Conferencia: «Conceptualización de Andenes y Terrazas en Perú» (M. Aguirre-Morales Prouve)

AGUIRRE-MORALES PROUVE, MANUEL (20201209).

«Conceptualización de Andenes y Terrazas en Perú».

Seminario Internacional 2020-2021: Terrazas Andinas en Contexto de Modernidad. Infraestructuras en Andenes y Terrazas.

Centro Bartolomé de las Casas. Videoconferencia Zoom.

Miércoles 9 Diciembre 2020, 11,00-11,30 h (Perú).

Conferencia: «Desocultando el Pasado. Mujeres y Vida Social. Casos de Estudio en la Costa Sur del Perú» (T Escoriza-Mateu y MD Guerrero-Perales)

ESCORIZA-MATEU, T. y GUERRERO-PERALES, M.D. (20201130)

«Desocultando el Pasado. Mujeres y Vida Social. Casos de Estudio en la Costa Sur del Perú».

Jornadas de Formación Multidisciplinar en Materia de Violencia de Género.

Ministerio de Igualdad-Junta de Andalucía-Universidad de Almería.

Videoconferencia Google Meet. Universidad de Almería.

Lunes 30 Noviembre 2020, 17,00-19,00 h.

Inscripción

Conferencia: «Política Sexual y Reproducción Social en la Pampa de Tamgural: Estructura Sexo-Edad en el Cementerio Tarapacá 40 (1000 cal ANE–600 cal DNE» (AK González-Ramírez y AA Saez Sepúlveda)

GONZÁLEZ-RAMIREZ, A.K. y SÁEZ-SEPÚLVEDA, A.A. (20201125)

«Política Sexual y Reproducción Social en la Pampa de Tamgural: Estructura Sexo-Edad en el Cementerio Tarapacá 40 (1000 cal ANE–600 cal DNE».

Jornadas de Investigación. Universidad Católica de Temuco.

Videoconferencia Google Meet. Universidad Católica de Temuco.

Miércoles 25 Noviembre 2020, 10,00 h (Chille) – 14,00 h (España).

Ponencia: «Arqueología feminista en la costa sur del Perú. Una revisión y una propuesta para el estudio de la indumentaria (c. 1400 cal ANE – 400 cal DNE)». Jornadas Jovenes Americanistas 2020

JJJ2020GUERRERO PERALES, M.D. (20201120),

Arqueología feminista en la costa sur del Perú. Una revisión y una propuesta para el estudio de la indumentaria (c. 1400 cal ANE – 400 cal DNE)».

INSTITUTO FRANCES DE ESTUDIOS ANDINOS (Lima)-CASA DE VELAZQUEZ (Madrid)-INSTITUD DES AMERIQUES (Madrid)-CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS (México), .

Taller «Los objetos al prisma de las ideologías».

Viernes 20 Noviembre 2020, 15,30 h.  Videoconferencia.

Diptico JJJ2020

Maria Reiche. RNE. 19 Agosto 2020

MARIA REICHE: LOS GEOGLIFOS DE NASCA
Colaboración en la sección «Mujeres en la Historia», de Marina Ortueta Martín («Gente Despierta», Radio Nacional de España, 19.8.2020).

Recordando a María Reiche Neumann. Una mujer alejada de las convenciones, en su vida, en su trabajo y en su posicionamiento ante la realidad de la Alemania del IIIer Reich de donde era originaria y a donde no regresó, y del Perú donde se quedó hasta su muerte. Su labor en las Pampas de Nasca incrementó los registros de los geoglifos entre los ríos Nasca e Ingenio. Su documentación proporcionó la base para los análisis que han seguido hasta hoy de los geoglifos de los primeros siglos de nuestra era, cuando las llanuras y laderas entre los ríos se convirtieron en espacios de prácticas político-ideológicas durante las épocas de constitución, consolidación y declive del Estado con centro en Cahuachi. No podemos olvidar que si avanzamos en la investigación arqueológica, es porque se han hecho caminos. Y María Reiche recorrió muchas sendas en los desiertos costeros del Perú.

Emisión de Radio Nacional de España, del 19 de Agosto de 2020, en la sección «Mujeres de la Historia», conducida por Marina Ortueta Martín, en el programa «Gente Despierta».

https://www.youtube.com/watch?v=-fO2zgVvtYg

https://mediavod-lvlt.rtve.es/…/T…/mp3/2/2/1597792614322.mp3

https://blogs.uab.cat/acaia/difusion/radio-colaboraciones/rne-20200819

Exposición: «50 Anys d´Arqueologia a la UAB»

Comisario: Jordi Estévez Escalera

Exposición Física: Vestíbulo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Exposición Virtual: 50 anys d´arqueologia a la uab

Inauguración: Miércoles 20 de Marzo de 2019.

Conferencia: «Desocultando el Pasado: Mujer y Vida Social» (T Escoriza-Mateu)

ESCORIZA-MATEU, T (20190319).

«Desocultando el Pasado: Mujer y Vida Social».

IV Jornadas Histórico Feministas.

Asociación Sapere Aude.

ADA´s Café, c/ Conde Ofalia, nº 5, Universidad de Almería.

Martes 19 Marzo 2019, 16,30 h.

https://www.facebook.com/events/2289174627963440/

TFM: María D. Guerrero Perales. Presentación en la UAB (2018.09.12)

TRABAJO FINAL DE MASTER: MARÍA D. GUERRERO PERALES
«Los Atuendos en los Colectivos Sociales y Sexuales de la Costa Sur del Perú en los Horizontes Temporales de c. 1400 cal ANE al 400 cal DNE».
Departamento de Prehistoria, UAB
Director: Dr. Pedro V. Castro-Martinez
Presentación: Miércoles 12 de Septiembre 2018, 12,30 h.
Seminario A (B7-1058), Facultad de Filosofía y Letras, UAB. Bellaterra (Barcelona)
Tribunal: Dra. Trinidad Escoriza-Mateu (UAL), Dra. Manuela Pérez Rodríguez (UAB), Dra. Laura Mameli Iriarte (UAB).

Ponencia: «La Puntilla Project-Social Archaeology in Nasca (Ica, Peru)»

 

CASTRO-MARTINEZ, P.V.; ESCORIZA-MATEU, T.; GONZALEZ-RAMIREZ, A.K.; GUERRERO PERALES, M.D.; IRAZABAL VALENCIA, S.L.; PENAGOS CABESTANY, A.; SAEZ-SEPULVEDA, A.; SALAZAR IBAÑEZ, V.F. (20180907)

“La Puntilla Project: Social Archaeoloogy in Nasca (Ica, Perú)”.

24th EAA Annual Meeting. Session 651: European Projects in America. Past Present and Future. Viernes 7 Septiembre 2018, 17,00 h. Espacio UB207. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona, c/ Montealegre, 6, Barcelona (Catalunya, España).

24 EAA-2018-Scientific Programme

24 EAA-2018-Abstract

Conferencia: «Mujeres y Arqueología: Sexuando el Pasado» (T Escoriza-Mateu)

ESCORIZA-MATEU, T (20180822).

“Mujeres y Arqueología: Sexuando el Pasado”. 

Ciclo de Conferencias Arqueológicas.

Escuela Profesional de Arqueología-Maestría de Arqueología Andina-Grupo de Investigación Yungas.

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Auditorio “Jose María Arguedas”, Ciudad Universitaria UNMSM, Cercado de Lima.

Miércoles 22 Agosto 2018, 16,00 h.

Conferencia: «Proyecto La Puntilla (Nasca, Ica): Arqueología Social en la Costa Sur del Perú» (PV Castro-Martinez)

CASTRO-MARTINEZ, PV (20180822).

“Proyecto La Puntilla (Nasca, Ica): Arqueología Social en la Costa Sur del Perú”.

Ciclo de Conferencias Arqueológicas.

Escuela Profesional de Arqueología-Maestría de Arqueología Andina-Grupo de Investigación Yungas.

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Auditorio “Jose María Arguedas”, Ciudad Universitaria UNMSM, Cercado de Lima.

Miércoles 22 Agosto 2018, 15,00 h.

La vida quotidiana de les poblacions andines davant el sorgiment dels primers estats

La vida quotidiana de les poblacions andines davant el sorgiment dels primers estats

La Puntilla

Des de fa una dècada, un equip coordinat pel professor del departament de Prehistòria de la UAB Pedro V. Castro-Martínez, analitza la vida quotidiana de les poblacions andines davant el sorgiment dels primers estats, des de l’òptica de l’arqueologia social.

Veure Publicació: UAB Divulga 26.6.2018

La vida cotidiana de las poblaciones andinas ante el surgimiento de los primeros estados

La vida cotidiana de las poblaciones andinas ante el surgimiento de los primeros estados

La Puntilla

Desde hace una década, un equipo coordinado por el profesor del departamento de Prehistoria de la UAB Pedro V. Castro-Martínez, analiza la vida cotidiana de las poblaciones andinas ante el surgimiento de los primeros estados desde la óptica de la arqueología social.

Ver Publicación Completa: UAB Divulga 26.6.2018.

Arqueología social para entender cómo era la vida cotidiana de las poblaciones andinas ante el surgimiento de los primeros estados

Arqueología social para entender cómo era la vida cotidiana de las poblaciones andinas ante el surgimiento de los primeros estados

Este es el objetivo principal de la investigación que desde hace una década lleva a cabo un equipo coordinado por el Prof. Pedro V. Castro-Martínez, de la UAB

Los últimos avances del proyecto se han presentado en el Convegno Internationazionale di Americanistica, en Perugia y en breve se hará lo mismo en otros encuentros científicos internacionales

Cabeza deformada encontrada en el yacimiento El Trigal III (Equipo ACAIA)

Ver publicación completa: Blog de la Fundación PALARQ

Ponencia: “Arqueología de las Comunidades Aestatales: Teorías, métodologías y líneas de investigación en los Andes Centrales”. XL Convengo Internazionale di Americanistica. Arqueología de las Américas


CASTRO-MARTINEZ, P.V.; ESCORIZA-MATEU, T.; GONZALEZ-RAMIREZ, A.K.; GUERRERO PERALES, M.D.; PENAGOS CABESTANY, A. (20180506), 

“Arqueología de las Comunidades Aestatales: Teorías, métodologías y líneas de investigación en los Andes Centrales”.

XL Convengo Internazionale di Americanistica. Sesión 14: Arqueología de las Américas: entre la cultura material y las representaciones simbólicas. Domingo 6 Mayo 2018, 15,00-18,00 h. Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci, 19. Perugia (Italia).

Programa del XL CIA

 

Conferencia “La Producción de la Vida Social a través de las Representaciones Figurativas” (MD Guerrero Perales)

GUERRERO PERALES, MD. (20180427).

“La Producción de la Vida Social a través de las Representaciones Figurativas”.

Seminario “Arqueologías de la reproducción. La materialidad de las prácticas maternales”,

Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Almería. Viernes 27 Abril 2018, 12,15 h.

https://www.webgea.es/actividades/congresos-seminarios/86-seminario-“arqueologias-de-la-reproduccion-la-materialidad-de-las-practicas-maternales”-y-exposicion-fotografica-“la-reproduccion-en-imagenes” 

Diptico

Conferencia  “Trabajo Femenino, Reproducción Biológica y Mantenimiento de Sujetos Sociales” (T. Escoriza-Mateu)

ESCORIZA-MATEU, T. (20180426).

“Trabajo Femenino, Reproducción Biológica y Mantenimiento de Sujetos Sociales”.

Seminario “Arqueologías de la reproducción. La materialidad de las prácticas maternales”,

Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Almería. Jueves 26 Abril 2018, 17 h.

https://www.webgea.es/actividades/congresos-seminarios/86-seminario-“arqueologias-de-la-reproduccion-la-materialidad-de-las-practicas-maternales”-y-exposicion-fotografica-“la-reproduccion-en-imagenes” 

Diptico

Conferencia «Arqueología y Feminismo: Las Representaciones Figurativas» (MD Guerrero Perales)

GUERRERO PERALES, MD. (20180424). 

«Arqueología y Feminismo: Las Representaciones Figurativas».

«Mujeres y Desigualdad Social».

Grado de Historia de la UAL.

Facultad de Humanidades y Psicología, Universidad de Almería.

Martes 24 Abril 2018. 

Conferencia: «La Violencia Patriarcal contra el Cuerpo Femenino» (Trinidad Escoriza-Mateu)

ESCORIZA-MATEU, T. (20180215).

“La Violencia Patriarcal contra el Cuerpo Femenino”.

Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza (FASE) de la CGT

III Jornadas «Pedagogías Libertarias”.

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada.

Jueves 15 Febrero 2018. 16,00 h.

 

Conferencia: «Reproducción y Mujeres: La Exposición» (Trinidad Escoriza-Mateu)

ESCORIZA-MATEU, T. (20171004).

“Reproducción y Mujeres: La Exposición”.

Sindicato Obrero del Campo-SAT (“Charlas sobre Vida Social y Arqueología”).

Inauguración de la ExposicIón “La Reproducción Tiene Historia”.

Local del Sindicato Obrero del Campo-SAT (Avda. de la Libertad, 5. Marinaleda).

Miércoles 4 Octubre 2017. 19,00 h.

http://blogs.uab.cat/prehistoria/2017/10/01/marinaleda/

Conferencia: «Arqueología en los Andes» (Pedro V. Castro-Martinez)

CASTRO-MARTINEZ, P.V. (20171004).

“Arqueología en los Andes”.

Instituto (IES) José Saramago (“Charlas sobre Vida Social y Arqueología”).

Para el Alumnado del Centro

Instituto de Enseñanza Secundaria “José Saramago” (Avda. de la Libertad, s/n. Marinaleda).

Miércoles 4 Octubre 2017. 9,30 h.

http://blogs.uab.cat/prehistoria/2017/10/01/marinaleda/

Conferencia: “Orígenes: Falsos Mitos de la (Pre)historia” (Pedro V. Castro-Martinez)

CASTRO-MARTINEZ, Pedro V. (20171003).

“Orígenes: Falsos Mitos de la (Pre)historia”.

Sindicato Obrero del Campo-SAT (“Charlas sobre Vida Social y Arqueología”).

Local del Sindicato Obrero del Campo-SAT (Avda. de la Libertad, 5. Marinaleda).

Martes 3 Octubre 2017. 20,00 h.

http://blogs.uab.cat/prehistoria/2017/10/01/marinaleda/

Conferencia: “Mujeres, Historia y Arqueología” (Trinidad Escoriza-Mateu)

ESCORIZA-MATEU, T. (20171003).

“Mujeres, Historia y Arqueología”.

Sindicato Obrero del Campo-SAT (“Charlas sobre Vida Social y Arqueología”).

Local del Sindicato Obrero del Campo-SAT (Avda. de la Libertad, 5.

Marinaleda). Martes 3 Octubre 2017. 19,00 h.

http://blogs.uab.cat/prehistoria/2017/10/01/marinaleda/

Conferencia: «Comunidades Aestatales y Estado desde los Asentamientos de El Trigal.» (Pedro V. Castro-Martinez)

CASTRO-MARTINEZ, P.V. (20170928).

«Comunidades Aestatales y Estado desde los Asentamientos de El Trigal. Investigaciones de Arqueología Social en Perú (Proyecto La Puntilla, Orcona, Nasca, Ica)».

Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada.

Facultad de Filosofía y Letras, Aula «Decano José Palanco» (Campus Universitario de La Cartuja, Granada)

Jueves 28 Septiembre 2017. 12,30 h.

http://blogs.uab.cat/prehistoria/2017/09/21/

 

Conferencia: «Projecte La Puntilla (Orcona, Nasca, Ica, Peru): Arqueologia Social als Assentaments de El Trigal» (Pedro V. Castro-Martinez)

CASTRO-MARTINEZ, Pedro V. (20170517)

“Projecte La Puntilla (Orcona, Nasca, Ica, Perú). Arqueologia Social als Assentaments de El Trigal»

Museu d´Arqueologia de Catalunya

Ciclo de Conferencias «Missions Arqueològiques Catalanes a Amèrica».

Auditorio del MAC. Passeig de Santa Madrona, 39-41, Barcelona

Miércoles 17 Mayo 2017, 19,00 h.

Conferencia: «Incas, Huarcos y Pescadores» (Nina M. Castillo Sánchez)

CASTILLO SÁNCHEZ, Nina M. (20170426)

“Incas, Huarcos y Pescadores: 1200-1533 cal DNE en el valle de Cañete (Perú). Proyecto Arqueológico El Huarco-Cerro Azul».

Departamento de Prehistoria, Universitat Autònoma de Barcelona.

Seminario de Arqueología Andina. Grupo de Investigación ACAIA

Facultad de Filosofía y Letras, UAB. Bellaterra (Barcelona)

Miércoles 26 Abril 2017, 12,00-14,00 h.

Blog Departament Prehistoria UAB

Conferencia: «Prácticas Sociales y Producción de la Vida Social en la Costa Sur del Perú» (Pedro V. Castro Martinez)

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CASTRO-MARTINEZ, Pedro V. (20170131)

“Prácticas Sociales y Producción de la Vida Social en la Costa Sur del Perú (1400 cal ANE-400 cal DNE)”

Museo Arqueológico Nacional.

Programa de «Arqueología Española en el Exterior»

Sala de Conferencias del Museo Arqueológico Nacional. Calle Serrano, 13. Madrid.

Martes 31 Enero 2017, 19,00 h.

Conferencia: «Arqueología y Feminismo: Teorías y Práxis en un Proyecto de Arqueología Social en los Andes» (T. Escoriza-Mateu)

Cartel ARQFEM

ESCORIZA-MATEU, T. (20161130)

“Arqueología y Feminismo: Teorías y Práxis en un Proyecto de Arqueología Social en los Andes”

Departamento de Prehistoria, Universitat Autònoma de Barcelona.

Seminario de Arqueología Prehistórica. Módulo de Arqueología de América (Máster Oficial de Prehistoria, Antigüedad y Edad Media)

Facultad de Filosofía y Letras, UAB. Sala de Grados (B7-052). Bellaterra (Barcelona)

Miércoles 30 Noviembre 2016, 12,30-14,30 h.

Blog Departament Prehistoria UAB

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Ponencia: “Dar y Mantener Vida en las Representaciones Figurativas de Valdivia (Ecuador)”. II Congreso Internacional Mujeres, Cultura y Sociedad.

MDG-1-20161124GUERRERO PERALES, M.D. (20161124)

“Dar y Mantener Vida en las Representaciones Figurativas de Valdivia (Ecuador). Un Análisis Crítico”.

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. II Congreso Internacional Mujeres, Cultura y Sociedad. Jueves 24 Noviembre 2016, 14,45 h.  Sala de Grados de Ciencias Sociales, Universidad de Almería, Cañada de San Urbano (Almería).

Cartel Congreso

Conferencias: «Mujeres Libres en la Educación» (T. Escoriza-Mateu y M. Redondo Prat)

 

Cartel

ESCORIZA-MATEU, T; REDONDO PRAT, M. (20161015)

«Mujeres Libres en la Educación»

FASE CGT (Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo)

«I Jornadas de Educación Libertaria y Social»

Universidad de Almería, Sábado 15 Octubre 2016, 9-11 h.

 

Presentación de Libro: “La Chanca. Un Cambio Revolucionario (1940-2000). En palabras de Pepe el Barbero” (Video de la intervención de Trinidad Escoriza-Mateu)

Video de la intervención de nuestra compañera Trinidad Escoriza-Mateu.

«La Chanca. Un Cambio Revolucionario (1940-2000). En palabras de Pepe El Barbero». Pepe Criado. Letra Impar, Almería, 2016.
MUSEO DE ALMERIA. Jueves 29 Septiembre 2016, 19 h.


https://www.youtube.com/watch?v=6qONRy4IRlA

Presentación de Libro: «La Chanca. Un Cambio Revolucionario (1940-2000). En palabras de Pepe el Barbero» (Juana Sánchez, Trinidad Escoriza-Mateu, Lola Rodríguez Martínez, Antonio Torres, Miguel Angel Blanco, Rodrigo Valero, Pepe Criado)

CartelESCORIZA-MATEU, Trinidad (20160929). Participa en la Presentación del Libro 

“La Chanca. Un Cambio Revolucionario (1940-2000). En palabras de Pepe el Barbero”, de PEPE CRIADO (Entrevistando a JOSÉ GARCÍA RUEDA, Pepe El Barbero). Letra Impar, Almería, 2016.

MUSEO DE ALMERIA, Jueves 29 Septiembre 2016, 19 h. Presentación a cargo de Juana Sánchez, Trinidad Escoriza-Mateu, Lola Rodríguez Martínez, Antonio Torres, Miguel Angel Blanco, Rodrigo Valero y Pepe Criado. 

Publicación: «Proyecto de Investigacion Arqueologica La Puntilla-Ultimas Aportaciones de las Excavaciones en Extension en los Asentamientos de El Trigal (Nasca, Ica, Peru)»

Actas I CNA-ICASTRO-MARTINEZ, P.V..; ESCORIZA-MATEU, T.; GONZALEZ-RAMIREZ, A.K.; IRAZABAL VALENCIA, S.L.; SAEZ-SEPULVEDA, A.A.; SALAZAR IBÁÑEZ, V.F. (2016),

Proyecto de Investigacion Arqueologica La Puntilla: Ultimas Aportaciones de las Excavaciones en Extension en los Asentamientos de El Trigal (Nasca, Ica, Perú)”.

En Actas del I Congreso Nacional de Arqueología, Ministerio de Cultura del Perú, Lima, pp. 293-301.

Descargar PDF (MCU Peru)
Descargar PDF (Academia)
Proyecto de Investigacion Arqueologica La Puntilla-Ultimas Aportaciones de las Excavaciones en Extension en los Asentamientos de El Trigal (Nasca, Ica, Peru)

Publicacion: «El Trigal III. Excavaciones en el Asentamiento del primer milenio cal DNE (PIA La Puntilla, Nasca, Ica, Perú)“

III CNA-SumillasCASTRO-MARTINEZ, P.V.; ESCORIZA-MATEU, T.; GONZÁLEZ-RAMÍREZ, A.K.; IRAZABAL VALENCIA, S.L.; SÁEZ-SEPÚLVEDA, A.; SALAZAR IBÁÑEZ, V.F. (20160913), 

El Trigal III. Excavaciones en el Asentamiento del primer milenio cal DNE (PIA La Puntilla, Nasca, Ica, Perú)“.

En III Congreso Nacional de Arqueología-Libro de Sumillas, Ministerio de Cultura del Perú, Lima, pp. 3.

Ponencia: Resumen

Ponencia: «El Trigal III (PIA La Puntilla, Nasca, Ica, Perú)». III Congreso Nacional de Arqueología del Perú

LOGO IIICNA

CASTRO-MARTINEZ, P.V.; ESCORIZA-MATEU, T.; GONZÁLEZ-RAMÍREZ, A.K.; IRAZABAL VALENCIA, S.L.; SÁEZ-SEPÚLVEDA, A.; SALAZAR IBÁÑEZ, V.F.,

 

El Trigal III. Excavaciones en el Asentamiento del primer milenio cal DNE (PIA La Puntilla, Nasca, Ica, Perú)“.

Simposio de Arqueología de la Costa Sur del Perú (Simp Arq Regional Costa Sur-Programa 2016)

III Congreso Nacional de Arqueología del Perú.

Martes 13 Septiembre 2016, 10,00 h.  Auditorio Los Incas, Ministerio de cultura del Perú, Av. Javier Prado Este, 2465. San Borja, Lima 41, Perú.

TFM: Rubén De La Fuente Seoane. Presentación en la UAB (2016.09.08)

Cartel-Fondo NaranjaTRABAJO FIN DE MASTER: RUBÉN DE LA FUENTE SEOANE
«Ubicaciones Cronológicas y Culturas Arqueológicas. Análisis del Procedimiento Metodológico en el Valle de Nasca, Perú».
Departamento de Prehistoria, UAB
Director: Dr. Pedro V. Castro-Martinez
Presentación: Jueves 8 de Septiembre, 12,00 horas.
Aula 300, Facultad de Filosofía y Letras, UAB. Bellaterra (Barcelona)
Tribunal: Dra. Trinidad Escoriza-Mateu (UAL), Dr. Oriol Olesti Vila (UAB), Dr. Ermengol Gassiot Ballbé (UAB).

TFM: Pablo Méndez-Quirós Aranda. Presentación en la UAB (2016.09.08)

Cartel-Fondo FotoTRABAJO FIN DE MASTER: PABLO MÉNDEZ-QUIRÓS ARANDA
«Redes Viales e Integración Territorial en los Valles Occidentales, Area Centro-Sur Andina.»
Departamento de Prehistoria, UAB
Director: Dr. Pedro V. Castro-Martinez
Presentación: Jueves 8 de Septiembre, 10,30 horas.
Aula 300, Facultad de Filosofía y Letras, UAB. Bellaterra (Barcelona)
Tribunal: Dra. Trinidad Escoriza-Mateu (UAL), Dr. Oriol Olesti Vila (UAB), Dr. Ermengol Gassiot Ballbé (UAB).

Conferencias: Arqueología y Anarquismo (Pedro V. Castro-Martinez)

Cartel Arqu y AnarqCONFERENCIA: ARQUEOLOGIA Y ANARQUISMO
«Arqueología y Anarquismo. Contra la Falsificación de la Historia»
ATENEO LIBERTARIO LUCÍA SÁNCHEZ SAORNIL
Martes 24 Noviembre 2015, 21,00 h.
LaOficina, Calle de las Tiendas, 26. Almería

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Amazonia Peruana 2010.07.02

Las observaciones del Ejecutivo:

 

El derecho de consulta versus el autoritarismo

 

Alberto Chirif

 

Hace un par de semanas, los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, Alan García Pérez y Javier Velásquez Quesquén, respectivamente, enviaron un oficio al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, observando la ley que regula el derecho de consulta de los pueblos indígenas, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

 

La cuestión de las prerrogativas especiales.-

 

Los firmantes hacen una primera observación, que podríamos calificar de advertencia, que marca el paso de lo que viene luego y expresa la actitud del gobierno ante un procedimiento que le queda largo, en la medida que no es posible esperar que practicantes del autoritarismo primitivo admitan que se instaure un mecanismo democrático de avanzada, como es la consulta previa para el caso de planes y normas referidos a pueblos indígenas. Al inicio de sus observaciones, los presidentes señalan:

 

“Es necesario que la Autógrafa de Ley establezca, de forma expresa, que el resultado del proceso de consulta previsto, no limita, suspende ni prohíbe al Estado a adoptar decisiones que tengan por finalidad cautelar y garantizar el interés general de la Nación, que debe primar sobre cualquier otro interés. Ello en vista que el Convenio 169 no confiere a los Pueblos Indígenas ninguna prerrogativa sobre los demás miembros de la Nación”.

 

Que los pueblos indígenas, en virtud del Convenio 169, no tienen prerrogativas sobre los demás miembros del país es una apreciación equivocada. Claro que las tienen, de lo contrario no se hubiera trabajado un acuerdo de esta naturaleza, adoptado en 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, después de años de reuniones, que tiene en cuenta, como considerandos, “…las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”; el hecho “…que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión”; y “… la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”.

 

Si no son prerrogativas especiales, qué es lo que ha adoptado la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que están representados los Estados miembros de la OIT y representantes de organizaciones de los empleadores y de los trabajadores. ¿Es que el Convenio 169, ratificado por 14 países de América y cuatro de Europa no representa más que el producto de la diversión de funcionarios y representantes de organizaciones de empresarios y de obreros que se sentaron durante años para elaborar un texto que contiene declaraciones retóricas y no derechos exigibles?

 

Es absurdo. Y la mejor explicación del porqué lo es la da la misma Constitución peruana, que señala: que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional” (Art. 55)”; que “Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República” cuando traten sobre “Derechos Humanos” y algunos otros temas (Art. 56); que “Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República” (Art. 57); y que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú” (Cuarta Disposición Final).

 

Lo que hay que decir es que las prerrogativas de los pueblos indígenas, o comunidades campesinas y nativas como se las llama en el Perú, respectivamente, desde 1969 (ley de Reforma Agraria) y 1974 (ley de comunidades nativas), tiene una historia larga en el Perú. ¿Por qué? Por su condición de originarios, es decir, de estar en el país antes del establecimiento del Estado. La segunda razón tiene que ver con una cuestión de justicia histórica. Desde la Conquista, son los indígenas el sector social más golpeado por la injusticia y la discriminación. Las leyes especiales son, entonces, un mecanismo de compensación histórica conocido como discriminación positiva. Claro que este modo de discriminación corresponde más a la teoría que a la práctica, porque en la realidad las cosas marchan de otra manera, y así el presidente García señala que los indígenas no son ciudadanos de primera y un empresario inmigrante, cuyos padres fueron vendedores ambulantes de telas, los califica de “sarnosos” opuestos al progreso.

 

Menciono sólo los derechos especiales más importantes reconocidos históricamente por la Constitución y las leyes a los indígenas en el Perú. La propiedad de sus territorios comunales es uno de ellos, y su carácter especial es que antecede al título. Es decir, el título no les da la propiedad sino sólo regulariza la que ya tienen. Dicho de otra manera, los indígenas son dueños de sus territorios con o sin título. Relacionado con el derecho de propiedad está la imprescriptibilidad, la única garantía constitucional que la mutilada Constitución de 1993 aún les reconoce. Esta garantía fue asaltada por los decretos causantes de las protestas indígenas de 2008-2009, que paralizaban los procesos de titulación, expropiaban terrenos comunales donde se ubican instalaciones públicas y, lo peor, reconocían la propiedad de terceros asentados en la comunidad con un mínimo de cuatro años, sin importar que se tratase de invasores.

 

Otro derecho especial es la autonomía “en su organización, en el trabajo comunal en el uso y libre disposición de sus tierras” que les reconoce la Constitución (Art. 89º), decreto que también fue violentado por normas arbitrarias, como la ley de tierras de 1995 y uno de los decretos legislativos del actual gobierno, que legislaban sobre cuestiones internos, como el quórum para la disolución de comunidades.

 

 

Consulta y veto.-

 

El Ejecutivo alega que el Convenio 169 no da derecho a veto, y en esto tiene toda la razón. Cualquiera que lo lea se dará cuenta rápidamente que no contempla el veto como prerrogativa de los pueblos indígenas. El gobierno cita numerosos textos, algunos de la propia OIT y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre asuntos indígenas para afirmar su punto de vista. Es así, sin dudas.

 

Lo que las observaciones callan es que las consultas están previstas en el Convenio 169 no como una formalidad, como un simulacro, sino como una práctica democrática seria, ya que además de su carácter previo a la toma de decisiones políticas o aprobación de normas, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 2). Es claro que las consultan apuntan a un fin, y que éste es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. En caso contrario el Convenio considera que la consulta no cumple con la finalidad con que fue prevista.

 

Esto lo ha entendió muy bien el Relator Especial de la ONU, a quien los presidentes Alan García y Velásquez Quesquén no citan esta vez, mucho menos cuando recomendó, hace unos meses, suspender las concesiones petroleras y mineras hasta que no se pusiera en marcha el mecanismo de la consulta.        

 

Tampoco cita un informe de la Defensoría del Pueblo (Nº 011-2009, de mayo 2009), en el cual este organismo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida”. Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella”. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente, le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan”.

 

En resumen, coincidiendo con el documento del Ejecutivo que el derecho de consulta no implica el veto, lo que sí prevé el Convenio como finalidad es el consentimiento Y esto sólo puede lograrse mediante un proceso de diálogo democrático.

 

El derecho de todos como pretexto.-

 

El Ejecutivo argumenta que su deber es velar por todos los peruanos y no sólo por un grupo (los indígenas). El tema es que en ese “todos” están los indígenas, y están también, para otros asuntos, otros sectores con derechos y reclamos especiales relacionados con su campo de actuación. Los obreros, por ejemplo, reclaman por lo suyo, y dentro de éstos, los mineros demandan por cuestiones especiales y diferentes a los de construcción civil o a los que laboran en la pesca o en la agricultura. Los empresarios, sin duda alguna un sector más pequeño que el de los indígenas en el Perú, tienen también derechos reconocidos y exigencias que hacer como gremio. Hasta donde recuerdo, jamás el gobierno, ni éste ni anteriores, han descalificado sus reclamos por no representar a todos los peruanos. Digamos que más bien en este punto se ha ido al otro lado, atendiendo a grupos muy pequeños con leyes especiales. Por poner un caso, las que promueven los cultivo para producción de biocombustibles. ¿Cuántos se dedican a esto? Tal vez mi conocimiento sea incompleto, pero por más esfuerzos que hago los dedos de una mano me sobran para contarlos. No obstante, ¿cuántas leyes causantes de los reclamos de los indígenas fueron dadas en su favor y cuántas medidas políticas se han echado a andar para atenderlos?

 

¿Cómo define el Estado el interés de todos los ciudadanos? Difícil respuesta, sobre todo si consideramos, además de lo ya dicho, que, por ejemplo, frente a iniciativas como la hidroeléctrica de Inambari, no sólo los indígenas han protestado, sino también un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Madre de Dios, de Cusco y de Puno; y que en este último caso, incluso el Gobierno Regional se ha pronunciado en contra del proyecto. También cuestionan el proyecto los ambientalistas, en la medida que la represa afectará la zona de amortiguamiento del parque nacional Bahuaya-Sonene.

 

Otro ejemplo es la cuestión minera. Tampoco son los indígenas amazónicos los únicos que protestan por esta cuestión por sus malas experiencias, en el caso de la explotación de petróleo, que les ha dejado un gran pasivo ambiental y social. Comunidades andinas también reclaman frente a iniciativas mineras, al igual que otras de la costa. Y a éstas dos hay que sumarles agricultores independientes, muchos de ellos dedicados a cultivos de exportación, que no están dispuestos a perder su medio de trabajo y su fuente de riqueza en aras de un “interés nacional” que en nada se ve reflejado en mejoras de las condiciones de educación, salud y empleo de los ciudadanos.

 

Y la exportación del gas a precio de regalo, mientras que en el mercado interno el consumidor peruano debe pagar mucho más, ¿es también una política pensada en función de “todos los peruanos” y del “interés nacional”?

 

Muchas veces, con una frecuencia sobre la que no quiero opinar porque debería hacerse un estudio previo en búsqueda de información objetiva, el concepto de interés nacional sirve para esconder “faenones” de ciertos grupos, tampoco muy numerosos y, en todos los casos, más pequeños que los indígenas, que los obreros e incluso que los empresarios.

 

Los campos de la consulta.-

 

Las observaciones del Ejecutivo entran en confusiones cuando los firmantes del documento pretenden fijar los campos en que ésta debe actuar. Señalan, así, que la ley propuesta: “no ha distinguido entre medidas legislativas o administrativas que afecten de manera general a los pueblos originarios (por ejemplo, la aprobación de una ley de tenencia de tierras) de aquéllas mismas medidas que sólo pueden afectar a un pueblo en particular en sus intereses y condiciones específicas”. ¿Por qué plantear la distinción? Si se refiere a pueblos indígenas, hay que consultarla en las cuestiones que los afectan. Nada más.

 

Las objeciones caen en el ridículo al señalar que el Convenio 169 “no prevé la obligación de consulta respecto de los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional”. Por tanto, continúan, al considerar estos planes y proyectos dentro del ámbito de la consulta, el proyecto de ley “amplía innecesaria e inconvenientemente los alcances del Convenio, lo que bien podría paralizar la ejecución de importantes obras de infraestructura para el país”. ¿Qué pretende el Ejecutivo? ¿Limitar la consulta para determinar la ubicación de escuelitas primarias y lozas deportivas en las comunidades?

 

Presumiendo la mala fe.-

 

Una de las observaciones más curiosas se refiere a la disposición contenida en la ley de “que las entidades estatales deben establecer bajo responsabilidad las propuestas de medidas legislativas o administrativas que deben ser consultadas” (Art. 9º). El Ejecutivo se exalta y reclama que este concepto (“bajo responsabilidad”) desconoce el principio establecido por la propia ley de que “el Estado tiene el deber de actuar de buena fe, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo”, ya que conlleva “el supuesto que los funcionarios siempre actúan en desmedro de los intereses de los integrantes de las poblaciones indígenas”.

 

Al respecto hay que decir que la necesidad de actuar de buena fe contemplada en la ley de consulta, y que repite una idea incluida en el Convenio, no exime de responsabilidad a las entidades públicas y funcionarios que no actúen de esta manera. Resulta innecesario explicar esto debido a los numerosos ejemplos existentes de actuaciones de mala fe. Uno solo: ¿actuaron de buena fe los funcionarios que ordenaron el desalojo violento de la Curva del Diablo, en Bagua, en junio de 2009, teniendo en cuenta que los indígenas habían acordado desalojar la carretera ese mismo día, cuatro horas después de la incursión armada?

 

¿Actúa el Estado de buena fe el Estado cuando da leyes con nombre propio para favorecer a unos pocos reduciendo los derechos de los otros? ¿Lo hace cuando no escucha los justos reclamos de la población afectada por industrias extractivas?

 

La identidad en debate.-

 

El Ejecutivo quiere reducir el concepto de pueblo indígena a “las etnias amazónicas” y a los “grupos no contactados”, y excluir a las comunidades andinas y costeñas. Las razones que da son: la comunidad andina es una institución española creada en la Colonia y “está sustantivamente vinculada a la ciudad, al comercio y a los servicios del Estado”; y que algunas comunidades costeñas “actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes en el negocio de terrenos y playas”; y, en última instancia, que ya estas comunidades no son distintas de la colectividad nacional. ¡Cuánta confusión en la cabeza del señor/señora que redactó este informe firmado por los presidentes de la República y del Consejo de Ministros, y cuánta generalización a partir de la arbitraria manipulación de unos pocos datos!

 

El concepto de originario alude a pueblos cuyas raíces son anteriores a la invasión europea, a la Colonia española y a la República, que es consecuencia de la evolución histórica de procesos iniciados en la etapa anterior. Pero no quiere decir de ninguna manera que se trate de pueblos que se encuentren en estado “original”, inmutable, igual a como pueden haber sido antes del contacto con Occidente. De la misma manera como los peruanos del siglo XIX no son los mismos que los actuales, las sociedades indígenas también cambian, como tienen que haber cambiado antes de la Conquista. Sociedad es casi un sinónimo de cambio.  

 

Las comunidades indígenas no son instituciones desligadas de procesos mayores, como el comercio, ni rechazan servicios del Estado, como la educación y la salud. Por el contario, los reclaman y, cuando los tienen, exigen su mejora. En todo caso, no es requisito para ser considerado indígena estar apartado del mercado y no contar con servicios que el Estado debe dar a todos los ciudadanos. Esto tiene que ver con una concepción evolucionista del indígena. Craso error: los indígenas no son una etapa de la evolución de la humanidad. En cambio, son, si así lo quieren –porque tiene igualmente todo el derecho a dejar de lado sus diferencias y hacerse parte de procesos mayores-, expresión de un tipo de evolución peculiar que incorpora los cambios en sus propias estructuras. Esto lo han hecho durante siglos (herramientas de acero, armas de fuego, animales domésticos, maquinarias, lengua y ciertos alimentos, entre otros) y pueden seguir haciéndolo.

 

Definir a las comunidades costeñas como entes que actúan como empresas inmobiliarias en beneficio de sus dirigentes, porque efectivamente existen algunos casos así, nos pone frente a la posibilidad de usar los mismos términos para precisar el trabajo de COFOPRI, a raíz del descubrimiento que su presidente se dedicaba a negociar bienes del Estado en beneficios propio.  

 

Que las comunidades andinas y costeñas son creaciones coloniales, sí, lo son, pero sobre la base de ayllus que son instituciones indígenas o, si se prefiere, prehispánicas. En la historia, señores del Ejecutivo, no funciona el borrón y cuenta nueva, y así como después de la Independencia se continuaron las relaciones de explotación de los indígenas, incluso endureciéndose en muchos casos, así luego de la implantación del régimen colonial los indígenas encontraron maneras de darle continuidad a sus propias instituciones y creencias, y de adoptar otras nuevas a sus propias estructuras.

 

La situación de los pueblos originarios andinos y costeños fue contemplada en su especificidad en una copiosa normativa colonial, que no los considera como instituciones españolas, sino indígenas. Las Leyes de Indias, por ejemplo, recopiladas y publicadas en nueve libros en 1680 (se pueden encontrar en la página web del Congreso), incluyen uno (el sexto) llamado “Situación de los indígenas, su condición social, el régimen de encomiendas, tributos y otros”. De allí que muchas comunidades actuales tengan títulos coloniales de sus tierras.

 

Pero así como las comunidades indígenas (andinas y costeñas) fueron creadas por una norma colonial, las amazónicas (llamada oficialmente nativas) lo fueron por una ley republicana de 1974, actualizada en 1978. Le proporciono este dato al redactor del informe del presidente de la República y del Congreso incluso a riesgo de que, a vuelta de correo, esté mandando otro informe para que tampoco las “comunidades amazónicas” sean consideradas indígenas por esta razón. Tal vez sea ésta la manera cómo esos señores quieran solucionar el llamado “problema indígenas” del país, que ya es de larga data.

 

Además hay que recordar que las comunidades hoy conocidas como campesinas fueron llamadas indígenas hasta 1969, cuando el gobierno consideró que el término era ofensivo, situación que ya ha sido superada y hoy indígena se toma en su acepción exacta: “originario del país de que se trata” (Diccionario de la Real Academia Española). A pesar del cambio de nombre, esas comunidades y las nuevas que aparecieron como sujeto de derechos en esos tiempo (las “nativas” amazónicas) han seguido gozando de derechos especiales en la legislación nacional: la Constitución, las leyes referidas a ambos tipos de comunidades, los códigos Penal y Civil y, finalmente, los convenios y declaraciones trabajados en el ámbito de las Naciones Unidas. 

 

Leyendo esta observación del Ejecutivo, recuerdo el comentario de un lector en Servindi (Servicio de Información Indígena): “Si las comunidades andinas y costeñas no son indígenas, entonces ¿para qué existe el INDEPA?”.

 

La representatividad.-  

 

La última observación del Ejecutivo tiene que ver con la representatividad de las organizaciones indígenas que participan en los procesos de consulta. Es verdad, es un tema difícil. No obstante, hasta donde conozco, hasta ahora el mayor transgresor de esta norma ha sido el propio Estado y las propias empresas, al menos de dos maneras. La primera es financiando la creación de organizaciones afines a sus planteamientos cuando la existente en una zona se opone a sus planes. La segunda es haciendo consultas a estas organizaciones dóciles aun cuando ellas no tengan ninguna presencia en la zona donde se enfrenta el problema. Éste fue el caso de una organización indígenas que fue consultado sobre la cuestión del contrato con la minera Dorato, que obtuvo un contrato en la Cordillera del Cóndor, a pesar de que ella no tenía presencia entre las comunidades de la cuenca del Cenepa, que son las afectadas por la actividad minera.

 

Son las propias organizaciones, en coordinación con la población local, las que deberán resolver este asunto, ya que de lo contrario, sin ser adivinos, sabemos de antemano que la representatividad la resolverá el Estado en función de sus propios intereses.

 

Por buena que sea una propuesta de ley de consulta, si no hay voluntad política no servirá de nada. Y ése es ahora el problema central. 

Amazonia Peruana 2009.06.10

UNA CARTA PARA LEER

Estamos asistiendo, con indignación, a un proceso de progresiva reinstalación de los más nefastos síndromes del régimen etnocida en el Perú, que instaló la exclusión de los pueblos originarios como sistema en el país. No sólo es su lengua que no entendemos, tampoco entendemos su milenaria sabiduría sobre el territorio que ahora nos pertenece «a todos los peruanos», por derecho impuesto por nosotros sobre ellos. Ya impusimos nuestra lengua y costumbres y ahora les quitamos «por ley» (que nosotros hemos dado) el derecho de decidir qué hacer con lo que ellos han mantenido por milenios y que nosotros invadimos sólo para aprovechar de las riquezas que beneficiarán nuestro bienestar y no el de ellos. Alberto Chirif es una de las personas más confiables que vive allá, con ellos, tratando de entender como viven y son. Vale la pena acompañar su preocupación y la de quienes están sufriendo -en ese espacio- el retorno de esta extraña «democracia» que representa a unos y se niega a representar a «los otros».

Luis G. Lumbreras

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Esta carta va destinada a algunos amigos que ciertamente conocen a Alberto Chirif y a otros amigos que probablemente no lo conocen. Quienes lo conocen, sabrán que si uno quiere entender la selva del Perú, a quien tiene que llamar es a Alberto. Él es un antropólogo que ha dedicado toda su vida -no uno que otro año sabático- a trabajar en la amazonía, y conoce como pocos ese mundo. Hoy Alberto me hizo llegar este mensaje y quiero compartirlo contigo. Te invito a que lo leas con cuidado. Está escrito con pasión y con indignación y creo que es la lectura indispensable de hoy.Gracias por tu atención. Si te toca como a mí me tocó, seguramente querrás que otra gente lo lea. En buena hora.

 

Lucho Delboy

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NO ES TIEMPO PARA PERMANECER CALLADOS

 

Alberto Chirif

 

Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, hay uno que exime de juicio a los policías que maten o hieran civiles «en cumplimiento de sus funciones» y que permite la detención de personas sin mandato judicial. Y hay varios que la enfilan contra los pueblos indígenas, que a lo largo de años han conseguido que se les reconozcan una serie de derechos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

 

Los análisis jurídicos han sido ya hechos por muchos abogados, unos especialistas en temas indígenas y otros en asuntos constitucionales y, no siendo nuestra especialidad, no queremos abundar en el tema que ellos han examinado con propiedad. Sobre el tema, recomendamos leer el contundente informe de Francisco Eguiguren, a quien nadie podrá acusar de responder a intereses políticos partidarios (humalista o cosas por el estilo), ni siquiera de tener vinculaciones con el movimiento indígena. Hoy muchos alegan que el gobierno debe mantener el estado de derecho, pero pasan por alto que el primero en transgredirlo ha sido precisamente el gobierno al promulgar leyes que no tienen nada que ver con el TLC y que son anticonstitucionales por violar el derecho de consulta, por afectar derechos reconocidos a los indígenas en la Constitución y las leyes y por derogar normas de mayor jerarquía.

 

La masacre acaecida el fin de semana anterior es consecuencia de una larga sucesión de agresiones, del Ejecutivo en general y del presidente García en particular, contra los indígenas, a quienes desde el comienzo calificó de «perros del hortelano», para indicar que tenían recursos que no aprovechaban, pero que al mismo tiempo no dejaban que fuesen explotados por otros. Los indígenas, que no tienen porqué saber de refranes españoles ni de hortelanos, recibieron el mensaje claro de ser calificados como perros por el presidente, y lógicamente reaccionaron con respuestas escritas y comentarios a sus artículos, que de esta manera había comenzado a exacerbar sus ánimos.

 

La gesta de los achuares del Corrientes en defensa de su salud y la de su medio ambiente comenzó una serie de protestas indígenas el año 2006. Frente a ellas, el gobierno, al igual que ahora, al igual que siempre, negó las evidencias de contaminación y dilató asumir su responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, la irresponsable táctica de dilación para cansar a quienes reclaman no funcionó en este caso y los achuares, exacerbados por el gobierno, tomaron las instalaciones y, luego de una situación tensa, lo obligaron a asumir su rol. El acta de Dorissa, que selló los acuerdos de los indígenas con la empresa y el Estado para comenzar a sanear la zona (reinyectando las aguas de formación), recogiendo los desechos de petróleo acumulado en pozas y reconociendo demandas sociales (educación y salud, que por cierto no han sido atendidas) es presentada por el ministro del ambiente, Antonio Brack, como una muestra de que la extracción minera y de hidrocarburos es ahora una operación «limpia» y que la contaminación es problema del pasado.

 

Mundo de fantasías el que presenta el ministro, porque remediar los estragos ambientales y recuperar la salud de la gente afectada por la presencia de metales pesados en su sangre tomará muchos años y porque en zonas donde la población no ha tenido la fuerza de los achuares para reivindicar sus derechos las cosas siguen empeorando año a año.

 

El caso de Doe Run, en La Oroya, a la cual, por cuarta vez, el Estado le ha dado nuevo plazo para cumplir con el PAMA (Plan de Adecuación al Medio Ambiente) es significativo. Al César lo que es del César, señor ministro, y usted debe reconocer que los cambios que se han producido en el Corrientes se deben a entereza de los reclamos de los indígenas y no a la voluntad del gobierno, que más bien a aceptarlos hasta último momento. Que el gobierno saque una lección de allí y no repita como cacatúa sus manoseados argumentos sobre indígenas manipulados, intereses de países extranjeros que no quieren que el Perú progrese y otros por el estilo.

 

Pero el gobierno no ha aprendido la lección. En este caso, otra vez el gobierno ha apelado a la misma táctica de dilatar, de intentar aburrir a la gente, de pelotearla. Frente a los reclamos de AIDESEP ante el Ejecutivo para la derogatoria de los decretos, la respuesta fue que la organización tenía que hablar con el Legislativo, ya que el tema era de su responsabilidad. Y frente al pedido expreso de derogatoria ante el Congreso, formulado esta vez por la Comisión de Constitución y avalado por una demanda en este sentido de la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, la mayoría legislativa respondió que tenía que esperar el resultado del diálogo entre los indígenas y el Ejecutivo. Se trató de una actitud evasiva, irresponsable y cobarde de la mayoría parlamentaria.

 

La perfecta sucesión entre la negativa del Congreso para derogar los decretos y el ataque al día siguiente a los manifestantes aguarunas y huambisas que tenían tomada la carretera cerca de Bagua, habla acerca de una estrategia planificada por parte del gobierno. El Congreso no esperaba los resultados del diálogo entre los representantes indígenas y el Ejecutivo, tal como lo dijeron congresistas de la mayoría, sino que aguardaba la represión violenta de quienes habían capturado la carretera. Es también claro que la respuesta violenta del gobierno ha sido para adelantarse a la respuesta del Tribunal Constitucional, ante quien la Defensoría del Pueblo había presentado, un par de días antes, la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 1064.

 

Las mentiras después del asalto a quienes bloqueaban la carretera se suceden y refuerzan día a día. El argumento de la manipulación externa, que culpa a los presidentes de Venezuela y Bolivia de las protestas, o al líder del Partido Nacionalista, es patético no sólo por falso, sino porque es una manera del gobierno de seguir evadiendo su responsabilidad frente a las causas que están en la raíz de las protestas.

 

La mentira no es buena consejera, ni sirve para que la gente asuma sus errores y busque soluciones a los problemas. El mismo presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, ha apelado a esta estrategia en una reciente entrevista televisada, al referirse de manera indirecta que detrás del levantamiento indígena estaba el gobierno de Ecuador, con la finalidad de dañar la capacidad productiva petrolera del Perú y evitar la competencia. Siendo benévolos, podríamos pensar que se trata de una expresión de ignorancia total acerca de lo que sucede en ese país, donde los indígenas atraviesan por problemas similares a los del Perú y protestan contra las petroleras y contra el gobierno con similar energía que en el nuestro.

 

Como ejemplos podemos mencionar el juicio a Texaco interpuesto por los cofanes, y las demandas de los kichwas de Sarayaku contra la Compañía General de Combustibles de Argentina y de los Shuares contra otras empresas petroleras. Pero nos cuesta trabajo pensar que gente que gobierna un país pueda ser tan ignorante, razón por la cual pensamos que el argumento ha sido maliciosamente diseñado para distraer la atención.

 

La asociación de los reclamos con el terrorismo y el narcotráfico es también otra burda mentira. A ninguna organización terrorista ni dedicada al narcotráfico se le ocurriría levantar tal polvareda como la originada por las manifestaciones indígenas en gran parte de la Amazonía, porque sería un acto suicida quedar así al descubierto.

 

Sorprende escuchar al señor Simons sumándose a este coro de falsedades, dado que él mismo, hace algunos años, fue víctima de acusaciones similares, que logró superar gracias a la solidaridad de ciudadanos que denunciaron el atropello contra su persona y al rol de algunas instituciones, entre ellas, ONG y la Defensoría del Pueblo a las que ahora él desacredita.

 

Lo acaecido en Bagua es lamentable por la muerte de policías e indígenas, cuyas familias se han truncado y deben acostumbrarse a continuar su vida con esposas viudas y descendientes huérfanos. Luego de más de una década de violencia, el enfrentamiento entre peruanos es algo que nunca debió volver a ocurrir. Aunque no se trata de establecer una competencia de muertos, las noticias actuales nos producen profunda desconfianza y pensamos que deberá pasar un tiempo para que se descubra la verdadera dimensión de esta tragedia. El gobierno deberá responder por la muerte de los indígenas y de los propios policías, a quienes mandó para resolver un asunto que debió haber solucionado por la vía política y no de la represión armada.

 

Lo que sí es objetivo es que la violencia fue originada desde el gobierno, primero con los ataques del perro del hortelano, luego con la promulgación de decretos confiscatorios y, finalmente, con el ataque armado empleando armas de guerra contra población que sólo tenía lanzas, como lo ha reconocido el propio director general de la Policía Nacional, general José Sánchez Farfán, en una entrevista televisada. También sobre esto se ha mentido al decirse que los indígenas dispararon contra un helicóptero, cuando en realidad este hecho sucedió en la zona del VRAE, a cientos de kilómetros de Bagua, y en un contexto en el cual, efectivamente, se enfrentaba el Ejército contra narcotraficantes. Voceros del gobierno han distorsionando las noticias buscando impresionar a la ciudadanía.

 

Todo acto de crueldad debe ser sancionado, pero antes hay que probarlo, y en las circunstancias actuales, con las noticias dominadas por el gobierno, no hay condiciones que garanticen la objetividad de la información. Así como circulan noticias de actos de barbarie cometidos por los indígenas, hay otras que refieren atrocidades realizadas por la policía. Caer en su difusión es colaborar a confundir las cosas, en vez de buscar soluciones. Sin embargo, el gobierno y algunos medios están avivando antiguas imágenes sobre los indígenas que los presentan como salvajes y, a la vez, aprovechando la situación para declarar una caza de brujas contra el movimiento indígena y contra el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango. Presentarlo a él como responsable de la masacre de Bagua es absurdo. La incursión de la policía se realizó en el más absoluto secreto, apenas unas horas después de la mentira del Congreso de que esperaría los resultados de la negociación del Ejecutivo con AIDESEP. Su rol ha sido actuando como vocero de una posición definida por las bases. Ha sido el gobierno quien ha desencadenado la reacción de los manifestantes al atacarlos con armas de guerra.

 

Para aguarunas y huambisas la agresión externa y la venta de sus de recursos por el gobierno a empresas extranjeras no sólo está en la letra de los decretos como posibilidad futura, sino que es algo que ya se plasma en la realidad. Desde hace un par de años, el gobierno ha firmado contrato con HOCOL para explotar recursos petroleros en parte del alto Marañón, sin haberse dado la más mínima molestia para intentar consultar la medida antes de tomarla. Por otro lado, la empresa minera, Dorato Perú, subsidiaria de una transnacional canadiense, se ha instalado en la zona de la Cordillera del Cóndor con la finalidad de explotar oro. El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que ella no tiene permiso para trabajar allí, pero tampoco ha realizado ningún esfuerzo por echarla. Como ha denunciado el periodista César Hildebrandt y un especial de La Primera hace apenas una semana, esta empresa, que opera en zona de frontera vedada por la Constitución a extranjeros, tiene como gerente general nada menos que a Carlos Ballón, asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno.

 

Aguarunas y huambisas son culturas de antigua tradición guerrera, con gran capacidad de unión frente a agresiones externas, como lo han demostrado a lo largo de la historia. Lo que está sucediendo ahora es muestra de eso y el gobierno debería saberlo a fin de detener su irresponsable cadena de provocaciones que puede generar situaciones nefastas para el desarrollo de la paz en el país.

Aunque es difícil que en las condiciones actuales el gobierno rectifique su accionar y acepte su responsabilidad en todo este cúmulo de barbaridades, debemos pedir que haga eso como única manera de plantear condiciones claras y sanas para el diálogo con los pueblos indígenas.

Amazonia Peruana 2009.07.01

 

Las medias verdades del ministro del Ambiente

Alberto Chirif

 

Sobre el petróleo

 

En una entrevista realizada por el diario El Comercio (junio, 2009, p. 2, sección B), el ministro del Ambiente sostuvo una vez más que ahora la explotación de hidrocarburos es limpia y se realiza con un mínimo impacto. Puso él como ejemplo el caso del Corrientes, donde opera Pluspetrol, heredera y continuadora de un trabajo sucio iniciado por Occidental Petroleum y PETROPERÚ. Frente a la pregunta de quién le ha garantizado que la empresa esté reinyectando el 100% de las aguas de formación, él respondió que la propia Pluspetrol: “Eso fue lo que me dijeron cuando me invitaron a su planta, pero no pude ir”.

 

Sorprendente respuesta la del ministro del Ambiente de un gobierno que, apenas tres años atrás, se negaba a reconocer los estragos causados sobre las personas y el medio ambiente en la cuenca del Corrientes, a pesar de que las demandas de los pobladores achuares estaban apoyadas por informes del hoy desaparecido INRENA y de análisis de los ministerios de Salud y de la Producción, que demostraban la presencia de metales pesados en seres humanos y peces, respectivamente. A la empresa, en cambio, el ministro le cree a ojos cerrados, y sobre esta creencia acerca de una experiencia que no conoce, basa su afirmación de que hoy la explotación de hidrocarburos es limpia no sólo en el Corrientes, sino en todo el país. Pero su respuesta es también sorprendente porque de haber ido, él no habría podido comprobar nada, no sólo porque no es especialista en la materia, sino porque las visitas de ministros son protocolares y terminan con una sonrisa, un par de chistes y un trago. Lo que el caso requería era un equipo especializado del Ministerio del Ambiente (MINAM) que comprobara el cumplimiento de la reinyección y por supuesto el avance de la remediación, nombre que se le da a la limpieza de las pozas donde se han depositado residuos de crudo y lodo de perforación.

 

Por lo tanto, en esta oportunidad el gobierno no ha comprobado si la empresa ha cumplido cabalmente su compromiso y sólo se basa en lo que la empresa dice. Es verdad que también los indígenas dicen que la empresa ha cumplido en un cien por ciento con la reinyección de las aguas de formación. Pero esto no es suficiente porque ellos no son técnicos en la materia, y así como para denunciar la contaminación tuvieron que basarse en análisis y supervisiones realizadas por terceros, así también el Estado, en cumplimiento de su fin supremo que es defender los derechos de sus ciudadanos (Constitución, Art. 1º), está en la obligación de constatar la veracidad de las afirmaciones de la empresa. En el momento actual, cuando la desconfianza es la principal característica de las relaciones entre las partes, un trabajo así debe hacerse además con participación de los indígenas y los equipos técnicos de su confianza, y de la propia Pluspetrol.

 

Pero sobre el tema hay más que decir. Una cuestión sobre la que ya he escrito antes, pero que vale la pena repetirla ahora, es que si en el Corriente se reinyectan las aguas de formación a partir del año 2007 es por la decidida actitud de los achuares que denunciaron la contaminación y, al no ser escuchados, tomaron instalaciones de la empresa arriesgando sus propias vidas, ya que hasta el último momento el gobierno manejó la posibilidad de una intervención violenta para recobrar el control de la situación. La reinyección entonces no ha sido ni una concesión de la empresa ni resultado de una toma de conciencia del Estado sobre la gravedad de la contaminación. Por otro lado, la reinyección se realiza exclusivamente en la cuenca del Corrientes y no está prevista para otras cuencas donde se produce petróleo desde antes de 2006, año en que el Estado, tratando de paliar los reclamos de los achuares, aprobó el “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” (D.S. 015-2006¬EM), que indica: “La exigencia de la disposición final del Agua de Producción mediante el sistema de reinyección operará para los Yacimientos que a la fecha de expedición del presente Reglamento no se encuentran en producción, salvo que en los respectivos instrumentos de gestión ambiental se haya considerado la disposición del Agua de Producción mediante la reinyección, en cuyo caso operará esto último” (quinta disposición final).

 

Con esto quiero decir que el ministro Brack no está dando el crédito de la reinyección a quien corresponde, como debería ser. Más aun, el hecho de que los achuares hayan logrado que se reinyecten aguas de formación de pozos que estaban en producción desde antes de la aprobación del citado reglamento, ha sentado un precedente para que se proceda de igual manera en otras donde se explota petróleo. Y esto es bueno para todo el país.

 

Otro asunto sobre el que quiero llamar la atención es que el acta de Dorissa (la que firmaron FECONACO -la organización achuar del Corrientes-, Pluspetrol y el Estado) limita su aplicación a los lotes 1AB y 8, pero no dice nada acerca del lote 8X, que se ubica nada menos que dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que, como todas las áreas naturales protegidas, constituyen propiedad pública. Allí, las aguas de formación se siguen vertiendo a ríos, quebradas y cochas. En dicha reserva no existen achuares que protesten, lo que demuestra que si no hay presión externa, el Estado no tiene intención alguna de exigir otra de sus responsabilidades constitucionales. Tampoco el mismo Ministerio del Ambiente la tiene, aun cuando entre sus objetivos esté el de: “Prevenir la degradación del ambiente y de los recursos naturales, y revertir los procesos negativos que les afecten” y dentro de su estructura se encuentre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuya principal función es “Conducir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)”.

 

En otros lugares tampoco el trabajo de hidrocarburos es lo limpio que afirma el ministro, por ejemplo, en la quebrada Ramírez, a apenas unos 20 minutos de Iquitos, de la que se surten de agua los pobladores de Barrio Florido y otros asentamientos vecinos. Análisis realizados en 2008 en esa quebrada, que recibe los efluentes de la refinería de Iquitos, determinaron que los parámetros encontrados sobrepasan los límites máximos permisibles (LMP) en los casos de aceites y grasas, con 2,29 mg/L (miligramos por litro), bario, con 5,00 mg/L y cromo, con 0,01 mg/L. Los LMP son, respectivamente, 0,5-1,5 mg/L, 0,3 mg/L y 0,0002 mg/L. La situación en el Napo es también muy mala, aunque ésta puede ser atribuida a la explotación petrolera realizada en Ecuador, pero es previsible que se complique más cuando comience la actividad en la parte peruana de la cuenca. El estudio citado termina afirmando que: “Las aguas de los ríos: Napo y Amazonas; así como de la quebrada Ramírez, no son aptas para el consumo humano”. Pero, sin embargo, se consumen. (Ver “Informe del avance del diagnóstico ambiental de los componentes: hidrología e hidrografía”. Zonificación Ecológica Económica Bellavista-Mazán. César Sáenz. Octubre 2008, pp. 26 y 44).

 

Sobre las tierras indígenas

 

Durante semanas, a través de la radio y la televisión, el ministro del ambiente se ha referido al tema de las tierras indígenas, y sus opiniones han quedado luego escritas en un pronunciamiento del MINAM (ver diario La República, mayo 25, 2009). En este aspecto, el cúmulo de medias verdades es inmenso. Él trata de desmentir lo que califica de “falsas versiones” respecto a los intentos del gobierno de privatizar las tierras de los indígenas. Pero ¿qué más declaración de intenciones se le puede pedir a un gobierno que ha señalado, nada menos que a través de su principal representante, el presidente Alan García, que el problema de esas tierras es que no son transables? Si ése es el problema desde su punto de vista, pues hay que hacer que sean transables, y es en esa dirección hacia donde apuntaban los decretos cuestionados.

 

La afirmación del ministro Brack de que el Estado “ha otorgado a los pueblos originarios de la Amazonía cerca de 11 millones de hectáreas de tierras, en su mayoría bosques primarios (sin intervención alguna)”, está cargada de una serie de apreciaciones mal fundadas. Según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, otorgar significa: consentir, condescender o conceder una cosa que se pide o se pregunta; hacer merced y gracia de una cosa; y disponer, establecer, ofrecer, estipular  o prometer una cosa. Queda claro que otorgar es un verbo que denota que quien concede hace un favor. Pero la cosa no es así en el caso de los pueblos indígenas.

 

El Estado no concede tierras de favor a los indígenas sino que se las titula, y el concepto de titulación aplicado a los pueblos indígenas en el Perú no es el de dar propiedad a quien no la tiene, sino de regularizar administrativamente una propiedad que ya es de ellos. ¿Por qué?, por su condición de pueblos originarios, es decir, de pueblos preexistentes al Estado y que ya eran dueños antes de la constitución de la república. Hasta el momento sabía, por confrontaciones con funcionarios regionales y locales, que éstos no entienden la diferencia entre titular tierras indígenas y adjudicar tierras a terceros y que, cuando se les explica, no la quieren entender. Ahora sé que tampoco el ministro del Ambiente la sabe, lo que es mucho más preocupante.

 

Este derecho preexistente es precisamente uno de los puntos que el decreto 1064, uno de los causantes de las últimas protestas, ha tratado de anular, porque limitaba las garantías de los pueblos indígenas al hecho de que las comunidades contasen con un título, ya que en caso contrario las tierras, aun cuando estuviesen ocupadas por ellas, serán declaradas de libre disponibilidad del Estado.

 

Hay varias medias verdades en la cifra citada por el ministro Brack. De los 11 millones de que habla, hay que descontar aproximadamente la mitad, que está constituida por suelos declarados de aptitud forestal, que incluyen los de protección. La ley de comunidades de 1978 dispuso que las comunidades recibiesen en propiedad sólo las tierras de aptitud agropecuaria, no así las de aptitud forestal, que les serían cedidas en uso. Esta disposición va en contra de lo dispuesto en el Convenio 169, que define que el término tierra “deberá incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan y utilizan de alguna otra manera” (Art. 13º). En tal virtud, el Estado debió haber anulado esa limitación para adecuar la ley a esta definición de territorio indígena, pero no ha sido así. Es teórico afirmar, como alegan el ministro y algunos funcionarios de su sector, que la cuestión es

formal, ya que tanto las tierras agropecuarias como las forestales constituyen parte de la heredad de las comunidades y tienen total garantía. Sí, en la letra es así, pero en la práctica el tema se ha prestado a manipulaciones de funcionarios ignorantes y arrogantes frente a los indígenas, que incluso han propiciado la invasión de colonos sobre las áreas forestales de sus comunidades, con el argumento de que ellas no son de su propiedad y que el Estado es libre de entregarlas a quien quiera. El caso más sonado y trágico es el de Flor de la Frontera, una comunidad awajun en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), que luego de reclamar en la vía administrativa y en la judicial el desalojo de colonos invasores, y de ganar en ambas, tomó el problema en sus manos, con el resultado de 15 muertos y más de una decena de heridos de ambas partes.

 

La entrega de esas tierras forestales a las comunidades se formalizaba mediante contratos de cesión en uso que, en teoría, eran a perpetuidad por no tener fecha de vencimiento ni establecer condiciones de caducidad. Sin embargo, desde la promulgación de la ley forestal Nº 27308, el año 2000, con el argumento de que esta norma no aclaraba cómo se debía proceder en este caso, no se han vuelo a entregar dichos contratos a las comunidades. En otras palabras, desde ese año, si bien los títulos de las comunidades indican una cantidad de hectáreas, una parte de éstas no está garantizada a las comunidades por la falta de los contratos de cesión en uso. Es claro que esto reduce aún más la cifra global dada por el ministro de 11 millones.

 

Lo absurdo de la situación actual es que mientras el acceso a la propiedad de tierras de aptitud forestal se le sigue negando a las comunidades indígenas, el decreto 1090 (ahora derogado), que autorizaba el cambio de uso de la tierra para realizar actividades agropecuarias en suelos de aptitud forestal, abría esta ventajosa posibilidad para las empresas privadas en caso de proyectos declarados de “interés nacional” autorizados por el MINAM. En un texto anterior, trabajado en conjunto con mi colega Federica Barclay, habíamos citado la prohibición contemplada en la Constitución (Art. 71º) de que los extranjeros, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, “pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad”, a menos que se trate de proyectos de interés nacional; y habíamos indicado claramente cómo esta excepción se había convertido en la norma, ya que todas las fronteras de la región amazónica del país están copadas por contratos suscritos por el Estado con empresas extranjeras. Luego de experiencias de este tipo, el “interés nacional” ya no es un argumento que sirva para engañar a los peruanos.

 

Pero de la mitad que queda de las 11 millones, hay todavía que descontar los cuerpos de aguas (cochas, aguajales, quebrada, ríos, tahuampas, tipishcas), más las franjas que se reserva la Marina de Guerra, aunque nadie entiende porqué, ni para qué. Una cereza en la copa la constituyen los contratos de explotación minera y sobre todo de hidrocarburos, que actualmente, con seguridad, cubren los territorios de todas las comunidades indígenas amazónicas, causando los estragos que ya son conocidos. Otra cereza son los contratos de explotación forestal, que en muchos casos se superponen con comunidades tituladas (por supuesto, también con no tituladas, pero que no las incluyo porque no hacen parte de los 11 millones de hectáreas)

 

Tampoco es cierto que la mayoría de estas extensiones tituladas a comunidades indígenas en la Amazonía estén constituidas por bosques primarios. En la zona de Oxapampa y Villa Rica, bien conocidas por el ministro porque es oriundo de allí, así  como en el Perené y gran parte de la provincia de Satipo, el alto Urubamba y la zona más cercana a Bagua, por citar lo más notorio, los bosques fueron liquidados por los procesos de colonización propiciados por diferentes gobiernos, con el mismo argumento que el actual “de superar la pobreza”, aunque para eso esos gobiernos les ofrecieran tierras a los colonos en la Amazonía, mientras que éste trata de recuperarlas para hacerlas “transables”.

 

La forma como el ministro Brack plantea el tema da la sensación a quien no está familiarizado con el tema que se trata de un gran bloque de tierras de 11 millones de hectáreas, pero esto no es así. Además de las razones ya expuestas, en muchas zonas de la Amazonía peruana se trata de pequeñas islas rodeadas de propiedades de colonos (ver Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central. IBC. Lima 2006) o de tierras fiscales. Dichas zonas grosso modo coinciden con las citadas en el párrafo anterior, pero también hay otras, como las cuencas del Ucayali, Huallaga, Putumayo y Amazonas. En otras zonas la cuestión es diferente, como en el medio Urubamba y el Pastaza, donde las comunidades han logrado recomponer parte de sus territorios étnicos mediante la colindancia de sus títulos individuales.

 

Sobre este tema, por último, hay que decir que el trabajo de titulación ha sido realizado, salvo escasísimas excepciones (no deben pasar de 100) con fondos de la cooperación internacional canalizados por ONG y, sobre todo, por AIDESEP. Hoy ambas son atacadas y satanizadas por el gobierno, que presenta cifras acerca de la titulación como mérito propio (igual que lo que comenté antes sobre la reinyección), en un campo en el que no ha hecho mayor esfuerzo. Por el contrario, cada proceso de titulación ha implicado una tensa pugna entre los promotores (AIDESEP u ONG) y funcionarios de un Estado sin ninguna voluntad de reconocer a los pueblos indígenas los derechos que la Constitución, las leyes y los convenios internacionales les garantizan.

 

Un comentario final sobre la opinión de la ministra de Comercio y Turismo, Mercedes Araóz, que se mantuvo fiel a su equipo de gobierno reafirmando enfáticamente que si derogaba el decreto 1090, se iba a propiciar la tala ilegal y se pondría en riesgo el funcionamiento del TLC. No obstante, derogado éste y otro decreto después de la tragedia de Bagua, su opinión apuntó en la dirección contraria: la derogatoria de los decretos “no pondrá en riesgo la aplicación del TLC”. La regla de oposición contradictoria señala que “dos proposiciones en oposición contradictoria no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas a la misma vez”. ¿Cuál es la falsa? Claramente la primera, manipulada para asustar a una opinión pública que, sin conocerlo, cree que el TLC le bajará el cielo del modelo estadounidense hasta la bodega de la esquina. Para su tranquilidad señora ministra (o intranquilidad), debo decirle que la tala ilegal es un problema de la administración forestal del Estado (muy ineficiente y corrompida), no de las leyes.

 

Si el gobierno quiere darle a la palabra diálogo su verdadero valor y no usarla sólo como un subterfugio para salir del paso tratando de calmar las aguas después de los sucesos de Bagua, las mentiras y las medias verdades no son una opción para lograrlo.