EL PROCESO DE BREXIT Y LA IMPOSICIÓN DIRECTA

Casi como en una canción infantil estos días nos preguntamos dónde esta Reino Unido en relación con la Unión Europea ¿se ha ido, se está yendo, o se fue? La aprobación, o no, del acuerdo de salida actualmente en tramitación origina un fenómeno de inseguridad que, en términos jurídicos -y no digamos económicos y laborales-, no es bueno.

El Brexit es un proceso político y jurídico que conlleva importantes consecuencias tributarias. Consecuencias que no se limitan al ámbito de la tributación indirecta objeto de armonización por la Unión Europea, pues afecta también a la imposición directa, a los tributos que gravan la renta y el patrimonio. Tal aseveración parte de reconocer que la pertenencia a la Unión Europea conlleva un proceso de armonización negativa en la medida que la afirmación de las libertades comunitarias, la no discriminación, y la prohibición de ayudas de Estado, afectan y condicionan la imposición directa de los Estados. Esta afectación origina una limitación al poder tributario de los Estado miembros en relación con la imposición directa,no armonizada, pero si condicionada en su régimen por tales reglas o principios, ampliamente desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ahora bien, tal repercusión negativa se traduce positivamente en normas, en regulaciones nacionales, que contemplan como presupuesto de su aplicación la pertenencia o no a la Unión Europea. Y los ejemplos de tales regímenes son múltiples, valga tener en cuenta algunos del ordenamiento español.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cabe citar: la aplicación de la exención de reinversión de viviendas del art. 38 LIRPF en relación con la D.A. 7º que considera aplicable a los residentes en un Estado de la Unión Europea, el tratamiento de las rentas en caso de que el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia según el art. 14.3 del LIPRF, la aplicabilidad del régimen de transparencia fiscal art. 91.15 del LIPRF, de las instituciones de inversión colectiva, art. 94.2 del LIPRF, el régimen de las ganancias patrimoniales por cambio de residencia en el art. 95.6 bis del LIPRF o las deducciones familiares a residentes de Estados miembros de la DA 48 del LIPRF, por citar algunos casos.

También en el ámbito del Impuesto de la Renta de los no Residentes: la consideración de rentas exentas del art. 14.1, c), h), j) o el tipo impositivo previsto para los residentes en un Estado miembro art. 25.1, a). En este sentido el tratamiento de las rentas de trabajo si se es residente en Estado miembro -art. 46.1.- permite optar por el régimen tributario aplicable.

El tratamiento del no residente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en donde se garantiza -a raíz de la Sentencia del TJUE 127/1216 de 2014- el mismo trato que los residentes en otros Estados miembros -DA2º de la LI S y D-, pero no así respecto de terceros Estados.

En el Impuesto sobre el Patrimonio de acuerdo con la DA 4º se prevé el tratamiento singular de los residentes en Estado miembro y para el resto, implícitamente, remite al eventual convenio de doble imposición.

La fiscalidad directa al no ser una materia armonizada constituye una competencia fiscal delos Estados miembros. Si bien su regulación ha de respetar las libertades comunitarias y la no discriminación en relación con los residentes en la Unión, pero no en relación con los no residentes en un Estado miembro. La condición deEstado miembro deviene así un elemento básico que los operadores tributarios necesitan conocer con claridad y seguridad para aplicar la norma tributaria. Y, obsérvese detenidamente, sobre la que los Estados miembros pueden decidir sin tener en cuenta la armonización tributaria comunitaria.

La cuestión sobre cuando Reino Unido deja de ser Estado miembro ha sido especialmente tenida en cuenta tanto en el procedimiento de salida previsto en el Tratado de la Unión como en el acuerdo de salida actualmente en tramitación.

En relación con el procedimiento de salida el art. 50 del TU prevé una mención imperativa y taxativa que concreta cuando deja de aplicarse el Tratado y se considera Estado no miembro. Ahora bien, para evitar las rigideces que pudieran tener lugar establece dos criterios; uno prioritario, basado en el acuerdo de las partes sobre la retirada, y otro subsidiario, en donde el transcurso de un lapso temporal resulta determinante: el transcurso de dos años desde la notificación .

En el criterio prioritario el acuerdo de retirada suscrito se conecta con el subsidiario para establecer el marco temporal de su celebración. Es un acuerdo que ha de tener lugar antes de los dos años indicados y exige que sea de conformidad a lo dispuesto en el art. 218.3 del TFUE. En definitiva, no basta con cualquier pactoes preciso que cumpla las condiciones allí previstas. En el criterio subsidiario al anterior, de carácter temporal y automático, comporta que transcurridos dos años desde la notificación los Tratados dejaran de ser aplicados. Nuevamente la rigidez de tal medida se salva mediante el acuerdo, pues es posible prorrogar la vigencia de los Tratados. Eso si, es preciso el acuerdo por unanimidad del Consejo con dicho Estado.

Como puede apreciarse son criterios consecutivos que intentan cohonestar la seguridad jurídica que requiere la nueva situación con las posibilidades de encontrar soluciones paccionadas, siempre mejores que las automáticas y/o unilaterales.

Reino Unido comunicó el 29 de marzo de 2017 su decisión de abandonar la Unión, de ahí que a los dos años se consuma el automatismo -30 de marzo de 2019- si no existe acuerdo de salida previo. En la actualidad se proyecta un acuerdo de salida en el que se dispone que comenzará a aplicarse el 30 de marzo de 2019 -art. 185-. Coincide así el tiempo máximo del criterio subsidiario con la entrada en vigor de dicho pacto. Ahora bien, si dicho acuerdo llega a ratificarse, aspecto notan evidente, existiría un periodo transitorio que comenzaría el 30 de marzo de2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, con la posibilidad de su extensión de acuerdo con el art. 132.

Sobre tal estado de cosas el acuerdo de salida determina, en caso de su aprobación, la existencia de un periodo de transición y una eventual prorroga que lleva a interrogarnos sobre la cuestión básica de qué sucede en tal periodo ¿se considera a ReinoUnido Estado miembro o se trata de un tercer Estado?

Para tal periodo transitorio se afirma la regla general de que el Derecho de la Unión será aplicable en elReino Unido. Pero, es más, se indica específicamente en el párrafo 6 del art. 127 que “[…] Salvo que se disponga lo contrario en el presente Acuerdo, durante el período de transición, cualquier referencia a los Estados miembros en la legislación de la Unión aplicable de conformidad con el párrafo 1, incluidas las implementadas y aplicadas por los Estados miembros, se entenderá que incluye al Reino Unido.” Tal regulación lleva por tanto a afirmar que ReinoUnido en el periodo de transición se considera Estado miembro. Pero ¿y si no se suscribe el acuerdo de salida?

Si transcurre el periodo de dos años previsto en el art. 50 del TU Reino Unido será Estado no miembro conllevando, a efectos de imposición directa, la aplicación de las normas nacionales previstas para tales Estados. En este aspecto, y esta resulta la finalidad principal de estas líneas, cada Estado tiene mucho que decir pues nos encontramos ante normas tributarias -las relativas a la imposición directa- no armonizadas por la Unión Europea. O si se prefiere desde otro punto de vista, son normas sobre las que se ha llevada a cabo una armonización negativa intracomunitaria que no afecta a los Estado no comunitarios.

Miguel Ángel Sánchez Huete

Profesor de Derecho Financiero y Tributario

Manresa, 6 de diciembre de 2018

LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL ACUERDO DE SALIDA

Reflexionar sobre los problemas jurídicos que ocasionará la salida del Reino Unido de la Unión Europea genera una sensación de vértigo. Son incontables las dudas que se suscitan, los trámites burocráticos que habrá que realizar y los costes que tanto el Reino Unido como los Estados miembros deberán afrontar. Entre los temas conflictivos se hallan muchos relacionados con la propiedad intelectual y, sobre todo, industrial, puesto que existe una gran armonización normativa en la Unión. A pesar de que la European Union Withdrawal Act 2018 haya incorporado al ordenamiento británico las normas comunitarias existentes, es significativo que el Reino Unido haya preparado un borrador de proyecto de Ley para abordar (algunas de) las cuestiones que se suscitarán (The Intellectual Property (Copyright and Related Rights) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018).

El llamado Acuerdo de Salida (Withdrawal Agreement, que puede consultarse aquí) dedica alguna de sus previsiones a la propiedad intelectual, en sentido amplio; en particular, los artículos 54 a 61. Conforman el Título IV de su Parte Tercera (Separate provisions). El Gobierno británico explica que la finalidad de esta “Parte” es garantizar la desconexión ordenada respecto de procesos, transacciones y acuerdos que estén en curso al finalizar el periodo transitorio (apartado 34 del documento EU Exit. Legal position on the Withdrawal Agreement, diciembre 2018, accesible aquí). A nuestro modesto entender, la finalidad es mantener el statu quo existente, al menos por lo que a la propiedad intelectual e industrial se refiere. En otras palabras, garantizar que los titulares de determinados derechos de exclusiva puedan conservar las facultades que detentan en la actualidad cuando finalice el periodo transitorio (o sea, el 31 de diciembre de 2020, según el art. 126 del Acuerdo). Así se deduce de la lectura de los preceptos implicados y de la declaración de la Oficina de la PropiedadIntelectual del Reino Unido. En un comunicado publicado el 2 de agosto de 2016y actualizado por última vez el 26 de octubre de 2018 (disponible aquí), declara que la voluntad del Gobierno Británico es continuar protegiendo todos las marcas y diseños comunitarios, tanto registrados como no registrados,existentes tras abandonar la Unión Europea. Se compromete a crear más de un millón y medio de derechos británicos comparables, que serán otorgados de forma automática y libres de costes.

Los aspectos regulados por los artículos 54 a 61 pueden agruparse en cuatro temas. El primero es la atribución a los titulares de determinados derechos unionistas de un derecho comparable y ejecutable en el Reino Unido,conforme a su legislación. El art. 54 se refiere a los siguientes: la marca comunitaria, el diseño comunitario registrado, las obtenciones vegetales, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las especialidades tradicionales garantizadas conforme a los Reglamentos 1151/2012, 1308/2013, 110/2008 y 251/2014. Así pues, por ejemplo, el titular de una marca comunitaria pasará a ser titular también de un marca británica análoga. El art. 56 establece una norma similar para los titulares de marcas o diseños internacionales registrados en la Unión conforme a los Sistema de Madrid y de La Haya, respectivamente. El Reino Unido deberá tomar las medidas necesarias para que sus titulares disfruten de una protección similar en su territorio.

Interesa destacar que la atribución de estos derechos no comportará gasto alguno para los titulares de la creaciones industriales referidas en el art. 54.1 y .2. Así lo dispone el artículo 55. Ordena a las autoridades británicas proceder a la creación o registro de los derechos “free of charge”, a partir de los datos disponibles en los registros de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de la Oficina Comunitaria deVariedades Vegetales y de la Comisión Europea. Y el apartado segundo subraya que no puede exigirse presentar solicitud alguna, entablar un procedimiento administrativo o tener un domicilio o una dirección en el Reino Unido dentro de los tres años siguientes a la terminación del periodo transitorio. Surge la duda acerca de si estas normas también se aplican a las marcas y diseños comunitarios registrados en la Unión Europea conforme a los Sistemas de Madrid y de La Haya. La respuesta parece negativa, tanto por la letra del art. 55 como por la sistemática del Título IV. Es decir, sí se les podría exigir que asumieran los costes o que iniciaran un procedimiento.

El hecho de que la creación industrial en cuestión (por ejemplo, una marca comunitaria) no haya sido utilizada en el Reino Unido no empece para que exista la obligación de crear un derecho análogo en el Reino Unido, ni faculta para revocarlo. Así lo dispone la letra b) del apartado 5.º del art. 54: “the trade mark shall not be liable to revocation on the ground that the corresponding European Union trade mark had not been put into genuine use in the territory of the United Kingdom before the end of the transition period”. Por otra parte, los titulares de marcas comunitarias renombradas podrán prohibir el uso o el registro de signos idénticos o similares de acuerdo a los arts. 9.2.c) Reglamento 2017/1001 y del 5.3.a) de la Directiva 2015/2436.

El artículo 54 también regula la renovación de los derechos británicos reconocidos. A esos efectos dispone que la fecha de renovación será la misma que exista conforme al ordenamiento europeo. Y lo mismo sucede respecto de la duración total de los diseños registrados y de las obtenciones vegetales. Algo parecido ocurre también respecto de la antigüedad: se respeta la fecha del registro inicial a los efectos de los arts. 39 y 40 del Reglamento 2017/1001.

Existen dos excepciones respecto de la atribución de un derecho de exclusiva británico. La primera es que no existe la obligación de crear una figura británica análoga respecto de los derechos cuya tutela deriva de un acuerdo internacional del que es parte la Unión Europea. Y segunda, el Reino Unido no tiene obligación de reconocer el derecho análogo referido cuando su referente “comunitario” sea anulado, revocado o declarado inválido a consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo que estaba tramitándose el último día del periodo transitorio. Cabe entender que si el derecho británico ya ha sido creado, el Reino Unido podrá invalidarlo o privarlo de eficacia.

En segundo término, se ha acordado otorgar una protección similar a los diseños industriales comunitarios no registrados y a las bases de datos. En cuanto a los primeros, el art. 57 dispone que el Reino Unido debe atribuir a sus titulares un derecho de propiedad industrial con un nivel de protección similar. Su duración será la misma que la remanente en la Unión conforme al art. 11.1 del Reglamento 6/2002. Igualmente,el titular de un derecho sobre una base de datos que estuviera protegido en el Reino Unido conforme al art. 7 de la Directiva 96/9 antes de la finalización del periodo de transición, tendrá derecho a un derecho de propiedad industrial en ese país, que le proporcione una tutela jurídica similar. Eso sí, se le exige que siga cumpliendo los requisitos previstos en el art. 11 de la citada Directiva. De nuevo, la duración será, al menos, la misma que la restante en la Unión Europea.

Tercero, el Acuerdo de Salida también se ocupa de las solicitudes de derechos de exclusiva presentadas y no resueltas antes de la finalización del periodo transitorio. Dedica los arts. 59 y 60 a esta cuestión. El primero se refiere a las marcas y diseños comunitarios así como a las obtenciones vegetales. La idea es permitir que los solicitantes puedan obtener el derecho de exclusiva correspondiente en el Reino Unido. Para ello deberán presentar una solicitud a esos efectos dentro de los nueve meses siguientes a la finalización del periodo transitorio. El Reino Unido respetará la fecha de la solicitud en la Unión Europea, la prioridad y, en su caso, la antigüedad. El artículo 60 tiene por objeto los certificados complementarios de protección para medicamentos y productos fitosanitarios. Ordena aplicar los Reglamentos 1610/96 y 469/2009 a las solicitudes presentadas a una autoridad del Reino Unido antes de la finalización del periodo transitorio.

El último extremo contemplado es el agotamiento de los derechos de exclusiva. Como es bien sabido, la Unión Europea ha optado por el agotamiento comunitario (rectius, en el Espacio Económico Europeo). Dado que el Reino Unido se convertirá en un tercer Estado, el tema tiene enjundia. De ahí que se le haya dedicado el art. 61. Dispone que los derechos agotados tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido antes de la terminación del periodo transitorio continuarán estando agotados en ambos.

Cabe comentar que el Acuerdo de Salida carece de referencias a las patentes. Esa omisión no debe sorprender. La razón es que, según el Gobierno británico, los instrumentos europeos relevantes han sido creados por convenios internacionales de los que es parte el Reino Unido. De un lado, el Sistema Europeo de Patentes no está regulado por una norma europea sino por el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973. En cuanto a la patente unitaria, el Tribunal Unificado de Patentes fue creado por un Acuerdo firmado en Bruselas el 19 de febrero de 2013. Ha sido ratificado por el Reino Unido el 26 de abril de 2018. El Gabinete de Theresa May considera que la salida de la Unión Europea no afectará a ninguna de estas normas y que el Estado que gobierna podrá continuar permaneciendo a ambas. Con todo, cabe recordar que el Tribunal de Justicia es competente para conocer de los recursos contra las decisiones del Tribunal Unificado de Patentes, lo que no parece compatible con la voluntad de los británicos de sustraerse a las injerencias judiciales europeas.

Algo parecido sucede con los derechos de autor. Como el Reino Unido es miembro de numerosos convenios y acuerdos internacionales, el Gobierno británico afirma que la mayor parte de las obras continuarán estando protegidas en la mayor parte del mundo tras la salida de la Unión Europea. No obstante, reconoce que algunos mecanismos transfronterizos dejarán de funcionar como sería deseable. Véase el comunicado sobre la propiedad intelectual y el Brexit al que nos hemos referido antes (aquí).

Carlos Górriz López

INADMISIBILIDAD DEL RECURSO CONTRA LA DECISIÓN DEL CONSEJO QUE AUTORIZA LA APERTURA DE NEGOCIACIONES

El Tribunal General ha inadmitido un recurso de anulación contra laDecisión del Consejo de la Unión Europea por la que autoriza a la Comisión a abrir negociaciones con el Reino Unido a efectos de celebrar el Acuerdo de su retirada de la Unión y del Euratom. Se trata de la sentencia de 26 de noviembre de 2018 (T-458/17), Harry Shindler contraConsejo de la Unión Europea, que puede consultarse aquí.

La autoridad judicial europea estima las alegaciones del Consejo de que la Decisión recurrida no es impugnable por una persona física o jurídica y de que los demandantes carecían de legitimación. Empieza recordando que este recurso cabe contra todos los actos adoptados por las instituciones que puedan afectar a los intereses de la parte demandante. Conforme al art. 263 TFUE, la legitimación para interponerlo requiere que la persona en cuestión sea la destinataria del acto impugnado o que, al menos, la afecte directamente. No sucede así. La Decisión impugnada es obligatoria en todos sus elementos y produce efectos jurídicos entre la Unión y los Estados miembros o entre las instituciones de la Unión. Pero no afecta directamente a los demandantes; no modifica la situación jurídica de los nacionales del Reino Unido, aunque residan en alguno de los restantes Estados miembros. Fue el acto de notificación de la primera ministra del Reino Unido de 29 de marzo de 2017,anunciando la intención de su país de salir de la Unión y de la Euratom, el que generó los efectos no deseados por los demandantes. De ahí que la hipotética anulación de la Decisión impugnada no tuviera mayor incidencia para ellos. La corte europea comenta que “…no conllevaría ni la anulación del acto de notificación de la intención de retirarse ni la suspensión del plazo de dos años previsto en el artículo 50 TUE, apartado 3” (párrafo 46).

El Tribunal General añade otros argumentos para desarbolar las alegaciones de los demandantes. Primero, califica la Decisión recurrida como“un acto de trámite”. Aunque  tiene plenos efectos jurídicos entre la Unión y los Estados miembros o las instituciones de la primera, carece de transcendencia per se respecto de los ciudadanos. Segundo, el acto del Consejo recurrido no ratifica o acepta la notificación del Reino Unido; simplemente autoriza a la Comisión para negociar con este Estado y le instruye sobre cómo proceder. La resolución de abandonar la Unión no requiere el consentimiento de esta organización internacional. Tercero, es cierto que la Decisión impugnada no garantiza que los nacionales británicos puedan seguir disfrutando de los derechos que les confiere el ordenamiento europeo. Pero no es ese su cometido:se limita a empoderar a la Comisión y darle instrucciones de cara a la negociación. Por eso, la autoridad judicial concluye que “…es un mero acto de trámite que no prejuzga el contenido del eventual acuerdo definitivo, en particular en lo referente al ámbito de aplicación ratione personae de las eventuales disposiciones relativas a la salvaguarda del estatuto y de los derechos de los ciudadanos del Reino Unido en la Europa delos veintisiete” (párr. 64). Por último, resulta irrelevante para la validez del acto comunitario impugnado que se privase a los demandantes del derecho devoto en el referéndum de 23 de junio de 2016 debido a la “regla de los quince años”. Se trata de una cuestión particular del Reino Unido que no permite prescindir de los requisitos del recurso de anulación de un acto comunitario. Además, la corte europea subraya que la High Courtof Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) desestimó una demanda sobre esa cuestión en una sentencia de 28 de abril de2016. Y en otro fallo de 12 de junio de 2018 también rechazó una petición similar relativa a la conformidad de las negociaciones por parte del Reino Unido con las normas constitucionales.

El Brexit ya está aquí

Robert Goddard ha publicado en su excelente blog  Corporate Law and Governance una detallada entrada en la que nos informa sobre el estado de las cuestiones referidas al Brexit: UK: BREXIT and the UK corporate lawframework (incl. accounting, audit and takeovers)

A falta de un desarrollo más completo, vale la pena destacar el Explanatory Memorandum to the Companies, Limited Liability Partnerships and Partnerships (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2018 del que destaco unas pocas ideas

Some changes are being made to the Companies Act 2006 and supporting secondary legislation because on exit day they will no longer operate effectively and therefore will require technical amendments to make them operable.

Some provisions will not be appropriate in a “no deal” scenario , and the amendments

need to be made to reflect the UK’s position outside of the single market and common framework in the area of company law.

In line with this position the amendments ensure that the UK does not provide preferential treatment to EEA companies or EEA States which would breach the

World Trade Organisation’s Most Favoured Nation rules.

2.7 The changes will ensure that the UK’s company l aw framework can continue to provide a functioning , clear system for companies and affected businesses after exit day.

What will it now do?

2.8 This instrument preserves the company law framework unchanged as far as possible and appropriate, mainly correcting those deficiencies arising from the presence of existing EEA references which cause inoperability and to reflect that the UK is no longer a member state of the EEA and so not part of the common framework in company law.

The amendments cover various processes, functions and requirements as they apply to UK and EEA businesses, including filing requirements with the Companies Registrar (Companies House).

There are also a small number of amendments to address the special treat ment given in the legislation to EEA businesses or businesses with listing on or access to the EEA  regulated markets, as these provisions will no longer be appropriate once the UK leaves the European Union.

2.9 The instrument also revokes legislation that relies on participation in EEA specific processes and systems including the Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 in relation to cross-border mergers and Commission Implementing Regulation (EU) 2015/884 regarding technical requirements for interconnection of registers, as after exit day the UK will no longer be interconnected to BRIS via the European e-Justice portal.

La ley española sobre el Brexit

El diario “Expansión” publica una noticia sobre la elaboración de la ley española en relación al Brexit.

De esta forma España se une a otros países europeos que han comenzado a preparar normativa equivalentes para el caso de que el 29 de marzo de 2019 no haya un acuerdo de salida del RU y, por tanto, el día 30 de marzo este país pase a ser un Estado tercero sin ningún régimen transitorio aplicable.

Es importante, sin embargo, tener en cuenta que algunas materias en relación a esta cuestión no pueden ser reguladas por el gobierno español. Por ejemplo, en la noticia se indica que la legislación española podría prever la posibilidad de que los británicos pudiesen entrar en España sin necesidad de visado. Aquí hay que recordar que el régimen de cruce de las fronteras exteriores de la UE es competencia de la Unión, y no de los Estados miembros, por lo que las exigencias de visado serán las que establezca la UE sin que España pueda introducir matices a la regulación europea, al menos en lo que se refiere a los visados para estancias de hasta tres meses.

Cuestión distinta es la regularización de los británicos que ya se encuentren residiendo en España. Aquí una actuación del legislador español no solamente es posible, sino también necesaria. Lo lógico es que los que lleven más de cinco años de residencia puedan acceder a la condición de residentes de larga duración y que aquellos que llevan menos tiempo residiendo sean “reubicados” en la condición que les correspondería en el régimen de extranjería general, no el específico para ciudadanos europeos que es el que ahora se les aplica. Estas medidas requieren adaptaciones legislativas tanto en la Ley como en el Reglamento de Extranjería.

No creo que España tenga margen alguno en lo que se refiere a la entrada de productos británicos en territorio español, ya que el régimen de estos intercambios es competencia europea; pero sí podría tenerlo en lo que se refiere a la prestación de servicios y a la libertad de establecimiento en España de ciudadanos y empresas británicas. No obstante, en este ámbito seguramente sería conveniente algún tipo de actuación concertada entre los diferentes Estados europeos, aunque desconocemos ahora si se está trabajando en esta línea desde las instituciones europeas o en el caso de un Brexit sin acuerdo nos enfrentaremos a una multiplicidad de soluciones unilaterales, tantas como Estados miembros de la UE.

Rafael Arenas García

“Aspettando Brexit”. Seminario en Milán sobre el Brexit. 19 de octubre de 2018

El pasado 19 de octubre se desarrolló en Milán el Seminario “Aspettando Brexit: questioni aperte nel mercato interno e nello spacio di libertà, sicurezza e giustizia”. El Seminario estaba organizado por la Universidad de Milán-Bicocca y contaba con la colaboración del Parlamento Europeo y de la Cámara Británica de Comercio en Italia. El comité científico estaba integrado por la profesora Constanza Honorati, Serena Crespi y Paolo Iannucelli.

El Seminario contó con 20 intervenciones, tanto de profesores de distintas Universidades europeas, como de funcionario de la UE y de otras instituciones e integrantes de la Embajada del Reino Unido en Italia y del Parlamento Europeo. Un plantel variado que ofreció perspectivas diversas sobre lo que puede suceder en los próximos meses cuando se formalice la transformación del RU en un Estado tercero.

La sesión de la mañana estuvo presidida por Antonio Tizzano y tras la introducción de las autoridades académicas intervino Ken O’Flaherty, de la Embajada Británica en Italia, quien presentó la posición del Gobierno británico, resumida en la frase “Dejamos la UE, pero no dejamos Europa”, a la vez que indicaba el deseo del RU de conseguir un acuerdo de cooperación ambicioso con la UE.

Los profesores Jacques Ziller y Carlo Curti Gialdino realizaron una introducción general a las consecuencias del Brexit para la UE y sobre la marcha de las negociaciones en el momento de incerteza en el que nos encontramos. En la intervención del profesor Ziller se señaló que el tiempo fijado para el período transitorio (en principio hasta diciembre de 2020) es insuficiente para concluir un acuerdo tan complejo como se prevé que es el futuro acuerdo de cooperación entre la UE y el RU) y se señaló que la salida del RU haría que el papel del Consejo de Europa y del Tribunal de Estrasburgo fuera más relevante.

A continuación se entró en temas más específicos. Kieran Bradley explicó las funciones que desarrollará el Tribunal de Luxemburgo tras el Brexit, esto es, de qué casos se ocupará en relación a este proceso una vez producida la salida del RU. Destacó en particular la dificultad de encontrar una solución para la resolución de disputas entre el RU y la UE sobre la aplicación del acuerdo de salida. La posibilidad de un Comité Conjunto que pudiera remitir los casos en los que se no se llegara a un acuerdo al Tribunal de Luxemburgo fue puesta sobre la mesa, aunque apuntando también las dificultades que presenta tal propuesta.

Michael Wilderspin se ocupó de los efectos del Brexit para el sistema de asilo europeo y lamentó que en la propuesta de acuerdo de salida no se hubieran introducido previsiones sobre este tema. Chiara Amalfitano, por su parte, se ocupó de la cooperación penal y destacó la necesidad de resolver bien los casos pendientes en el momento de producirse la efectiva salida del RU. En la cooperación penal también incidió Luisa Marin, quien subrayó la necesidad de encontrar instrumentos que pudieran sustituir el actual marco de cooperación en la materia. Por su parte Joahnnes Ungerer realizó diversas propuestas en relación al Derecho internacional privado bastante discutibles -a juicio de quien esto escribe-; entre ellas la de “resucitar” el Convenio de Bruselas entre el RU y los estados miembros de la UE que en su día lo habían ratificado. No puede dejar de señalarse que algunos de los presentes hicieron evidentes gestos de desaprobación ante esta propuesta que plantea, evidentemente, muchos problemas.

La sesión de la tarde estuvo presidida por Fausto Pocar, y en ella intervino un representante de la Cámara Británica de Comercio en Italia, Daniel Shillito, y tras él Giovanni Sabatini, quien planteó las enormes dificultades a las que tendrá que enfrentarse el sector bancario al no poder operar ya las entidades financieras británicas con las autorizaciones europeas. El tema de la incidencia del Brexit en materia de Derecho de competencia fue abordado por Gabriella Muscolo y tras ella intervino Paul Torremans, de la Universidad de Nottingham, quien trató los problemas vinculados a la propiedad intelectual, y entre ellos la continuidad británica en el paquete de la Patente Unificada. Apuntó a los argumentos que podrían defender esta continuidad sin entrar en las dificultades (imposibilidades) para esta continuidad derivadas de la exigencia de que el paquete se limite a los Estados miembros de la UE, lo que resulta de la naturaleza de la regulación (Derecho de la UE). En cualquier caso, el profesor Torremans abogó para que el proyecto de Patente Unificada, tanto con el RU como, si no era posible de otra forma, sin el RU, continuara adelante.

Tras él fue mi turno, para ocuparme del Derecho de sociedades. Destaqué la necesidad de que se arbitraran soluciones para las situaciones transitorias, tanto en lo que se refiere a las formas societarias europeas, como en relación a los procesos de transferencia internacional de sede social y fusiones internacionales no concluidos en el momento de la efectiva salida del RU como respecto a los problemas de reconocimiento de sociedades, determinación de la ley aplicable a las sociedades y problemas vinculados a estos.

Concluyó el Seminario con la presentación de Rufat Babayev sobre el estatus de las personas en busca de empleo en el RU durante el período transitorio y tras éste.

Tras esta presentación Bruno Marasà, del Parlamento Europeo, cerró los trabajos explicando la forma en la que el Parlamento Europeo participa en las negociaciones del Brexit, un fenómeno que comparó con un divorcio con hijos; siendo en este caso los hijos los irlandeses; siendo todos conscientes de la necesidad de encontrar una solución para la isla tras el fin de la pertenencia a la UE del RU.

Si tuviera que resumir el Seminario en una palabra diría que ésta es “incerteza”. Se repitió mucho durante todo el día. Al hilo de cada uno de los problemas presentados se explicaron las dudas existentes sobre el régimen transitorio y futuro, dudas que dañarán la seguridad jurídica y exigirán, probablemente, reiterados pronunciamientos de los tribunales internos y del Tribunal de Luxemburgo.

Más allá de esto se constató la general preocupación y casi diría que desolación por la situación en la que nos encontramos, enfrentados a la pérdida de un socio clave en la UE como es el RU. Además se apreció la voluntad de buscar soluciones que permitieran resolver los problemas abiertos y mantener una estrecha cooperación entre el RU y la UE una vez producida la separación de aquél respecto a ésta.

Creo que ya quedan pocas semanas para que sepamos con certeza si habrá un acuerdo de salida o no. El Seminario ha mostrado gran número de problemas que deberán ser abordados a partir del mes de noviembre, ya no en forma pactada, puesto que muchos de ellos no forman parte del contenido del acuerdo de salida que se está negociando, sino de manera unilateral por parte de la UE y del RU. Un escenario difícil que exigirá dedicar muchos esfuerzos para evitar los mayores daños de una separación que, inevitablemente, será traumática.

Rafael Arenas García

Información sobre el Brexit sin acuerdo

Las negociaciones del Brexit están en un momento complicado. Parece que todo es posible: Brexit duro, Brexit suave, una segunda votación y un Brexit sin acuerdo. A pesar de las perjudiciales consecuencias que la última opción comportaría, representa una opción muy real. Buena prueba de ello es la información preparada por el Gobierno inglés al respecto. En la página web https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal, ha publicado una guía para el caso de que no se alcance un acuerdo. En ella aparece información útil tanto de carácter general como específico para temas muy diversos, desde los programas financiados por la Unión Europea o la Agricultura, hasta los satélites o la propiedad intelectual, sin descuidar el agotamiento de derechos de propiedad industrial Como escribió el economista Santiago Carbó en El País el pasado 24 de septiembre: “Brexit: avisados quedan”.

A SHORT COMMENT ON “THE FUTURE RELATIONSHIP BETWEEN THE UNITED KINGDOM AND THE EUROPEAN UNION”, POLICY PAPER PRESENTED TO PARLIAMENT BY THE PRIME MINISTER BY COMMAND OF HER MAJESTY, JULY 2018 (“CHEQUERS PLAN”)

Dr. Rafael Arenas García

Professor of Private International Law

Universitat Autònoma de Barcelona

1. Withdrawal Agreement and Future Relationship Agreement

Brexit is coming. In accordance with what has been scheduled, next 30 March 2019 the UK will become a third state from the EU’s perspective. As it is broadly known, the negotiations have been developed during the last year and a half between the EU and the UK, following the steps provided by article 50 of the Treaty of the EU. This article establishes that when a Member State notifies the European Council of its intention to withdraw the Union, an agreement setting out the arrangements for the withdrawal will be negotiated between the EU and that State. The agreement must take into account the framework of the future relationship between the EU and the State.

Article 50.2: “A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking into account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be negotiated in accordance with Article 218(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. It shall be concluded on behalf of the Union by the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament”.

A distinction can be drawn between the withdrawal agreement and the agreement regulating the future relationship of the EU with the former Member State. The withdrawal agreement must consider this future framework, but the withdrawal agreement is not sought to include the details of it. Albeit the distinction between the withdrawal agreement and the agreement on the relationship between the UK and the EU after the Brexit was not questioned by the UK, the approach of this country and the EU to these two agreements has differed since the very beginning of the process.

The UK tried to link the negotiation of the withdrawal and of the future relationship between the EU and the UK. The EU, conversely, pointed out that the agreement ruling the relationship of the UK as a non-member State and the EU could only be negotiated after the withdraw of the EU, when the UK will become effectively a third State. That does not mean that it is not possible to consider the future framework of relationships between the EU and the UK during the negotiation of the withdrawal agreement; in fact, as we have just seen, it is compulsory –according to article 50- to consider this framework; but the agreement about the relationship will not be properly negotiated before the moment in which the UK becomes a non-member State.

What has been explained is the point of view of the EU, and as a result, the negotiation process has focused –also from the perspective of the EU- in the withdrawal agreement. Only in March 2018 the European Council approved the guidelines for the negotiation of the framework for the future EU-UK relationship (http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf). Those guidelines are a brief document, which does not descend to the details of the future partnership between the EU and the UK; in fact, it includes only principles that could embrace may different alternative regulations. These guidelines reflex the EU intention: not to initiate a proper negotiation on the future relationship with the UK before the conclusion of the Withdrawal Agreement.

The UK’s approach is quite different. From the beginning the UK tried to link the withdrawal agreement with the agreement on the relationship between the UK and the EU after the Brexit. The Paper we are going to deal with in this comment is a consequence of this British approach: in a moment in which the Withdrawal Agreement has not yet concluded, the UK Government presents a document that advance with a certain degree of detail the main lines of the (wished) future relationship with the EU. Moreover, the Paper links explicitly the two agreements, the withdrawal agreement and the agreement on the future relationship between the EU and the UK. Thus, in point 34.5 of the Paper we can read: “The UK and the EU have been clear that the Withdrawal Agreement and the Future Framework form a package”. This assertion could be discussed. The guidelines adopted by the Council in December 2017 seem adopt a different approach. According with point 6 of those guidelines, an agreement on the future relationship between the UK and the EU can only be finalised once the UK has become a third country. Before that moment the UK and the EU, will only elaborate an understanding incorporated to a political declaration

“The European Council reconfirms its desire to establish a close partnership between the Union and the United Kingdom. While an agreement on a future relationship can only be finalised and concluded once the United Kingdom has become a third country, the Union will be ready to engage in preliminary and preparatory discussions with the aim of identifying an overall understanding of the framework for the future relationship, once additional guidelines have been adopted to this effect. Such and understanding should be elaborated in a political declaration accompanying and referred to in the Withdrawal Agreement”.

So, from the point of view of the EU, at this moment what should be negotiated is the withdrawal agreement, that will guarantee an orderly exit of the UK. Once the UK will become a third State, the negotiation of the agreement on the future partnership could properly begin. Before that moment only the general principles of this partnership should be agreed in the framework of a “political declaration” referred in the withdrawal agreement. That means that there will be no “package”, but an agreement on the withdrawal and a political declaration about the future relationship. That is coherent with the fact that the EU has elaborated a Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom with some degree of detail (130 pages: https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en) but only a seven-pages document on the guidelines for the negotiation of the Agreement on the future relationship (http://www.consilium.europa.eu/media/33458/23-euco-art50-guidelines.pdf). In the other side of the English Channel, instead, the document about the future relationship is more than 100 pages long (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf) and, as we have just seen, the British aim is to link this agreement with the framework of the future relationship.

The different approaches in both sides of the Channel have consequences: it seems that the UK Government is prepared for a Brexit without agreement in the case that there would be no progress in the negotiation of the future relationship agreement. The EU indicates that without the withdrawal agreement there would be no negotiation on the future relationship agreement. If both parties are serious a Brexit without agreement would be the most likely scenario; but, of course, it could be also possible that these attitudes are just part of the game that every negotiation is. We will know it in a few weeks, because if there is no withdrawal agreement in November it would be impossible to conclude the formalities for the entry into force of that agreement before 30 March 2019, and, as we have seen, this day the UK will become a third state.

From the EU point of view the withdrawal agreement must be concluded before entering into the negotiation, and although 80% of the agreement is agreed, there are still some parts of the agreement that must be concluded; and, as we have just seen, the first step in a partnership agreement is the withdrawal agreement. In this sense is clear the Op-ed by Michel Barnier, the European Commission’s Chief Negotiator for the negotiations with the United Kingdom of 2 August 2018 (https://ec.europa.eu/commission/news/ambitious-partnership-uk-after-brexit-2018-aug-02_en). Barnier asks, “How can we achieve a new partnership [with the UK]?” The answer that he himself gives is “First, we need to make sure that the UK’s exit is orderly”, and he adds that 80% of the Withdrawal Agreement is agreed, but “80% is not 100%” and after explaining the issues that are still in dispute continues “Secondly, we need to agree on the terms of the future relationship”.

So, the EU is not very willing to move forward in the negotiation of the partnership agreement before concluding the withdrawal agreement; and perhaps, from the UK’s point of view, some advances in the future relationship agreement could help in the negotiation of the withdrawal agreement. As we have seen, for the UK’s government both documents are “a package” and the plan is to demand the UK’s Parliament a resolution to approve both documents (see point 34.6 of the “Chequers Plan”)

“Once the UK and the EU have reached agreement on the Withdrawal Agreement and the Future Framework under the terms of the European Union (Withdrawal) Act 2018 there will be a debate in both Houses of the UK Parliament. If the House of Commons supports a resolution to approve the Withdrawal Agreement and the future Framework the Government will bring forward the Withdrawal Agreement and Implementation Bill to give the Withdrawal Agreement legal effect in the UK”.

That explains the relevance of the “Chequers Plan”. If there is some possibility that the UK will accept a withdrawal agreement, it is necessary some advance in the Partnership Agreement. The “Chequers Plan” draws the main objectives of the UK in the future relationship with the EU and, as we have just seen, an acceptance of the plan by the EU will help the acceptance by the UK of the withdrawal agreement.

Some days ago, in Salzburg, in an informal summit, British Premier, Theresa May, and the leaders of the EU27 discussed the “Chequers Plan”. As in every negotiation, each party make an offer and the other party accepts in whole, accepts in part or refuses. Some level of tactical manoeuvring is expectable in negotiations, so it is possible that a refusal hides the intention to accept and the attempt to get a better offer. So, we cannot rule out that the almost plain refusal of the plan by the EU27 in Salzburg could change in the near future. Nevertheless, I think that there are too much distance between the “Chequers Plan” and the guidelines of the Council for the negotiation of the Partnership Agreement. Even more, some proposal in the “Chequers Plan” is plainly a mistake. In the next paragraphs we are going to deal with these issues.

2. “Chequers plan” and “cherry picking”

The question is to what extent the “Chequers Plan” is compatible with the guidelines of the European Council adopted in March 2018. The answer is that there are some basic contradictions between both documents.

First, the relationship between the withdrawal agreement and the partnership agreement is not the same from the British perspective and from the EU perspective. We have already dealt with this issue.

Second, when we move forward to the content of the British proposal, we realize that it is based in a “cherry picking” approach. The United Kingdom refuses the freedom of movement of people. See, for example, points 73 and 76 of the “Chequers Plan”:

73. “In future it will be for the UK Government and Parliament to determine the domestic immigration rules that will apply. Free movement of people will end as the UK leaves the EU. The Immigration Bill will bring EU migration under UK law, enabling the UK to set out its future immigration system in domestic legislation”.

76: “Any future mobility arrangements will be consistent with the ending of free movement, respecting the UK’s control of its borders and the Government’s objective to control and reduce net migration (…)”.

This refusal of the free movement of people does not affect –from the British perspective- its will to establish an ambitious partnership with the EU favouring the circulations of goods and the cross-border provision of services. As we are going to see, the UK’s proposal is to establish a free trade area for goods with the EU and the facilitation of the provision of cross-border services through the introduction of “general provision that minimise the introduction of discriminatory and non-discriminatory barriers to establishment, investment and the cross-border provision of services”, the mutual recognition of professional qualifications, arrangements for professional and business services and an arrangement on financial services (see point 49 of the “Chequers Plan”).

This approach does not fit with the guidelines of March 2018. See point 7.2 of these guidelines:

“The European Council recalls that the four freedoms are indivisible and there can be no “cherry picking” through participation in the Single Market based on a sector-by-sector approach, which would undermine the integrity and proper functioning of the Single Market”.

So, I think that it would be not surprising that after the summit in Salzburg, where the “Chequers Plan” was discussed, the President of the Council stated that the framework for economic cooperation included in the UK’s proposal “will not work” because “it risks undermining the Single Market”. See the remarks by President Donald Tusk after the Salzburg informal summit (http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/09/20/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-salzburg-informal-summit/). Maybe this assertion is linked to the evident “cherry picking” that adopts the “Chequers Plan”, where the UK pretends a close partnership in the commerce of goods and services without significant compromises in the free movement of persons.

It is true that in the field of services the UK’s proposal admits that it will be no possible to maintain the current situation in the field of establishment and services, but at the same time the objective is to provide freedom in the market of services in those areas that the UK is more interested in, and an integration of financial services markets. See point 5.2 of the “Chequers Plan”:

“On this basis, the Government’s vision is for an economic partnership that includes:

(…)

· new arrangements on services and digital, providing regulatory freedom where it matters most for the UK’s services-based economy, and so ensuring the UK is best placed to capitalise on the industries of the future in line with the modern Industrial Strategy, while recognising that the UK and the EU will not have current levels of access to each other’s markets;

· new economic and regulatory arrangements for financial services, preserving the mutual benefits of integrated markets and protecting financial stability while respecting the right of the UK and the EU to control access to their own markets-noting that these arrangements will not replicate the EU’s passporting regimes”

3. A “combined customs territory”

If we move forward from services to goods; we find that the British proposal is the establishment of a free trade area for goods with the EU. This area, however, will be compatible with the competence of the UK to stablish its own tariffs and trading policies for goods coming from third countries. The result would be what the “Chequers Plan” calls “a combined customs territory” in which the products coming from third countries and intended to the UK should pay the British tariffs and adjust themselves to the British commercial policies; the products intended to the EU should pay EU tariffs and respect the EU commercial policies. In cases in which the good’s final destination is not the destination declared in the border a repayment could be claimed.

The system proposed by the UK involves some complicate arrangements. For example, the “Chequers Plan” does not propose that the EU applies to goods intended to the UK through the EU borders the UK’s tariffs and trade policy. So mechanisms of cooperation and surveillance must be implemented.

I think that the proposal of the UK goes beyond the aim of the guidelines of the EU of March 2018, where “only” a Free Trade Agreement (FTA) has been considered, that is, an agreement that allows access of goods in conditions of zero tariffs and no quantitative restrictions for products coming from the UK, but taking into account the rules of origin that must be incorporated into the FTA. This is not the “combined customs territory” pretended by the UK. It is certain that the March Guidelines include “customs cooperation”, but this reference apparently does not cover the elimination of the customs control between the UK and the EU. Conversely, the guidelines stress that the integrity of the EU Customs Union must be preserved. So, I think that it is not very likely that the UK’s proposal will be accepted by the EU: a border within the EU and the UK is not easily avoidable.

Of course this border implies problems for Ireland. One of the principles of the negotiation between the EU and the UK is the preservation of the Good Friday Agreement of 1998. This Agreement ended the conflict in Northern Ireland and settled the basis for the development of the border areas between Northern Ireland and the Irish Republic. So, Brexit negotiations should find a solution for the Irish problem, avoiding a hard border in the Island. See point 11 of the European Council (Art. 50) guidelines for Brexit negotiations (29 April 2017):

“The Union has consistently supported the goal of peace and reconciliation enshrined in the Good Friday Agreement in all its parts, and continuing to support and protect the achievements, benefits and commitments of the Peace Process will remain of paramount importance. In view of the unique circumstances of the island of Ireland, flexible and imaginative solutions will be required, including the aim of avoiding a hard border, while respecting the integrity of the Union legal order. In this context, the Union should also recognise existing bilateral agreements and arrangements between the United Kingdom and Ireland which are compatible with EU laws”.

A “combined customs territory” would resolve the Irish problem, but, as we haves just seen, it is doubtful that the EU will accept that proposal; so, other solutions for the Irish border should be explored.

In conclusion, the British proposal goes beyond the limits established by the EU Council in the Guidelines for the negotiation. The proposal does not consider the Single Market as a unit, but intends to build a strong partnership in some areas (goods and services) and at the same time refuses integration in the field of free movement of people. A more adequate balance between the different fields should be necessary.

Apart from this, the proposal about a “combined customs territory” goes also beyond the limits of the negotiation established by the EU Council. To integrate the territories of the UK and the EU in a single area with common borders, but with different tariffs and commercial policies is not only a step forward the will expressed by the EU Council, but also extremely complicated from a practical way.

These are serious problems for the negotiation. The British proposal has not taken into consideration the limits fixed by the guidelines of the European Council; so, it is not surprising the refusal expressed by the European leaders in Salzburg.

4. The patents mistake

There is still another problem: the UK’s proposal includes at least one serious mistake. In point 151 the “Chequers Plan” indicates that the intention of the UK is to stay in the Unitary Patent System after the UK leaves the EU. The Unitary Patent System includes some EU Regulations and one International Agreement on the Unified Patent Court. The system creates a “ Unitary European Patent” for the whole territory of all the Member States participating in the system. It also creates a Unified Patent Court (UPC) with seats in Luxembourg, Paris, London and Munich. To maintain a section of the UPC in London is highly interesting for the UK from many perspectives, so, it is understandable the British interest in participating in the UPC.

151. “The UK has ratified the Unified Patent Court Agreement and intends to explore staying in the Court and unitary patent system after the UK leaves the EU. The Unified Patent Court has a unique structure as an international court that is a dispute forum for the EU’s unitary patent and for European patents, both of which will be administrated by the European Patent Office. The UK bill therefore work with other contracting states to make sure the Unified Patent Court Agreement can continue on a firm legal basis”.

This is really surprising! The “Chequers Plan” refers to the UPC as “an international court”, but the UPC is not an international court. The UPC is part of the judicial system of the Member States participating in the Unitary Patent System, and this is not a purely formal matter. The Court of Justice of the European Union issued an opinion (Opinion 1/09 of 8 March 2011) about the draft agreement on the European and Community Patents Court and the conclusion of the Luxembourg Court was that it was not compatible with the EU law to confer on an international court jurisdiction to interpret and apply EU law. See number 89 of the Opinion:

89. “Consequently, the envisaged agreement, by conferring on an international court which is outside the institutional and judicial framework of the European Union and exclusive jurisdiction to hear a significant number of actions brought by individuals in the field of the Community patent and to interpret and apply European Union law in that field, would deprive courts of Member States of their powers in relation to the interpretation and application of European Union law and the Court of its powers to reply, by preliminary ruling, to questions referred by those courts and, consequently, would alter the essential character of the powers which the Treaties confer on the institutions of the European Union and on the Members States and which are indispensable to the preservation of the very nature of European Union law”.

This was the reason for changing the draft agreement, transforming the international court firs intended into a national court. So, the UPC is not and cannot be an international court. It is and it must be part of the judicial system of the Contracting Member States. See the Agreement on a Unified Patent Court:

“CONSIDERING that the Unified Patent Court should be a court common to the Contracting Member State and thus part of their judicial system, with exclusive competence in respect of European patents with unitary effect and European patents granted under the provisions of the EPC”.

How it was possible that such a serious mistake (to consider the UPC as an international court) could be introduced in a document of the relevance of the “Chequers Plan”?

The Brexit is becoming a serious problem if it implies that the UK’s Government is not able to distinguish between international and domestic courts…

5. As a conclusion

The “Chequers plan” tries to advance the negotiation of the future partnership agreement between the EU and the UK. It is not probable that the EU accepts to conclude such a detailed agreement before the effective withdrawal of the UK and in any case; before entering in the future relationship agreement, the withdrawal agreement must be concluded.

Leaving this aside, the Chequers plan does not fit with the guidelines adopted by the EU Council: the British proposal does not respect the unity of the Single Market and pretends the creation of a combined customs territory that goes beyond the intentions declared by the EU.

Finally, the document incurs in a serious mistake: the UPC is not an international court. It is a national court and it is not possible for third states to participate in it.