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Derecho Sanitario UAB

El Derecho Sanitario une dos ámbitos que parecen muy diferentes: las leyes y la salud de las personas. Puede parecer como intentar mezclar agua y aceite, pero no es así; son materias que se entienden y se complementan.

Al hablar de Derecho Sanitario suele pensarse en pleitos por presuntas negligencias médicas, pero es mucho más amplio.

Las listas de espera hacen más daños que las negligencias médicas, al igual que los retrasos en el diagnóstico y la mala coordinación de servicios: cada año muere gente esperando que la llamen para una intervención o para comenzar un tratamiento, y no es culpa de un médico sino de una Administración. Que no haya suficientes especialistas de guardia presencial supone un riesgo para los pacientes y cabe reclamar por ello.

Los recortes en prestaciones sanitarias son decisiones políticas que se plasman en normas. A veces, hasta suponen ataques contra la libertad de prescripción de los facultativos de la sanidad pública. Pero las normas pueden ser atacadas en los tribunales.

Los presupuestos autonómicos provocan retrasos en el pago a las farmacias, ahogando económicamente a profesionales que están obligados legalmente a prestar un servicio público: ellos financian en muchos casos a la sanidad pública, y tienen derecho a reclamar a la Administración tanto el pago como los intereses y gastos por el retraso.

Casos como la talidomida o las prótesis PIP no son culpa ni responsabilidad de los médicos: ellos utilizan fármacos y productos autorizados. Cuando hay un producto defectuoso, los responsables deben buscarse entre fabricantes, importadores, distribuidores…

Trabajar en situaciones en que peligra la salud o la vida ajena pone a estos profesionales en riesgo de padecer agresiones, insultos, vejaciones y acosos por pacientes y sus allegados, que pierden el control y la razón al olvidar que los profesionales son personas. Necesitan defensa cuando los límites han sido traspasados.

Los pacientes deciden si aceptan o rechazan el tratamiento propuesto por el médico responsable, que es quien debe informarle al respecto y de forma completa: el consentimiento informado es mucho más que un papel firmado por el paciente. Cómo debe facilitarse esa información, a quién corresponde probar que ha sido proporcionada, las consecuencias que puede suponer una incorrecta información, son cuestiones legales que afectan al profesional sanitario cada día.

Los pacientes también pueden dejar escrita su voluntad por si llega el momento en que no puedan expresarla mediante las instrucciones previas. Se regula quién, cómo y qué puede decidir, ya que no cualquier cosa será respetada: hay límites a lo que uno puede exigir para sí mismo.

Los avances científicos suponen nuevos campos para la medicina, nuevos tratamientos y nuevas técnicas. Y es necesario comprobar si funcionan antes de autorizar su uso generalizado: para eso existen los ensayos clínicos, con su rígida normativa garantista de los derechos y la salud de los implicados en el ensayo.

La documentación clínica contiene datos muy delicados sobre las personas. Hay que proteger los derechos de los pacientes, preservar esa información, protegerla de ojos curiosos, conservar su soporte físico durante ciertos plazos, saber cuándo puede accederse a ella y quién puede hacerlo…

Con algunos ejemplos de cómo la ley y la práctica médica se entrelazan, se necesitan y se complementan para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas, se perfila la pasión de un abogado experto en Derecho Sanitario, que lo ve como una herramienta al servicio de la sociedad.

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