¿Y ahora qué?

El bréxit nos tiene a todos perplejos y expectantes. Sobre todo después de la derrota del Acuerdo de Salida en el Parlamento británico (202 votos a favor y 432 en contra) el 15 de enero y de que la Theresa May superara una moción de censura al día siguiente. Ante esta coyuntura, los medios de comunicación y los “expertos” lanzan diversas hipótesis sobre las posibles soluciones al dilema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Son las siguientes.

La primera posibilidad es un nuevo acuerdo de salida. Es la opción que ha defendido la Primera Ministra británica en el Parlamento y que consistirá necesariamente en negociar una nueva solución para la frontera entre Irlanda y el Reino Unido. Su viabilidad suscita múltiples dudas. La primera es su contenido, pues la Premier no ha explicado que cambios desea introducir. En segundo término, es necesario el acuerdo de la Unión Europea, que lógicamente se mostrará muy reticente a abrir nuevas negociaciones cuando no tiene garantía alguna de que un futuro acuerdo vaya a ser aprobado por el legislativo británico. Y es que muchos consideran que el Acuerdo de Salida no fracasó por su contenido sino por el autor de la propuesta. El tercer problema es el tiempo, pues no sólo debe negociarse el nuevo pacto, sino que ser deliberado y aprobado por el Consejo, el Parlamento Europeo y el Parlamento británico.

La segunda posibilidad es la convocatoria de elecciones generales en el Reino Unido con la esperanza de que la persona que resulte elegida pueda encauzar la salida (o la permanencia) en la Unión Europea. Al igual que la anterior, tiene en su contra el reloj pues el 29 de marzo de 2019 está muy cerca. Tanto que parece difícil (aunque no imposible) poder realizar unas elecciones de forma tan precipitada. Por otro lado, tampoco hay garantía de nada. Unas nuevas elecciones no aseguran que la persona elegida sabrá encauzar el problema y llegar a una solución satisfactoria para todos (o, al menos, para la mayoría).

La tercera posibilidad cuenta con bastantes adeptos; cada vez más en los últimos tiempos. Se trata de celebrar un nuevo referéndum. Existen varios argumentos que lo justifican, como el hecho de que parece existir certeza de que hubo un exceso de desinformación (fake news) en el primero, que muchos jóvenes no fueron a votar y que ahora el pueblo británico parece estar más informado sobre las consecuencias de su decisión (véase el artículo “Brexit, mother of all messes”, publicado en The Economist, el 17 de enero de 2019). Además, sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2018 (C-327/18 PPU), RO da sentido a esta posibilidad al permitir que el Reino Unido pueda revocar unilateralmente su decisión de abandonar la Unión Europea. Ahora bien, también esta opción genera incertidumbre. En primer lugar, el contenido del referéndum: ¿se pedirá a los británicos que vuelvan a pronunciarse sobre la salida de la Unión? ¿O simplemente qué tipo de salida quieren? Segundo, habrá muchos que denuncien que un segundo referéndum es un atentado contra el “mandato democrático”, pues el pueblo ya se pronunció el 23 de junio de 2016. Por lo tanto, también negarán que Theresa May tenga legitimidad para convocar un nuevo plebiscito. Y por último, existe poco tiempo para convocarlo y celebrarlo (aquí).

La cuarta propuesta es que el Reino Unido llegue a un acuerdo con la Unión Europea que facilite su relación. Por ejemplo, que pase a formar parte de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que suscriba un acuerdo parecido al de Noruega o que se cree una “Unión Aduanera”, como proponen los laboristas británicos. Y aquí reside uno de los primeros problemas, pues no es una idea que convenza a la Primera Ministra pues entiende que es contraria al resultado del referéndum. Y es que podría implicar la libertad de circulación de personas, que fue uno de los argumentos empleados a favor de la salida de la Unión Europea. Además, es necesario que los demás miembros de la EFTA o la Unión Europea estén de acuerdo, lo que no está garantizado. Por otra parte, a nuestro modesto entender, no es una solución a la incógnita de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino a la relación futura entre las dos partes.

Otra posibilidad es prorrogar el artículo 50; es decir, retrasar el bréxit más allá del 29 de marzo de 2019. Permitiría ganar tiempo y celebrar, por ejemplo, nuevas elecciones o un nuevo referéndum. Sin embargo, la cuestión es si servirá para algo. La división que preside el Parlamento británico y el escaso apoyo real que el Gobierno parece tener en él generan la pregunta de si no será simplemente un medio de demorar un mal irremediable.

La sexta alternativa es la revocación de la decisión de salir. A pesar de que resulte sorprendente, es posible. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea así lo ha decidido en la sentencia de 19 de septiembre de 2018, a la que nos hemos referido antes. La cuestión es quién se atreverá. A buen seguro, será necesario un nuevo referéndum o unas elecciones generales para conseguir que esta opción sea viable. Y para ello, parece perentorio prorrogar el artículo 50. O sea, un cúmulo de circunstancias que parece difícil de conseguir. La última opción es la ausencia de acuerdo; es decir, el Reino Unido abandona la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. Aunque la mayoría del partido conservador británico y los laboralistas están se han pronunciado en contra, es la situación más probable al ser la que se impondrá por defecto y no existir un consenso mayoritario a favor de ninguna otra opción. Y ahí parece residir la principal dificultad para conseguir algo: la fragmentación y desconcierto de los ciudadanos y los políticos británicos.

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