El filo de la pipa – José A. Noguera

Opiniones críticas sobre política, sociedad y cultura

Archive for the category Sociedad y sociología

Oct 22 2014

¿Democracia o legalidad? ¡Justicia!

Se escuchan en el debate político actual afirmaciones expresadas con una contundencia digna de mejor causa: “la democracia no puede estar por encima de las leyes”, afirman unos; “el respeto a las leyes es parte consustancial de la democracia”, dicen otros; “la voluntad democrática del pueblo no puede estar constreñida por leyes y constituciones”, alegan los de más allá. Democracia, legalidad, soberanía, legitimidad… todos ellos son conceptos que tertulianos, políticos, periodistas y en general ciudadanos de toda índole utilizan como talismanes en la discusión, como si su mera mención ya cargase de razones el planteamiento de cada cual, y desterrase al limbo de lo indefendible el de los demás.

En rara ocasión se utilizan dichos conceptos partiendo de una definición o comprensión clara de los mismos y de cómo se relacionan entre sí. Simplemente, se suele identificar “lo bueno” y “lo justo” con “lo democrático”, de manera que estampando esa etiqueta en tus cuarteles el agua puede llevarse siempre al molino que convenga, y las posiciones de cada cual acaban defendiéndose con peticiones de principio y meros juegos de palabras que “suenan bien”.

John Rawls, el filósofo político más importante del siglo XX, empezaba su obra magna, la Teoría de la justicia (1971), con esta frase: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Estoy completamente de acuerdo: lo decisivo en cuestiones ético-políticas no es ni la legalidad ni la democracia, sino la justicia.

La democracia no es más que una regla (o, mejor, un conjunto de reglas) de decisión colectiva, que establece la necesidad de tener en cuenta las preferencias de todos los miembros de una comunidad a la hora de tomar decisiones que la conciernen; las reglas que se apliquen pueden ser diversas (mayoría simple o cualificada, con ponderación de voto o sin ella, con una o dos vueltas de votación, etc.), pero serán democráticas en la medida en que la decisión final esté vinculada a algún tipo de agregación de las preferencias de todos, y no sólo de un grupo o de una persona. La legalidad, por su parte, tiene que ver simplemente con la correspondencia con el ordenamiento jurídico vigente en una comunidad en un momento dado, sea ese ordenamiento el que sea, y siempre respetando una jerarquía de normas jurídicas en caso de contradicción o duda. La justicia social y política, en fin, es independiente de lo que exista: tiene que ver con lo que debe ser, con la distribución de cargas y beneficios, derechos y deberes, dotaciones materiales y oportunidades, que los ciudadanos deberían tener en cada arreglo institucional y social posible. Así entendidos, es evidente que los tres conceptos son diferentes y se superponen sólo parcialmente, algo que se puede visualizar en un sencillo diagrama de Venn:

Democracia-legalidad-justicia

 

Daría para mucha filosofía el ir desgranando las implicaciones de cada una de las siete áreas en que se divide la figura, pero lo importante es reparar en que las siete existen: lo democrático puede ser justo o injusto, legal o ilegal; lo legal no tiene por qué ser ni justo ni democrático, aunque puede ser lo uno, lo otro, o ambas cosas; lo justo puede ser democrático o no, y por supuesto puede haber leyes justas o injustas. Sólo en la pequeña área central encontraríamos aquel subconjunto de arreglos sociales que son a la vez democráticos, legales y justos.

Visto así, no tiene sentido afirmar, como se oye estos días, que “la democracia es el respeto de las leyes”: más allá de la obviedad de que las leyes se pueden cambiar democráticamente, también se puede tomar democráticamente una decisión ilegal. Pero igualmente absurdo es defender que “la democracia debe estar siempre por encima de las leyes existentes”, porque ese “debe” equivaldría a identificar democracia y justicia, cuando es obvio que existen situaciones justas que nadie ha votado, y que se pueden poner ejemplos de decisiones injustas tomadas democráticamente.

Pues bien, como decía Rawls, el más importante de esos tres conceptos es el de justicia. ¿De qué nos sirven la legalidad y la democracia si no arrojan decisiones e instituciones justas? Sin duda, se pueden tomar democráticamente decisiones ilegales, y se pueden aprobar leyes de forma no democrática, pero lo que importa en última instancia es que tanto leyes como decisiones democráticas sean justas. Nuestra preferencia por tomar decisiones colectivas de forma democrática se basa en la idea (razonable, como muestra la teoría de la decisión colectiva) de que así tenemos más probabilidades (aunque no la garantía) de alcanzar decisiones justas sobre ciertos asuntos (no todos) que con reglas de decisión no democráticas. Similarmente, nuestra habitual preferencia por disponer de una legalidad estable se basa en la idea (también razonable, como muestra la teoría del diseño institucional) de que la coordinación social cotidiana tiene más probabilidades de ser exitosa cuando descansa en normas sancionadas y conocidas (aunque tampoco sea siempre así). Pero la justificación última de las leyes o de la democracia proviene siempre de una determinada idea de justicia, y evaluamos la bondad de las leyes y de las decisiones colectivas democráticas por su contribución a hacer de nuestra sociedad un marco de convivencia más justo. Por supuesto, habrá diferentes concepciones de la justicia y diferentes argumentos a favor o en contra de cada una de ellas, siendo la democracia una razonable regla de decisión entre las mismas cuando el acuerdo no es posible. Pero el plano relevante de discusión es antes el de la justicia de las decisiones y arreglos sociales que el de su carácter democrático o legal.

Otros conceptos habitualmente utilizados en el contexto actual me parecen claramente accesorios, cuando no entelequias vacías: la “soberanía”, por ejemplo, no añade nada al simple y llano ejercicio del poder de un sujeto (individual o colectivo) sobre un territorio; como idea sobre un “deber ser” no añade nada a las de legalidad, justicia y democracia; como concepto descriptivo, no añade nada al de poder. La “legitimidad”, por su parte, tampoco aporta nada interesante a nuestra tríada: que una decisión es “ilegítima” suele significar o bien que no respeta la legalidad, o bien que no es democrática, o bien que no es justa.

En definitiva, existe una dolorosa carencia conceptual en muchos debates políticos que hoy día están en la mente de todos, pues quizá deberíamos obsesionarnos menos con si ciertas situaciones y decisiones son legales o no, o con si son democráticas o no, y preguntarnos más bien si contribuyen o no a hacer nuestra sociedad más justa.


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May 26 2014

El síndrome de Vichy

Para analizar lo que ha sucedido en las “históricas” elecciones europeas de 2014, nada mejor que un ejemplo histórico. En 1940, los alemanes invaden Francia, cae París, y el gobierno francés otorga plenos poderes al general Pétain para firmar el armisticio y establecer un régimen filonazi en el sur de Francia, con capital en Vichy. Ese mismo día, el general De Gaulle escapa a Londres y proclama que encabezará desde allí la resistencia para derrotar al invasor y recuperar la independencia del país. Entonces De Gaulle parecía un insensato, y el argumento de los defensores del régimen de Vichy, que no fueron pocos, era básicamente el siguiente: siempre será mejor claudicar y que nos dejen llevar la administración cotidiana a nosotros que no entregar directamente todo el poder a los alemanes. Argumento que la historia pronto demostró vano, pues los alemanes tenían todo el poder igualmente, con la ventaja añadida de que contaban con peones locales para administrarlo con más facilidad.

Salvando la distancia, que en realidad se reduce a la ausencia de militares en el asunto, eso es exactamente lo que la mayoría de los gobiernos europeos, incluidos el español y el catalán, han esgrimido ante sus ciudadanos para asestarles la mayor somanta de palos económicos y sociales que mi generación ha vivido nunca. La estrategia de Vichy, convertirse en gestor obediente de los mandatos del invasor (léase la troika, los mercados financieros, o Merkel), ha dominado la política europea, española y catalana desde 2010, y la justificación es siempre la misma, la haga el PP, el PSOE, CiU, o más recientemente ERC: ya querríamos no azotaros así, pero como nos tienen invadidos, mejor que seamos nosotros quienes os demos los latigazos, puesto que ellos los darían más fuerte y os dolería más.

En otras entradas de este blog ya dejé dicho que, después de todos los abusos que los disciplinados gobernantes pro-troika han cometido, en cuanto tuviéramos oportunidad de votar habría un terremoto político, y así ha sido: en Europa, en España y en Cataluña. La mitad de la población no quiere gestores que le hagan tragar la invasión con la excusa de dulcificarla si son ellos quienes la administran: quieren resistentes que luchen contra la invasión negándose a gestionarla, pues el precio de la dignidad democrática siempre será menor que el de bajar la cabeza mientras tú mismo te azotas por mandato ajeno. Los ciudadanos votarán cada vez más a quienes les ofrezcan esa resistencia en vez de la estrategia de Vichy, ya sea la Syriza griega, el Frente Nacional francés (¡gran ironía, los herederos del primer Vichy!), Podemos, o partidos “soberanistas”. ¿Alguien pretenderá no entenderlo o reprocharles que, a través de un acto de bajo coste como el voto, prefieran presentar orgullosa batalla antes que doblegarse ante sus maltratadores? Pues sí: todos los tertulianos de los medios de comunicación españoles y buena parte de los catalanes, que bien alimentados por el establishment, siguen buscando reconducir las aguas hacia Vichy.

Futil intento, me temo, porque la jornada electoral de ayer da para cortar mucha tela: desde la cara de susto de Cañete comentando el triste 26% con el que el partido de los sobres ha “ganado” pírricamente, hasta la castaña de un PSOE entregado a dirigentes irresponsables y egoístas que sólo ante una explosión libertaria de sus bases aceptarán la evidencia, pasando por una CiU autoinmolada (palos a gusto no duelen…) que mientras clama que nos dejen votar envía a los mossos a cerrar las urnas del multireferéndum de los movimientos sociales. Sin olvidar, como digo, a nuestros inefables periodistas y tertulianos: los de TV3, por ejemplo, han decidido por su cuenta no que Cataluña es independiente (pues de eso hace ya tiempo) sino que es el único territorio del planeta donde existe vida humana y, por tanto, noticias: en vano trataron ayer los telespectadores de este medio de conocer los resultados en España o el resto de Europa. Por su parte, los de TVE, cuando por mal disimulada obligación tuvieron que dejar de lado la victoria del Real Madrid en la Champions, salieron en tromba a colocar dos mensajes básicos: el PP ha ganado frente al caos de siglas y los de Podemos son extremistas muy peligrosos. Como de costumbre, tenemos aún peores periodistas que políticos.

Para la izquierda anti-troika, sin embargo, se vislumbra una gran oportunidad: existe base electoral para convertirla en un actor político de peso (y quién sabe para qué más), siempre y cuando IU inscriba el open your mind en sus cuarteles y se aparquen personalismos para lograr una coalición unitaria y amplia como la Syriza griega. Sumando los votos de IU-ICV, Podemos y Primavera Europea, dicha coalición hubiera quedado en primer lugar en Asturias; en segundo lugar tras el PP en Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Canarias (en las dos últimas, cerca de ganar); en tercer lugar, muy cerca del sorpasso al PSOE, en Baleares, Aragón, Cantabria, Galicia y Murcia; y también en tercer lugar pero dando ese sorpasso en Cataluña: casi nada.

En 1945, Pétain fue detenido y sentenciado a muerte por el gobierno de la Francia libre (condena que De Gaulle le conmutó por cadena perpetua). Más suerte tendrán los actuales defensores de la estrategia de Vichy, pero más les vale tomar nota si no quieren acabar colgados de los pulgares (electoralmente, claro).


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Jan 15 2014

La paradoja de la autodeterminación

El llamado derecho de autodeterminación de los pueblos (o “derecho a decidir”, como eufemísticamente se le califica hoy en Cataluña) puede o no ser razonable y aceptable. No es mi intención aquí discutirlo, ni expresar acuerdo o desacuerdo con el mismo. Más bien, lo que pretendo es dejar constancia de una perplejidad puramente intelectual que siempre me ha producido el pensar sobre ese derecho durante más de diez minutos seguidos.

Mi perplejidad se basa en lo que, creo, es una paradoja inherente a la idea de una autodeterminación colectiva. Por un lado, hay algo intuitivamente atractivo en la idea de que “un pueblo tenga derecho a decidir su futuro” y autodeterminarse como tal, a auto-constituirse en comunidad política y organizarse como libremente elija. Del mismo modo que los individuos adultos tienen derecho a la autonomía y la autodeterminación en cualquier sociedad civilizada, mientras no agredan la de los demás, así también las colectividades deberían tenerlo. Es difícil negar que esta idea conecta con algunas de nuestras intuiciones morales básicas. Pocos de nosotros apoyaríamos o creeríamos justificable que a los pueblos se les pueda obligar contra su voluntad a formar parte de una comunidad en la que no quieren estar, igual que a una persona no se le puede obligar a formar parte de un club o de una iglesia a la que no quiere pertenecer, ni casarla sin su consentimiento.

La fuerza moral de este ideal es considerable: incluso quienes son contrarios al ejercicio de este derecho en casos concretos, como el de Cataluña o el País Vasco, no lo son porque nieguen este principio como tal, sino porque, una de dos, o creen que la autodeterminación relevante ya se ha producido cuando “se ha pronunciado el pueblo español” (esto es, la discrepancia es sobre quién es el sujeto relevante para autodeterminarse, no sobre el derecho a la autodeterminación), o creen que no hay demanda mayoritaria real de autodeterminarse en esos casos (esto es, la discrepancia es sobre cuánta gente en esos territorios considera que son un sujeto legítimo de autodeterminación). Hasta los nazis, cuando se anexionaron Austria por la fuerza, se sintieron obligados a convocar un referéndum sobre la anexión (por supuesto, de pega: se debía votar a papeleta abierta delante de un oficial de las SS). Por tanto, el principio no se suele cuestionar en público (los pueblos tienen derecho a la autodeterminación); lo que se discute es, en todo caso, si se dan sus condiciones de aplicación.

La paradoja se da porque un principio que parece intuitivamente aceptable se vuelve intratable cuando se intenta aplicar. Pues ¿quién es el sujeto del derecho de autodeterminación? Un colectivo, una comunidad. ¿Y cuál es el objeto de ese derecho? Precisamente, el constituirse (o no) como colectivo, como comunidad política. He aquí, evidente, el problema, de resonancias hegelianas: ¿cómo es posible que un sujeto ejerza legítimamente un derecho cuyo objeto es constituirse a sí mismo como sujeto legítimo? ¿Cómo puede un sujeto político existir antes de su propia auto-constitución? ¿Cómo saber quiénes son los miembros del colectivo que deben participar en la decisión colectiva de si son o no un colectivo? Parece clara la paradoja: a diferencia de lo que ocurre con un individuo, cuya individualidad física y psíquica viene constituida biológicamente, para que un colectivo se autodetermine tiene que presuponerse precisamente aquello que es el objetivo de la decisión de autodeterminación: que es un colectivo político legítimo.

Esto no es sólo una argucia filosófica, o una cuestión abstracta y especulativa. Es un problema práctico. Supongamos que un colectivo C plantea una demanda de “autodeterminación” mediante la celebración de un referéndum. Ahora bien: ¿quién votará en ese referéndum? Para establecerlo hay que decidir, implícita o explícitamente, y previamente a cualquier votación (salvo que entremos en una regresión de votaciones ad infinitum), cuáles son los límites de la comunidad C, esto es, algún criterio de pertenencia a esa comunidad, sea la residencia en un territorio, el origen, la lengua, etc. Decidiendo eso ya estamos pre-decidiendo precisamente lo que es el objeto de la decisión de autodeterminación: que quienes comparten ese rasgo constituyen una comunidad legítima de decisión colectiva. ¿Por qué los españoles y los franceses tienen derecho a la autodeterminación, pero no los catalanes? ¿Por qué los catalanes sí, pero no los extremeños, los habitantes de Badalona o de la Vall d’Aran? En cualquiera de los casos, de algún modo se ha pre-decidido que esas son (o no) comunidades de decisión legítimas, aunque sea para poder decidir si son comunidades de decisión legítimas. Con diferentes criterios de delimitación del colectivo que se deba autodeterminar, las decisiones de autodeterminación que se acaben tomando pueden ser muy distintas.

En suma, defender la autodeterminación democrática de un colectivo implica aceptar que hay una legitimidad “de inicio” no democrática o pre-democrática que permite identificar y constituir a ese colectivo como tal (y obsérvese que las apelaciones a “la cultura” o “la lengua” comunes no funcionan porque nunca coinciden con el censo electoral que se reclama, que habitualmente corresponde sin más a los residentes en un determinado territorio). Es inevitable concluir, entonces, que cualquier acto fundacional de soberanía es una decisión arbitraria que pudo ser de otro modo y delimitar una colectividad diferente. Tan arbitrario es el pueblo catalán como depositario de la soberanía como el español. Si un acto arbitrario puede determinar la soberanía del “pueblo español”, otro acto arbitrario puede determinar la del “pueblo catalán” o la del “pueblo aranés”. La soberanía es un concepto tramposo que esconde lo realmente existente: las relaciones de poder entre colectivos y la inercia de determinados acontecimientos pasados. Los políticos de uno y otro signo, por tanto, se comportan como gurús o brujos al usar como comodín y arma política lo que no es más que un residuo metafísico.

Esta es la paradoja, y no veo cómo salir de ella. Que sea una paradoja significa que es un problema, porque a un tiempo vemos que el derecho es razonable y que no lo es. No estoy argumentando que esto es una razón para rechazar las pretensiones de quienes defiendan “el derecho de autodeterminación” en un caso histórico concreto, como pueda ser el catalán actualmente. Estoy diciendo que, tanto desde un punto de vista lógico como práctico, ese derecho se niega a sí mismo, porque querer ejercerlo implica predecidir de forma no “autodeterminista” quienes son los sujetos-objetos de la autodeterminación. A diferencia de lo que ocurre con otras materias de decisión colectiva (como, por ejemplo, el sistema de pensiones o la moneda), en el caso que nos ocupa decidir quién puede votar es decidir quiénes son miembros de la comunidad política cuya posible constitución es el objeto del voto. Dicho de otro modo, es decidir la cuestión ya antes de votar. En suma, no hay manera democrática de definir comunidades políticas o de establecer fronteras entre las mismas: por mucho que se vote, una decisión previa al respecto ya se debe haber tomado de forma no democrática.

Los partidarios de una u otra posición en el debate soberanista actual en nuestro país no deberían, sin embargo, apresurarse a extraer conclusiones de este argumento. Por ejemplo, quienes hoy defienden que en una hipotética consulta catalana “deberían decidir todos los españoles” no están menos afectados por la paradoja que quienes creen que sólo deberían votar los catalanes, pues la existencia de esa supuesta comunidad legítima (“los españoles”) también fue pre-decidida no democráticamente en su momento. Por otro lado, lo que muestra la paradoja es que, desde el punto de vista de la constitución del colectivo relevante, tan arbitraria sería una independencia votada en referéndum como una declaración unilateral de independencia por parte de un gobierno o parlamento.

Al final lo que cuenta son los hechos consumados: jurídica y políticamente, las fronteras administrativas ya existentes de la actual Comunidad Autónoma catalana, nacida de las cuatro provincias españolas pre-existentes, son las que “contarían como” fronteras de una hipotética Cataluña independiente. Nadie, ni los nacionalistas españoles, duda tal cosa. Así que todos están admitiendo que el criterio de pertenencia a la comunidad relevante (la “nación catalana”, en este caso) tiene su origen en una división administrativa provincial establecida en 1833 bajo la regencia de…. María Cristina de Borbón. Cosas de la inercia histórica.


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Dec 19 2013

La lógica de la pregunta catalana

P1: ¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?

P2: En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?

La pregunta pactada la semana pasada entre cuatro fuerzas políticas catalanas para la celebración de un hipotético referéndum en Cataluña ha desatado todo tipo de interpretaciones, comentarios contrapuestos e inquietudes. ¿Es una pregunta o son dos? ¿Cómo se contabilizarán los votos? ¿Qué respuestas contarán como votos nulos? ¿Cómo se sabrá qué opción es la ganadora? ¿A quienes favorece esta formulación? En este post voy a analizar desde un punto de vista lógico algunas de estas cuestiones, aunque también iré extrayendo posibles consecuencias políticas, algunas de ellas contraintuitivas. Soy de los que piensan que las probabilidades de celebración de dicha consulta son cercanas a cero, y que el pacto refleja la necesidad de Artur Mas de ganar tiempo para seguir en el gobierno sin agobios, más que la voluntad de una consulta real. Pero nada se pierde por aplicar la lógica a situaciones hipotéticas con deportividad.

El tipo de formulación finalmente escogido no es, contra lo que muchos comentaristas profieren, y lo sepa o no el propio Mas, un invento u ocurrencia suya, sino que en la disciplina académica de la elección social (lamentablemente ausente de las discusiones al respecto en Cataluña) y en demoscopia se conoce como “gateway question”, “pregunta-árbol” o “pregunta-filtro” (opción que fue considerada en algunos informes sobre el referéndum escocés, pero sólo muy someramente en el informe de la comisión para la transición nacional catalana): sólo si optas por una determinada respuesta a P1 (en este caso, el “Sí”) puedes pasar a responder P2.

Al contrario de lo que parecen suponer Artur Mas u otros muchos comentaristas y políticos, tanto detractores como defensores de la consulta, sostengo que la formulación actual de la pregunta determina (esto es, sólo es compatible con) una interpretación de los resultados. Argumentaré, además, que a la inversa de lo que ocurre, los independentistas deberían estar preocupados y los anti-independentistas razonablemente tranquilos sobre esos hipotéticos resultados.

En primer lugar, la pregunta determina que cualquier decisión colectiva que se tome quedará aprobada únicamente si cuenta con más del 50% de los votos válidos (mayoría absoluta). De otro modo, la formulación de la pregunta en forma de árbol decisorio o pregunta-filtro no tiene sentido, y se debería haber optado por una formulación con pregunta única y tres opciones de respuesta. El objetivo de una pregunta-filtro formulada de este modo es el de poder asegurar mayorías cualificadas de más del 50% para alguna opción, algo que no queda garantizado (e incluso es muy improbable) en el caso de una sola pregunta con tres opciones de respuesta. Esto, además, concuerda con la afirmación repetida por parte de Mas de que para aprobar la independencia se requeriría una mayoría muy amplia, no una mayoría simple, y ni siquiera una mayoría absoluta muy ajustada.

De hecho, el objetivo de esta pregunta filtro es, en concreto, que los partidarios de la independencia puedan contar también como partidarios de un Estado a secas (independiente o no), porque han dado su asentimiento a P1 como condición o “peaje” previo para poder contestar P2. De este modo, los partidarios de la independencia pagan un “peaje” por expresar su preferencia que no están obligados a pagar necesariamente quienes expresan la preferencia contraria (porque la pueden expresar ya de entrada en P1). Ese “peaje” consiste en que siempre se les podrá decir: “pero tú votaste “sí” a tener un Estado, fuese independiente o no; es cierto que votaste también que preferías un Estado independiente a uno no independiente, pero dejaste claro que preferías un Estado no independiente al status quo, y por tanto te puedo contar como partidario de esa opción en caso de que sea necesario”.

No está, por tanto, nada claro que la formulación de la pregunta favorezca a los independentistas, como desde tantos foros antisoberanistas y federalistas se ha escuchado. Mientras que los votos no soberanistas (los que digan “No” en P1) no pueden ser “incorporados” legítimamente a ninguna opción distinta de esa, en cambio los votos netamente independentistas (que digan “Sí” a P1 y a P2) pueden ser “incorporados” legítimamente a una opción no necesariamente independentista como es la de tener “un Estado” a secas, porque previamente han sido requeridos a dar su asentimiento a la misma. Algo que no ocurriría si las opciones de “Estado” y “Estado independiente” fuesen excluyentes (como en una pregunta con tres opciones de respuesta), en vez de ser la independencia un subconjunto o “caso” de la opción “Estado”.

En el siguiente ejemplo puede observarse cómo, incluso siendo la independencia la opción más votada en términos relativos, la actual pregunta-filtro permite configurar una mayoría de bloqueo en caso de que los independentistas no alcancen más del 50% de los votos. Con los mismos porcentajes de voto, una pregunta única con tres resultados posibles (donde, en buena lógica, se debería ganar por mayoría simple) daría la victoria al independentismo.

Imagen 1

Nótese que los partidarios de un Estado no independiente son quienes deciden y ganan en caso (muy probable) de que ni independentistas ni partidarios del status quo obtengan la mayoría absoluta, pues formarían mayorías de bloqueo con los primeros para impedir la perpetuación del status quo, y con los segundos para impedir la independencia. Obsérvese además que, en el caso de una pregunta única con tres opciones de respuesta, esta hubiera sido sin embargo la opción con menor apoyo.

En segundo lugar,  Mientras los antisoberanistas se preocupan incorrectamente por el supuesto sesgo favorable a la independencia en la pregunta, algunos independentistas muestran una euforia ilusa al pensar que simplemente ganando en P1 y en P2 habrán ganado el referéndum. Esto no es así en ningún caso, puesto que sólo una parte de los votantes (los que voten “Sí” a P1) habrán votado en P2. Para ganar, los independentistas necesitan sumar a más del 50% de todos los votantes en el “sí” a P2, de forma que el porcentaje relevante de apoyo a la independencia será el resultado de multiplicar el % de “Síes” a P1 por el % de “Síes” a P2 (y dividir por 100). De lo contrario, podría darse el resultado absurdo de que la independencia ganase teniendo menor porcentaje sobre el total de votos que la opción del status quo (por ejemplo, si en P1 gana el Sí por el 60%, y en P2 gana el “Sí” por el 60% (60×60/100=36%, cuando los partidarios del “No” en P1 eran el 40%).

Los políticos que han acordado la pregunta saben (o deberían saber) esto, y si hubiesen querido otra cosa habrían optado, una vez más, por una pregunta con tres opciones de respuesta, o por una pregunta binaria, o incluso por una consulta a dos vueltas planteando P1 un día, y en caso de victoria del “Sí”, P2 la semana siguiente. Como ese no es el caso, se sigue que la única interpretación posible es la que se expone aquí.

En tercer lugar, y esto tampoco es una buena noticia para los independentistas, hay una ordenación posible (y racionalmente defendible) de las preferencias que no puede encontrar expresión bajo la actual formulación de la pregunta. En efecto, esta pregunta-filtro supone que los tres resultados posibles están “ordenados” lógicamente, esto es, que hay dos resultados extremos (status quo e independencia) y uno intermedio (Estado no independiente). Bajo la actual formulación, quien prefiere la independencia en primer lugar, pero el status quo en segundo lugar, porque considera que un “Estado no independiente” es una “trampa” para debilitar el sentimiento independentista con un remiendo, no podrá expresar esa preferencia (la suya es la conocida lógica del “cuanto peor, mejor”, de la que existen numerosos ejemplos en la historia: mejor que los nazis nos invadan que pactar la rendición de Vichy, porque eso hará que la población resista; mejor que tengamos capitalismo salvaje que socialdemocracia, porque eso hará que la revolución socialista estalle, etc.). Una vez más, si no se hubiese pretendido algo así, se hubiese optado por hacer las dos preguntas de forma independiente, y no “encadenada” (aun permitiendo así el poco plausible escenario de que en P1 ganase el “No” y en P2 el “Sí”).

En cuarto lugar, no hay nunca neutralidad en una pregunta de este tipo, pues la formulación siempre incorpora un determinado “enmarcado” que favorece alguna opción por defecto. En este caso, una pregunta-filtro como esta, con exactamente el mismo contenido, se hubiera podido formular en la dirección inversa, de este modo:

P1. ¿Quiere usted que Catalunya sea un Estado independiente?

P2. En caso negativo, ¿aún así quiere que sea un Estado?

Aunque el contenido de la pregunta es el mismo desde un punto de vista sustantivo, ¿qué cambia con este enmarcado?: algo esencial, pues ahora sí es posible que nadie gane, porque los votos por el Estado no independiente (“No” a P1 y “Sí” a P2) son necesaria y explícitamente votos contra la independencia, mientras que en la versión aprobada de la pregunta no lo son. En el enmarcado escogido por Mas, los votos por la independencia son necesariamente votos por el Estado “a secas”. En el enmarcado inverso, y al contrario, los votos por la independencia ya no pueden ser votos por el Estado. No pueden agregarse. Manteniendo los porcentajes del ejemplo anterior, podemos ver fácilmente que bajo esta formulación la interpretación de los resultados sería altamente problemática.

 

Imagen 2

Como se puede apreciar en el Caso 3, si bien la mayoría de bloqueo contra la independencia continuaría existiendo (al igual que en el caso 2), aquí sería imposible formar una mayoría a favor del Estado no independiente, puesto que el 45% de votantes que han votado “sí” al Estado independiente no pueden sumarse a la opción del Estado no independiente, dado que no pueden votar en la pregunta al respecto (P2). Asumiendo una vez más que los políticos saben lo que hacen, esta es la razón por la que el primer enmarcado era claramente preferible: habrá una mayoría clara por una opción en todos los casos.

En conclusión: la clara implicación práctica de la formulación escogida es, en mi opinión, que un porcentaje previsiblemente bajo pero probablemente decisivo de los votantes, que votarían por la independencia si se tratase de una elección binaria entre ésta y el status quo, se quedarán ahora “por el camino” en la opción por un Estado no independiente, y sus votos acabarán agregándose con la opción del status quo para formar una mayoría de bloqueo a la independencia. Pero como también podrán agregarse con los votos independentistas para defender la opción del Estado no independiente, formarán también una mayoría de rechazo al status quo: un escenario ideal para quien desee una negociación sobre la estructura territorial del Estado y la reforma de la financiación autonómica, pero no la ruptura ni el continuismo.

La pregunta, por tanto, tiene una lógica impecable. Pero es una lógica compleja, y no simple. Y una lógica intencionada: me resulta muy difícil pensar que Mas no es consciente de todo esto, aunque sí creo que otros partidos, en especial ERC, no entienden del todo estas implicaciones. En política puede acabarse siendo esclavo de las propias palabras: una vez formulada, la pregunta tiene la estructura lógica que tiene. Pero lo inquietante, en caso de que la consulta se llegue a celebrar con esta pregunta, serían las dificultades para explicar los resultados a la opinión pública, y las manipulaciones que periodistas, políticos y tertulianos de uno y otro signo serían capaces de hacer sobre los mismos. Como se ha observado en diversos foros, un 70% de “síes” en P1 más un 70% de “síes” en P2 equivalen a un 51% contra la independencia. ¿Quién va a explicar esto a los ciudadanos catalanes?

 


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Oct 29 2013

Mejor que huelguistas, filibusteros

El deterioro de los servicios públicos causado por los gobiernos derechistas de Cataluña y España ha provocado ya numerosas movilizaciones y protestas sociales. Entre ellas destaca, como una de las más frecuentes, la huelga de los trabajadores de esos servicios públicos. Un ejemplo reciente es la enésima huelga convocada en todos los niveles del sistema educativo español la semana pasada. Pero ¿es la huelga en un servicio público una medida estratégicamente inteligente y eficaz aquí y ahora?

La huelga es en su origen un instrumento de presión de los trabajadores asalariados organizados contra un patrón capitalista que les emplea. La lógica de la misma es de manual: si los asalariados no trabajan, el capitalista no puede producir y por tanto pierde sus plusvalías durante los días de huelga. Si los trabajadores aguantan durante el suficiente tiempo la pérdida salarial (y el resto de presiones y represalias posibles), el patrón cederá y/o accederá a negociar.

Ahora bien, ¿es esta lógica automáticamente trasladable desde una empresa privada capitalista a un servicio público como la educación o la sanidad? Cabe dudarlo:  en estos casos, dado que el objetivo de dichos servicios no es el de producir plusvalías o beneficios privados, la huelga no perjudica económicamente a los “patronos” (los políticos derechistas que actualmente gestionan dichos servicios), sino que, bien al contrario, incluso les podría beneficiar: contribuye a su objetivo primordial de deteriorar la calidad del servicio a los ciudadanos, de forma que se incentiva la contratación de educación y sanidad privadas; enemista a los trabajadores del servicio público con los ciudadanos, que son los usuarios del servicio y, por tanto, los directamente perjudicados por la huelga; y, last but not least, en tiempos en que los recortes son mantra obligado, les ahorra gasto público gracias a los descuentos en la nómina de los trabajadores públicos en huelga (descuentos no despreciables, pues se calculan sobre el sueldo bruto anual, incluidos impuestos, cotizaciones y pagas extras, suprimidas o no).

Se podría alegar que el objetivo de la huelga es socavar la imagen y la legitimidad de los políticos contra los que va dirigida, y que el deterioro del servicio y la cobertura de la huelga por los medios pasa factura a estos últimos y no a los trabajadores. Dicho de otro modo, que el político sufre en su imagen pública. Lo dudo mucho. El político tiene a su disposición dos mecanismos muy eficaces para evitar y contrarrestar cualquier posible efecto en ese sentido: primero, utilizar unos medios de comunicación básicamente intervenidos por él para culpar a los trabajadores en huelga (convenientemente desprestigiados y presentados como “unos privilegiados”) de los perjuicios que causan a los ciudadanos; y segundo, agarrarse a la ambigüedad y falta de rigor de todos los indicadores disponibles de seguimiento de la huelga, para demostrar que ésta ha sido un fracaso y, por tanto, que el perjuicio se ha causado para nada. Este último es un gravísimo problema para la eficacia de la huelga en una sociedad mediática y compleja, pues los indicadores disponibles no capturan adecuadamente el apoyo social a la misma: que unos niños vayan al colegio puede no significar que sus padres están contra la huelga, sino sencillamente que no tienen con quien dejarlos mientras ellos trabajan. Que unos profesores trabajen el día de huelga no implica que no apoyen la huelga: puede que simplemente no sean capaces de soportar económicamente la sustancial pérdida salarial que el seguimiento abierto les va a suponer.

En una reunión a la que asistí en la Universidad hace 20 años, y ante las dudas que algunos expresábamos sobre la eficacia de una huelga para detener la escalada de recortes de entonces, un veterano sindicalista me dijo: “mira, yo he estado en más de 100 huelgas y nunca he ganado ninguna, porque no se trata de ganar sino de mantener el movimiento”. Le contesté, y sigo pensándolo, que no estaba de acuerdo: se trata de ganar. Se trata de infligir el suficiente perjuicio al agresor para que deje de agredir. En las actuales circunstancias, la huelga en los servicios públicos no es una estrategia demasiado eficaz para conseguir ese objetivo, e incluso puede acabar siendo contraproducente.

¿Qué hacer, entonces? Por supuesto, ni hablar de desanimarse ni de permanecer impasibles. Hay muchas maneras de protestar y oponer resistencia. El profesor Gene Sharp, a lo largo de su dilatada e interesantísima obra, ha documentado casi 200 modos de resistencia no violenta frente al poder. Entre ellos, los más interesantes son los que implican la simple y llana no obediencia: el filibusterismo, la obstrucción, el incumplimiento (abierto o no), la no colaboración, el bloqueo, el saboteo, el boicoteo, la insumisión tácita o manifiesta. Precisamente los servicios públicos y la administración, por los intrincados mecanismos burocráticos en que se basan, son el mejor terreno para ejercer esos métodos cuando se trata de no aplicar leyes destinadas a destruirlos y deteriorarlos, pues los trabajadores dominan los entresijos administrativos y técnicos que permiten bloquear cotidianamente la aplicación práctica de cualquier medida, y exasperar así a los cargos políticos encargados de hacerla efectiva.

Permítaseme notar que poca legitimidad tienen los políticos para criticar esta estrategia, pues fueron ellos quienes inventaron una de sus formas más sofisticadas: el filibusterismo parlamentario, consistente en bloquear y alargar hasta el infinito la aprobación de disposiciones parlamentarias a las que se oponen, ya sea mediante la creación de comisiones de estudio, la petición de comparecencias, las iniciativas parlamentarias incesantes previas a la aprobación, o, en algunos parlamentos como el norteamericano, donde el uso de la palabra no tiene límite de tiempo, el expeditivo método de hablar sin descanso durante días y noches para impedir una votación. Así que aprendamos de su ejemplo y administrémosles su propia medicina: mejor que huelguistas, seamos filibusteros.

Si la LOMCE o ‘ley Wert’ no es aplicada por las bases y los agentes cotidianos del sistema educativo, no se podrá hacer nada al respecto por mucho que los políticos se empeñen, y eso será más eficaz que cualquier huelga. Si además se cuenta con la complicidad y la tolerancia de algunas administraciones locales y autonómicas, mejor que mejor. Puedo dar decenas de ejemplos de leyes que no se aplican en la Universidad pública, porque nos beneficiarían a los trabajadores de la misma, y no pasa absolutamente nada: pues hagamos lo propio con las que nos perjudican; ¡ojalá nuestros equipos rectorales tuvieran la mínima valentía al respecto que requiere la situación actual, y que han tenido algunos directores de escuela en Baleares, con muchas menos ínfulas intelectuales y académicas! El caso de Dinamarca bajo la ocupación nazi debería ser estudiado en los colegios: mediante una firme y unánime estrategia de no colaboración pacífica, los daneses de toda condición lograron bloquear la administración militar más potente que existía e impedir, por ejemplo, la deportación masiva de los judíos de su país; si ellos lo consiguieron frente a un ejército invasor comandado por fanáticos asesinos, cómo no vamos a poder nosotros con una pandilla de mafiosillos de tercera y malos imitadores de Thatcher, que además están demoscópicamente contra las cuerdas por corruptos, mentirosos e incompetentes.

Dejémonos de huelgas en los servicios públicos y convirtámonos en filibusteros: así les daremos donde realmente les duele, no donde nos duele a nosotros y a los ciudadanos a quienes debemos servir.

 

 


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Oct 04 2013

Alemania, otra vez

La noche de las elecciones alemanas, mientras Angela Merkel y sus correligionarios de la CDU bailaban eufóricos, visionaba El juicio de Nuremberg (1961), de Stanley Kramer, film imprescindible en los tiempos que corren. La película, con sus imperfecciones y golpes de efecto, ofrece una buena sociología de cómo una parte notable del pueblo alemán niega o cierra los ojos a su lado más oscuro, porque secretamente lo considera justificable. El personaje interpretado por Burt Lancaster (el prestigioso jurista, juez y ministro de justicia nazi Ernst Janning) encarna algo muy inquietante que, me atrevo a decir, sobrevive potencialmente en el subconsciente de cierta subcultura germánica: el sentimiento de culpa moral por actos atroces solo se siente cuando se ha sido derrotado por la fuerza bruta (única vara de medir válida para los nazis), y no antes.

Hace diez años no me hubiera arriesgado a decir que quizá la psicología colectiva de Alemania no es como la de cualquier otro país europeo. Hoy, sin embargo, me veo tentado a pensarlo. Leyendo lo que su prensa orgullosamente publica sobre el “nuevo nacionalismo” alemán, lo que sus articulistas, intelectuales y tertulianos dicen sobre su necesidad de dirigir y dominar de nuevo a los pueblos de Europa; constatando una y otra vez la chulería y el autoritarismo con que el gobernador del Bundesbank o el (aún en funciones) ministro de Economía se permiten dictar a 26 Estados soberanos, a la Comisión Europea y al BCE cuál debe ser su política; soportando constantemente que los mandatarios alemanes riñan con modales de preceptor decimonónico a los ciudadanos de determinados países de la UE; presenciando todo esto, me van a perdonar, sí, que piense y diga lo evidente sobre Alemania.

Jürgen Habermas, filósofo alemán de izquierdas, fue, junto con Günter Grass, el único que se atrevió a decirlo hace más de 20 años: Alemania no debería haberse reunificado, o, al menos, no como lo hizo, puesto que el riesgo, hoy patente, de resurgimiento del nacionalismo alemán es demasiado alto como para correrlo de nuevo. Se ha dicho con cierta razón que Alemania es demasiado pequeña para dominar toda Europa, pero demasiado grande como para dejar de intentarlo. François Mitterrand, uno de los políticos que nunca hubieran permitido el delirio actual de la UE, dijo sabiamente que los franceses amaban tanto a Alemania que preferían que hubiera dos. En Alemania, la mera mención de la palabra “nacionalismo” o “nacional” (de significado y connotaciones políticas muy distintas al que tiene en nuestras latitudes) debería poder activar alguna cláusula de los tratados comunitarios para poner en cuarentena sus facultades decisorias como Estado miembro de la UE. Como sabía Habermas, ese sentimiento debe estar proscrito en ese país. Alemania no puede ser perdonada tan pronto por la enormidad del horror que cometió. Debería seguir siendo lo que en los años 60, 70 y 80 del pasado siglo aceptó de buen grado ser: un gigante económico pero un enano político; y estar contenta y agradecida de que se le permita ser lo primero.

El orgulloso “gigante” alemán no representa ni el 20% del PIB de la UE. En PIB per cápita, Alemania es solo el sexto país del euro (y no el primero, como creen los alemanes) en las aportaciones a los fondos de rescate, y, en volumen absoluto, España e Italia juntas aportan más que ellos. En Alemania se trabaja menos que en España (sí, menos, consúltense los datos) y se cobra más, teniendo servicios, energía y vivienda más baratas y un Estado del bienestar más generoso. Sus bancos tienen una situación financiera mucho más opaca y frágil que los españoles. Y, sin embargo, nos quieren “rescatar” para luego poder fijar sus condiciones, como el Mefistófeles de Goethe hizo con Fausto.

En 1953, los países acreedores de Alemania (es decir, sus víctimas y enemigos en la II Guerra Mundial) le perdonaron el 60% de su deuda, aplazaron 30 años el pago del resto, y establecieron que ese pago no podía superar el 5% de los ingresos alemanes por exportaciones. Una bicoca, vamos. Para quienes hoy soportan las exigencias alemanas sobre deuda y déficit públicos (Grecia, España, Italia, Portugal, etc.), tal escenario se asemeja a un sueño alucinógeno.

Pero hay más: en la década de 1990, tras imponer a los demás en Maastricht el límite del 3% de déficit público, los alemanes lo incumplieron, y se negaron a que se les aplicasen las sanciones previstas en el tratado. España y muchos otros países cumplieron entonces religiosamente. Adivinen qué sanción se impuso a Alemania: exacto, ninguna. Hoy, en cambio, nos perdonan la vida dándonos un añito más para recortar 50.000 millones de gasto público, mientras como consecuencia de su negativa a la integración bancaria y a la compra de bonos por el BCE, tenemos que pagar intereses desorbitados por nuestra deuda cuando ellos financian la suya al 0% o incluso a interés negativo, lo que, para que se entienda, quiere decir que ganan dinero endeudándose, mientras se llevan las manos a la cabeza porque nos endeudemos los demás, y eso, además, teniendo un porcentaje de deuda pública mayor que el español, al menos hasta hace un año. Un escándalo a todas luces.

Alemania sigue a día de hoy incumpliendo todos los acuerdos de la cumbre europea de junio de 2012 y obstaculizando activamente que se puedan cumplir algún día (posiblilidad de ayuda directa a los bancos con problemas sin que la ayuda cuente como déficit del Estado miembro; autoridad y regulación bancaria europea; posibilidad de compra de deuda pública por el BCE; impuesto sobre las transacciones financieras; erradicación de los paraísos fiscales). Mientras incumplen lo que no les conviene, exigen el cumplimiento estricto de todo lo que les interesa; es el síntoma claro del tirano: me autoexcluyo del cumplimiento que exijo a los demás. No quieren ayuda directa de la UE a los bancos, porque eso impediría aumentar la deuda y el déficit de nuestro Estado, cosa que les conviene para tenernos controlados y para rebajar los intereses de su propia deuda; y no quieren autoridad bancaria porque sus bancos no resistirían el mismo examen que los nuestros y porque el Deutsche Bank dejaría de hacer y desahacer a su antojo (entre otras cosas, como propietario de agencias de calificación como S&P que son responsables del inicio y agravamiento de la crisis, y de la quiebra de la confianza en nuestra deuda pública).

Así que me van a perdonar mis amigos alemanes, pero hay que decirlo: nunca debimos permitir la reunificación de Alemania, o al menos que sirviese de excusa para darles una posición política dominante en la UE. Nunca debimos enterrar el espíritu y el estatus político de la antigua RFA, que por fin había integrado a Alemania en el club de los países civilizados. Debimos atender a quienes, como Primo Levi, como Habermas, nos avisaban desde hacía tiempo de que los alemanes nunca deben volver a tener una posición de poder y autoridad en Europa, porque lo más probable es que vuelvan a las andadas: a buscar chivos expiatorios y a imponerles sus condiciones por la fuerza (ayer de las armas, hoy del dinero, ¿y mañana?).

Necesitamos plantarnos frente a Alemania. Los tímidos intentos de frenar a los alemanes más lunáticos (como el presidente del Bundesbank) por parte del BCE, la Comisión Europea y el FMI no están dando resultados sustanciales. Necesitamos un Churchill de izquierdas,  en vez de la pandilla de vergonzantes Chamberlains que están dispuestos a ceder y ceder hasta que el monstruo se acabe quitando la careta. Los países hoy pisoteados por la bota germánica somos ya muchos, y entre todos tenemos mucha mayor potencia económica y política que ellos. Sólo nos falta elegir líderes que defiendan la igualdad, la democracia y la sensatez, en vez de sucumbir ante la terquedad y el autoritarismo. ¿Seremos capaces de hacerlo cuando haya elecciones? La primera oportunidad, en mayo, y no baladí: se escoge el Parlamento Europeo.

 

 


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May 09 2013

Los verdugos van de víctimas

Vivimos tiempos en que los poderosos, los gobernantes, los ricos y los caraduras con ínfula ya no se toman ni la molestia de disimular el hecho de que maltratan, explotan, roban y se burlan de sus conciudadanos. Esta es una tendencia cada vez más visible y de la que un creciente número de ciudadanos está tomando conciencia con callada indignación (que ya veremos por dónde acabará estallando). Pero otro fenómeno frecuente, aún más lamentable, es que quienes activa y sistemáticamente maltratan, roban y humillan a la población, esto es, los agresores, los verdugos de nuestro bienestar y nuestra democracia, se presentan al mismo tiempo como víctimas. ¿Víctimas de quién? La respuesta está clara: de nosotros. Son víctimas de nuestra irritante manía de protestar, de resistirnos a sus ataques, de considerar sus engaños, sus coacciones y sus agresiones como algo intolerable y tratar de frenarlas con los escasos medios de que disponemos. Pobrecitos: encima de que tienen que tomar medidas “dolorosas” con gran coste político y personal para ellos, encima de que trabajan duramente por buenas causas aunque sea agarrando unos milloncetes de nuestro dinero por el camino, encima de todo lo que  tienen que aguantar por nuestro bien, en vez de agradecérselo, nos dedicamos a afearles la conducta, no votarles, organizar escraches, huelgas y manifestaciones, y puntuarles bajito en las encuestas del CIS. ¡Será posible! Vaya nazis que estamos hechos.

El mecanismo es simple y conocido, de libro de psicología básica: el verdugo, el maltratador, el manipulador, el agresor, desea el control, el poder absoluto sobre nosotros. Quiere poder hacernos todo el daño que se le antoje, someternos, y que encima le demos las gracias y le cubramos de honores. Lo quiere todo: dar rienda suelta a sus mezquinos intereses y a su egoísmo pero no ser reprobado ni castigado por ello. Cuando no lo consigue, y osamos oponernos y enfrentarnos a él, solo tiene dos opciones: o aniquilarnos (lo que hicieron los nazis de verdad, y muchos dictadores) o presentarse como víctima (lo que suele ocurrir en “Estados de derecho” como el nuestro). En realidad, pretende, él no es el agresor sino el agredido, nuestra resistencia a sus golpes es una agresión que le impide desarrollarse y expresarse con libertad, que atenta contra sus derechos básicos. Si la policía les investiga por delitos fiscales o de financiación ilegal, viven bajo un Estado policial. Si la gente protesta en la puerta de sus casas porque sus políticas les dejan en la calle, sin vivienda, sin ingresos y sin futuro, son víctimas del acoso nazi. Si los jueces les procesan y los periódicos aportan evidencia de su corrupción, se trata de una conspiración de oscuros poderes para desprestigiarles a ellos y a las causas que defienden.

En realidad, Hitler también se consideraba a sí mismo una víctima: de la incompetencia de sus generales, de la incomprensión de los pueblos de Europa que se oponían a su generosa invasión, de la manía de los pueblos no arios de impedir la necesidad natural de los alemanes de expandirse y regir el mundo. En la formidable crónica que Hannah Arendt dejó escrita sobre el juicio de Adolf Eichmann (el principal organizador y ejecutor del exterminio de los judíos en la Europa ocupada por los nazis), se documenta cómo aquél hombre se presentaba a sí mismo como una víctima absoluta: de las órdenes que recibía del alto mando nazi, de los oficiales de las SS que le obligaban a deportar judíos a un ritmo superior al deseable, con lo que la máquina de matar debía funcionar más rápido; en el colmo de la inmundicia moral, Eichmann incluso declaraba que gracias a él se habían salvado muchos judíos, por las dificultades técnicas que oponía a veces a su deportación masiva a los campos de exterminio (del tipo “cómo quiere que me lleve a 100.000 judíos en una semana si no me da suficientes trenes y soldados”).

Los psicólogos tienen bastante estudiadas estas conductas, típicas de lo que algunos de ellos llaman “personas tóxicas”: hacen daño, violan los derechos de los demás, y cuando se les hace notar, reaccionan con victimismo o denuncian que se están violando los suyos. No caigamos en la trampa, ni en lo personal ni en lo político. Por mucho que vayan de víctimas, son verdugos: merecen lo que les pasa, y gracias tendrían que dar de que seamos más civilizados que ellos.

 


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Oct 05 2012

Cuidado con los periodistas

De un tiempo a esta parte resulta omnipresente el soniquete de que el problema de este país son sus políticos. En el sentir popular, en las conversaciones de bar, en el 15M y el 25S, en las tertulias en los medios, en todas partes oímos culpar a la clase política de todos nuestros males. Pero lo que casi nadie dice es que tenemos un problema grave con otra casta: los periodistas. Y no me refiero a los paparazzi de las revistas del corazón ni a los presentadores de programas de barracón de feria (que, en un mundo donde la semántica tuviese algún rigor, no merecerían el calificativo de “periodistas”), sino al periodismo supuestamente “informativo”.

Siempre aceptando que hay honrosas excepciones, permítaseme enunciar una serie de preocupaciones al respecto: el periodismo decide sin control social alguno sobre los temas de los que debemos estar informados y los que no, y lo hace con unas anteojeras sesgadas a golpe de “comunicados”, “notas de prensa” y teletipos de agencia, que supuestamente deben retransmitir con urgencia, lo cual limita enormemente sus fuentes de información y convierte a muchos periodistas en títeres (voluntarios o no) de otras fuerzas e intereses.

Un ejemplo: ¿alguien sabía hace sólo cinco años qué era la “prima de riesgo”, excepto algunos periodistas económicos? Todavía hoy, la mayoría de la población (y muchos periodistas) no podrían explicar con claridad lo que es ni cómo se mide, pero son capaces de repetir como loros que la famosa prima “está en 420 puntos básicos” (poniendo cara de que eso es “mucho”), “baja”, “se dispara”, etc. Propongo un experimento de framing (enmarcado): en vez de presentar la prima en puntos básicos, hágase en el porcentaje que representa (esto es, 4,2% de diferencia respecto del interés del bono alemán). Mi predicción: la prima expresada en porcentaje parecerá a muchos ciudadanos y periodistas menos alarmante que expresada en “puntos básicos” (que nadie explica lo que son). (Por cierto, al ser una diferencia, la prima es una medida relativa: ¿alguien explica que si el interés del bono alemán baja, aunque no hagamos nada malo los demás, nuestra prima de riesgo sube?)

Los periodistas deciden (voluntariamente o no, conscientemente o no) sobre esto y mucho más. Cambian el centro de atención de nuestra vida pública cuando y como les parece. Sitúan un tema como “grave problema” del país un día, y a la semana ya no vuelve a aparecer, como niños que saltan de un juguete a otro sin acordarse ya del anterior. No responden ante prácticamente nadie (da risa cuando dicen que “ante la audiencia”); no rinden cuentas sistemáticas sobre la calidad profesional de su labor. Opinan de todo y critican sin recato, sin ser ellos mismos criticados casi nunca (porque cualquier crítica que reciban será corporativamente denunciada como un “ataque a la libertad de prensa”); en este punto, es casi ofensiva la comparación con el político, un tipo que puede ser mejor o peor, pero que está siempre sometido al escrutinio público, y es denostado sin que muchas veces se sepa muy bien por qué. Con el periodista no se mete nadie.

En estas condiciones, es lógico que proliferen el narcisismo y las aspiraciones al pseudo-estrellato, que los periodistas escriban libros sobre sí mismos y organicen actos a la mayor gloria de su casta; que acaben creyendo a pie juntillas en la mitología hollywoodiense del Watergate y del periodista “que destapa conspiraciones”. Que se acaben creyendo expertos o profesionales de determinados temas, cuando cualquier auténtico experto podría certificar las enormes lagunas de ignorancia y de imprecisión que les aquejan (ignorancia e imprecisión de las que, con intención o sin ella, hacen víctimas a su público).

Ya casi no existe el periodista que puramente informa y que busca la objetividad y la imparcialidad. Es más, se le tiene por mal periodista, aburrido, neutro, plano, que no “da caña” (a quien sea, el caso es darla). Las preguntas simplistas y manipuladoras a los entrevistados (sobre todo si son políticos), el “respóndame sí o no” con el objetivo de parecer “duros” y de conseguir titulares, la valoración subjetiva y la manipulación en favor de unas opciones políticas, todo esto se ha naturalizado en la casta periodística actual. La falta de pluralidad política en las tertulias y debates de los medios es algo completamente habitual. Las redes sociales de amiguetes determinan mucho más quién aparece en un programa “informativo” que la profesionalidad y la deontología. La exageración y el énfasis como método, la pobreza y ligereza del vocabulario utilizado, el uso de “frases hechas” que esconden el fondo de las cuestiones, la atención a temas que interesan más a los propios periodistas que a los ciudadanos, a las declaraciones sobre declaraciones en vez de a los hechos, la manipulación de titulares y de noticias para satisfacer a los patronos (políticos o económicos)…. para qué seguir: cualquier parecido con la seriedad es o casual o heroico.

De acuerdo: no todos los medios ni todos los periodistas son iguales. De acuerdo también: en otros países no es mejor, o es aún peor. Pero convengamos en esto: quienes pueden opinar de todo sin que se opine de ellos, quienes más directamente influyen sobre los temas a los que dirigimos nuestra atención pública, son los periodistas. Así que si estas descripciones contienen lo que Adorno llamaba un “momento de verdad”, entonces tengamos cuidado con ellos.

 


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