Game of fools

Quedan 59 días para que el RU sea un Estado tercero respecto a la UE y las posibilidades una salida sin acuerdo son cada vez mayores. La sesión de ayer en el Parlamento británico lo confirma.

Repasemos dónde nos encontramos.

Tras dos años de negociaciones, hace unos meses el RU y la UE concluyeron un acuerdo para la salida ordenada de la UE. Dicho acuerdo incluía un período transitorio de más de un año (hasta diciembre de 2020) que permitiría que durante todo ese tiempo el RU, incluso siendo un Estado tercero, siguiera disfrutando plenamente de todas las libertades de la UE (libre circulación de mercancías, libre prestación de servicios, libre circulación de personas), dando así tiempo para llegar a un acuerdo sobre las futuras relaciones entre la UE y el RU, algo que solamente comenzará a negociarse cuando el RU sea un Estado tercero. El acuerdo de salida va acompañado de una declaración política sobre ese futuro marco de relaciones, pero breve y genérico.

Uno de los puntos más complejos en el acuerdo de salida es la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. La idea de los negociadores (había coincidencia entre la UE y el RU) era de que debía evitarse una frontera física entre las dos Irlandas. Ahora bien ¿cómo lograr esto? Durante el periodo transitorio esto era sencillo, pues, como hemos visto, todo seguiría igual, pero ¿y después? La solución que se halló fue la de que tras el fin del periodo transitorio el RU seguiría integrado en un territorio aduanero común con la UE (artículo 6 del Protocolo sobre Irlanda en el Acuerdo de Salida), de tal manera que no sería necesario establecer dicha frontera porque no sería necesario realizar ningún control fronterizo entre las dos Irlandas. Además, se establece una zona de libre tránsito de personas entre el RU e Irlanda (artículo 5 del Protocolo sobre Irlanda). El coste para el RU sería que no podría establecer aranceles propios mientras siguiera vinculado al territorio aduanero común.

Como es sabido, el acuerdo de salida fue rechazado por el Parlamento británico y la duda se extiende sobre qué es lo que puede pasar ahora. Hace dos días, Carles Górriz publicaba una entrada sobre las distintas posibilidades existentes en este mismo blog y ayer asistíamos a una sesión del Parlamento británico que da cuenta de lo complicado de la situación en la que nos encontramos y de la dificulta de avanzar hacia una solución diferente a la que cada día parece presentarse como única posible: la salida sin acuerdo.

Ayer era el día en el que el Parlamento británico debía abordar “el plan b”; esto es, decidir qué camino emprendería una vez rechazado el acuerdo al que llegaron hace unos meses el Gobierno británico y la UE, un acuerdo que, de momento, sigue su tramitación en las instituciones europeas. Fue aprobado por el Consejo el pasado 11 de enero y ha sido remitido al Parlamento europeo para su aprobación, probablemente en las próximas semanas.

Varias posibilidades se abrían en medio de una enorme confusión. El punto de partida era una declaración de la Primer Ministro británica, Theresa May, de 21 de enero. Respecto a dicha declaración se habían presentado distintas enmiendas que fueron votadas en el pleno.

Interesa destacar que en la declaración de Theresa May se rechazaba la posibilidad de un segundo referéndum y la de revocar la notificación de salida; esto es, de renunciar a abandonar la UE. Esto es importante porque, como es sabido, en el mes de diciembre de 2018 el Tribunal de Luxemburgo dictó una sentencia en la que estableció que el RU podía retirar unilateralmente la declaración de salida antes de la fecha efectiva de ésta; aunque siempre cumpliendo con las exigencias constitucionales del RU. No puede descartarse que el RU utilice esta posibilidad; pero en la sesión del Parlamento británico de ayer se rechazó esta posibilidad.

Lo finalmente aprobado por el Parlamento (puede consultarse aquí) incluye:

  • el rechazo a una salida sin acuerdo.
  • el rechzo a la solución acordada para la frontera entre las dos Irlandas.
  • conminar a la Primera Ministra a acordar con la UE una salida alternativa a la pactada.
  • rechazar una frontera “dura” en Irlanda

Y, como hemos visto, rechazar tanto una prórroga del plazo de dos años fijado en el artículo 50 del Tratado de la UE como, implícitamente, la retirada de la notificación de salida.

Así pues, el plan británico es convencer a la UE para que reabra las negociaciones sobre el acuerdo de salida con el fin de modificar la solución pactada para la frontera entre el RU y la República de Irlanda. La respuesta del Presidente del Consejo, Donald Tusk, no se hizo esperar:

O sea:

  • no habrá renegociación del acuerdo de salida.
  • podría haber prórroga del plazo de los dos años, pero siempre que exista una propuesta del RU que la justifique y no más allá de las elecciones al Parlamento Europeo del mes de mayo (la referencia al funcionamiento de las instituciones europeas). Advierte que para esta extensión es necesaria la unanimidad.
  • de lo que se puede hablar es del marco de relaciones futuras.

¿Qué es lo que puede esperarse de estas posiciones encontradas?

Creo que la propuesta de renegociación del acuerdo de salida no tiene ninguna posibilidad. Recordemos que en el momento de aprobarse el acuerdo alcanzado ya comenzaron a manifestarse tensiones dentro de la UE (España y Gibraltar, Francia y las pesquerías). El equilibrio es inestable y no parece posible modificarlo.

Por otra parte hay una cuestión de tiempo. El texto actual se cerró en noviembre y todavía no ha sido aprobado por el Parlamento europeo ¿cómo podría negociarse y aprobarse un texto de aquí a 59 días (recordemos que el Parlamento británico ha rechazado pedir una extensión del plazo)?

Así pues, no habiendo posibilidad real de renegociar el acuerdo de salida ¿cómo articularán los británicos dos posiciones incompatibles entre sí: rechazar una salida sin acuerdo y rechazar el único acuerdo posible?

Tan solo hay una vía para conseguir satisfacer ambas cosas: quedarse en la UE; pero ¿serán capaces de asumirlo? Y para ello sería necesario que el Parlamento británico aprobara una ley que así lo estableciera, pues por ley se adoptó también la decisión de abandonar la UE.

Mi impresión es que los diputados británicos todavía no han asumido la posición real en la que se encuentran y comienzan a verse sobrepasados por las circunstancias. Aprobar ayer dos propuestas contradictorias y no dar entrada a la única que podría reconciliarlas, la permanencia en la UE, quizás justifica el título de esta entrada.

Quedan 59 días y las posibilidades se van cerrando.

Puede consultarse una versión en inglés de esta entrada aquí.

¿Y ahora qué?

El bréxit nos tiene a todos perplejos y expectantes. Sobre todo después de la derrota del Acuerdo de Salida en el Parlamento británico (202 votos a favor y 432 en contra) el 15 de enero y de que la Theresa May superara una moción de censura al día siguiente. Ante esta coyuntura, los medios de comunicación y los “expertos” lanzan diversas hipótesis sobre las posibles soluciones al dilema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Son las siguientes.

La primera posibilidad es un nuevo acuerdo de salida. Es la opción que ha defendido la Primera Ministra británica en el Parlamento y que consistirá necesariamente en negociar una nueva solución para la frontera entre Irlanda y el Reino Unido. Su viabilidad suscita múltiples dudas. La primera es su contenido, pues la Premier no ha explicado que cambios desea introducir. En segundo término, es necesario el acuerdo de la Unión Europea, que lógicamente se mostrará muy reticente a abrir nuevas negociaciones cuando no tiene garantía alguna de que un futuro acuerdo vaya a ser aprobado por el legislativo británico. Y es que muchos consideran que el Acuerdo de Salida no fracasó por su contenido sino por el autor de la propuesta. El tercer problema es el tiempo, pues no sólo debe negociarse el nuevo pacto, sino que ser deliberado y aprobado por el Consejo, el Parlamento Europeo y el Parlamento británico.

La segunda posibilidad es la convocatoria de elecciones generales en el Reino Unido con la esperanza de que la persona que resulte elegida pueda encauzar la salida (o la permanencia) en la Unión Europea. Al igual que la anterior, tiene en su contra el reloj pues el 29 de marzo de 2019 está muy cerca. Tanto que parece difícil (aunque no imposible) poder realizar unas elecciones de forma tan precipitada. Por otro lado, tampoco hay garantía de nada. Unas nuevas elecciones no aseguran que la persona elegida sabrá encauzar el problema y llegar a una solución satisfactoria para todos (o, al menos, para la mayoría).

La tercera posibilidad cuenta con bastantes adeptos; cada vez más en los últimos tiempos. Se trata de celebrar un nuevo referéndum. Existen varios argumentos que lo justifican, como el hecho de que parece existir certeza de que hubo un exceso de desinformación (fake news) en el primero, que muchos jóvenes no fueron a votar y que ahora el pueblo británico parece estar más informado sobre las consecuencias de su decisión (véase el artículo “Brexit, mother of all messes”, publicado en The Economist, el 17 de enero de 2019). Además, sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2018 (C-327/18 PPU), RO da sentido a esta posibilidad al permitir que el Reino Unido pueda revocar unilateralmente su decisión de abandonar la Unión Europea. Ahora bien, también esta opción genera incertidumbre. En primer lugar, el contenido del referéndum: ¿se pedirá a los británicos que vuelvan a pronunciarse sobre la salida de la Unión? ¿O simplemente qué tipo de salida quieren? Segundo, habrá muchos que denuncien que un segundo referéndum es un atentado contra el “mandato democrático”, pues el pueblo ya se pronunció el 23 de junio de 2016. Por lo tanto, también negarán que Theresa May tenga legitimidad para convocar un nuevo plebiscito. Y por último, existe poco tiempo para convocarlo y celebrarlo (aquí).

La cuarta propuesta es que el Reino Unido llegue a un acuerdo con la Unión Europea que facilite su relación. Por ejemplo, que pase a formar parte de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que suscriba un acuerdo parecido al de Noruega o que se cree una “Unión Aduanera”, como proponen los laboristas británicos. Y aquí reside uno de los primeros problemas, pues no es una idea que convenza a la Primera Ministra pues entiende que es contraria al resultado del referéndum. Y es que podría implicar la libertad de circulación de personas, que fue uno de los argumentos empleados a favor de la salida de la Unión Europea. Además, es necesario que los demás miembros de la EFTA o la Unión Europea estén de acuerdo, lo que no está garantizado. Por otra parte, a nuestro modesto entender, no es una solución a la incógnita de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino a la relación futura entre las dos partes.

Otra posibilidad es prorrogar el artículo 50; es decir, retrasar el bréxit más allá del 29 de marzo de 2019. Permitiría ganar tiempo y celebrar, por ejemplo, nuevas elecciones o un nuevo referéndum. Sin embargo, la cuestión es si servirá para algo. La división que preside el Parlamento británico y el escaso apoyo real que el Gobierno parece tener en él generan la pregunta de si no será simplemente un medio de demorar un mal irremediable.

La sexta alternativa es la revocación de la decisión de salir. A pesar de que resulte sorprendente, es posible. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea así lo ha decidido en la sentencia de 19 de septiembre de 2018, a la que nos hemos referido antes. La cuestión es quién se atreverá. A buen seguro, será necesario un nuevo referéndum o unas elecciones generales para conseguir que esta opción sea viable. Y para ello, parece perentorio prorrogar el artículo 50. O sea, un cúmulo de circunstancias que parece difícil de conseguir. La última opción es la ausencia de acuerdo; es decir, el Reino Unido abandona la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. Aunque la mayoría del partido conservador británico y los laboralistas están se han pronunciado en contra, es la situación más probable al ser la que se impondrá por defecto y no existir un consenso mayoritario a favor de ninguna otra opción. Y ahí parece residir la principal dificultad para conseguir algo: la fragmentación y desconcierto de los ciudadanos y los políticos británicos.

CONSECUENCIAS DEL BREXIT EN EL ÁMBITO ADUANERO Y EN EL IVA SEGÚN LA AGENCIA TRIBUTARIA

El pasado 14 de noviembre los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido alcanzaron un acuerdo para la salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT), que debería ser ratificado tanto por el Consejo y el Parlamento europeo como por el Parlamento británico. Este acuerdo de retirada contempla un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias. Asimismo, se establecieron las bases, a través de una Declaración política, de la relación futura, una vez finalizado el período transitorio.

Sin embargo, si el 29 de marzo de 2019, fecha en que está prevista la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no estuviese en vigor el acuerdo, el Reino Unido pasaría a tener la consideración de tercer país, sin ninguna preferencia específica. Esta última situación implica que a partir del 30 de marzo del año en curso podrían producirse cambios significativos en la organización y/o en flujos logísticos de los operadores económicos. Ante este escenario la Agencia Tributaria determinó cuáles serían las posibles consecuencias del BREXIT en el ámbito aduanero y en el IVA.

De las previsiones hechas por Hacienda respecto al ámbito aduanero destaca el hecho de que la salida del Reino Unido supondrá que los flujos de mercancías entre España y ese país dejarán de tener la condición de operaciones intracomunitarias por lo que deberán acogerse a las formalidades aduaneras vigentes para el resto de países no comunitarios. Por ello, será obligatorio la presentación de la declaración aduanera de importación/exportación o vinculación a otro régimen aduanero para cada envío. Estas declaraciones aduaneras podrán presentarse en nombre propio o por medio de un representante aduanero inscrito en el registro correspondiente.

Se deberán satisfacer los derechos arancelarios y los gravámenes que se devenguen. En su caso, la deuda aduanera a liquidar de mercancías de Reino Unido dependerá del origen, la clasificación y el valor en aduana de las mismas.

Por otro lado, estarán sujetas a control las mercancías introducidas o con destino a Reino Unido que requieran de la obtención de  certificados sanitarios, fitosanitarios, de calidad o de otro tipo, según lo previsto en el  ANEXO de la Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y a los recintos aduaneros habilitados para su realización.

Todos los actores económicos que realicen operaciones aduaneras deberán de identificarse con el número de registro e identificación (EORI), válido en toda la Unión Europea.

Por último, habrá que determinar si los bienes con los que se comercializa están sujetos algún tipo certificado o autorización que requiera tramitación adicional previa a la importación/exportación.

En relación con el IVA, la Agencia Tributaria prevé que los envíos hacia el Reino Unido estarán exentos como exportaciones. La declaración aduanera de exportación, en este caso, se constituirá como un medio de prueba para justificar dicha exención. Si el empresario español efectuara entregas de bienes a particulares ingleses no será de aplicación el régimen de ventas a distancia.

No obstante, las importaciones del Reino Unido estarán sujetas al pago del IVA a la importación. Es decir, que la entrada de mercancías en el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) procedentes de Reino Unido, implicará liquidación del IVA en el momento de la importación por la aduana, salvo que la empresa opte por el pago del IVA diferido, cuando la deuda en concepto de impuesto a la importación se ingrese en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se obtenga el documento en el que figure la liquidación practicada por la Administración. Para acogerse a esta última forma de pago será necesario presentar el IVA mensualmente. Si el período de declaración fuera trimestral Hacienda permitirá que se cambie a mensual por medio de la inscripción en el Registro de devolución mensual (REDEME). Bajo estas circunstancias, los operadores económicos estarán obligados al suministro inmediato de información (SII).

La liquidación del IVA a la importación se realizará a través de la declaración de aduana y su ingreso deberá realizarse en los plazos correspondientes. La base imponible de este impuesto será el valor en aduana, al que se le añadirá los siguientes conceptos en cuanto no estén comprendidos en el mismo:

  • Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen con motivo de la importación, salvo el IVA.
  • Los gastos accesorios, como las comisiones y los gastos de embalaje, transporte y seguro que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes en el interior de la Comunidad.

Ahora bien, cuando las operaciones gravadas por IVA fuera la prestación de servicios, se aplicarán las reglas de localización previstas en los artículos 69 y 70 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), teniendo en cuenta que el Reino Unido deja de pertenecer a la Unión Europea y en particular, la regla de uso efectivo recogida en el artículo 70.Dos LIVA, de tal forma que estarán sujetos al IVA español los servicios enumerados en dicho artículo cuando se localicen en Reino Unido pero su utilización o explotación efectiva se realice en el territorio de aplicación del IVA español.

A su vez, como las operaciones realizadas entre España y Reino Unido dejan de calificarse como intracomunitarias no deberán informarse a través de la declaración recapitulativa modelo 349. Las empresas españolas que realicen operaciones con Reino Unido tampoco tendrán la obligación de identificarse mediante NIF-IVA.

Para los empresarios establecidos en Reino Unido que:

  • Realicen operaciones sujetas al IVA en Península y Baleares, deberán nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la LIVA, excepto que se aprueben con Reino Unido instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la Comunidad.
  • Apliquen el régimen de Mini One-Stop Shop (MOSS) para las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y electrónicos a particulares residentes en la Unión Europea, deberán cambiar su identificación MOSS y registrarse en un Estado miembro en el régimen de no establecidos en la Unión. En este caso, los empresarios deberán incluir en las declaraciones de IVA MOSS para el primer trimestre de 2019 los servicios prestados en el Reino Unido hasta la fecha de salida, aunque deban presentar esas declaraciones después de la citada fecha.
  • Adquieran mercancías y servicios en el territorio de aplicación del IVA español (Península y Baleares) y deseen solicitar la devolución del IVA soportado, ya no podrán presentar su solicitud por vía electrónica, de conformidad con la Directiva 2008/9/CE del Consejo, y tendrán que hacerlo con arreglo a la Directiva 86/560/CEE del Consejo. Para ello, será necesario que el solicitante nombre un representante residente en el territorio de aplicación del IVA español y que exista reciprocidad de trato en Reino Unido respecto a las empresas españolas, salvo que se trate de:
  • Plantillas, moldes y equipos adquiridos o importados para ser utilizados en la fabricación de bienes que fueran exportados con destino al empresario o profesional no establecido.
  • Servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte vinculados con la asistencia a ferias, congresos y exposiciones de carácter comercial o  profesional que se celebren en el territorio de aplicación del Impuesto (Península e Islas Baleares).
  • Bienes y servicios destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos por empresarios que apliquen la MOSS.

Zuley Fernández Caballero

Profesora Asociada de Derecho Tributario y Financiero

Universidad Autónoma de Barcelona

El Parlamento Británico rechaza el Withdrawal Agreement

El Parlamento británico rechazó el Acuerdo de Salida que Theresa May había consensuado con la Unión Europea. La votación no deja lugar a dudas: 202 votos a favor frente a 432 en contra. Tras perder la votación, la Primera Ministra británica hizo una declaración que puede leerse aquí. El 21 de enero debe presentar una nueva propuesta.

Brexit y fútbol

1. La salida del Reino Unido de la Unión Europea va a afectar a la inmensa mayoría de los aspectos de nuestra vida; también a algo tan banal (pero tan importante económicamente) como el fútbol. La razón es que dejará de aplicarse el principio de libre circulación de trabajadores. Como declaró el Tribunal de Justicia en la famosa sentencia Bosman, de la que me ocupé en otra entrada (aquí), los futbolistas se benefician de este principio dada su condición de trabajadores. De ese modo, cualquier nacional de un Estado miembro puede jugar en las competiciones de otro Estado miembro en igualdad de condiciones que sus nacionales; es decir, sin ocupar plaza de extranjero. Piensen, por ejemplo, en el jugador del Real Madrid, Gareth Bale; o en el portero español del Chelsea, Kepa Arrizabalaga.

2. Pues bien, si se produce un Brexit sin acuerdo, el Reino Unido se convierte en tercer Estado para los demás países que continúan siendo miembros de la Unión Europea. Eso significa que los jugadores británicos dejarán de ser equiparados a los nacionales de los 27; es decir, pasarán a tener la consideración de extracomunitarios. Se genera así un quebradero de cabeza tanto para los clubs europeos como para los propios futbolistas, pues el número de jugadores extracomunitarios está limitado. Para explicarlo, tomo como ejemplo el ordenamiento español.

Las normas reguladoras de las competiciones de ámbito estatal de la Real Federación Española de Fútbol regulan la cuestión. La Disposición General Tercera establece que los clubs de primera y segunda división tienen limitado el número de licencias federativas de sus primeros equipos. Sólo veinticinco jugadores pueden tener ficha, como suele decirse. De ellos, sólo tres pueden ser extracomunitarios; los demás deberán ser españoles o nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea.

“En la primera de dichas categorías [clubs de Primera y Segunda División] podrán inscribirse, formando parte de la referida plantilla, hasta tres jugadores extranjeros no comunitarios y, en la segunda, hasta dos; pudiendo, en ambos casos, alinearse simultáneamente.”

Así las cosas, un equipo como el FC Barcelona que cuenta en su primer equipo con tres extracomunitarios se lo pensará dos veces a la hora de fichar un jugador británico (por ejemplo, Harry Kane), si no se aprueba el acuerdo de salida. La razón es que debería dejar sin ficha a uno de los extranjeros que ya tiene contratados. Y lo mismo sucederá a un club que tenga tres extracomunitarios y uno o más británicos en sus filas. Los futbolistas británicos harán bien en estar preocupados, pues su atractivo deportivo se reduce para los clubs de los países miembros de la Unión Europea.

Evidentemente, existen siempre subterfugios para intentar burlar la letra de la ley y conseguir que un jugador “extranjero” no ocupe la plaza de extracomunitario. La típica es obtener la nacionalidad de un Estado miembro. Por seguir con los ejemplos, Philippe Coutinho ha obtenido la nacionalidad portuguesa, por lo que no ocupa plaza de extracomunitario en el Barça. Y un compatriota suyo, Marcelo Vieira da Silva Júnior, jugador del Real Madrid, logró la nacionalidad española en 2011.

3. Como no podía ser de otro modo, el fútbol británico también se resentirá del cambio. Los medios de comunicación se han hecho eco de la preocupación de los clubs ingleses acerca de las dificultades que van a tener para contratar talento y de que probablemente se reducirá el atractivo que tienen a nivel internacional, lo que comportara una depreciación de los ingresos que obtienen por los derechos de televisión. De ahí que la Premier League pida una normativa que facilite la contratación de jugadores no británicos. Ahora bien, la Football Association se posiciona en contra de esa medida. Considera que el Brexit puede ser una buena oportunidad para los futbolistas británicos, y para las selecciones nacionales, puesto que disminuirá la competencia a la que se enfrentan en el Reino Unido. De ahí que no vea con buenos ojos la propuesta de la Premier League. Será, pues, difícil que alcancen un acuerdo y hagan una propuesta conjunta sobre el escenario post-brexit como les ha pedido el Gobierno.

Para valorar adecuadamente la coyuntura es necesario exponer, aunque sea de forma sumaria, el régimen de alineación de jugadores en los equipos de la Premier League. La normativa inglesa exige que al menos ocho de los veinticinco futbolistas que pueden tener ficha sean  jugadores “homegrown”; es decir, deben haber pasado al menos tres años en un club inglés o galés entre los 16 y los 21 años. De ahí que sea tan importante para los clubs de la Premier fichar jugadores jóvenes (recuerden los casos de Cesc Fabregas o de Héctor Bellerín). El artículo 19 del Reglamento de la FIFA establece que sólo se podrá contratar jugadores de otro país a partir de los 18 años. Con todo, contempla tres excepciones, una de las cuales se aplica a los intercambios dentro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Esencialmente rebaja la edad a los 16 años, a condición de que los clubs cumplan determinadas obligaciones.

“b) The transfer takes place within the territory of the European Union (EU) or European Economic Area (EEA) and the player is aged between 16 and 18. In this case, the new club must fulfil the following minimum obligations:

i. It shall provide the player with an adequate football education and/or training in line with the highest national standards.

ii. It shall guarantee the player an academic and/or school and/or vocational education and/or training, in addition to his football education and/or training, which will allow the player to pursue a career other than football should he cease playing professional football.

iii. It shall make all necessary arrangements to ensure that the player is looked after in the best possible way (optimum living standards with a host family or in club accommodation, appointment of a mentor at the club, etc.).

iv. It shall, on registration of such a player, provide the relevant association with proof that it is complying with the aforementioned obligations.”

Los futbolistas extracomunitarios que no se hayan “criado” en Inglaterra o Gales (homegrown) necesitan un permiso de trabajo. Para conseguirlo existe un sistema basado en puntos que busca captar talento. Esencialmente se compone de dos requisitos. El primero es obtener la autorización (Governing Body Endorsement) de la Football Association. El segundo, haber jugado un número de partidos durante dos años en una competición oficial. El número de partidos varía en función del país. Y éstos están agrupados en función de ránquines mundiales de la FIFA. La conclusión es que no es fácil obtener el permiso para jugar a fútbol en Inglaterra como extranjero. Un periodista explicaba (aquí) que algunos futbolistas que habían obtenido el galardón de PFA player of the year no hubieran podido jugar en la Premier de no ser por el principio de la libre circulación de trabajadores.

El Brexit terminará con la libre circulación de futbolistas comunitarios (para el Reino Unido) y con la excepción prevista en el art. 19.b) del Reglamento FIFA, salvo que el Reino Unido pase a formar parte del Espacio Económico Europeo. Por lo tanto, los clubs británicos sólo podrán contratar jugadores extranjeros mayores de 18 años, lo que dificultará su calificación como “homegrown” y formar parte de los ocho que como mínimo deben configurar cualquier primer equipo de la Premier. En otras palabras, tendrán mayor dificultad para captar talento joven. Igualmente, los futbolistas europeos (rectius, nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea) tendrán más impedimentos para jugar en Inglaterra, pues deberán obtener un permiso de trabajo. Aunque no creemos que vaya a afectar a las grandes figuras, este requisito puede constituir un desincentivo para el resto de jugadores, por lo que podrán preferir otras ligas europeas, como la española, la italiana, la alemana o la francesa.

4. Surge la pregunta si el Acuerdo de Salida solucionaría los problemas que el Brexit genera en esta materia. A mi modesto entender sí, aunque existen dudas. Sí proporciona una solución para los clubs de los Estados miembros de la Unión Europea y para los futbolistas británicos que quieran jugar en ellos, pues mantiene el principio de libre circulación. El Título II (Rights and Obligations) de la Parte Segunda (Citizens’ rights) reconoce los derechos de residencia, de entrada y salida y de trabajo, entre otros, tanto para los nacionales europeos que residan en el Reino Unido como para los británicos que lo hagan en un Estado miembro. En particular, el art. 24 les reconoce el derecho a trabajar y prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad.

Ahora bien, tengo dudas de que los equipos de la Premier puedan beneficiarse de la excepción prevista en el art. 19 del Reglamento de la FIFA a la que me he referido; es decir, de que pueda contratar jugadores extranjeros menores de 18 años. La razón es que esa norma se refiere a contratos que tienen lugar dentro del territorio de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Es cierto que el Acuerdo de Salida establece el principio de libre circulación de personas y trabajadores entre el Reino Unido y los Estados Miembros de la Unión Europea; pero el primero no forma parte del territorio comunitario ni del Espacio Económico Europeo. Y el apartado 2.b) constituye una excepción, por lo que su aplicación debería ser restrictiva.

Carlos Górriz López

Las claves del Brexit

En el medio digital “Ataraxia” se publicaba hace unos días un artículo de Rafael Arenas sobre el acuerdo de salida del RU. Se reproduce a continuación.

En los días transcurridos desde la publicación del acuerdo hemos asistido a varias novedades. Por una parte, parece que se retrasa la votación del acuerdo en el Reino Unido y se pide la introducción de matices en el acuerdo alcanzado. Veremos en los próximos días si Theresa May es capaz de reabrir las negociaciones.

Por otra parte, en el artículo se indica que el RU no podía retirar unilateralmente la notificación de salida. El día 10 de diciembre de 2018 el Tribunal de Luxemburgo dictaba una sentencia en la que afirmaba que sí que existía este derecho a la retirada unilateral de la notificación. Esto implica que hasta el día 29 de marzo de 2019 el Reino Unido aún dispondría de la posibilidad de dar marcha atrás en su salida.

EL PROCESO DE BREXIT Y LA IMPOSICIÓN DIRECTA

Casi como en una canción infantil estos días nos preguntamos dónde esta Reino Unido en relación con la Unión Europea ¿se ha ido, se está yendo, o se fue? La aprobación, o no, del acuerdo de salida actualmente en tramitación origina un fenómeno de inseguridad que, en términos jurídicos -y no digamos económicos y laborales-, no es bueno.

El Brexit es un proceso político y jurídico que conlleva importantes consecuencias tributarias. Consecuencias que no se limitan al ámbito de la tributación indirecta objeto de armonización por la Unión Europea, pues afecta también a la imposición directa, a los tributos que gravan la renta y el patrimonio. Tal aseveración parte de reconocer que la pertenencia a la Unión Europea conlleva un proceso de armonización negativa en la medida que la afirmación de las libertades comunitarias, la no discriminación, y la prohibición de ayudas de Estado, afectan y condicionan la imposición directa de los Estados. Esta afectación origina una limitación al poder tributario de los Estado miembros en relación con la imposición directa,no armonizada, pero si condicionada en su régimen por tales reglas o principios, ampliamente desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ahora bien, tal repercusión negativa se traduce positivamente en normas, en regulaciones nacionales, que contemplan como presupuesto de su aplicación la pertenencia o no a la Unión Europea. Y los ejemplos de tales regímenes son múltiples, valga tener en cuenta algunos del ordenamiento español.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cabe citar: la aplicación de la exención de reinversión de viviendas del art. 38 LIRPF en relación con la D.A. 7º que considera aplicable a los residentes en un Estado de la Unión Europea, el tratamiento de las rentas en caso de que el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia según el art. 14.3 del LIPRF, la aplicabilidad del régimen de transparencia fiscal art. 91.15 del LIPRF, de las instituciones de inversión colectiva, art. 94.2 del LIPRF, el régimen de las ganancias patrimoniales por cambio de residencia en el art. 95.6 bis del LIPRF o las deducciones familiares a residentes de Estados miembros de la DA 48 del LIPRF, por citar algunos casos.

También en el ámbito del Impuesto de la Renta de los no Residentes: la consideración de rentas exentas del art. 14.1, c), h), j) o el tipo impositivo previsto para los residentes en un Estado miembro art. 25.1, a). En este sentido el tratamiento de las rentas de trabajo si se es residente en Estado miembro -art. 46.1.- permite optar por el régimen tributario aplicable.

El tratamiento del no residente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en donde se garantiza -a raíz de la Sentencia del TJUE 127/1216 de 2014- el mismo trato que los residentes en otros Estados miembros -DA2º de la LI S y D-, pero no así respecto de terceros Estados.

En el Impuesto sobre el Patrimonio de acuerdo con la DA 4º se prevé el tratamiento singular de los residentes en Estado miembro y para el resto, implícitamente, remite al eventual convenio de doble imposición.

La fiscalidad directa al no ser una materia armonizada constituye una competencia fiscal delos Estados miembros. Si bien su regulación ha de respetar las libertades comunitarias y la no discriminación en relación con los residentes en la Unión, pero no en relación con los no residentes en un Estado miembro. La condición deEstado miembro deviene así un elemento básico que los operadores tributarios necesitan conocer con claridad y seguridad para aplicar la norma tributaria. Y, obsérvese detenidamente, sobre la que los Estados miembros pueden decidir sin tener en cuenta la armonización tributaria comunitaria.

La cuestión sobre cuando Reino Unido deja de ser Estado miembro ha sido especialmente tenida en cuenta tanto en el procedimiento de salida previsto en el Tratado de la Unión como en el acuerdo de salida actualmente en tramitación.

En relación con el procedimiento de salida el art. 50 del TU prevé una mención imperativa y taxativa que concreta cuando deja de aplicarse el Tratado y se considera Estado no miembro. Ahora bien, para evitar las rigideces que pudieran tener lugar establece dos criterios; uno prioritario, basado en el acuerdo de las partes sobre la retirada, y otro subsidiario, en donde el transcurso de un lapso temporal resulta determinante: el transcurso de dos años desde la notificación .

En el criterio prioritario el acuerdo de retirada suscrito se conecta con el subsidiario para establecer el marco temporal de su celebración. Es un acuerdo que ha de tener lugar antes de los dos años indicados y exige que sea de conformidad a lo dispuesto en el art. 218.3 del TFUE. En definitiva, no basta con cualquier pactoes preciso que cumpla las condiciones allí previstas. En el criterio subsidiario al anterior, de carácter temporal y automático, comporta que transcurridos dos años desde la notificación los Tratados dejaran de ser aplicados. Nuevamente la rigidez de tal medida se salva mediante el acuerdo, pues es posible prorrogar la vigencia de los Tratados. Eso si, es preciso el acuerdo por unanimidad del Consejo con dicho Estado.

Como puede apreciarse son criterios consecutivos que intentan cohonestar la seguridad jurídica que requiere la nueva situación con las posibilidades de encontrar soluciones paccionadas, siempre mejores que las automáticas y/o unilaterales.

Reino Unido comunicó el 29 de marzo de 2017 su decisión de abandonar la Unión, de ahí que a los dos años se consuma el automatismo -30 de marzo de 2019- si no existe acuerdo de salida previo. En la actualidad se proyecta un acuerdo de salida en el que se dispone que comenzará a aplicarse el 30 de marzo de 2019 -art. 185-. Coincide así el tiempo máximo del criterio subsidiario con la entrada en vigor de dicho pacto. Ahora bien, si dicho acuerdo llega a ratificarse, aspecto notan evidente, existiría un periodo transitorio que comenzaría el 30 de marzo de2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, con la posibilidad de su extensión de acuerdo con el art. 132.

Sobre tal estado de cosas el acuerdo de salida determina, en caso de su aprobación, la existencia de un periodo de transición y una eventual prorroga que lleva a interrogarnos sobre la cuestión básica de qué sucede en tal periodo ¿se considera a ReinoUnido Estado miembro o se trata de un tercer Estado?

Para tal periodo transitorio se afirma la regla general de que el Derecho de la Unión será aplicable en elReino Unido. Pero, es más, se indica específicamente en el párrafo 6 del art. 127 que “[…] Salvo que se disponga lo contrario en el presente Acuerdo, durante el período de transición, cualquier referencia a los Estados miembros en la legislación de la Unión aplicable de conformidad con el párrafo 1, incluidas las implementadas y aplicadas por los Estados miembros, se entenderá que incluye al Reino Unido.” Tal regulación lleva por tanto a afirmar que ReinoUnido en el periodo de transición se considera Estado miembro. Pero ¿y si no se suscribe el acuerdo de salida?

Si transcurre el periodo de dos años previsto en el art. 50 del TU Reino Unido será Estado no miembro conllevando, a efectos de imposición directa, la aplicación de las normas nacionales previstas para tales Estados. En este aspecto, y esta resulta la finalidad principal de estas líneas, cada Estado tiene mucho que decir pues nos encontramos ante normas tributarias -las relativas a la imposición directa- no armonizadas por la Unión Europea. O si se prefiere desde otro punto de vista, son normas sobre las que se ha llevada a cabo una armonización negativa intracomunitaria que no afecta a los Estado no comunitarios.

Miguel Ángel Sánchez Huete

Profesor de Derecho Financiero y Tributario

Manresa, 6 de diciembre de 2018

LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL ACUERDO DE SALIDA

Reflexionar sobre los problemas jurídicos que ocasionará la salida del Reino Unido de la Unión Europea genera una sensación de vértigo. Son incontables las dudas que se suscitan, los trámites burocráticos que habrá que realizar y los costes que tanto el Reino Unido como los Estados miembros deberán afrontar. Entre los temas conflictivos se hallan muchos relacionados con la propiedad intelectual y, sobre todo, industrial, puesto que existe una gran armonización normativa en la Unión. A pesar de que la European Union Withdrawal Act 2018 haya incorporado al ordenamiento británico las normas comunitarias existentes, es significativo que el Reino Unido haya preparado un borrador de proyecto de Ley para abordar (algunas de) las cuestiones que se suscitarán (The Intellectual Property (Copyright and Related Rights) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018).

El llamado Acuerdo de Salida (Withdrawal Agreement, que puede consultarse aquí) dedica alguna de sus previsiones a la propiedad intelectual, en sentido amplio; en particular, los artículos 54 a 61. Conforman el Título IV de su Parte Tercera (Separate provisions). El Gobierno británico explica que la finalidad de esta “Parte” es garantizar la desconexión ordenada respecto de procesos, transacciones y acuerdos que estén en curso al finalizar el periodo transitorio (apartado 34 del documento EU Exit. Legal position on the Withdrawal Agreement, diciembre 2018, accesible aquí). A nuestro modesto entender, la finalidad es mantener el statu quo existente, al menos por lo que a la propiedad intelectual e industrial se refiere. En otras palabras, garantizar que los titulares de determinados derechos de exclusiva puedan conservar las facultades que detentan en la actualidad cuando finalice el periodo transitorio (o sea, el 31 de diciembre de 2020, según el art. 126 del Acuerdo). Así se deduce de la lectura de los preceptos implicados y de la declaración de la Oficina de la PropiedadIntelectual del Reino Unido. En un comunicado publicado el 2 de agosto de 2016y actualizado por última vez el 26 de octubre de 2018 (disponible aquí), declara que la voluntad del Gobierno Británico es continuar protegiendo todos las marcas y diseños comunitarios, tanto registrados como no registrados,existentes tras abandonar la Unión Europea. Se compromete a crear más de un millón y medio de derechos británicos comparables, que serán otorgados de forma automática y libres de costes.

Los aspectos regulados por los artículos 54 a 61 pueden agruparse en cuatro temas. El primero es la atribución a los titulares de determinados derechos unionistas de un derecho comparable y ejecutable en el Reino Unido,conforme a su legislación. El art. 54 se refiere a los siguientes: la marca comunitaria, el diseño comunitario registrado, las obtenciones vegetales, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las especialidades tradicionales garantizadas conforme a los Reglamentos 1151/2012, 1308/2013, 110/2008 y 251/2014. Así pues, por ejemplo, el titular de una marca comunitaria pasará a ser titular también de un marca británica análoga. El art. 56 establece una norma similar para los titulares de marcas o diseños internacionales registrados en la Unión conforme a los Sistema de Madrid y de La Haya, respectivamente. El Reino Unido deberá tomar las medidas necesarias para que sus titulares disfruten de una protección similar en su territorio.

Interesa destacar que la atribución de estos derechos no comportará gasto alguno para los titulares de la creaciones industriales referidas en el art. 54.1 y .2. Así lo dispone el artículo 55. Ordena a las autoridades británicas proceder a la creación o registro de los derechos “free of charge”, a partir de los datos disponibles en los registros de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de la Oficina Comunitaria deVariedades Vegetales y de la Comisión Europea. Y el apartado segundo subraya que no puede exigirse presentar solicitud alguna, entablar un procedimiento administrativo o tener un domicilio o una dirección en el Reino Unido dentro de los tres años siguientes a la terminación del periodo transitorio. Surge la duda acerca de si estas normas también se aplican a las marcas y diseños comunitarios registrados en la Unión Europea conforme a los Sistemas de Madrid y de La Haya. La respuesta parece negativa, tanto por la letra del art. 55 como por la sistemática del Título IV. Es decir, sí se les podría exigir que asumieran los costes o que iniciaran un procedimiento.

El hecho de que la creación industrial en cuestión (por ejemplo, una marca comunitaria) no haya sido utilizada en el Reino Unido no empece para que exista la obligación de crear un derecho análogo en el Reino Unido, ni faculta para revocarlo. Así lo dispone la letra b) del apartado 5.º del art. 54: “the trade mark shall not be liable to revocation on the ground that the corresponding European Union trade mark had not been put into genuine use in the territory of the United Kingdom before the end of the transition period”. Por otra parte, los titulares de marcas comunitarias renombradas podrán prohibir el uso o el registro de signos idénticos o similares de acuerdo a los arts. 9.2.c) Reglamento 2017/1001 y del 5.3.a) de la Directiva 2015/2436.

El artículo 54 también regula la renovación de los derechos británicos reconocidos. A esos efectos dispone que la fecha de renovación será la misma que exista conforme al ordenamiento europeo. Y lo mismo sucede respecto de la duración total de los diseños registrados y de las obtenciones vegetales. Algo parecido ocurre también respecto de la antigüedad: se respeta la fecha del registro inicial a los efectos de los arts. 39 y 40 del Reglamento 2017/1001.

Existen dos excepciones respecto de la atribución de un derecho de exclusiva británico. La primera es que no existe la obligación de crear una figura británica análoga respecto de los derechos cuya tutela deriva de un acuerdo internacional del que es parte la Unión Europea. Y segunda, el Reino Unido no tiene obligación de reconocer el derecho análogo referido cuando su referente “comunitario” sea anulado, revocado o declarado inválido a consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo que estaba tramitándose el último día del periodo transitorio. Cabe entender que si el derecho británico ya ha sido creado, el Reino Unido podrá invalidarlo o privarlo de eficacia.

En segundo término, se ha acordado otorgar una protección similar a los diseños industriales comunitarios no registrados y a las bases de datos. En cuanto a los primeros, el art. 57 dispone que el Reino Unido debe atribuir a sus titulares un derecho de propiedad industrial con un nivel de protección similar. Su duración será la misma que la remanente en la Unión conforme al art. 11.1 del Reglamento 6/2002. Igualmente,el titular de un derecho sobre una base de datos que estuviera protegido en el Reino Unido conforme al art. 7 de la Directiva 96/9 antes de la finalización del periodo de transición, tendrá derecho a un derecho de propiedad industrial en ese país, que le proporcione una tutela jurídica similar. Eso sí, se le exige que siga cumpliendo los requisitos previstos en el art. 11 de la citada Directiva. De nuevo, la duración será, al menos, la misma que la restante en la Unión Europea.

Tercero, el Acuerdo de Salida también se ocupa de las solicitudes de derechos de exclusiva presentadas y no resueltas antes de la finalización del periodo transitorio. Dedica los arts. 59 y 60 a esta cuestión. El primero se refiere a las marcas y diseños comunitarios así como a las obtenciones vegetales. La idea es permitir que los solicitantes puedan obtener el derecho de exclusiva correspondiente en el Reino Unido. Para ello deberán presentar una solicitud a esos efectos dentro de los nueve meses siguientes a la finalización del periodo transitorio. El Reino Unido respetará la fecha de la solicitud en la Unión Europea, la prioridad y, en su caso, la antigüedad. El artículo 60 tiene por objeto los certificados complementarios de protección para medicamentos y productos fitosanitarios. Ordena aplicar los Reglamentos 1610/96 y 469/2009 a las solicitudes presentadas a una autoridad del Reino Unido antes de la finalización del periodo transitorio.

El último extremo contemplado es el agotamiento de los derechos de exclusiva. Como es bien sabido, la Unión Europea ha optado por el agotamiento comunitario (rectius, en el Espacio Económico Europeo). Dado que el Reino Unido se convertirá en un tercer Estado, el tema tiene enjundia. De ahí que se le haya dedicado el art. 61. Dispone que los derechos agotados tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido antes de la terminación del periodo transitorio continuarán estando agotados en ambos.

Cabe comentar que el Acuerdo de Salida carece de referencias a las patentes. Esa omisión no debe sorprender. La razón es que, según el Gobierno británico, los instrumentos europeos relevantes han sido creados por convenios internacionales de los que es parte el Reino Unido. De un lado, el Sistema Europeo de Patentes no está regulado por una norma europea sino por el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973. En cuanto a la patente unitaria, el Tribunal Unificado de Patentes fue creado por un Acuerdo firmado en Bruselas el 19 de febrero de 2013. Ha sido ratificado por el Reino Unido el 26 de abril de 2018. El Gabinete de Theresa May considera que la salida de la Unión Europea no afectará a ninguna de estas normas y que el Estado que gobierna podrá continuar permaneciendo a ambas. Con todo, cabe recordar que el Tribunal de Justicia es competente para conocer de los recursos contra las decisiones del Tribunal Unificado de Patentes, lo que no parece compatible con la voluntad de los británicos de sustraerse a las injerencias judiciales europeas.

Algo parecido sucede con los derechos de autor. Como el Reino Unido es miembro de numerosos convenios y acuerdos internacionales, el Gobierno británico afirma que la mayor parte de las obras continuarán estando protegidas en la mayor parte del mundo tras la salida de la Unión Europea. No obstante, reconoce que algunos mecanismos transfronterizos dejarán de funcionar como sería deseable. Véase el comunicado sobre la propiedad intelectual y el Brexit al que nos hemos referido antes (aquí).

Carlos Górriz López

INADMISIBILIDAD DEL RECURSO CONTRA LA DECISIÓN DEL CONSEJO QUE AUTORIZA LA APERTURA DE NEGOCIACIONES

El Tribunal General ha inadmitido un recurso de anulación contra laDecisión del Consejo de la Unión Europea por la que autoriza a la Comisión a abrir negociaciones con el Reino Unido a efectos de celebrar el Acuerdo de su retirada de la Unión y del Euratom. Se trata de la sentencia de 26 de noviembre de 2018 (T-458/17), Harry Shindler contraConsejo de la Unión Europea, que puede consultarse aquí.

La autoridad judicial europea estima las alegaciones del Consejo de que la Decisión recurrida no es impugnable por una persona física o jurídica y de que los demandantes carecían de legitimación. Empieza recordando que este recurso cabe contra todos los actos adoptados por las instituciones que puedan afectar a los intereses de la parte demandante. Conforme al art. 263 TFUE, la legitimación para interponerlo requiere que la persona en cuestión sea la destinataria del acto impugnado o que, al menos, la afecte directamente. No sucede así. La Decisión impugnada es obligatoria en todos sus elementos y produce efectos jurídicos entre la Unión y los Estados miembros o entre las instituciones de la Unión. Pero no afecta directamente a los demandantes; no modifica la situación jurídica de los nacionales del Reino Unido, aunque residan en alguno de los restantes Estados miembros. Fue el acto de notificación de la primera ministra del Reino Unido de 29 de marzo de 2017,anunciando la intención de su país de salir de la Unión y de la Euratom, el que generó los efectos no deseados por los demandantes. De ahí que la hipotética anulación de la Decisión impugnada no tuviera mayor incidencia para ellos. La corte europea comenta que “…no conllevaría ni la anulación del acto de notificación de la intención de retirarse ni la suspensión del plazo de dos años previsto en el artículo 50 TUE, apartado 3” (párrafo 46).

El Tribunal General añade otros argumentos para desarbolar las alegaciones de los demandantes. Primero, califica la Decisión recurrida como“un acto de trámite”. Aunque  tiene plenos efectos jurídicos entre la Unión y los Estados miembros o las instituciones de la primera, carece de transcendencia per se respecto de los ciudadanos. Segundo, el acto del Consejo recurrido no ratifica o acepta la notificación del Reino Unido; simplemente autoriza a la Comisión para negociar con este Estado y le instruye sobre cómo proceder. La resolución de abandonar la Unión no requiere el consentimiento de esta organización internacional. Tercero, es cierto que la Decisión impugnada no garantiza que los nacionales británicos puedan seguir disfrutando de los derechos que les confiere el ordenamiento europeo. Pero no es ese su cometido:se limita a empoderar a la Comisión y darle instrucciones de cara a la negociación. Por eso, la autoridad judicial concluye que “…es un mero acto de trámite que no prejuzga el contenido del eventual acuerdo definitivo, en particular en lo referente al ámbito de aplicación ratione personae de las eventuales disposiciones relativas a la salvaguarda del estatuto y de los derechos de los ciudadanos del Reino Unido en la Europa delos veintisiete” (párr. 64). Por último, resulta irrelevante para la validez del acto comunitario impugnado que se privase a los demandantes del derecho devoto en el referéndum de 23 de junio de 2016 debido a la “regla de los quince años”. Se trata de una cuestión particular del Reino Unido que no permite prescindir de los requisitos del recurso de anulación de un acto comunitario. Además, la corte europea subraya que la High Courtof Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) desestimó una demanda sobre esa cuestión en una sentencia de 28 de abril de2016. Y en otro fallo de 12 de junio de 2018 también rechazó una petición similar relativa a la conformidad de las negociaciones por parte del Reino Unido con las normas constitucionales.

El Brexit ya está aquí

Robert Goddard ha publicado en su excelente blog  Corporate Law and Governance una detallada entrada en la que nos informa sobre el estado de las cuestiones referidas al Brexit: UK: BREXIT and the UK corporate lawframework (incl. accounting, audit and takeovers)

A falta de un desarrollo más completo, vale la pena destacar el Explanatory Memorandum to the Companies, Limited Liability Partnerships and Partnerships (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2018 del que destaco unas pocas ideas

Some changes are being made to the Companies Act 2006 and supporting secondary legislation because on exit day they will no longer operate effectively and therefore will require technical amendments to make them operable.

Some provisions will not be appropriate in a “no deal” scenario , and the amendments

need to be made to reflect the UK’s position outside of the single market and common framework in the area of company law.

In line with this position the amendments ensure that the UK does not provide preferential treatment to EEA companies or EEA States which would breach the

World Trade Organisation’s Most Favoured Nation rules.

2.7 The changes will ensure that the UK’s company l aw framework can continue to provide a functioning , clear system for companies and affected businesses after exit day.

What will it now do?

2.8 This instrument preserves the company law framework unchanged as far as possible and appropriate, mainly correcting those deficiencies arising from the presence of existing EEA references which cause inoperability and to reflect that the UK is no longer a member state of the EEA and so not part of the common framework in company law.

The amendments cover various processes, functions and requirements as they apply to UK and EEA businesses, including filing requirements with the Companies Registrar (Companies House).

There are also a small number of amendments to address the special treat ment given in the legislation to EEA businesses or businesses with listing on or access to the EEA  regulated markets, as these provisions will no longer be appropriate once the UK leaves the European Union.

2.9 The instrument also revokes legislation that relies on participation in EEA specific processes and systems including the Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 in relation to cross-border mergers and Commission Implementing Regulation (EU) 2015/884 regarding technical requirements for interconnection of registers, as after exit day the UK will no longer be interconnected to BRIS via the European e-Justice portal.