 euros.

-El Decreto de la misma Alcaldía, de 14-5-2003, que dispone la contratación por el procedimiento de emergencia de las obras de reparación y acondicionamiento del referido parque temático.

El conflicto jurídico gira en torno a los problemas surgidos con la construcción del parque. La construcción fue ejecutada sobre un proyecto financiado por el Instituto Turístic Valencià (ITV), si bien el Ayuntamiento de Alicante se subrogó -ya veremos en qué términos- en la posición contractual de dicho contratante después de la recepción provisional de 15-2-1995. Los problemas constructivos se detectaron a partir del vaciado del lago del parque a consecuencia de roturas; luego fueron constatados importantes daños estructurales; e incluso -según entiende el Ayuntamiento- son imputables determinados daños detectados en edificios próximos a la ladera del monte. El Ayuntamiento aprobó el 13-2-2002 un proyecto de reparación y acondicionamiento del parque, el cual fue adjudicado a la mercantil “CYPE Ingenieros, Estudios y Proyectos” SA.

El importe de la responsabilidad calculado por el Ayuntamiento se desglosa en 5.090.083 euros que se explican con el precio de la obra de reparación; en 1.736.632,26 euros, por la demolición de las infraestructuras arruinadas; y en 204.098 euros, por las obras de emergencia necesarias para evitar la ruina de los edificios colindantes al monte Tossal.

La imputación de responsabilidad que dispone el Ayuntamiento de Alicante se apoya en el informe de 16-4-2003 emitido por el Arquitecto Municipal (Jefe del departamento de conservación de inmuebles) don Blas , quien califica de ruinosa la situación del parque temático. Explica la ruina en la defectuosa realización de las obras y señala como responsables a sus directores, técnicos proyectistas y constructora. El Ayuntamiento invoca en su imputación el art. 56 de la Ley de Contratos del Estado (LCE) y el art. 1.591 del Código Civil (CC ) concluyendo que “(d)e los datos obrantes del expediente no resulta una distribución de la responsabilidad entre la empresa constructora y los arquitectos proyectistas y directores de las obras, resultando en consecuencia idéntica responsabilidad de ambos que deberán abonar los daños por partes iguales”.

Los recursos contenciosos-administrativos han sido presentados separadamente por los Arquitectos don Donato y don Julián , por un lado; por el Arquitecto Técnico don Teodulfo , por otro lado; y por la constructora “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP), por último.

SEGUNDO

 Los recurrentes don Donato y don Julián , Arquitectos, alegan “falta de legitimación activa” y “falta de acción” del Ayuntamiento de Alicante. Así lo entienden porque don Donato firmó el 27-3-1992 un contrato civil con el Instituto Turístic Valencià (ITV) y porque don Julián no ha firmado contrato ni con el ITV ni con el Ayuntamiento. Consideran en consecuencia que no es aplicable la Ley de Contratos del Estado (LCE), también porque el contrato entre la constructora y el ITV, celebrado el 26-10-1993, excluye la legislación administrativa. Aluden a que el proyecto redactado es previo y distinto del celebrado entre la constructora y el ITV, pues lo que se cede al Ayuntamiento es la obra, no el proyecto. Siguen alegando que el contrato entre la constructora y el ITV recoge una cláusula que obliga a la primera a reparar los desperfectos detectados desde los dos años posteriores a la recepción provisional, por lo que, si no se requirió la reparación de la constructora y se permitió la ruina, no cabe imputársela a los Arquitectos. Denuncian infracción procedimental, pues la imputación de responsabilidad se ha adoptado sin tramitación de expediente alguno ni emisión de dictamen del Consejo Consultivo, provocando un resultado de indefensión. Sostienen la viabilidad del proyecto -el cual fue aprobado por todas las instancias- y el cumplimiento de la normativa vigente; también que las patologías del parque encuentran su causa en la defectuosa compactación de los rellenos subyacentes al lago. Señalan que los problemas de deslizamiento de tierras no tienen lugar sino hasta el año 2004, cuando ya se había filtrado una ingente cantidad de agua como consecuencia de la rotura de la arqueta del lago. Denuncian como indebida la cantidad reclamada por el Ayuntamiento de Alicante: “No puede la Administración pedir dos veces lo mismo; esto es, la demolición y la reparación de los edificios colindantes, sin que los daños de estos últimos -cuantificados en exceso- le sean imputables, pues entre los edificios y el parque existía una carretera ejecutada por el Ayuntamiento”. Igualmente consideran inadmisible una indemnización que no se calcula por el coste de reparación sino por el de la construcción de un nuevo parque.

El recurrente don Teodulfo , Arquitecto Técnico, considera por su lado que el acto de imputación de responsabilidad es nulo porque decide sobre cuestiones sometidas a derecho privado y porque al Ayuntamiento no le compete; también porque no pagó cantidad alguna por la construcción del parque, ya que lo hizo el ITV. Denuncia infracción procedimental puesto que la declaración de ruina se ha dado sin previo trámite de audiencia; también que dicha declaración no cumple con los requisitos legales. Niega que sea aplicable el art. 56LCE al Arquitecto Técnico. Alega que, en todo caso, no se ha producido incumplimiento doloso imputable a él, ni siquiera un incumplimiento que se deduzca de los informes y las pruebas periciales, siendo que el Acuerdo impugnado carece de motivación sobre este punto. Alude a la insuficiencia del estudio geotécnico, aspecto que no compete al Arquitecto Técnico; también a errores proyectales, los que -en su opinión- son la causa eficiente de los problemas. Denuncia la falta de justificación de las cantidades que le reclama el Ayuntamiento.

La otra recurrente, la constructora “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA, comienza igualmente resaltando el carácter civil del contrato de obras y la incompetencia -por tal circunstancia- del Ayuntamiento para declarar la responsabilidad contractual. Alega además la inexistencia de su responsabilidad porque todas las patologías manifestadas en la construcción del parque se explican en defectos o carencias del proyecto y en los vicios del suelo. Alude a la insuficiencia del estudio geotécnico entregado por el ITV; a la inadecuación de la obra encomendada; al desconocimiento de las condiciones de la ladera del monte (pues fueron conocidas llegado el 2004); a la inexistencia de defectos de compactación en los rellenos; a la existencia de planos de deslizamiento y al deslizamiento producido por la rotura de la impermeabilización del lago; y a la falta de influencia de la rotura de su arqueta.

Enfrente de los recurrentes, la representación procesal de la parte demandada, el Ayuntamiento de Alicante, opone que las normas a aplicar son las de derecho administrativo porque tratamos de una obra pública ejecutada en un bien de dominio público. Afirma la legitimación ad causam del Ayuntamiento a partir de la recepción provisional ya que no tendría sentido su competencia para la gestión si no puede exigir responsabilidad a la constructora y a los técnicos intervinientes. Considera que la responsabilidad declarada se justifica con las fugas detectadas y con las deficiencias del proyecto, en concreto, las relativas a la concepción del lago y a su impermeabilización, las que fueron observadas durante la ejecución.

TERCERO

 .- Antes de comenzar el examen de las diversas cuestiones planteadas, conviene una precisión. Cada una de las partes recurrentes ha planteado impugnaciones propias ante los actos litigiosos, hasta el punto de que, alguna de ellas, promovió en su momento un recurso contencioso-administrativo que más adelante ha resultado acumulado al presente. Hay determinadas coincidencias entre los motivos de impugnación de cada una de las partes recurrentes. Mas otros motivos no son los mismos, sin que estos últimos eventualmente puedan aprovechar a quien no los ha esgrimido convenientemente.

Dicho lo anterior, es prioritario examinar el motivo impugnatorio que denuncia la incompetencia del Ayuntamiento de la Alicante para declarar la responsabilidad contractual de las partes recurrentes dada -según se alega- la naturaleza civil del contrato o contratos de los que el Ayuntamiento hace derivar dicha responsabilidad.

Los recurrentes Arquitectos don Donato y don Julián , más concretamente, aluden a que el contrato suscrito por el primero con el Institut Turístic Valencià (ITV) no fija una “adscripción a normativa administrativa alguna”; dicha parte y las demás señalan que el contrato de obra con la constructora “Compañía Levantina de Edificación y Obras Publicas” SA (CLEOP) contiene una cláusula que establece de forma expresa que el mismo “tendrá naturaleza jurídica civil. Especialmente se hace constar que el ITV no está sujeto a la Ley de Contratos del Estado “. Se apoyan en la previsión de la Disposición adicional séptima número 2 de la Ley Valenciana 7/1991 de 28 de diciembre , la cual impone el derecho privado en la relaciones jurídicas con el ITV.

Pues bien, la Ley de Contratos del Estado-LCE (Texto Articulado de 8 de abril de 1963, redacción de 17 de marzo de 1973), aplicable al caso, en art. 4 establece: “El régimen jurídico de los contratos que celebre la Administración se ajustará a las siguientes reglas: 1 º.- Los contratos cuyo objeto directo sea la ejecución de obras y la gestión de servicios públicos del Estado, así como la prestación de suministros del mismo, tiene el carácter de administrativos, y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias y, supletoriamente, por las demás normas del derecho administrativo. En defecto de este último, serán de aplicación las normas de derecho privado. […]”.

El ITV es entidad de derecho público ( Decreto 16/1992 de 3 de febrero , art. 1, número 1 ). La mejor doctrina científica nos previno en su momento de un fenómeno, el del abuso de la creación de entes institucionales como técnica de “huida del derecho administrativo”. Este fenómeno ha derivado en desdichado con algunas de sus implicaciones finales, en la medida que habilitadoras de arbitrariedades y corruptelas sin cuento dentro del ámbito de la contratación pública y en concreto de la selección de los contratistas, la cual -so pretexto que sometida al derecho privado a fin de dotarla de una mayor agilidad- concluye sin las garantías básicas de publicidad y concurrencia favoreciendo con ello intereses espurios ajenos a los generales.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha asumido una interpretación amplia y funcional del concepto organismo de derecho público. Así, las SSTJCE de 15-1-1998 , Mannesmann, Anlagenbau, Astrau y otros , de 1-2-2001 , Comisión/Francia y 27-2-2003 , Adolf Truley , se acogen al criterio según el cual, para dotar de este carácter a una determinada entidad -todo ello en el marco de las Directivas de contratación: 92/50 , 93/33 y 93/37 -, han de cumplirse los tres requisitos acumulativos de que sea organismo creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil; que esté dotado de personalidad jurídica; y que su actividad dependa estrechamente del Estado, de los entes territoriales o de otros organismos de derecho público.

En consonancia con esta doctrina, el art. 1 LCAP (que, si bien no es aplicable al caso, sí puede tenerse en cuenta como instrumento interpretativo) establece que los contratos que celebren las Administraciones Publicas se sujetarán a las prescripciones de dicha Ley, previendo el apartado tercero de dicho precepto que también ajustarán su actividad contractual a la misma los organismos autónomos y las restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculada o dependiente de cualquiera de las Administraciones Públicas siempre que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil y que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las Administraciones Públicas.

Aquí fue que el Conseller de Industria, Comercio y Turismo, el día 27-3-1992, en nombre del ITV, suscribió un contrato con el Arquitecto don Donato donde queda integrado como Arquitecto colaborador don Julián , contrato cuya cláusula primera, en lo que ahora interesa, dice así: “Constituye el objeto del presente contrato la elaboración y redacción de los proyectos básicos y de ejecución y dirección de las obras consistentes en la construcción de un parque infantil en el Tossal de Alicante, por una parte, y por otra, en el aparcamiento de vehículos para los usuarios y visitantes del referido parque. El objeto contractual […] se desarrollará de la siguiente forma. Una primera fase, consistente en la elaboración y redacción de los proyectos básicos y de ejecución […]. La segunda fase de ejecución del objeto contractual consiste en la dirección de las obras […]”.

Por otro lado, el 26-10-1993, el mismo ITV suscribe con la recurrente “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP) un contrato que tiene por objeto la “ejecución, construcción, instalaciones y ajardinamiento de un parque infantil de carácter temático, con sus instalaciones anexas y complementarias”.

Recapitulando, tratamos de unos contratos suscritos por una entidad de derecho público; que tienen por objeto la ejecución de una obra destinada a un servicio público en terreno de dominio público local; no siendo mercantil el interés perseguido con dicha obra. De ahí que dichos contratos debieron tramitarse con arreglo a las normas de derecho público y estar sujetos a las mismas en cuanto a sus efectos. Por mucho que de la Disposición adicional número 2 de la Ley Valenciana 7/1991 pueda deducirse lo contrario, hay que resolver el conflicto de normas jurídicas mediante el criterio constitucional de competencia, y de ahí que dicha Ley 7/1991 no resulte aplicable pues -como alega la asistencia procesal del Ayuntamiento de Alicante- el art. 149.1 18ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva para promulgar la legislación básica sobre contratación administrativa.

Con esto se rechaza el motivo de impugnación.

CUARTO

 Otro de los motivos de impugnación, planteado por los recurrentes Arquitectos y el recurrente Arquitecto Técnico, atiende a la supuesta falta de acción del Ayuntamiento de Alicante para declarar la responsabilidad de todos ellos. Señalan los recurrentes que los servicios que prestaron se desenvolvieron en ejecución de contratos suscritos con el Institut Turístic Valencià (ITV), no con dicho Ayuntamiento.

El ITV, el día 1-6-1993, suscribió un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante para la construcción, ejecución e instalación del parque infantil en la ladera del monte Tossal o de San Fernando. Las edificaciones e instalaciones del parque serían puestas a disposición de la corporación municipal y el ITV financiaría el proyecto. El punto cuarto del convenio establece que “(l)a efectiva entrega de la posesión de las instalaciones y edificaciones del parque, cuya financiación asume el ITV, por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, se efectuará en el momento de la recepción provisional de las obras por parte del ITV”, y que “a partir de la fecha de recepción provisional, se entenderá subrogado el Excmo. Ayuntamiento de Alicante en todos los derechos y acciones que frente a la empresa o empresas contratistas pudieran corresponder al ITV”.

La recepción provisional de las obras tuvo lugar el 15-2-1995. Así pues, desde esta fecha, el Ayuntamiento de Alicante se subroga en todas las acciones de las que venía asistido el ITV frente a los contratistas ejecutantes del proyecto del parque en el monte Tossal, entre ellos, claro está, las personas y la entidad que plantean los recursos contencioso-administrativos que aquí se enjuician.

El motivo de impugnación es rechazado.

QUINTO

 Es momento de pasar al examen de las quejas de índole procedimental. Ya hemos dicho que los recurrentes Arquitectos alegan infracción de procedimiento, en concreto de los arts. 18 y 52 LCE y los arts. 51 y 157 de su Reglamento, pues la imputación de responsabilidad se ha adoptado sin tramitación de expediente alguno ni emisión de dictamen del Consejo Consultivo y todo ello con el resultado de indefensión.

Sin embargo esta cuestión no fue planteada por los recurrentes en su escrito de demanda, lo que constituye una impropiedad procesal, pues no cabe suscitar en trámite de conclusiones hechos nuevos. La STS de 4-7-2011 , con cita de la STS de 22-4- 2009, recuerda que en el proceso contencioso-administrativo las pretensiones se articulan en los escritos de demanda y de contestación, sin que después las partes puedan plantear cuestiones nuevas en el trámite de vista o de conclusiones ( arts. 56, apartado 1 , y 65, apartado 1, LJCA ). De ahí que la queja de estos recurrentes tenga que ser rechazada.

Por su lado, el recurrente Arquitecto Técnico igualmente se queja de la omisión del trámite procedimental previo a la declaración de su responsabilidad, además de que -en su sentir- el acto de imputación carece de la motivación suficiente al respecto de la específica responsabilidad de dicho recurrente.

El recurrente Arquitecto Técnico, una vez jurisdiccionalizado el litigio, ha podido alegar y probar ante este órgano judicial todo lo que ha considerado oportuno. De ahí que, antes de entrar en consideración acerca de sus quejas procedimentales, sirva mejor a su derecho a la tutela judicial efectiva y a la función jurisdiccional -que debe tender hacia la definitiva terminación de los litigios- el que esta Sala dirima si realmente concurren los presupuestos para que el Ayuntamiento de Alicante le atribuya la responsabilidad que le atribuye.

Con esto pasamos a examinar el fondo del conflicto jurídico.

SEXTO

 El conflicto jurídico versa sobre el fracaso de una obra pública, la construcción del parque temático infantil “Un país de niños” en el monte Tossal de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante, gestor definitivo de la obra, califica el fracaso de ruinoso en sentido técnico-legal e imputa la responsabilidad derivada a los Arquitectos directores del proyecto, al Arquitecto Técnico y a la constructora, ello con base a los arts. 56 de la Ley de Contratos del Estado (LCE ) y 1591 del Código Civil (CC ).

Para ir avanzando en algunas de las cuestiones jurídicas suscitadas, conviene repasar la literalidad de los preceptos legales invocados por el Ayuntamiento en su Acuerdo de imputación de responsabilidad; también la jurisprudencia que los interpreta.

El art. 56LCE reza así: “Si la obra se arruinara con posterioridad a la recepción definitiva por vicios ocultos de la construcción debidos al incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, responderá este de los daños y perjuicios en el término de quince años”.

El art. 1591 CC por su lado establece: “El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviese lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiese, si se debe la ruina al vicio del suelo o de la dirección”.

La jurisprudencia se muestra partidaria de una interpretación amplia y flexible, impuesta por la realidad social, del concepto de ruina a los fines del nacimiento de la responsabilidad del art. 56LCE y el art. 1591 CC , habiendo declarado que el término “ruina” que utiliza el legislador no debe quedar reducido al supuesto de derrumbamiento total o parcial de un edificio, sino que “hay que extenderlo también a aquellos defectos constructivos que, por exceder de las imperfecciones comunes o corrientes, impliquen una ruina potencial que haga temer por su pérdida o la inutilicen para la finalidad que le es propia” ( SSTS de la Sala Primera de 25-1-1982 , 27-12-1983 , 16-6-1984 , 16-2-1985 , 17-2-1986 , 22-6-1986 , 30-12-1987 y 4-12-1989 ). Ha precisado la jurisprudencia que el estado de ruina puede ser funcional, la cual “tiene lugar en aquellos supuestos en los que los defectos constructivos inciden en la idoneidad de la cosa para su normal destino, y por consiguiente afecta al valor práctico de la utilidad, como exigencia, junto a la seguridad, de una adecuada construcción. (y así) se aprecia la ruina funcional cuando los defectos tienen una envergadura o gravedad que exceden de las imperfecciones corrientes haciendo inútil o impropia la cosa para su finalidad” ( STS, Sala Primera, de 26-3-2007 ; en el mismo sentido, STS, Sala Primera, de 20-12-2006 ).

El sentido del incumplimiento doloso a que se refieren los preceptos hay que entenderlo como una “omisión consciente por parte del obligado de sus deberes contractuales” ( STS de 23-5-1983 ), no siendo necesaria una específica intención de dañar.

La responsabilidad del Arquitecto director de las obras, declarada solidariamente junto con el Aparejador y la contratista, es procedente en los supuestos en que no resulte discernible la responsabilidad de los intervinientes en la construcción ruinosa ( STS de 28-6-2006 ). La Sala Primera del Tribunal Supremo, interpretando el art. 1591 CC , declara en su STS de 20-7-1989 que “la creación jurisprudencial del principio de responsabilidad solidaria en la construcción opera en las hipótesis en que la ruina de la edificación (ruina física o ruina funcional) se haya producido por la concurrencia de varias concausas, unas atribuibles a la dirección y otras a la ejecución, sin posibilidad de discernir las consecuencia de cada una – SSTS entre otras de 17-6-1985 y 30- 12-1985 -, de modo que la responsabilidad solidaria de los distintos elementos personales que cooperaron en la edificación solo está justificada en caso de no poder individualizarse la correspondiente a cada uno de los culpables de los defectos constructivos, por lo que es manifiesto que cuando no se da tal presupuesto de hecho por haberse precisado la atribuible a cada uno de ellos (…) la prestación de responsabilidad solidaria no puede prosperar”.

Así pues, a priori , los arts. 56LCE y 1591 CC legitiman una declaración de responsabilidad conjunta y solidaria imputable al Arquitecto, al Arquitecto Técnico y a la constructora, si es que la obra encargada ha fracasado por una ruina funcional y no es posible delimitar la responsabilidad de cada uno de los contratistas. Dicho en otras palabras, del art. 1591 CC , aplicable al caso, igualmente se puede hacer derivar responsabilidad del Arquitecto y del Arquitecto Técnico, por lo que hemos de rechazar algunas alegaciones que durante el proceso se han vertido en sentido contrario.

Toca a continuación discernir si los defectos de la obra del monte Tossal eran irrecuperables y en consecuencia ruinosos y si cabe delimitar una responsabilidad causal determinante de la ruina, particular que fuera, entre cada uno de los contratistas que interponen los recursos contencioso-administrativos.

SÉPTIMO

 Las anteriores cuestiones -no se oculta- están marcadamente influidas por consideraciones de naturaleza técnica. En las actuaciones constan numerosos informes y dictámenes unidos al expediente administrativo o aportados por las partes en los que se toca el tema. Entre ellos venimos a recodar el informe del Ingeniero de Caminos Sr. Juan María (de CYPE Ingenieros); el informe del Ingeniero de Caminos Sr. Celestino y del Ingeniero Agrónomo Sr. Ismael (de la Universidad Politécnica de Valencia, UPV); el informe del Ingeniero Industrial Municipal Sr. Secundino ; el informe del Arquitecto Municipal Sr. Blas ; el informe del Ingeniero Sr. Alexis (de la UPV); el informe del Sr. Fidel (de la UPV); el informe del Profesor Titular de Mecánica del Suelo de la UPV Sr. Celestino ; o el informe del Ingeniero de Caminos Sr. Virgilio .

Ha sido también que la Sala acordó, a los fines de ser asesorada sobre las cuestiones litigiosas, dos pruebas periciales a practicar en sede judicial y servidas por el Ingeniero de Caminos don Bienvenido (Profesor Titular de Ingeniería del Terreno de la UPV) y por el Arquitecto don Joaquín . En principio, la virtualidad de estas diligencias probatorias es superior a la de otros documentos periciales, y ello por la garantía que implica la imparcialidad que hay que presumir en estos peritos, los cuales han sido elegidos previa insaculación; también por el juramento o la promesa por ellos prestados de cumplir bien y fielmente su función; o porque -en fin- sus dictámenes se han sometido a contradicción en una vista oral mediante la cual el órgano judicial ha podido apreciar con inmediación las respuestas periciales a las peticiones de aclaración o ampliación planteadas por las partes del proceso. Tampoco es desdeñable el dato de que el dictamen de estos peritos ha supuesto una general reconsideración de la numerosa documentación pericial de la que antes hemos hecho reseña.

Recordamos, de todos modos, que las apreciaciones periciales no vinculan a los órganos judiciales y que estos deben ponderarlas mediante una sana crítica, pues otra cosa sería una impropia delegación de la decisión judicial en los peritos. Como aquí se podrá comprobar, nuestra decisión sobre la responsabilidad del fracaso de la obra se apartará en cierta medida de algunas de las apreciaciones servidas por los peritos judiciales.

OCTAVO

 Es punto de partida de la valoración de la Sala la consideración expresada por uno de los peritos judiciales según la cual el estado de la ciencia arquitectónica, en la actualidad, permite superar cualquier dificultad que a priori planteen los terrenos en los cuales se pretenda construir, de modo que, en su caso, debe buscarse la solución técnica ante la concreta dificultad y proyectar y construir en consecuencia. La otra premisa -centrada ya en el caso enjuiciado- es que los sucesivos vaciamientos del lago instalado artificialmente en el monte Tossal de Alicante y el hundimiento de su lecho constituyeron la más significada manifestación del fracaso de la obra pública “Un país de niños”. La conclusión es que este fracaso no ha resultado de causas de fuerza mayor; tampoco tiene su explicación en el caso fortuito, dado que encuentra su causa en las omisiones y deficiencias imputables a alguno o algunos de los sujetos que concurrieron en el proceso constructivo.

El parque temático se proyectó sobre un monte con laderas de un 20 % de inclinación. El parque incluía un lago artificial de 10.000 m2 (una superficie superior a un campo de fútbol) y múltiples terrazas y bancales aguantados con muros. Estas instalaciones requerían del desplazamiento y rellenos de tierras artificiales que les sirvieran de base. Con ellas se allanaba de algún modo la superficie inclinada de la ladera, si bien, y al mismo tiempo, quedaba alterado el flujo de las escorrentías, pues no descenderían por el monte como antes de la obra ya que el agua de las lluvias sería absorbida en mayor medida por el monte al cual, además, la obra le había privado de los árboles que asentaban sus laderas.

En concreto, el lago artificial fue construido sobre una superficie inclinada del monte y sobre rellenos de tierra desplazada – aguantados con muros de hasta 14 metros- que allanaban dicha superficie. El lago se llenó de agua en al menos tres ocasiones y en cada una de ellas se vació, filtrándose esta agua en la base de rellenos. Como explicó el perito judicial Ingeniero de Caminos, los rellenos se asentaron sobre una superficie inclinada y esto suponía una diferente presión en las tierras del relleno y la causa del desplazamiento de estas tierras y a la postre de los “asientos” (descensos en la superficie por mayor unión de los materiales de la construcción a causa de la presión de los unos sobre los otros). Ello provocó la rotura del lecho del lago y su desagüe masivo, pese a que estaba impermeabilizado, lo cual resultaba inútil ante los hundimientos y fallas de su base. La filtración del gran volumen de agua del lago evacuada, por otro lado, afectó todavía más a la base de rellenos con compresiones y extensiones, y el sobrepeso de esta masa de tierra, de alguna manera descontrolada, unida a flujos de agua, fue lo que determinó nuevos asientos y fallas en otras instalaciones del parque temático que en definitiva lo arruinaron, pues los defectos resultantes hacían imposible su utilización en los términos en que había sido concebido y proyectado.

La Sala no está de acuerdo con la apreciación del perito judicial Arquitecto según la cual “el diseño (de la obra) era el adecuado, dada la naturaleza del proyecto que se quería construir”; no creemos que el proyecto del parque temático se redactara con arreglo a las reglas de la ciencia arquitectónica, dadas las particulares circunstancias concurrentes. Como afirma el otro perito judicial, por el mayor coeficiente de infiltración de aguas de lluvia, provocado por las terrazas y los bancales resultantes de las obras, existía una gran probabilidad de que los rellenos fueran a quedar inundados y de que por lo tanto se viera reducida su resistencia y aumentase su deformabilidad y la posibilidad de asientos diferenciales. Los rellenos de tierra en el proyecto están tratados con una exigencia mínima -de manera ordinaria-, lo que supone que los redactores no dieron la respuesta proyectiva adecuada a la particular complejidad técnica de la obra. Tampoco previeron el adecuado sistema de drenaje que compensara o paliara la deficiencia, especialmente donde la zona del lago artificial. A lo que hay añadir que el informe geológico, que fue dado por bueno por quien proyectó la obra, era -así lo denuncian los dos peritos judiciales- a todas luces insuficiente por el carácter genérico de las recomendaciones sobre cimentaciones, excavaciones y explanaciones; también por la escasez de sondeos y calicatas (18, cuando eran recomendables unos 240).

Al redactor y diseñador del proyecto de la obra le correspondía haber previsto el comportamiento de los rellenos dadas las particulares características del monte Tossal o bien haber arbitrado una solución arquitectónica eficaz para paliarlo. No corresponde a esta Sala señalar dichas soluciones, pero nos parece claro que no se pusieron los medios adecuados a la vista de las insuficiencias del estudio geológico; de la inadecuada previsión sobre compactación de los rellenos; o del también insuficiente sistema de drenaje arbitrado.

No hay datos objetivos concluyentes en el proceso a partir de los cuales pueda deducirse que las tareas de compactación de los rellenos se ejecutaron por la constructora inobservando los mandatos del proyecto. La apreciación en sentido contrario del perito judicial Arquitecto no ha resultado confirmada por otras apreciaciones periciales. Tampoco está probado que el vaciado del lago tuviera su causa en la rotura de una arqueta mal ejecutada. En general, no hay datos suficientes que desmientan que la constructora se limitó a ejecutar el proyecto servido por quien lo redactó, lo cual la exime de la responsabilidad que le imputa el Ayuntamiento de Alicante.

En fin, lo que resulta de las actuaciones es que el Arquitecto Técnico de la obra se limitó a vigilar su ejecución siguiendo el mandato de quien lo redactó. Por ello, también dicho Arquitecto Técnico está exento de la responsabilidad que le atribuye el Ayuntamiento.

Recapitulando, la causa de la ruina de la obra pública “Un país de niños” en el monte Tossal de Alicante hay que buscarla en las deficiencias e insuficiencias del proyecto arquitectónico, por lo que solo es lícito declarar responsable de la ruina al profesional Arquitecto que lo redactó y diseñó.

Otros daños causados en la ladera del monte y aledaños (ronda de acceso, edificios, etc.) no encuentran su explicación en los desplazamientos de tierras provocados con el intento fallido de construir el parque temático. Al menos no concurren datos concluyentes en tal sentido: en este punto nos acogemos a la apreciación del perito judicial Ingeniero de Caminos según la cual la situación de inestabilidad global de la ladera del monto está asociada “…a deslizamientos profundos que afecten la estratificación de la ladera y cuyo origen puede ir asociado a desequilibrios por la redistribución de los materiales excavados en los bancales y/o cambio en las condiciones hidrogeológicas (presencia de agua)”.

En consecuencia, hemos de estimar los recursos contencioso-administrativos planteados por don Teodulfo , por una parte, y por “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP), por otra parte, debiéndose anular los actos impugnados en cuanto declaran o suponen la responsabilidad contractual de uno y de otra.

Igualmente debe estimarse el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Arquitecto don Julián . El Institut Turísitic Valencià (ITV) y el Arquitecto don Donato celebraron un contrato para la “elaboración y redacción de los proyectos básicos y de ejecución y dirección de las obras” del parque temático el día 27-3-1992. El contrato detallaba “las obligaciones del Arquitecto” -esto es, del Arquitecto contratista-, a quien incumbía la de entregar un proyecto adecuado con arreglo a la ciencia arquitectónica. El Arquitecto don Julián no era contratista con el ITV, sino colaborador vinculado al contratista, si bien el ITV aceptó la colaboración (aceptó la “intervención de otro facultativo”), por lo que la responsabilidad por el incumplimiento del contrato solo puede ser exigida por la Administración al Arquitecto con quien contrató y no al empleado por este.

NOVENO

 Resta examinar la cuantificación de la responsabilidad, ya que ha sido cuestionada por el recurrente a quien le incumbe con arreglo a lo razonado en el anterior Fundamento.

El importe de la responsabilidad calculado por el Ayuntamiento de Alicante se desglosa en 5.090.083 euros que tienen su explicación en el precio de la obra de reparación; en 1.736.632,26 euros, por la demolición de las infraestructuras arruinadas; y en 204.098 euros, por las obras de emergencia necesarias para evitar la ruina de los edificios colindantes.

Pues bien, no era posible exigir al Arquitecto una reparación propia de las deficiencias proyecto, dada la trascendencia de estas que impedía la reparación. Mas no cabe tampoco que la indemnización sustitutoria se calcule por el importe de otro proyecto sustancialmente diferente, como fue el que se ejecutó al final. Tampoco puede el Ayuntamiento exigir al Arquitecto una indemnización por el importe de las obras de emergencia porque -como ya se ha dicho- no hay datos concluyentes que permitan asegurar que los desplazamientos de tierras desde el monte Tossal, que producen daños o amenazan con dañar los edificios próximos a su falda, tienen su causa eficiente en la obra ejecutada que proyectó el Arquitecto contratista.

Por lo que solo es legítimo que el Ayuntamiento pueda exigir al Arquitecto la responsabilidad por los perjuicios que implica la demolición de las infraestructuras arruinadas, los cuales cifra el mismo Ayuntamiento en 1.736.632,26 euros.

En consecuencia, el recurso contencioso-administrativo planteado por don Donato debe ser estimado en parte, en el sentido de que los actos impugnados han de limitar la responsabilidad de este contratista a la cantidad de 1.736.632,26 euros.

DÉCIMO

 De conformidad con lo establecido en el art. 139.1 LJCA , y no concurriendo temeridad o mala fe en las partes contendientes, no ha lugar a un expreso pronunciamiento sobre las costas procesales.

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación

FALLAMOS

Estimamos los recursos contencioso-administrativos interpuestos por don Julián , por don Teodulfo y por “Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas” SA (CLEOP), al ser contrarias a Derecho las Resoluciones impugnadas en la parte que declaran o suponen la responsabilidad de dichos recurrentes, y las anulamos en dicha parte, por contrarias a Derecho.

Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Donato , al ser parcialmente contrarias a Derecho las Resoluciones impugnadas en tanto que no limitan el importe de la responsabilidad de dicho recurrente a 1.736.632,26 euros, y las anulamos en dicha parte.

Sin costas.

Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno. A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como Secretaria de la misma, certifico. En Valencia, a diecisiete de abril de dos mil doce.

 

 

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