El filo de la pipa – José A. Noguera

Opiniones críticas sobre política, sociedad y cultura

Archive for October, 2013

Oct 29 2013

Mejor que huelguistas, filibusteros

El deterioro de los servicios públicos causado por los gobiernos derechistas de Cataluña y España ha provocado ya numerosas movilizaciones y protestas sociales. Entre ellas destaca, como una de las más frecuentes, la huelga de los trabajadores de esos servicios públicos. Un ejemplo reciente es la enésima huelga convocada en todos los niveles del sistema educativo español la semana pasada. Pero ¿es la huelga en un servicio público una medida estratégicamente inteligente y eficaz aquí y ahora?

La huelga es en su origen un instrumento de presión de los trabajadores asalariados organizados contra un patrón capitalista que les emplea. La lógica de la misma es de manual: si los asalariados no trabajan, el capitalista no puede producir y por tanto pierde sus plusvalías durante los días de huelga. Si los trabajadores aguantan durante el suficiente tiempo la pérdida salarial (y el resto de presiones y represalias posibles), el patrón cederá y/o accederá a negociar.

Ahora bien, ¿es esta lógica automáticamente trasladable desde una empresa privada capitalista a un servicio público como la educación o la sanidad? Cabe dudarlo:  en estos casos, dado que el objetivo de dichos servicios no es el de producir plusvalías o beneficios privados, la huelga no perjudica económicamente a los “patronos” (los políticos derechistas que actualmente gestionan dichos servicios), sino que, bien al contrario, incluso les podría beneficiar: contribuye a su objetivo primordial de deteriorar la calidad del servicio a los ciudadanos, de forma que se incentiva la contratación de educación y sanidad privadas; enemista a los trabajadores del servicio público con los ciudadanos, que son los usuarios del servicio y, por tanto, los directamente perjudicados por la huelga; y, last but not least, en tiempos en que los recortes son mantra obligado, les ahorra gasto público gracias a los descuentos en la nómina de los trabajadores públicos en huelga (descuentos no despreciables, pues se calculan sobre el sueldo bruto anual, incluidos impuestos, cotizaciones y pagas extras, suprimidas o no).

Se podría alegar que el objetivo de la huelga es socavar la imagen y la legitimidad de los políticos contra los que va dirigida, y que el deterioro del servicio y la cobertura de la huelga por los medios pasa factura a estos últimos y no a los trabajadores. Dicho de otro modo, que el político sufre en su imagen pública. Lo dudo mucho. El político tiene a su disposición dos mecanismos muy eficaces para evitar y contrarrestar cualquier posible efecto en ese sentido: primero, utilizar unos medios de comunicación básicamente intervenidos por él para culpar a los trabajadores en huelga (convenientemente desprestigiados y presentados como “unos privilegiados”) de los perjuicios que causan a los ciudadanos; y segundo, agarrarse a la ambigüedad y falta de rigor de todos los indicadores disponibles de seguimiento de la huelga, para demostrar que ésta ha sido un fracaso y, por tanto, que el perjuicio se ha causado para nada. Este último es un gravísimo problema para la eficacia de la huelga en una sociedad mediática y compleja, pues los indicadores disponibles no capturan adecuadamente el apoyo social a la misma: que unos niños vayan al colegio puede no significar que sus padres están contra la huelga, sino sencillamente que no tienen con quien dejarlos mientras ellos trabajan. Que unos profesores trabajen el día de huelga no implica que no apoyen la huelga: puede que simplemente no sean capaces de soportar económicamente la sustancial pérdida salarial que el seguimiento abierto les va a suponer.

En una reunión a la que asistí en la Universidad hace 20 años, y ante las dudas que algunos expresábamos sobre la eficacia de una huelga para detener la escalada de recortes de entonces, un veterano sindicalista me dijo: “mira, yo he estado en más de 100 huelgas y nunca he ganado ninguna, porque no se trata de ganar sino de mantener el movimiento”. Le contesté, y sigo pensándolo, que no estaba de acuerdo: se trata de ganar. Se trata de infligir el suficiente perjuicio al agresor para que deje de agredir. En las actuales circunstancias, la huelga en los servicios públicos no es una estrategia demasiado eficaz para conseguir ese objetivo, e incluso puede acabar siendo contraproducente.

¿Qué hacer, entonces? Por supuesto, ni hablar de desanimarse ni de permanecer impasibles. Hay muchas maneras de protestar y oponer resistencia. El profesor Gene Sharp, a lo largo de su dilatada e interesantísima obra, ha documentado casi 200 modos de resistencia no violenta frente al poder. Entre ellos, los más interesantes son los que implican la simple y llana no obediencia: el filibusterismo, la obstrucción, el incumplimiento (abierto o no), la no colaboración, el bloqueo, el saboteo, el boicoteo, la insumisión tácita o manifiesta. Precisamente los servicios públicos y la administración, por los intrincados mecanismos burocráticos en que se basan, son el mejor terreno para ejercer esos métodos cuando se trata de no aplicar leyes destinadas a destruirlos y deteriorarlos, pues los trabajadores dominan los entresijos administrativos y técnicos que permiten bloquear cotidianamente la aplicación práctica de cualquier medida, y exasperar así a los cargos políticos encargados de hacerla efectiva.

Permítaseme notar que poca legitimidad tienen los políticos para criticar esta estrategia, pues fueron ellos quienes inventaron una de sus formas más sofisticadas: el filibusterismo parlamentario, consistente en bloquear y alargar hasta el infinito la aprobación de disposiciones parlamentarias a las que se oponen, ya sea mediante la creación de comisiones de estudio, la petición de comparecencias, las iniciativas parlamentarias incesantes previas a la aprobación, o, en algunos parlamentos como el norteamericano, donde el uso de la palabra no tiene límite de tiempo, el expeditivo método de hablar sin descanso durante días y noches para impedir una votación. Así que aprendamos de su ejemplo y administrémosles su propia medicina: mejor que huelguistas, seamos filibusteros.

Si la LOMCE o ‘ley Wert’ no es aplicada por las bases y los agentes cotidianos del sistema educativo, no se podrá hacer nada al respecto por mucho que los políticos se empeñen, y eso será más eficaz que cualquier huelga. Si además se cuenta con la complicidad y la tolerancia de algunas administraciones locales y autonómicas, mejor que mejor. Puedo dar decenas de ejemplos de leyes que no se aplican en la Universidad pública, porque nos beneficiarían a los trabajadores de la misma, y no pasa absolutamente nada: pues hagamos lo propio con las que nos perjudican; ¡ojalá nuestros equipos rectorales tuvieran la mínima valentía al respecto que requiere la situación actual, y que han tenido algunos directores de escuela en Baleares, con muchas menos ínfulas intelectuales y académicas! El caso de Dinamarca bajo la ocupación nazi debería ser estudiado en los colegios: mediante una firme y unánime estrategia de no colaboración pacífica, los daneses de toda condición lograron bloquear la administración militar más potente que existía e impedir, por ejemplo, la deportación masiva de los judíos de su país; si ellos lo consiguieron frente a un ejército invasor comandado por fanáticos asesinos, cómo no vamos a poder nosotros con una pandilla de mafiosillos de tercera y malos imitadores de Thatcher, que además están demoscópicamente contra las cuerdas por corruptos, mentirosos e incompetentes.

Dejémonos de huelgas en los servicios públicos y convirtámonos en filibusteros: así les daremos donde realmente les duele, no donde nos duele a nosotros y a los ciudadanos a quienes debemos servir.

 

 


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Oct 04 2013

Alemania, otra vez

La noche de las elecciones alemanas, mientras Angela Merkel y sus correligionarios de la CDU bailaban eufóricos, visionaba El juicio de Nuremberg (1961), de Stanley Kramer, film imprescindible en los tiempos que corren. La película, con sus imperfecciones y golpes de efecto, ofrece una buena sociología de cómo una parte notable del pueblo alemán niega o cierra los ojos a su lado más oscuro, porque secretamente lo considera justificable. El personaje interpretado por Burt Lancaster (el prestigioso jurista, juez y ministro de justicia nazi Ernst Janning) encarna algo muy inquietante que, me atrevo a decir, sobrevive potencialmente en el subconsciente de cierta subcultura germánica: el sentimiento de culpa moral por actos atroces solo se siente cuando se ha sido derrotado por la fuerza bruta (única vara de medir válida para los nazis), y no antes.

Hace diez años no me hubiera arriesgado a decir que quizá la psicología colectiva de Alemania no es como la de cualquier otro país europeo. Hoy, sin embargo, me veo tentado a pensarlo. Leyendo lo que su prensa orgullosamente publica sobre el “nuevo nacionalismo” alemán, lo que sus articulistas, intelectuales y tertulianos dicen sobre su necesidad de dirigir y dominar de nuevo a los pueblos de Europa; constatando una y otra vez la chulería y el autoritarismo con que el gobernador del Bundesbank o el (aún en funciones) ministro de Economía se permiten dictar a 26 Estados soberanos, a la Comisión Europea y al BCE cuál debe ser su política; soportando constantemente que los mandatarios alemanes riñan con modales de preceptor decimonónico a los ciudadanos de determinados países de la UE; presenciando todo esto, me van a perdonar, sí, que piense y diga lo evidente sobre Alemania.

Jürgen Habermas, filósofo alemán de izquierdas, fue, junto con Günter Grass, el único que se atrevió a decirlo hace más de 20 años: Alemania no debería haberse reunificado, o, al menos, no como lo hizo, puesto que el riesgo, hoy patente, de resurgimiento del nacionalismo alemán es demasiado alto como para correrlo de nuevo. Se ha dicho con cierta razón que Alemania es demasiado pequeña para dominar toda Europa, pero demasiado grande como para dejar de intentarlo. François Mitterrand, uno de los políticos que nunca hubieran permitido el delirio actual de la UE, dijo sabiamente que los franceses amaban tanto a Alemania que preferían que hubiera dos. En Alemania, la mera mención de la palabra “nacionalismo” o “nacional” (de significado y connotaciones políticas muy distintas al que tiene en nuestras latitudes) debería poder activar alguna cláusula de los tratados comunitarios para poner en cuarentena sus facultades decisorias como Estado miembro de la UE. Como sabía Habermas, ese sentimiento debe estar proscrito en ese país. Alemania no puede ser perdonada tan pronto por la enormidad del horror que cometió. Debería seguir siendo lo que en los años 60, 70 y 80 del pasado siglo aceptó de buen grado ser: un gigante económico pero un enano político; y estar contenta y agradecida de que se le permita ser lo primero.

El orgulloso “gigante” alemán no representa ni el 20% del PIB de la UE. En PIB per cápita, Alemania es solo el sexto país del euro (y no el primero, como creen los alemanes) en las aportaciones a los fondos de rescate, y, en volumen absoluto, España e Italia juntas aportan más que ellos. En Alemania se trabaja menos que en España (sí, menos, consúltense los datos) y se cobra más, teniendo servicios, energía y vivienda más baratas y un Estado del bienestar más generoso. Sus bancos tienen una situación financiera mucho más opaca y frágil que los españoles. Y, sin embargo, nos quieren “rescatar” para luego poder fijar sus condiciones, como el Mefistófeles de Goethe hizo con Fausto.

En 1953, los países acreedores de Alemania (es decir, sus víctimas y enemigos en la II Guerra Mundial) le perdonaron el 60% de su deuda, aplazaron 30 años el pago del resto, y establecieron que ese pago no podía superar el 5% de los ingresos alemanes por exportaciones. Una bicoca, vamos. Para quienes hoy soportan las exigencias alemanas sobre deuda y déficit públicos (Grecia, España, Italia, Portugal, etc.), tal escenario se asemeja a un sueño alucinógeno.

Pero hay más: en la década de 1990, tras imponer a los demás en Maastricht el límite del 3% de déficit público, los alemanes lo incumplieron, y se negaron a que se les aplicasen las sanciones previstas en el tratado. España y muchos otros países cumplieron entonces religiosamente. Adivinen qué sanción se impuso a Alemania: exacto, ninguna. Hoy, en cambio, nos perdonan la vida dándonos un añito más para recortar 50.000 millones de gasto público, mientras como consecuencia de su negativa a la integración bancaria y a la compra de bonos por el BCE, tenemos que pagar intereses desorbitados por nuestra deuda cuando ellos financian la suya al 0% o incluso a interés negativo, lo que, para que se entienda, quiere decir que ganan dinero endeudándose, mientras se llevan las manos a la cabeza porque nos endeudemos los demás, y eso, además, teniendo un porcentaje de deuda pública mayor que el español, al menos hasta hace un año. Un escándalo a todas luces.

Alemania sigue a día de hoy incumpliendo todos los acuerdos de la cumbre europea de junio de 2012 y obstaculizando activamente que se puedan cumplir algún día (posiblilidad de ayuda directa a los bancos con problemas sin que la ayuda cuente como déficit del Estado miembro; autoridad y regulación bancaria europea; posibilidad de compra de deuda pública por el BCE; impuesto sobre las transacciones financieras; erradicación de los paraísos fiscales). Mientras incumplen lo que no les conviene, exigen el cumplimiento estricto de todo lo que les interesa; es el síntoma claro del tirano: me autoexcluyo del cumplimiento que exijo a los demás. No quieren ayuda directa de la UE a los bancos, porque eso impediría aumentar la deuda y el déficit de nuestro Estado, cosa que les conviene para tenernos controlados y para rebajar los intereses de su propia deuda; y no quieren autoridad bancaria porque sus bancos no resistirían el mismo examen que los nuestros y porque el Deutsche Bank dejaría de hacer y desahacer a su antojo (entre otras cosas, como propietario de agencias de calificación como S&P que son responsables del inicio y agravamiento de la crisis, y de la quiebra de la confianza en nuestra deuda pública).

Así que me van a perdonar mis amigos alemanes, pero hay que decirlo: nunca debimos permitir la reunificación de Alemania, o al menos que sirviese de excusa para darles una posición política dominante en la UE. Nunca debimos enterrar el espíritu y el estatus político de la antigua RFA, que por fin había integrado a Alemania en el club de los países civilizados. Debimos atender a quienes, como Primo Levi, como Habermas, nos avisaban desde hacía tiempo de que los alemanes nunca deben volver a tener una posición de poder y autoridad en Europa, porque lo más probable es que vuelvan a las andadas: a buscar chivos expiatorios y a imponerles sus condiciones por la fuerza (ayer de las armas, hoy del dinero, ¿y mañana?).

Necesitamos plantarnos frente a Alemania. Los tímidos intentos de frenar a los alemanes más lunáticos (como el presidente del Bundesbank) por parte del BCE, la Comisión Europea y el FMI no están dando resultados sustanciales. Necesitamos un Churchill de izquierdas,  en vez de la pandilla de vergonzantes Chamberlains que están dispuestos a ceder y ceder hasta que el monstruo se acabe quitando la careta. Los países hoy pisoteados por la bota germánica somos ya muchos, y entre todos tenemos mucha mayor potencia económica y política que ellos. Sólo nos falta elegir líderes que defiendan la igualdad, la democracia y la sensatez, en vez de sucumbir ante la terquedad y el autoritarismo. ¿Seremos capaces de hacerlo cuando haya elecciones? La primera oportunidad, en mayo, y no baladí: se escoge el Parlamento Europeo.

 

 


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