El filo de la pipa – José A. Noguera

Opiniones críticas sobre política, sociedad y cultura

Oct 29 2013

Mejor que huelguistas, filibusteros

El deterioro de los servicios públicos causado por los gobiernos derechistas de Cataluña y España ha provocado ya numerosas movilizaciones y protestas sociales. Entre ellas destaca, como una de las más frecuentes, la huelga de los trabajadores de esos servicios públicos. Un ejemplo reciente es la enésima huelga convocada en todos los niveles del sistema educativo español la semana pasada. Pero ¿es la huelga en un servicio público una medida estratégicamente inteligente y eficaz aquí y ahora?

La huelga es en su origen un instrumento de presión de los trabajadores asalariados organizados contra un patrón capitalista que les emplea. La lógica de la misma es de manual: si los asalariados no trabajan, el capitalista no puede producir y por tanto pierde sus plusvalías durante los días de huelga. Si los trabajadores aguantan durante el suficiente tiempo la pérdida salarial (y el resto de presiones y represalias posibles), el patrón cederá y/o accederá a negociar.

Ahora bien, ¿es esta lógica automáticamente trasladable desde una empresa privada capitalista a un servicio público como la educación o la sanidad? Cabe dudarlo:  en estos casos, dado que el objetivo de dichos servicios no es el de producir plusvalías o beneficios privados, la huelga no perjudica económicamente a los “patronos” (los políticos derechistas que actualmente gestionan dichos servicios), sino que, bien al contrario, incluso les podría beneficiar: contribuye a su objetivo primordial de deteriorar la calidad del servicio a los ciudadanos, de forma que se incentiva la contratación de educación y sanidad privadas; enemista a los trabajadores del servicio público con los ciudadanos, que son los usuarios del servicio y, por tanto, los directamente perjudicados por la huelga; y, last but not least, en tiempos en que los recortes son mantra obligado, les ahorra gasto público gracias a los descuentos en la nómina de los trabajadores públicos en huelga (descuentos no despreciables, pues se calculan sobre el sueldo bruto anual, incluidos impuestos, cotizaciones y pagas extras, suprimidas o no).

Se podría alegar que el objetivo de la huelga es socavar la imagen y la legitimidad de los políticos contra los que va dirigida, y que el deterioro del servicio y la cobertura de la huelga por los medios pasa factura a estos últimos y no a los trabajadores. Dicho de otro modo, que el político sufre en su imagen pública. Lo dudo mucho. El político tiene a su disposición dos mecanismos muy eficaces para evitar y contrarrestar cualquier posible efecto en ese sentido: primero, utilizar unos medios de comunicación básicamente intervenidos por él para culpar a los trabajadores en huelga (convenientemente desprestigiados y presentados como “unos privilegiados”) de los perjuicios que causan a los ciudadanos; y segundo, agarrarse a la ambigüedad y falta de rigor de todos los indicadores disponibles de seguimiento de la huelga, para demostrar que ésta ha sido un fracaso y, por tanto, que el perjuicio se ha causado para nada. Este último es un gravísimo problema para la eficacia de la huelga en una sociedad mediática y compleja, pues los indicadores disponibles no capturan adecuadamente el apoyo social a la misma: que unos niños vayan al colegio puede no significar que sus padres están contra la huelga, sino sencillamente que no tienen con quien dejarlos mientras ellos trabajan. Que unos profesores trabajen el día de huelga no implica que no apoyen la huelga: puede que simplemente no sean capaces de soportar económicamente la sustancial pérdida salarial que el seguimiento abierto les va a suponer.

En una reunión a la que asistí en la Universidad hace 20 años, y ante las dudas que algunos expresábamos sobre la eficacia de una huelga para detener la escalada de recortes de entonces, un veterano sindicalista me dijo: “mira, yo he estado en más de 100 huelgas y nunca he ganado ninguna, porque no se trata de ganar sino de mantener el movimiento”. Le contesté, y sigo pensándolo, que no estaba de acuerdo: se trata de ganar. Se trata de infligir el suficiente perjuicio al agresor para que deje de agredir. En las actuales circunstancias, la huelga en los servicios públicos no es una estrategia demasiado eficaz para conseguir ese objetivo, e incluso puede acabar siendo contraproducente.

¿Qué hacer, entonces? Por supuesto, ni hablar de desanimarse ni de permanecer impasibles. Hay muchas maneras de protestar y oponer resistencia. El profesor Gene Sharp, a lo largo de su dilatada e interesantísima obra, ha documentado casi 200 modos de resistencia no violenta frente al poder. Entre ellos, los más interesantes son los que implican la simple y llana no obediencia: el filibusterismo, la obstrucción, el incumplimiento (abierto o no), la no colaboración, el bloqueo, el saboteo, el boicoteo, la insumisión tácita o manifiesta. Precisamente los servicios públicos y la administración, por los intrincados mecanismos burocráticos en que se basan, son el mejor terreno para ejercer esos métodos cuando se trata de no aplicar leyes destinadas a destruirlos y deteriorarlos, pues los trabajadores dominan los entresijos administrativos y técnicos que permiten bloquear cotidianamente la aplicación práctica de cualquier medida, y exasperar así a los cargos políticos encargados de hacerla efectiva.

Permítaseme notar que poca legitimidad tienen los políticos para criticar esta estrategia, pues fueron ellos quienes inventaron una de sus formas más sofisticadas: el filibusterismo parlamentario, consistente en bloquear y alargar hasta el infinito la aprobación de disposiciones parlamentarias a las que se oponen, ya sea mediante la creación de comisiones de estudio, la petición de comparecencias, las iniciativas parlamentarias incesantes previas a la aprobación, o, en algunos parlamentos como el norteamericano, donde el uso de la palabra no tiene límite de tiempo, el expeditivo método de hablar sin descanso durante días y noches para impedir una votación. Así que aprendamos de su ejemplo y administrémosles su propia medicina: mejor que huelguistas, seamos filibusteros.

Si la LOMCE o ‘ley Wert’ no es aplicada por las bases y los agentes cotidianos del sistema educativo, no se podrá hacer nada al respecto por mucho que los políticos se empeñen, y eso será más eficaz que cualquier huelga. Si además se cuenta con la complicidad y la tolerancia de algunas administraciones locales y autonómicas, mejor que mejor. Puedo dar decenas de ejemplos de leyes que no se aplican en la Universidad pública, porque nos beneficiarían a los trabajadores de la misma, y no pasa absolutamente nada: pues hagamos lo propio con las que nos perjudican; ¡ojalá nuestros equipos rectorales tuvieran la mínima valentía al respecto que requiere la situación actual, y que han tenido algunos directores de escuela en Baleares, con muchas menos ínfulas intelectuales y académicas! El caso de Dinamarca bajo la ocupación nazi debería ser estudiado en los colegios: mediante una firme y unánime estrategia de no colaboración pacífica, los daneses de toda condición lograron bloquear la administración militar más potente que existía e impedir, por ejemplo, la deportación masiva de los judíos de su país; si ellos lo consiguieron frente a un ejército invasor comandado por fanáticos asesinos, cómo no vamos a poder nosotros con una pandilla de mafiosillos de tercera y malos imitadores de Thatcher, que además están demoscópicamente contra las cuerdas por corruptos, mentirosos e incompetentes.

Dejémonos de huelgas en los servicios públicos y convirtámonos en filibusteros: así les daremos donde realmente les duele, no donde nos duele a nosotros y a los ciudadanos a quienes debemos servir.

 

 


This entry was posted on Tuesday, 29 October, 2013 at 11:30 and is filed under Política, Sociedad y sociología, Universidad. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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