Depósito de cuentas anuales y período medio de pago a acreedores

Durante los últimos días se ha publicado una avalancha de resoluciones de la DGRN sobre el depósito de cuentas anuales. La cuestión debatida es siempre la misma, si bien algunos supuestos plantean una variante que ha resultado trascendental para la solución final. Se valora si procede el depósito de las cuentas anuales en formato normalizado y abreviado cuando no aparece totalmente cumplimentada la hoja IDA2; en particular, cuando no se proporciona información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Este periodo es el número medio de días que transcurre entre la entrega material de los bienes o la prestación de servicios a cargo de los proveedores y el pago de las cantidades adeudadas. La variante es el supuesto en que la sociedad estaba inactiva.

La DGRN ha emitido diecisiete resoluciones con un contenido casi idéntico, evidenciando un control absoluto de la técnica del ‘corte y pega’. En doce de ellas, ha desestimado el recurso y confirmado la calificación del Registrador, argumentando que la sociedad había incumplido sus deberes y que, por tanto, la documentación era defectuosa. Todas ellas resuelven recursos contra decisiones de los registradores mercantiles y de bienes muebles I, II y IV de Murcia y están fechadas los días 14, 15 y 16 de noviembre (BOE núm. 294, de 4 de diciembre y núm. 297, de 7 de diciembre). En cinco ocasiones la DGRN ha estimado el recurso (resoluciones de 7 de noviembre de 2017, publicadas en el BOE núm. 293, de 2 de diciembre). Hacían referencia a calificaciones del Registrador mercantil I de Alicante y tenían en común que la compañía que solicitaba el depósito de cuentas estaba inactiva.

El marco normativo está formado, en primer lugar, por los artículos 34 y 35 Ccom., 253, 254, 260, 261 y 279 LSC, en cuanto a la obligación de formular las cuentas anuales, su contenido y la obligación de depósito. En segundo término, es relevante la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2003, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Tras la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, su D.A. 3.ª obliga a las sociedades mercantiles a incluir en la memoria de las cuentas anuales “…su período medio de pago a proveedores”. Y ordena al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas indicar las adaptaciones que resulten relevantes para que las compañías mercantiles puedan cumplir esta obligación. Este organismo cumplió su cometido a través de la Resolución de 29 de enero de 2016. Su artículo 5 regula el cálculo del periodo medio de pago a proveedores y el 6 la información de los datos correspondientes. En el caso de las sociedades mercantiles que elaboren la memoria con el modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, se impone la fórmula siguiente:

Período medio de pago = (saldo medio de acreedores comerciales / compras netas y gastos por servicios exteriores) x 365

Por último, la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo aprueba los modelos para presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Su anexo I contiene los modelos normalizados de depósito de cuentas anuales abreviado. En la hoja titulada “Datos generales de identificación e información complementaria requerida en la legislación española” (IDA2) existen dos casillas para hacer constar el periodo medio de pago a proveedores, tanto respecto del ejercicio al que van referidas las cuentas anuales como del anterior.

La DGRN afirma que es preceptivo indicar el número medio de días que se tarda para pagar a los proveedores. En el caso de las pequeñas y medianas empresas o de las compañías que puedan elaborar una memoria abreviada, deberá rellenarse la casilla correspondiente en la hoja IDA2 con el resultado de aplicar la fórmula referida. La falta de cumplimentación representa un defecto que no permite aceptar el depósito de las cuentas anuales.

Se plantea un problema cuando la sociedad ha estado inactiva, pues el saldo medio de acreedores sociales y el importe de las compras netas y gastos por servicios exteriores será 0, con lo que la cifra de promedio de pago también será 0. La DGRN entiende que en estos supuestos no es necesario cumplimentar la casilla, pero deberá justificarse esa omisión en la memoria de las cuentas anuales.

“Llegados a este punto la cuestión se traslada a cómo hacer constar dicha circunstancia en el modelo normalizado de cuentas previsto en el Anexo I de la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, y es forzoso reconocer, que como afirma el recurrente, la consignación en el epígrafe correspondiente (01903), de la hoja IDA1, sobre datos generales de identificación e información complementaria requerida en la legislación española, de que la empresa está inactiva es suficiente para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos al periodo medio de pago a proveedores.”

Así las cosas, la DGRN estima el recurso y revoca la nota de calificación en los casos de Alicante. Pese a que no se había completado la casilla de período medio de pago, las mercantiles habían informado acerca de su inactividad en la memoria de las cuentas anuales. En cambio, en los casos de Murcia, subraya que no hay constancia de que las mercantiles estuvieran inactivas, por lo que considera que los documentos presentaban defectos y no podían inscribirse.

“No ocurre así en la sociedad que presenta las cuentas cuyo deposito se solicita que ni ha cumplimentado el dato correspondiente al período medio de pago a proveedores ni ha expresado en la hoja correspondiente ni en la memoria presentada motivo alguno que le exima del cumplimiento de la obligación legal. Bien al contrario, del conjunto de la documentación presentada resulta fuera de duda que la sociedad ha estado activa durante el ejercicio realizando operaciones que dan lugar a los saldos que resultan de su cuenta de pérdidas y ganancias.”

Polbud: nueva sentencia sobre libertad de establecimiento y sociedades

1. Si les suenan los nombres Daily Mail, Centros, Überseering, Inspire Art, Sevic, Cartesio, National Grid o Vale, acostúmbrense a Polbud: es la última sentencia del Tribunal de Justicia sobre libertad de establecimiento en materia de sociedades. Tiene su origen en la decisión de Polbud, sociedad de responsabilidad limitada polaca, de trasladar su domicilio social –pero no su centro de administración ni el principal establecimiento- a Luxemburgo, conservando su personalidad jurídica. La operación se ejecutó el 28 de mayo de 2013. Al presentar la solicitud de cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil polaco, éste le exigió que aportara el acuerdo de la junta que identificaba el depositario de los libros y documentos de la empresa, los estados financieros relativos a los años 2011, 2012 y mitad del 2013, firmados por el liquidador y por el responsable de llevar la contabilidad, así como el acuerdo de la junta que aprobaba el informe de liquidación. Polbud se negó, argumentando que la sociedad no se había disuelto ni liquidado, sino que simplemente había trasladado su domicilio. El Registro Mercantil denegó la solicitud referida y los Tribunales de Distrito y Regional de Bydgoszcz confirmaron su decisión. Interpuesto un nuevo recurso, el Tribunal Supremo formuló las cuestiones prejudiciales que dieron lugar a la STJUE de 25 de octubre de 2017 (C-106/16), Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., en liquidación.

2. Tras desestimar la reapertura de la fase oral, el Tribunal de Justicia analiza si la libertad de establecimiento permite a una sociedad, constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro, trasladar su domicilio social a otro Estado miembro, a los efectos de su transformación en un tipo societario del último, sin transferir la sede real. La corte europea responde afirmativamente, si bien exige que la sociedad cumpla los requisitos establecidos por la legislación del Estado miembro de destino para otorgar su nacionalidad. Niega expresamente que el traslado del domicilio social para beneficiarse de una legislación más ventajosa constituya un abuso de Derecho, ni que sea necesario transferir la sede real cuando se cambia el domicilio estatutario.

“…el mero hecho de que una sociedad traslade su domicilio de un Estado miembro a otro no puede fundamentar una presunción general de fraude ni servir de justificación a una medida contraria al ejercicio de una libertad fundamental garantizada por el Tratado (…)”

Y si el Estado miembro de origen dificulta esa operación, está menoscabando la libertad de establecimiento de la compañía.

“En el supuesto de que una sociedad que se rige por el Derecho de un Estado miembro se transforme en una sociedad sometida al Derecho de otro Estado miembro cumpliendo los requisitos impuestos por la legislación de éste para existir en su ordenamiento jurídico, dicha facultad, lejos de implicar ningún tipo de inmunidad de la legislación del Estado miembro de origen en materia de constitución o de disolución de sociedades a la luz de las normas relativas a la libertad de establecimiento, no puede justificar que el Estado miembro de constitución, en particular, imponiendo a dicha transformación transfronteriza requisitos más restrictivos que los que rigen la transformación de una sociedad en el interior de dicho Estado miembro, impida o disuada a la sociedad afectada de llevar a cabo esa transformación transfronteriza”.

3. A continuación el TJUE se pronuncia sobre si la exigencia de liquidación para permitir el traslado internacional de domicilio y posterior transformación supone una restricción a la libertad de establecimiento. Y es que los arts. 270.2 y 272 del Código polaco de Sociedades Mercantiles exigen que una sociedad que traslade su domicilio a un Estado miembro diferente se disuelva y liquide. Sin liquidación no puede cancelarse la inscripción registral. La curia europea considera que esos condicionantes constituyen una restricción a la libertad de establecimiento. Aunque cita su sentencia de 16.12.2008 (C-210/06), Cartesio, no aporta mayor fundamento.

Igualmente, mantiene que esa restricción no está justificada. La razón es que la normativa polaca impone la disolución y liquidación sin tener en cuenta el riesgo real de que se perjudique los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores. Además, existen medidas menos restrictivas, como la constitución de garantías bancarias para proteger los intereses referidos.

4. En resumen, la libertad de establecimiento permite trasladar el domicilio social sin necesidad de transferir la sede real, siempre que la compañía, originalmente constituida conforme al Derecho de un Estado miembro, cumpla los requisitos exigidos por el Estado miembro de acogida para otorgar su nacionalidad a las sociedades. Y, en segundo lugar, la obligación de disolver y liquidar una sociedad constituida conforme al Derecho de un Estado miembro para permitir el traslado de su domicilio a otro país comunitario constituye una restricción de la libertad de establecimiento. Podría ser válida si estuviera justificada por razones de interés general, fuera adecuada para su realización y no fuera más allá de lo necesario. La normativa polaca no cumple esas exigencias.

XI Seminario de Derecho Internacional Privado

XI SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

“REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO”

Cuestiones societarias, fiscales, de Derecho de la competencia, Derecho privado y arbitraje

Barcelona, 26 y 27 de octubre de 2017

26 de octubre

9:30. Inauguración del Seminario.

10:00. Primer pánel: Establecimiento de sociedades (I).

Ponente: Prof. Dra. Jessica Schmidt. Universidad de Bayreuth.

Comunicaciones:

– Natalja Blacker: “Law Applicable to Companies: Comparative Analysis of Polish and Russian Private International Law Regulations”

– Miksza Katarzyna: “Company name – Private International Law issues and the role of the European freedom of establishment”

– Anabel Susana de Sousa Gonçalves: “Cross-border transfer of company seats and the influence of ECJ case-laws over the personal law of the companies”.

 

11:30: Pausa café

 

12:00. Segundo pánel: Derecho económico (libre competencia, competencia desleal y regulación administrativa de la actividad económica).

Ponente: Prof. Dr. Amadeo Petitbó.

Comunicaciones:

– Cayetana Santaolalla: “La interpretación necesaria de la política de competencia desde un enfoque internacionalprivatista”

– Mª Elena Mansilla y Mejía: “El derecho de la competencia en España, miembro de la Unión Europea y el caso del cártel del azúcar”.

– Mª. Caterina Fratea: “The Interplay Between Public and Private Enforcement of EU Competition Law: Does the 2014/104 Directive Provide Real Advantages to Cartel Victims?”

13:30. Fin de la Primera Sesión.

 

16:30. Tercer pánel: Cuestiones fiscales.

Ponente: Profa. Dra. Cristina García Herrera-Blanco.

Comunicaciones:

– Ana María Fernández Gómez del Castillo: “Cuestiones fiscales sobre la determinación del establecimiento permanente en el comercio electrónico”.

– Ernani Contipelli: “Tributación sobre el carbono: cambio climático y regulación de las actividades económicas”.

– Zuley Fernández Caballero: “El Derecho Europeo como límite al alcance de la responsabilidad tributaria por contratación”

– Juan Calvo Vérgez/Antonio José Ramos: “La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los supuestos de restricción del derecho a la libertad de establecimiento de las sociedades en materia fiscal.

18:00. Pausa

 

18:15. Cuarto pánel: Establecimiento de sociedades (II).

Ponente: Prof. Andrés Recalde Castells, UAM

Comunicaciones:

– Olga Carreras Menro/Sabina de Miguel Arias: “Las restricciones a la libertad de establecimiento: el caso del exit tax español”.

– Begoña Pérez Bernabeu: “El concepto de expropiación indirecta del derecho internacional de inversiones como límite al poder tributario del Estado”.

– Vangel Dokovski/Toni Deskoski: “Arbitrability of Corporate Disputes”

19:45. Fin de la Segunda Sesión.

 

27 de octubre.

10:00. Quinto pánel: Libertad de establecimiento y Derecho privado.

Ponente: Prof. Gerry Maher, Universidad de Edimburgo.

Comunicaciones:

– María Campo Comba: “Profesionales domiciliados fuera de la UE dirigiendo sus actividades comerciales o profesionales a algún Estado miembro, el caso de los consumidores “de vacaciones por la UE”: aplicación de las directivas europeas en materia de contratos de consumo.

– Ana María Eduel: “La e-residencia (la residencia electrónica y virtual)”.

– Xavier Orbegozo: “Acuerdos de elección de foro y medidas antiproceso (anti-suit injunctions) tras el Brexit”

 

11:30. Pausa café.

 

12:00. Sexto pánel: Regulación de la actividad económica y Derecho privado fuera de la UE.

Ponente: Prof. Csongor István Nagy. Universidad de Szeged.

Comunicaciones:

– Candela Noelia Villegas/Lucía Serrano Sánchez: “Supuestos de actuación en el extranjero en el marco normativo argentino. Especial mirada sobre la realización de los denominados “actos aislados” a la luz del Derecho internacional privado de forma autónoma”.

– Rodolfo Cancino Gómez: “México y la contratación pública internacional”.

13:30. Fin de la Tercera Sesión.

 

16:30: Séptimo pánel: Arbitraje

Ponentes:

– José Carlos Fernández Rozas, UCM.

– Leonel Pereznieto Castro, UAM.

Comunicaciones:

– Vesna Lazic: “Enforcement of Annulled Arbitral Awards: Is there the need for guidelines on international aceptable standards?”.

– Alvaro Soriano: “El caso Eiser Infrastructural Limited y Energie Solutions Luxembourg S.a.r.l. y el Reino de España”.

18:00. Ponencia conclusiva. Bertrand Ancel. Universidad de París II

18:30. Clausura del Seminario.

El capital como sistema de protección de los acreedores

Tradicionalmente y desde hace décadas, el capital social se ha asociado como un mecanismo de protección de los acreedores en las sociedades de capital. Sin embargo, en los últimos años, se ha convertido en una de las cuestiones más controvertidas del Derecho anglosajón, así como de varios países de la Unión Europea, generándose una tendencia a la supresión de su obligatoriedad en las sociedades del capital, o bien, dándole una dimensión insignificante. Esta tendencia de abandono del capital social como técnica de protección de los acreedores se inició en los Estados Unidos cuando el Estado de California, en 1975 en su Corporate Code, rechazó exigirlo. En Europa, al día de hoy, son diez los países que siguen esta dirección; a saber Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Grecia, Portugal, Polonia, Luxemburgo y España. Esta propensión se manifiesta mediante la creación de sub-tipos de sociedades ya existentes. Es el caso, por ejemplo, de España con la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Formación Sucesiva, creada por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre. Otra versión es la simplificación del régimen de la tradicional Sociedad de Responsabilidad Limitada; como sucedió en Francia en 2003. O también por la creación de un nuevo tipo de sociedad. Así ha sucedido en Italia con la creación, tras el Decreto-Ley 1/2012 de 24 de enero, de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Simplificada.

Tal es la importancia de esta tendencia, que la Comisión Europea propuso el 9 de abril de 2014 una Directiva respecto de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal llamada Societas Unius Personae, previendo en particular la introducción de un capital mínimo de un euro -o el equivalente en la moneda del país del Estado miembro cuando este no tenga como moneda el euro- Sin embargo, parece que este proyecto no se llevará a cabo.

Realmente, no es la figura del capital social la que está desapareciendo, sino que es su obligatoriedad y, por lo tanto, su función de protección de los acreedores. Una de las consecuencias de la implantación de esta posibilidad sería la creación masiva de sociedades sin realmente una expectativa de vida. Sin embargo, respecto a la protección de los acreedores, la figura del capital social podría crear una inseguridad jurídica cuando, establecer en el contrato los propios términos que regirán la relación contractual, podría aportar más seguridad jurídica a los acreedores.

En conclusión, las cuestiones que se debaten actualmente en Europa en torno al capital social y a su posible sustitución por otro sistema diferente son muchas y complejas y es difícil llegar a un mecanismo sustitutivo del capital social como instrumento de protección de los acreedores. Además, no se puede eliminar el riesgo de insolvencia. Sería oportuno desde luego, que el sistema del capital social se pusiera en relación con otras técnicas de tutela que el ordenamiento jurídico ofrece a los acreedores, así como la posibilidad de que el Derecho concursal pueda llegar a sustituir al societario en cuanto a la función de tutela de los acreedores.

Caroline Bresciano
Graduada en Derecho (Universidad Autónoma de Barcelona) y Droit (Université Paris II – Panthéon Assas)

Directive 2017/1132: (partial) codification of the EU Company Law

1. The Action Plan 2012 seems to start bearing fruit. In 2014, the Commission adopted the Recommendation of 9 April 2014 on the quality of corporate governance reporting. It remained loyal to the principle “comply or explain”, but it proposed some improvements. Essentially it asked listed companies to enhance the explanations when they do not comply with the corporate governance codes. Three years later, the European Parliament and the Council have approved Directive 2017/828 of the European Parliament and of the Council, of 17 May 2017, amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement. As I briefly commented in “Directive 2017/828 on the encouragement of long-term shareholders’ engagement”, the aim is threefold: to improve medium- and long-term shareholder’s engagement, to increase control over directors’ remuneration and to restrain transactions with related parties. Barely one month later, another law has been passed: Directive 2017/1132 of the European Parliament and of the Council, of 14 June 2017, relating to certain aspects of company law (codification).

It has 168 articles and four Annexes. Title I contains the general provisions and the establishment and functioning of limited liability companies. After determining the subject matter (Chapter I), Chapter II rules the incorporation and nullity of the company. Chapter III governs the disclosure of information regarding companies and the branches, as well as the interconnection of central, commercial and companies registers. Title I finishes with the provisions devoted to the share capital: Chapter IV establishes the capital requirements, its safeguards, the distribution to shareholders, the acquisition of the companies’ own shares and the increase and reduction of capital. Mergers and divisions are the object of Title II. The first Chapter contains the general provisions that are applied to all kind of mergers. The second is addressed to cross-border mergers. The third and last one governs divisions. The last Title of the Directive has the final provisions.

Regarding the annexes, the first two list the types of companies to which some articles refer. The third one enumerates the codified Directives, with a reference to their amendments and the limits for their transposition into domestic laws. Annex IV has a correlation table: links the articles of the merged Directives with the new ones. Directive 2017/1132 enters into force on the 20th day after its publication in the OJ, which has taken place the 30 June 2017.

2. Directive 2017/1132 is an answer to the methodological concerns the Commission expressed in the Action Plan 2012. It codifies six previous Directives, that are repealed. They are the following ones:

  • Sixth Council Directive concerning the division of public limited liability companies (82/891/EEC)
  • Eleventh Council Directive concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State (89/666/EEC)
  • Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council on cross-border mergers of limited liability companies
  • Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent
  • Directive 2011/35/EU of the European Parliament and of the Council concerning mergers of public limited liability companies
  • Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital.

The aim is legal certainty. The before mentioned Directives had been substantially amended several times. Hence, it was difficult to know the exact rules that were in force. To dispel the doubts, the Commission decided to merge their current versions, looking for clarity and rationality. It holds that their provisions will now be easier to interpret, transpose and apply. In my humble opinion, the Commission is right, because there is only one legislative text. Although there are some referrals, they are internal. Therefore, the jurist does not need to handle two or more legal texts at the same time. Secondly, it is correctly systemized. Thirdly, each article has a ‘title’ that helps to identify the content. Lastly, Annex IV contains a correlation table links the provisions of the repealed Directives with the corresponding ones of the 2017/1132.

3. Nonetheless, the new Directive has an important weakness: the lack of ambition. On the one hand, it merely brings together the provisions established by the repealed Directives, without improving their content. The only amendments it introduces are the formal ones that the codification technique requires. But there is no intention to modify the meaning, address the doubts or improve the repealed provisions. As the Commission described in the explanatory memorandum of the Proposal:

“… this proposal fully preserves the content of the acts being codified and hence does no more than bring them together with only such formal amendments as are required by the codification exercise itself”.

As it does not introduce any new legal rule, there is no date for the Member States to transpose it. Annex III remembers the time limit to incorporate the abolished Directives into the domestic legal systems.

On the other hand, the codification is partial: it only amalgamates the six referred Directives. There are others that also appertain to the EU Company Law and which contain could also had been included in Directive 2017/1132. For instance, the European Economic and Social Committe suggested extending the codification to the following Directives:

  • Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re-securitisations, and the supervisory review of remuneration policies
  • Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies
  • Directive 2004/25/EC of 21 April 2004 on takeover bids
  • Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees
  • Directive 2009/102/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 in the area of company law on single-member private limited liability companies. Notwithstanding, it is important to take in mind that this legal instrument will be amended whether the proposal of Directive Unius Personae
  • Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on Article 54(3)(g) of the Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents
  • Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on Article 54(3)(g) of the Treaty on consolidated accounts
  • Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54(3)(g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies.

The codification of all them in one legislative instrument would had improved the effectiveness of the EU Company law. It would had enhanced its unity and coherence, easing the understanding, application and knowledge. The fact that these other Directives have not been amended so many times as the repealed ones does not justify, in my humble opinion, their exclusion.

Carlos Gorriz

 

Directive 2017/828 on the encouragement of long-term shareholders’ engagement

1. Introduction

On 20 May 2017, the Directive 2017/828 of the European Parliament and of the Council, of 17 May 2017, amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement was published in the Official Journal of the European Union. It rules several issues that can be clustered in three groups: the improvement of the long-term engagement of the shareholders, the remuneration of directors and the transactions with related parties.

As the title implies, Directive 2017/828 amends Directive 2007/36/EC. In particular, it modifies paragraphs 1, 2 and 3 of Article 1 and point a) of Article 2. It adds paragraphs 3a, 5, 6 and 7 to Article 1; points d) to j) to Article 2; Chapter Ia (Articles 3a to 3f); Chapter Ib (Articles 3g to 3k); Articles 9a, 9b and 9c inside Chapter II; and Chapter IIa (Articles 14a and 14b). Obviously, both Directives share the scope. They apply to “…companies which have their registered office in a Member State and the shares of which are admitted to trading on a regulated market situated or operating within a Member State” (Article 1, paragraph 1). The reason is that they are aimed to improve corporate governance and cross-border transactions.

There would be other European Union legislative acts that would be applied to the same companies; for instance, sector-specific rules regulating some types of enterprises. These laws should be considered lex specialis and, thus, should prevail over the Directive 2017/828. Nonetheless, whether the last one contains more specific provisions or imposes additional requirements, it should be applied in conjunction with the sector-specific rules, according to Article 1.7.

Although it should not be necessary to explain it, it is worth commenting that the Directive does not impose obligations on companies, directors or shareholders, but on Member States. The reason is the type of legislative act: Directives are not self-executing, but they need implementing provisions adopted by Member States.

2. Aim and content

The title of the Directive refers to the long-term shareholders’ engagement. It could be considered that it is its goal, but I humbly think that it is more a mean than an end in itself. The final aim of the European Institutions is improving the competitiveness and sustainability of the European firms. To achieve it, it is essential to have an effective corporate governance legal framework. One of the key elements is the medium- and long-term engagement of shareholders. Recital 14 of the Directive evidences the reason: “Effective and sustainable shareholder engagement is one of the cornerstones of the corporate governance model of listed companies, which depends on checks and balances between the different organs and different stakeholders. Greater involvement of shareholders in corporate governance is one of the levers that can help improve the financial and non-financial performance of companies …”

It is not a new idea. We can already find it in the Action Plan 2012, which constitutes the legal background of the Directive. It explains that the financial crisis revealed some shortcomings of listed companies outside the financial sector. Two of the most important were the lack of shareholder interest in holding directors accountable for their decisions and the defective application of the corporate governance rules. Hence, the Action Plan announces some initiatives to improve the competitiveness and sustainability of companies that are grouped in three lines of action: enhancing transparency[1], engaging shareholders[2] and fostering the firms’ growth and effectiveness.

Regarding the content of the Directive, three issues are ruled: engagement of shareholders, remuneration of directors and transactions with related parties. They are all closely related, as a strong commitment of the shareholders is an irreplaceable weapon to fight against these two high-risk practices that can be very detrimental for the health of the company, as the past financial crisis evidences. The key points are information and approval. It is necessary that the company informs shareholders about the remuneration of the directors and the transactions with related parties and that they approve both of them in order to be valid and enforceable.

3. Long-term engagement

The Directive lays down some obligations on intermediaries, institutional investors, asset managers and proxy advisors in order to improve the engagement of shareholders. These obligations consist mainly in identifying the shareholders, disclosing information and easing the exercise of shareholders’ rights. They are inextricably linked. On the one hand, the company needs to know who their shareholders are to facilitate their participation in the corporative life. On the other hand, information regarding the intermediary charges, investment policy and advice’ criteria is essential to increase the awareness of the shareholders and beneficiaries of institutional investors and asset managers, as well as to boost their interest on the companies in which they have invested.

Intermediaries can represent a barrier between the company and the shareholders that hinders the engagement, because the last ones do not receive the suitable information, they have difficulties to exercise the corporate rights and they are not motivated to get engaged in the company. The difficulties increase when there is a chain of intermediaries. Hence, the Directive imposes several duties on them. Firstly, they must help the company to identify the shareholders, by submitting the data that can be required by the enterprise[3]. Secondly, they must publicly disclose information regarding the remuneration of their services. It is especially outstanding in relation to the cross-border exercise of rights. Whether the charges are unjustifiably different, they can be deterrent to cross-border investment and obstruct the efficient functioning of the internal market. Grounded on this reason, the Directive forbids discrimination: Member States shall ensure that the charges are non-discriminatory and proportional to actual costs. And thirdly, intermediaries must facilitate the exercise of the shareholders’ rights. The Directive refers particularly to the vote in the general meeting. Intermediaries should give shareholders the possibility to check that the votes have been validly recorded and counted by the company.

Normally, institutional investors and asset managers are not heavily involved in the functioning of the companies in which they have invested. Besides, capital markets normally exert pressure on enterprises to perform in short term. Among other consequences it can lead to a suboptimal level of investment. According to the Commission, the solution is to increase the awareness of investors. To achieve this goal, it is important to augment transparency and to align the interests of the final beneficiaries, of the institutional investors, of the asset managers with the interests of the investee enterprises. According to the European Institutions, it will be useful to change the approach of institutional investors and asset managers: from the short term to the medium or long one.

The Directive focus on the information of their investment strategies, according to the principle comply or explain. Articles 3g to 3k order institutional investors and asset managers to develop and publicly disclose an engagement policy, where they should describe how they integrate shareholders’ engagement in their investment strategy[4]. They should make and disclose two yearly reports: one explaining the implementation of the engagement policy and another that describes the relationship between the elements of their investment equity with the profile and duration of their liabilities. Besides, they must give information about their arrangements with the asset manager. These materials shall be available free of costs in their websites. Also, asset managers shall disclose, on annual basis, to the institutional investor how their investment strategy and implementation thereof complies with their arrangements and contributes to the medium- and long-term performance of the assets of the institutional investor or the fund.

Proxy advisors provide research, advice and recommendations on how to vote in general meetings of listed companies. Due to their importance regarding the behavior of investors, the Directive subjects them to transparency requirements[5]. Particularly, they must disclose the code of conduct they follow, how they have applied it, the essential elements and criteria used to prepare the research and to give advice and voting recommendations, as well as their policy regarding the conflicts of interest[6]. Again, all this information should be available free of charge in their website.

4. Remuneration of directors

The remuneration of directors is another key issue of Company Law. As the past financial crisis has again demonstrated, inadequate salaries can deprive the firm of essential resources or even lead it to bankruptcy. Therefore, the European Institutions consider essential that companies have a suitable remuneration policy, agreed by the competent bodies, that aligns the medium- and long-term interests of the managers with the ones of the owners of the firm. Besides, it is indispensable that it is strictly followed.

Therefore, the Directive orders companies to have a remuneration policy regarding directors. It should be established by agreement of the general meeting and contribute to the firm business strategy, taking into consideration its long-term interests and sustainability. The policy shall explain how it fulfills these requirements. Obviously, it is binding; i.e., directors can only be paid according to its rules. Notwithstanding, some exceptions are allowed. In order to strengthen its efficiency, the Directive orders that the remuneration policy is applied not only to a single company but to the remuneration in all the undertakings of a group.

Secondly, shareholders shall have the possibility to express their views. They shall have the chance to take part in the general meeting that approves the remuneration policy and also to vote the yearly remuneration policy’s report. Thirdly, transparency is a core rule in this field. On the one hand, the remuneration policy shall be made public in the company’s website. On the other, a yearly report shall be worked out, approved and disclosed. Member States shall ensure that the it has the form and content established in Article 9b. It is worth underlining that it shall give information regarding the remuneration of each single director. Consequently, some problems can arise regarding privacy and data protection (see points 2 and 3 of Article 9b). Article 9b .3 expressly establishes that the yearly remuneration report shall be publicly available on the company’s website for a period of 10 years.

5. Transactions with related parties

Transactions with related parties are an extremely sensitive subject. The reason is that they may give the related parties the opportunity to usurp value belonging to the company and deprive it of business opportunities. Being aware of this risk, the Directive focuses on two remedies: transparency and agreement. First of all, it is worth commenting that it does not define or enumerate the ‘material transactions’. It orders Member State to do it. Nonetheless, point 1 of Article 9c establishes some guidelines and Article 2 .h defines ‘related party’ by remitting to the international accounting standards adopted in accordance with Regulation 1606/2002.

The first measure to neutralize the risk of these operations is transparency. It is important to allow stakeholders to be informed about the potential risks. The Directive asks companies to publicly announce these operations at the latest at the time of the conclusion of the transaction. It prescribes also the content of the announcement (Article 9c .2) and it orders the information to be complemented with a report assessing whether or not that business is fair and reasonable.

The second measure is the agreement of the firm’s owners –or of its representatives. The Directive requires the transactions with related parties to be approved by the general meeting or by the administrative (or supervisory) body. In order to prevent related parties to take advantage of their position, they are not allowed to participate in the voting or agreement, despite being directors or shareholders[7]. Besides, the interests of the company and of minority shareholders should be taken into consideration.

6. Penalties, implementing acts and data protection

The effectiveness of the Directive requires punishing the breach of the obligations it establishes. Article 14b orders Members States to lay down the suitable measures and penalties. They should be effective, proportionate and dissuasive. Besides, Member States shall report them to the Commission.

Directive gives relevance to the Commission. On the one hand, it is empowered to approve implementing acts regarding the information on shareholders’ identity, on the exercise of their rights and on the voting of the remuneration report. The idea is to achieve uniformity to avoid differences in domestic laws that could hinder cross-border operations. On the other hand, the Commission shall submit reports on the implementation of the rules on intermediaries[8], on the engagement policy, on the investment strategy of institutional investors and arrangements with asset managers, on transparency of asset managers, as well as on the transparency of proxy advisors[9].

Lastly, the Directive orders to collect, transfer and disclose information to enhance the shareholders’ engagement, to control directors’ remuneration and to neutralize the damages that business with related parties can rise. This application of the transparency principle is essential to achieve the pursued aims. Nonetheless, it might create problems regarding privacy; for instance, when sensible personal data should be made publicly available. It is the case, for instance, of the remuneration of directors: sometimes, the family situation of the director is taken into consideration when fixing the salary. In order to resolve the doubts that could appear, it is important to take into consideration recital 52: “This Directive should be applied in compliance with Union data protection law and the protection of privacy as enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Any processing of the personal data of natural persons under this Directive should be undertaken in accordance with Regulation (EU) 2016/679. In particular, data should be kept accurate and up to date, the data subject should be duly informed about the processing of personal data in accordance with this Directive and should have the right of rectification of incomplete or inaccurate data as well as right to erasure of personal data. Moreover, any transmission of information regarding shareholder identity to third-country intermediaries should comply with the requirements laid down in Regulation (EU) 2016/679”.

7. Transposition

The Directive has entered into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal; i.e. the 9 June 2017. It must be transposed into the national legal systems by the 10 June 2019. The Member States have two years to approve the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with their obligations. It is possible that some of them have yet taken steps to fulfill this duty. It is the case of Spain: The Act 31/2014[10] ruled, among other issues, on the remuneration of directors and on the transactions with related parties and incorporated some of the rules established by the Directive into de Spanish Corporate Enterprises Act.

[1] “…companies should be allowed to know who their shareholders are and institutional investors should be more transparent about their voting policies so that a more fruitful dialogue on corporate governance matters can take place.”

[2] “…They [shareholders] should be offered more possibilities to oversee remuneration policy and related party transactions … In addition, a limited number of obligations will need to be imposed on institutional investors, asset managers and proxy advisors to bring about effective engagement.”

[3] The right of the company and the obligation of the intermediaries is excluded when the shareholders have a minimal participation (less than 0,5% of the capital).

[4] The Action Plan 2012 explains the reason: “Disclosure of such information could have a positive impact on investor awareness, enable ultimate investors to optimise investment decisions, facilitate the dialogue between investors and companies, encourage shareholder engagement and could strengthen companies’ accountability to civil society. Moreover, this information could be useful for investors before entering into a portfolio management contract or for beneficiaries of institutional investors acting on behalf of or for the benefit of others. In the light of its overall objective to engage shareholders, the Commission believes this to be the right step forward”.

[5] The Action Plan 2012 stresses three problems: their analytical methodology does not take into account company-specific characteristics or national rules, the conflicts of interest and the lack of competition in the sector.

[6] Id est, the essential features of the methodologies and models they apply; the main information sources they use; the procedures put in place to ensure quality of the research, advice and voting recommendations and qualifications of the staff involved; whether and, if so, how they take national market, legal, regulatory and company-specific conditions into account; the essential features of the voting policies they apply for each market; whether they have dialogues with the companies which are the object of their research, advice or voting recommendations and with the stakeholders of the company, and, if so, the extent and nature thereof; and the policy regarding the prevention and management of potential conflicts of interests.

[7] Nonetheless, see the special rules of Article 9c .4 subparagraph 2.

[8] Id est, on the identification of shareholders, transmission of information and facilitation of exercise of shareholders’ rights (Article 3f .2). The Commission shall prepare the report in cooperation with ESMA and the European Supervisory Authority.

[9] The last one, in cooperation with ESMA.

[10] Act 31/2014, 3 December, on modification of the Law on Corporate Enterprises for the improvement of corporate government.

Acción individual de responsabilidad: necesidad de acto u omisión del administrador

En la STS 274/2017, de 5 de mayo, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el requisito del acto u omisión ilícito del administrador respecto de la acción individual de responsabilidad. Esencialmente afirma que debe tratarse de una conducta propia del gestor y no de la sociedad. Empieza calificando la responsabilidad como extracontractual y enumerando los requisitos que deben concurrir: 1) comportamiento activo o pasivo de los administradores; 2) comportamiento imputable al órgano de administración en cuanto tal; 3) conducta antijurídica del administrador por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal; 4) conducta antijurídica susceptible de producir un daño; 5) daño directamente causado al tercero, sin lesionar los intereses de la sociedad y 6) relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero.

En la sentencia referida, el TS se centra en la necesidad de que exista un acto u omisión del administrador. Explica que: “(n)o puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo”.

Afirma que concurre ese requisito en el caso: la conducta negligente del administrador consistió en la salida injustificada de una elevada suma (teniendo en cuenta el patrimonio de la sociedad) del activo de la sociedad, que se encontraba en una situación de liquidación de hecho. Ese dispendio impidió que la compañía pudiera pagar el crédito de la demandante. Por lo tanto, también resultaba acreditado el nexo de causalidad con el daño directo al acreedor de la compañía que formuló la demanda.

Carlos Górriz

El riesgo del abuso normativo en la Unión Europea

Reseñamos el artículo que uno de los miembros del grupo de investigación, Miguel Ángel Sánchez Huete, acaba de publicar en la revista Quincena fiscal, núm. 12, 2017. Su título es “El riesgo del abuso normativo en la Unión Europea. Análisis de la Resolución 2012/772 y de la Directiva 2016/1164”. A continuación, reproducimos un resumen preparado por el profesor Sánchez Huete.

La formulación de cláusulas antielusión se basa en corregir y prevenir conductas de riesgo para el deber de contribuir. La ley no impone la obligación de realizar un hecho imponible, pero sí limita determinadas prácticas lesivas a través de cláusulas normativas de carácter tributario. Normas, que suponen atribuir a la Administración la potestad de corregir, sin necesidad de acudir a los Tribunales, la negociación efectuada por los particulares.

Su existencia en el ámbito nacional evidencia la tensión conceptual existente entre la autonomía de la voluntad, de un lado, y las conductas que amparadas en esa autonomía lesionan el deber de contribuir, de otro. Desde la perspectiva de la Unión Europea, y en relación a la imposición directa, se plantea también la necesidad de que los Estados establezcan cláusulas antielusión o antiabuso normativo como mecanismo de protección de las libertades comunitarias. Aquí la tensión conceptual originada es diversa a la de los ordenamientos nacionales, pues se da entre las libertades comunitarias y el deber de contribuir de los propios Estados. Se contraponen así dos planos normativos: libertades comunitarias y el deber nacional de contribuir. Si bien, conviene remarcar, el interés por la protección del deber de contribuir nacional se efectúa en la medida que su lesión afecta también a las libertades comunitarias.

La Unión Europea en relación a las cláusulas antiabuso de los Estados miembros ha seguido dos orientaciones aparentemente dispares; por un lado, y a través de la tarea de su Tribunal de Justicia, se las ha contemplado como regulaciones que pueden lesionar las libertades comunitarias si no resulta debidamente justificadas y, por otro lado, se presentan como necesidad para proteger la recaudación de los Estados y las libertades comunitarias. Las libertades comunitarias resultan así el fiel de la balanza que permite aquilatar, tanto los excesos de la norma nacional, como su necesidad frente al abuso normativo.

Desde Unión Europea se plantea la necesidad de que sean los propios Estados miembros quienes introduzcan cláusulas antiabuso, bien incentivando tal regulación a través de recomendaciones, bien estableciendo su necesidad mediante la creación de Directivas. En tal contexto cabe destacar el peculiar impacto de la Resolución 2012/772 sobre la planificación fiscal agresiva y la cláusula específica que contiene la Directiva 2016/1164.

Los objetivos del presente artículo son: en primer lugar, contextualizar el sentido y la necesidad de las cláusulas antielusión tributaria como medidas preventivas contra conductas que ponen en peligro la contribución; en segundo lugar, analizar algunas de

las cláusulas propuestas por la Unión Europea, en particular, la prevista en la Resolución 2012/772 y la contenida en la Directiva 2016/1164. Son regulaciones que se proyectan sobre la imposición directa –Impuesto sobre Sociedades- y que ponen en relación una cláusula genérica con otra específica. Las cláusulas propuestas por la Unión evidencian la necesaria interpenetración de los ordenamientos ante riesgos comunes. Y en tal orientación una de las cuestiones capitales es homogeneizar el sentido, denominación, y los requisitos del comportamiento elusivo en un contexto de pluralidad de regulaciones.

Exoneración de responsabilidad pese a no provomer la disolución por pérdidas: STS 27/2017, de 18 de enero

¿Puede exonerarse o limitarse la responsabilidad de los administradores que no han promovido la disolución de la sociedad en caso de pérdidas cuando han tomado medidas para reducir los daños a terceros? Es la pregunta que se formula el Tribunal Supremo en la sentencia 27/2017, de 18 de enero. Se trata de una sociedad anónima laboral en la que concurría causa de disolución porque existían pérdidas que habían reducido el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. Aunque los administradores no promovieron la disolución ni el concurso de la sociedad (arts. 365 y 367 LSC), intentaron paliar la situación de crisis; en particular, solicitaron un expediente de regulación de empleo y vendieron activos y pasivos de la compañía.

Aunque el art. 367 LSC no prevé ninguna causa de exclusión o reducción de la responsabilidad, la alta autoridad judicial española recuerda que sí ha reconocido su procedencia cuando los administradores han tomado medidas para evitar el daño a terceros. Cita cuatro sentencias que plasman esa doctrina. La primera es la 417/2006, de 28 de abril. En ella confirmó la decisión de la Audiencia Provincial de excluir la responsabilidad del administrador porque, pese a intentarlo, no había podido conocer la verdadera situación de la sociedad, no había tomado ninguna decisión que hubiera generado o incrementado el perjuicio a terceros y sólo había podido actuar respecto de deudas muy anteriores. Esta decisión sirvió de fundamento a la sentencia 1126/2008, de 20 de noviembre. En ella también se exoneró de responsabilidad a los administradores en virtud del esfuerzo que habían hecho para evitar el daño a la demandante.

“…las especiales o extraordinarias circunstancias que puedan concurrir en un determinado caso en torno a la concreta conducta desplegada por los administradores, y que consten acreditadas, pueden llegar a justificar, aún cuando se acciona con base en dicho precepto legal, que se exonere de responsabilidad a los gestores, siendo ello debido a que la responsabilidad ex lege del artículo 262.5 LSA ha de ser entendida en clave de responsabilidad civil.”

En las dos restantes sentencias citadas, el Tribunal Supremo había reconocido la posibilidad de exonerar a los administradores cuando hubieran adoptado medidas significativas para evitar los daños a los terceros demandantes. Sin embargo, en ambas afirmó que no se cumplía ese requisito. Se trata de las resoluciones 351/2009, de 1 de agosto y 14/2010, de 12 de febrero. En la última afirma:

“En el caso sucede que se habla de ‘haberse adoptado medidas y acometido actuaciones para reflotar la situación económica de la empresa’, pero no se especifican cuáles, ni se razona su idoneidad; ni existe un informe pericial que las repute lógicas o razonables. La alusión de la parte recurrida a un intento de regularizar la situación financiera mediante alianzas con otras entidades destacadas del sector no pasa de ser una mera excusa que no se compadece con la grave crisis financiera de la entidad Embutidos Simón S.L., ni justifica que no se adopte ninguna medida efectiva hasta más de un año y medio después en que se acuerda solicitar la declaración de quiebra.”

La sentencia que nos ocupa se alinea con las dos últimas resoluciones. Pese a reconocer la posibilidad de liberar o reducir la responsabilidad de los administradores, la desestima en el caso porque:

“No apreciamos que, en este caso, el expediente de regulación de empleo, que acabó con la extinción de todas las relaciones laborales, y la posterior venta de activos y pasivos de la compañía, justificaran la omisión del deber de instar la disolución de la sociedad. Estas medidas no sólo eran compatibles con la disolución de la compañía, sino que además conducían a ella. El segundo ERE de extinción de relaciones laborales y la venta de activos y pasivos suponían de facto el cese por parte de la sociedad de su actividad empresarial, lo que ahondaba más en la necesidad de su disolución.”

Para finalizar, vale la pena traer a colación la sentencia 1195/2006, de 22 de noviembre, porque en ella el Tribunal Supremo hace referencia, a título ejemplificativo, a diversas circunstancias que considera relevantes al valorar si procede liberar de responsabilidad a los administradores que no han adoptado las medidas pertinentes para disolver la sociedad:

“el conocimiento del acreedor reclamante de la situación económica de la sociedad en el momento de la generación del crédito -…-, y, en términos más amplios, su actuación contraviniendo las exigencias de la buena fe -…-, la solvencia de la sociedad o la existencia de créditos compensables de la sociedad frente a los acreedores que reclaman -…-; y se ha atendido también al hecho de que los administradores, aun cuando deban soportar la carga de la prueba, demuestren una acción significativa para evitar el daño, lo que se ha de valorar en cada caso -…-, o que se encuentren ante la imposibilidad de evitarlo, por haber cesado antes de que se produzca el hecho causante de la disolución -…-, o, en términos generales, por haberse encontrado ante una situación ya irreversible”.

El futuro del impuesto sobre sociedades. V Encuentro de Derecho financiero y tributario

Durante los días 2 y 3 de febrero de 2017 se ha celebrado en Madrid el interesante V Encuentro de Derecho financiero y tributario en el que se han tratado y debatido diversos aspectos del Impuesto de Sociedades (IS), si bien las diferentes intervenciones giraron en torno a dos polos: por un lado, la iniciativa europea de Base Imponible Consolidada Común (más conocida por sus siglas BICCIS) y, por otro, la Directiva 2016/1164 del consejo de 12 de julio de 2016 conocida por directiva antifraude.

El primer día comenzó con la vocal Asesora del IEF, Cristina García-Herrera Blanco, dando la bienvenida a ponentes y asistentes e introduciendo el interés del IEF en celebrar la jornada con el tema anunciado. A continuación, cedió la palabra al Director General de Tributos, Alberto García Valera, que desarrolló la conferencia inaugural con el título “La política fiscal española en materia de Impuesto sobre Sociedades”.

El Sr. Valera desgranó la historia del IS en nuestro sistema en términos de regulación, recaudación y lucha contra el fraude fiscal durante los últimos años. Destacó cómo el tributo presentaba unos índices de recaudación en el año 2007 del 4’6% del PIB para descender en 2010 al 1’8%. Este descenso, producido fundamentalmente por la crisis económica, es uno de los motivos por el que el tributo ha tenido en los últimos tiempos diversas modificaciones, entre las que destaca la Ley 27/2014, de 27 de noviembre que estableció un nuevo orden completo de la exacción, derogando su anterior regulación. Insisten en los términos antes citados, normas posteriores que, además, buscan adaptar el tributo a exigencias de Derecho europeo y a la iniciativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE. A este aspecto también se añaden otras cuestiones como fomentar la financiación propia frente al endeudamiento de las empresas o incentivos fiscales al I+D+i. Durante el año 2016 se suceden dos Decretos Leyes (2/2016 y 3/2016) que, conjuntamente, inciden en el tributo con el ánimo de obtención de una mayor recaudación que implica un aumento de la contribución empresarial a equilibrar el déficit de las arcas públicas. Las diferentes reformas descritas han dado como resultado un aumento de la recaudación de forma que el tributo está en la senda proyectada y entra en una fase de estabilidad normativa salvo que desde la Unión Europea se planteen nuevos cambios.

Siguieron Cristina García-Herrera y el Profesor de Derecho Financiero y Tributario, D. Jesús Rodríguez Márquez con una ponencia conjunta titulada “Tendencias en el Impuesto sobre Sociedades: un análisis comparado”. Confirmando los datos aportados por el primer ponente en términos de recaudación e importancia del IS en nuestro sistema y añadiendo los procedentes de otros países, confirmaron un aspecto clave: el IS ha estado perdiendo importancia como recurso en cuanto a nivel de ingresos. Es una circunstancia que afecta fundamentalmente a países desarrollados y no tanto en los que presentan menos tasas de desarrollo. Dada esta realidad explicaron cómo en diferentes países como Alemania, Francia, Italia o Gran Bretaña se ha tratado la cuestión modificando la regulación en aras de mejorar la recaudación, mejorar la lucha contra el fraude y adaptarlo a tendencias internacionales como la iniciativa BEPS de la OCDE, la BICCIS de la UE o la directiva antifraude. Los ponentes concluyen con la idea de que las medidas que se han adoptado no han dado resultados para considerar su acierto o desacierto en términos de aumentar la recaudación o combatir el fraude. No obstante, aportan un nuevo factor en tanto que, las medidas adoptadas en el entorno europeo, pueden condicionar la competitividad de las empresas frente a las de otros Estados como son los EEUU.

La tercera ponencia de la mañana la impartió Juan López Rodríguez, Inspector de Hacienda del Estado y miembro de la Comisión de la UE TAXUD, con el ´titulo ‘La estrategia de la Unión Europea en relación el Impuesto sobre Sociedades’. Recogió la misma idea que los anteriores ponentes en tanto que puso también en evidencia la bajada de recaudación que ha padecido el IS en España y en países de nuestro entorno. Tomando el elemento ‘tipo impositivo’, mostró como en la UE existe una dispersión de los mismos si se comparan los de los países desarrollados (Alemania, Francia, Italia …) con otros con menor tasa de desarrollo (Malta, Chipre, etc…). Siendo esta una divergencia que puede tener incidencia en el mercado único (entre otras, como las diferentes regulaciones), el ponente desgrana las diferentes medidas que se han ido adoptando en el seno de la UE tanto desde el punto de vista del softlaw representado con comunicaciones de la Comisión (Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la UE. Cinco ámbitos de actuación fundamentales (COM (2015) 0302) o Establecimiento de un sistema de imposición de las sociedades equitativo, competitivo y estable (COM (2016) 682 final)), como desde el punto de vista del hardlaw representado en algunas directivas aprobadas o próximas (directiva antifraude o propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países). El ponente aporta también la perspectiva de otras medidas de la UE en el entorno del IS como es el proyecto de mejora de la regulación del Convenio de Arbitraje Multilateral para resolver conflictos en torno a la doble imposición, la creación de un listado propio de jurisdicciones que colaboran o no en la lucha contra el fraude y los trabajos del Foro Europeo de Precios de Transferencia.

La mañana del primer día del ‘Encuentro’ se cierra con la Mesa Redonda titulada ‘La base imponible común y la base Imponible consolidada del Impuesto sobre Sociedades’ en la que participan Carmen Botella García-Lastra, Inspectora Jefe de Equipo de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes AEAT; Luís. A. Malvárez Pascual y Emilio Cencerrado Millán, Catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de Huelva y Alicante respectivamente y Rafael Calvo Salinero, Socio de Garrigues Abogados y Asesores Tributarias, todos ellos moderados por Álvaro del Blanco García, Subdirector Adjunto de la Dirección de Estudios del IEF. Los intervinientes desgranan la evolución de la iniciativa BICCIS comparando las acciones adoptadas en 2012 (Propuesta de Directiva del Consejo de 16 de marzo de 2011 relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades BICCIS) y la más reciente de 2016 (Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común del IS). Desgranan cómo esta última ha supuesto la combinación de un objetivo de coordinación entre los Estados en un aspecto clave como es la Base Imponible del tributo -lo que es una reiteración de las acciones de 2012- con medidas antifraude. Los miembros de la mesa muestran, como elemento común, su interés de poner de manifiesto cómo habrá de desarrollarse el principio de tributación en el lugar dónde se crea la riqueza de manera que esto determine la distribución de la recaudación entre Estados miembros. También la delimitación de los grupos y la determinación de qué miembro del mismo habrá de ser el que mantenga una relación tributaria con un Estado miembro en función de un principio de ventanilla única. No obstante, advierten de determinados problemas como que la Directiva puede implicar un nuevo elemento de planificación fiscal que puede agravar el problema que se intenta combatir (la deslocalización por motivos tributarios ya que, por ejemplo, la normativa no incide en los tipos impositivos que puede establecer cada Estado) o que la simplificación de relacionarse con una sola Administración tributaria puede verse disminuida si se tiene en cuenta que, a los recursos que puede presentar el contribuyente, pueden añadirse los de los Estados en desacuerdo con el reparto de la recaudación que se haya efectuado.

La sesión de tarde se inició con la ponencia de Gaspar de la Peña Velasco, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, titulada ‘La técnica legislativa en el Impuesto sobre Sociedades’. El ponente se apartó de las cuestiones económicas que se habían desgranado durante la mañana, para centrarse en las cuestiones de técnica legislativa, de gran importancia desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la estabilidad del ordenamiento. Criticó, con el concepto ‘legislación motorizada’, la sucesión de diferentes normas sobre el IS enhebradas de manera caótica dado que, por un lado, mantienen relaciones de derogación y entrada en vigor inmediata que resultan de difícil aplicación y, además, adolecen de dispersión complicando su correcta aplicación por sus destinatarios. Se destaca el caso de la utilización profusa del Decreto-ley que se convierten en norma habitual de modificación sin que quede del todo justificado el presupuesto de hecho propio de esta norma: la extraordinaria y urgente necesidad. Las reformas tributarias, concluye el conferenciante, se han estado realizando con premura en función de motivos económicos sin la reflexión que requiere una técnica legislativa adecuada y pedida por los arts. 9 a 11 de la LGT.

La segunda intervención de la tarde fue la de Eduardo Sanz Gadea, Inspector Jefe de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes AEAT, con la ponencia ‘El Impuesto sobre Sociedades español: influencia de la BICCIS y propuestas’. En su intervención desarrolló cuatro puntos. El primero dedicado a reflexionar sobre qué razón hay para hablar del futuro del IS concluyendo que existe una insatisfacción sobre su papel en el sistema tributario en términos de capacidad recaudatoria, desigualdad o fraude, por lo que se están buscando alternativas. El segundo dedicado propiamente a las aportaciones de la BICCIS de las que resalta el apartarse del resultado contable para centrarse en una fórmula de cuantificación de ingresos menos ingresos exentos, gastos deducibles y otros elementos deducibles. En tercer lugar, expone sus reflexiones sobre si la BICCIS ha de mejorar o no la actual regulación si bien se centra en mostrar dónde están los aspectos que supondrán modificar la regulación vigente como es el caso de las asimetrías híbridas o la ventanilla única ante el contribuyente principal. En cuarto lugar, trata sobre si hay alguna alternativa al sistema que implica el IS y propone la creación de un Impuesto sobre Actividades Económicas que tienda a la simpleza y sencillez en su determinación y con un tipo impositivo reducido.

La tarde acabó con la presentación de algunas de las comunicaciones enviadas al encuentro. Se sucedieron ‘La deducibilidad de los gastos financieros en la normativa española y comunitaria del Impuesto sobre Sociedades’ de Santiago Álvarez García y Antonio Aparicio Pérez (Universidad de Oviedo), ‘Repercusiones políticas y límites del proceso de armonización en materia de imposición societaria en el nuevo marco internacional’ de Mónica Contreras Núñez (Universidad CEU San Pablo), ‘La Base Imponible Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades o la eterna promesa de una armonización fiscal comunitaria’ de Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo (Universidad de Málaga), ‘La ruta hacia la supresión de la doble imposición en la Unión Europea’ de Ana Belén Prósper Almagro (Universidad de Valencia) y ‘El concepto de establecimiento permanente en la era post BEPS: recepción del mismo en la Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una Base Imponible Común del Impuesto sobre Sociedades y la Directiva anti-abuso Tributario y su Propuesta de reforma’ de Irune Suberbiola Garbizu (Universidad del País Vasco). Estas intervenciones remataron brillantemente una jornada a través de interesantes reflexiones sobre la evolución de la normativa de la deducibilidad de los gastos financieros caracterizados por ser un elemento condicionante en la evaluación de la capacidad económica de las sociedades a gravar, la evolución que presenta la UE en torno a la armonización y coordinación de la imposición directa, la evolución en la cesión de soberanía tributaria de los Estados o cómo influyen en conceptos tradicionales como el de establecimiento permanente las iniciativas internacionales sobre la lucha contra el fraude como es BEPS.

El viernes contó, en primer lugar, con la ponencia titulada ‘La directiva antielusión’ de Begoña García-Rozado González, Subdirectora General del IRPF, Dirección General de Tributos, que expuso los diferentes elementos que componen la Directiva antifraude 2016/1164 de 12 de julio de 2016. Describió cómo el ordenamiento jurídico español ya incorporaba en una u otra medida los elementos de la directiva. Trató la regulación sobre limitación de gastos financieros, la imposición de salida, la cláusula antiabuso, la transparencia fiscal internacional o la regulación sobre asimetrías de híbridos. La legislación española, en general, ya mantiene figuras semejantes y, en algunos casos, incluso presenta niveles de regulación superiores (hace gran inciso en que la regulación de la directiva es de mínimos), si bien hay que hacer ajustes para la transposición de la Directiva. Como ejemplo puede citarse la cláusula antiabuso ya incorporada en el art. 15 de la LGT o que en el tratamiento de híbridos puede requerirse algún ajuste interno.

El encuentro acaba con una mesa redonda con el título ‘Una reflexión del impuesto desde diferentes perspectivas’, moderada por Cristina García-Herrera y compuesta por Silvia López Ribas, Inspectora Coordinadora de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, AEAT; Alberto Bermejo Díaz, Responsable de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Ferrovial, Jerónimo Payán Prieto, Director fiscal para Europa y economía digital de Telefónica; Abelardo Delgado Pacheco. Socio de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios y Adolfo Martín Jiménez. Catedrático de derecho financiero y tributario de la Universidad de Cádiz. Después del tratamiento desde una perspectiva teórica con acento económico y jurídico del IS, los intervinientes ilustraron al auditorio con las reflexiones que les suscitaba el tributo desde un punto de vista de práctica diaria. Los representantes del mundo empresarial señalaron las dificultades que entraña el tributo tanto por su gestión, como por su complejidad, pasando por el gravamen que supone que condiciona su competitividad. Por parte de la Administración tributaria, se destacó el cambio de paradigma que suponía la regulación europea del IS en tanto que se pasaba de una gestión y aplicación del tributo en un marco nacional a uno internacional que requería coordinación entre intervinientes públicos y cooperación del contribuyente. Desde la academia, el Sr. Martín, destacó el trabajo que ha emprendido en los últimos años la UE en la lucha contra el fraude si bien cuestionó sus fundamentos competenciales en el control de las ayudas de Estado.

José Antonio Fernández Amor