El filo de la pipa – José A. Noguera

Opiniones críticas sobre política, sociedad y cultura

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Oct 22 2014

¿Democracia o legalidad? ¡Justicia!

Se escuchan en el debate político actual afirmaciones expresadas con una contundencia digna de mejor causa: “la democracia no puede estar por encima de las leyes”, afirman unos; “el respeto a las leyes es parte consustancial de la democracia”, dicen otros; “la voluntad democrática del pueblo no puede estar constreñida por leyes y constituciones”, alegan los de más allá. Democracia, legalidad, soberanía, legitimidad… todos ellos son conceptos que tertulianos, políticos, periodistas y en general ciudadanos de toda índole utilizan como talismanes en la discusión, como si su mera mención ya cargase de razones el planteamiento de cada cual, y desterrase al limbo de lo indefendible el de los demás.

En rara ocasión se utilizan dichos conceptos partiendo de una definición o comprensión clara de los mismos y de cómo se relacionan entre sí. Simplemente, se suele identificar “lo bueno” y “lo justo” con “lo democrático”, de manera que estampando esa etiqueta en tus cuarteles el agua puede llevarse siempre al molino que convenga, y las posiciones de cada cual acaban defendiéndose con peticiones de principio y meros juegos de palabras que “suenan bien”.

John Rawls, el filósofo político más importante del siglo XX, empezaba su obra magna, la Teoría de la justicia (1971), con esta frase: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Estoy completamente de acuerdo: lo decisivo en cuestiones ético-políticas no es ni la legalidad ni la democracia, sino la justicia.

La democracia no es más que una regla (o, mejor, un conjunto de reglas) de decisión colectiva, que establece la necesidad de tener en cuenta las preferencias de todos los miembros de una comunidad a la hora de tomar decisiones que la conciernen; las reglas que se apliquen pueden ser diversas (mayoría simple o cualificada, con ponderación de voto o sin ella, con una o dos vueltas de votación, etc.), pero serán democráticas en la medida en que la decisión final esté vinculada a algún tipo de agregación de las preferencias de todos, y no sólo de un grupo o de una persona. La legalidad, por su parte, tiene que ver simplemente con la correspondencia con el ordenamiento jurídico vigente en una comunidad en un momento dado, sea ese ordenamiento el que sea, y siempre respetando una jerarquía de normas jurídicas en caso de contradicción o duda. La justicia social y política, en fin, es independiente de lo que exista: tiene que ver con lo que debe ser, con la distribución de cargas y beneficios, derechos y deberes, dotaciones materiales y oportunidades, que los ciudadanos deberían tener en cada arreglo institucional y social posible. Así entendidos, es evidente que los tres conceptos son diferentes y se superponen sólo parcialmente, algo que se puede visualizar en un sencillo diagrama de Venn:

Democracia-legalidad-justicia

 

Daría para mucha filosofía el ir desgranando las implicaciones de cada una de las siete áreas en que se divide la figura, pero lo importante es reparar en que las siete existen: lo democrático puede ser justo o injusto, legal o ilegal; lo legal no tiene por qué ser ni justo ni democrático, aunque puede ser lo uno, lo otro, o ambas cosas; lo justo puede ser democrático o no, y por supuesto puede haber leyes justas o injustas. Sólo en la pequeña área central encontraríamos aquel subconjunto de arreglos sociales que son a la vez democráticos, legales y justos.

Visto así, no tiene sentido afirmar, como se oye estos días, que “la democracia es el respeto de las leyes”: más allá de la obviedad de que las leyes se pueden cambiar democráticamente, también se puede tomar democráticamente una decisión ilegal. Pero igualmente absurdo es defender que “la democracia debe estar siempre por encima de las leyes existentes”, porque ese “debe” equivaldría a identificar democracia y justicia, cuando es obvio que existen situaciones justas que nadie ha votado, y que se pueden poner ejemplos de decisiones injustas tomadas democráticamente.

Pues bien, como decía Rawls, el más importante de esos tres conceptos es el de justicia. ¿De qué nos sirven la legalidad y la democracia si no arrojan decisiones e instituciones justas? Sin duda, se pueden tomar democráticamente decisiones ilegales, y se pueden aprobar leyes de forma no democrática, pero lo que importa en última instancia es que tanto leyes como decisiones democráticas sean justas. Nuestra preferencia por tomar decisiones colectivas de forma democrática se basa en la idea (razonable, como muestra la teoría de la decisión colectiva) de que así tenemos más probabilidades (aunque no la garantía) de alcanzar decisiones justas sobre ciertos asuntos (no todos) que con reglas de decisión no democráticas. Similarmente, nuestra habitual preferencia por disponer de una legalidad estable se basa en la idea (también razonable, como muestra la teoría del diseño institucional) de que la coordinación social cotidiana tiene más probabilidades de ser exitosa cuando descansa en normas sancionadas y conocidas (aunque tampoco sea siempre así). Pero la justificación última de las leyes o de la democracia proviene siempre de una determinada idea de justicia, y evaluamos la bondad de las leyes y de las decisiones colectivas democráticas por su contribución a hacer de nuestra sociedad un marco de convivencia más justo. Por supuesto, habrá diferentes concepciones de la justicia y diferentes argumentos a favor o en contra de cada una de ellas, siendo la democracia una razonable regla de decisión entre las mismas cuando el acuerdo no es posible. Pero el plano relevante de discusión es antes el de la justicia de las decisiones y arreglos sociales que el de su carácter democrático o legal.

Otros conceptos habitualmente utilizados en el contexto actual me parecen claramente accesorios, cuando no entelequias vacías: la “soberanía”, por ejemplo, no añade nada al simple y llano ejercicio del poder de un sujeto (individual o colectivo) sobre un territorio; como idea sobre un “deber ser” no añade nada a las de legalidad, justicia y democracia; como concepto descriptivo, no añade nada al de poder. La “legitimidad”, por su parte, tampoco aporta nada interesante a nuestra tríada: que una decisión es “ilegítima” suele significar o bien que no respeta la legalidad, o bien que no es democrática, o bien que no es justa.

En definitiva, existe una dolorosa carencia conceptual en muchos debates políticos que hoy día están en la mente de todos, pues quizá deberíamos obsesionarnos menos con si ciertas situaciones y decisiones son legales o no, o con si son democráticas o no, y preguntarnos más bien si contribuyen o no a hacer nuestra sociedad más justa.


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