El filo de la pipa – José A. Noguera

Opiniones críticas sobre política, sociedad y cultura

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Jan 15 2014

La paradoja de la autodeterminación

El llamado derecho de autodeterminación de los pueblos (o “derecho a decidir”, como eufemísticamente se le califica hoy en Cataluña) puede o no ser razonable y aceptable. No es mi intención aquí discutirlo, ni expresar acuerdo o desacuerdo con el mismo. Más bien, lo que pretendo es dejar constancia de una perplejidad puramente intelectual que siempre me ha producido el pensar sobre ese derecho durante más de diez minutos seguidos.

Mi perplejidad se basa en lo que, creo, es una paradoja inherente a la idea de una autodeterminación colectiva. Por un lado, hay algo intuitivamente atractivo en la idea de que “un pueblo tenga derecho a decidir su futuro” y autodeterminarse como tal, a auto-constituirse en comunidad política y organizarse como libremente elija. Del mismo modo que los individuos adultos tienen derecho a la autonomía y la autodeterminación en cualquier sociedad civilizada, mientras no agredan la de los demás, así también las colectividades deberían tenerlo. Es difícil negar que esta idea conecta con algunas de nuestras intuiciones morales básicas. Pocos de nosotros apoyaríamos o creeríamos justificable que a los pueblos se les pueda obligar contra su voluntad a formar parte de una comunidad en la que no quieren estar, igual que a una persona no se le puede obligar a formar parte de un club o de una iglesia a la que no quiere pertenecer, ni casarla sin su consentimiento.

La fuerza moral de este ideal es considerable: incluso quienes son contrarios al ejercicio de este derecho en casos concretos, como el de Cataluña o el País Vasco, no lo son porque nieguen este principio como tal, sino porque, una de dos, o creen que la autodeterminación relevante ya se ha producido cuando “se ha pronunciado el pueblo español” (esto es, la discrepancia es sobre quién es el sujeto relevante para autodeterminarse, no sobre el derecho a la autodeterminación), o creen que no hay demanda mayoritaria real de autodeterminarse en esos casos (esto es, la discrepancia es sobre cuánta gente en esos territorios considera que son un sujeto legítimo de autodeterminación). Hasta los nazis, cuando se anexionaron Austria por la fuerza, se sintieron obligados a convocar un referéndum sobre la anexión (por supuesto, de pega: se debía votar a papeleta abierta delante de un oficial de las SS). Por tanto, el principio no se suele cuestionar en público (los pueblos tienen derecho a la autodeterminación); lo que se discute es, en todo caso, si se dan sus condiciones de aplicación.

La paradoja se da porque un principio que parece intuitivamente aceptable se vuelve intratable cuando se intenta aplicar. Pues ¿quién es el sujeto del derecho de autodeterminación? Un colectivo, una comunidad. ¿Y cuál es el objeto de ese derecho? Precisamente, el constituirse (o no) como colectivo, como comunidad política. He aquí, evidente, el problema, de resonancias hegelianas: ¿cómo es posible que un sujeto ejerza legítimamente un derecho cuyo objeto es constituirse a sí mismo como sujeto legítimo? ¿Cómo puede un sujeto político existir antes de su propia auto-constitución? ¿Cómo saber quiénes son los miembros del colectivo que deben participar en la decisión colectiva de si son o no un colectivo? Parece clara la paradoja: a diferencia de lo que ocurre con un individuo, cuya individualidad física y psíquica viene constituida biológicamente, para que un colectivo se autodetermine tiene que presuponerse precisamente aquello que es el objetivo de la decisión de autodeterminación: que es un colectivo político legítimo.

Esto no es sólo una argucia filosófica, o una cuestión abstracta y especulativa. Es un problema práctico. Supongamos que un colectivo C plantea una demanda de “autodeterminación” mediante la celebración de un referéndum. Ahora bien: ¿quién votará en ese referéndum? Para establecerlo hay que decidir, implícita o explícitamente, y previamente a cualquier votación (salvo que entremos en una regresión de votaciones ad infinitum), cuáles son los límites de la comunidad C, esto es, algún criterio de pertenencia a esa comunidad, sea la residencia en un territorio, el origen, la lengua, etc. Decidiendo eso ya estamos pre-decidiendo precisamente lo que es el objeto de la decisión de autodeterminación: que quienes comparten ese rasgo constituyen una comunidad legítima de decisión colectiva. ¿Por qué los españoles y los franceses tienen derecho a la autodeterminación, pero no los catalanes? ¿Por qué los catalanes sí, pero no los extremeños, los habitantes de Badalona o de la Vall d’Aran? En cualquiera de los casos, de algún modo se ha pre-decidido que esas son (o no) comunidades de decisión legítimas, aunque sea para poder decidir si son comunidades de decisión legítimas. Con diferentes criterios de delimitación del colectivo que se deba autodeterminar, las decisiones de autodeterminación que se acaben tomando pueden ser muy distintas.

En suma, defender la autodeterminación democrática de un colectivo implica aceptar que hay una legitimidad “de inicio” no democrática o pre-democrática que permite identificar y constituir a ese colectivo como tal (y obsérvese que las apelaciones a “la cultura” o “la lengua” comunes no funcionan porque nunca coinciden con el censo electoral que se reclama, que habitualmente corresponde sin más a los residentes en un determinado territorio). Es inevitable concluir, entonces, que cualquier acto fundacional de soberanía es una decisión arbitraria que pudo ser de otro modo y delimitar una colectividad diferente. Tan arbitrario es el pueblo catalán como depositario de la soberanía como el español. Si un acto arbitrario puede determinar la soberanía del “pueblo español”, otro acto arbitrario puede determinar la del “pueblo catalán” o la del “pueblo aranés”. La soberanía es un concepto tramposo que esconde lo realmente existente: las relaciones de poder entre colectivos y la inercia de determinados acontecimientos pasados. Los políticos de uno y otro signo, por tanto, se comportan como gurús o brujos al usar como comodín y arma política lo que no es más que un residuo metafísico.

Esta es la paradoja, y no veo cómo salir de ella. Que sea una paradoja significa que es un problema, porque a un tiempo vemos que el derecho es razonable y que no lo es. No estoy argumentando que esto es una razón para rechazar las pretensiones de quienes defiendan “el derecho de autodeterminación” en un caso histórico concreto, como pueda ser el catalán actualmente. Estoy diciendo que, tanto desde un punto de vista lógico como práctico, ese derecho se niega a sí mismo, porque querer ejercerlo implica predecidir de forma no “autodeterminista” quienes son los sujetos-objetos de la autodeterminación. A diferencia de lo que ocurre con otras materias de decisión colectiva (como, por ejemplo, el sistema de pensiones o la moneda), en el caso que nos ocupa decidir quién puede votar es decidir quiénes son miembros de la comunidad política cuya posible constitución es el objeto del voto. Dicho de otro modo, es decidir la cuestión ya antes de votar. En suma, no hay manera democrática de definir comunidades políticas o de establecer fronteras entre las mismas: por mucho que se vote, una decisión previa al respecto ya se debe haber tomado de forma no democrática.

Los partidarios de una u otra posición en el debate soberanista actual en nuestro país no deberían, sin embargo, apresurarse a extraer conclusiones de este argumento. Por ejemplo, quienes hoy defienden que en una hipotética consulta catalana “deberían decidir todos los españoles” no están menos afectados por la paradoja que quienes creen que sólo deberían votar los catalanes, pues la existencia de esa supuesta comunidad legítima (“los españoles”) también fue pre-decidida no democráticamente en su momento. Por otro lado, lo que muestra la paradoja es que, desde el punto de vista de la constitución del colectivo relevante, tan arbitraria sería una independencia votada en referéndum como una declaración unilateral de independencia por parte de un gobierno o parlamento.

Al final lo que cuenta son los hechos consumados: jurídica y políticamente, las fronteras administrativas ya existentes de la actual Comunidad Autónoma catalana, nacida de las cuatro provincias españolas pre-existentes, son las que “contarían como” fronteras de una hipotética Cataluña independiente. Nadie, ni los nacionalistas españoles, duda tal cosa. Así que todos están admitiendo que el criterio de pertenencia a la comunidad relevante (la “nación catalana”, en este caso) tiene su origen en una división administrativa provincial establecida en 1833 bajo la regencia de…. María Cristina de Borbón. Cosas de la inercia histórica.


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