Barcelona en España (y II)

 …1.-La visión casi unánime y un punto acaramelada en la nostalgia del éxito olímpico se troca en combate jurídico y político cuando se trata del Eixample. En algún momento  me he acercado en este  cuaderno a la cuestión y he aprovechado estos días para releer a BASSOLS COMA sobre el tema. En síntesis: el proyecto de ensanche de Cerdà fue una imposición del Gobierno de la Nación, que entendía que tenía competencias sobre la cuestión y que apostaba por una seria transformación – avanzada para la época- en la manera de concebir la propiedad fundiaria, en el proceso de construcción de la ciudad, etc.

Básicamente, a partir de la Real Orden de 20 de febrero de 1854, de derribo parcial de las Murallas, y de la Real Orden de 9 de diciembre de 1858, dictada por el Ministro de la Guerra, el Gobierno afirma que la tradicional competencia estatal sobre defensa y fortificación le permite decidir sobre los nuevos terrenos generados extra muros. Eso sí, la función le correspondería ahora al Ministerio de Fomento.

El 27 de noviembre de 1854 el gobernador civil de Barcelona adjudicó al ingeniero Cerdà, con expresa autorización del Gobierno, los trabajos de levantamiento del plano de los alrededores de la urbe. En cuanto al resto de la historia, permítanme la autocita, ya que resumir es muy cansado en plena canícula (los que hicieron EGB recordarán esa orden terrible de “hacer un resumen”):

       “En una primera fase, el Gobernador Civil de Barcelona adjudicó al ingeniero Cerdá, con expresa autorización del Gobierno, los trabajos de levantamiento del plano de los alrededores de Barcelona. Esta asignación se efectúa en 1854 y ha sido estudiada especialmente por Estapé (2001, pp.163 y ss.). Baste decir ahora que el antecedente fáctico de la resolución fue el nombramiento de Pascual Madoz como Ministro de Hacienda. Según unánime historiografía, se trata de una figura clave en la corriente de apoyo a Cerdá. Fue gobernador civil de Barcelona desde el 11 de agosto hasta el 20 de octubre de 1854. Una vez pasó a ocupar la cartera indicada, ya se nombró a Cirilo Franquet como Gobernador Civil. Éste, el 27 de noviembre de 1854, hizo público el encargo descrito.  Se trataba de un trabajo gratuito, por expresa voluntad del autor, y, además, fue fundamental de cara a la realización de los posteriores estudios. Curiosamente, Estapé (2001, p.166) recuerda que recibió algunas críticas periodísticas, con la agria invectiva, entre otras, de que ya era un mero ex – ingeniero.

            El siguiente paso relevante viene dado por la resolución de 7 de junio de 1859 (publicada en la Gaceta de Madrid de 17 de junio), merced a la cual “se aprueba el proyecto facultativo de ensanche de la ciudad de Barcelona, estudiado por el Ingeniero D. Ildefonso Cerdá”. Este proyecto se correspondía con una autorización previa a Cerdá para este trabajo dada por Orden de 2 de febrero y se aprobaba con las alteraciones propuestas por la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos (bajo control del Cuerpo de Ingenieros). Según el Gobierno, respetaba la audiencia que debía darse  a la entidad local, ya que “los estudios de Cerdá se hallan en armonía con las bases adoptadas por la comisión de representantes de todas las Corporaciones de Barcelona en la memoria de 28 de junio de 1855 y las discutidas por la comisión nombrada en virtud del Real decreto de 23 de enero de 1856”. Es verdad, no obstante, que –tal como alegó el Ayuntamiento de Barcelona- parece excesiva la previsión del apartado cuarto, que encargaba a Cerdá la presentación del “proyecto de ordenanzas de construcción y de policía urbana para que sobre las mismas recaiga la aprobación del Ministerio de Fomento, y sobre las segundas el de la Gobernación del Reino”. Y apunto lo de excesivas en la medida en que estamos ante tradicionales competencias locales.”(1)

Se dio, como ya es costumbre en el lugar, una oportunidad a la Corporación Local, un “permitir”, que entra también en la larga tradición española:

 …Pero la Real Orden indicada no arredró al Ayuntamiento de Barcelona, que ya había convocado un concurso de proyectos sobre el Ensanche. La decisión de la Junta Calificadora recayó en el trabajo presentado por Rovira i Trias (en 20 de octubre de 1859, según Estapé, 2001, p.234, aunque Babiano, 2007,p.85, anota que el veredicto ya se había hecho público el 12 de septiembre). Se entra entonces en una fase poco estudiada y algo truculenta, ya que el Gobierno permitió la exposición pública de los trabajos del concurso y, en una sala adjunta, el de Cerdá (que, además, se paseaba por los locales, dando lugar a las críticas inmisericordes de Lacasta,1859, y otros cronistas ciudadanos).Por otra parte, el 5 de marzo de 1860 el Ayuntamiento acordaba entregar un Premi de 4000 Duros a l’Arquitecte Antoni Rovira i Trias Per el Plànol de l’Eixample de Barcelona Que Sortí Premiat en el Concurs”. Una paradoja, por cierto, con respecto a Cerdá, que acabó sus días reclamando al Estado las cantidades que él personalmente había adelantado para la realización de sus trabajos.” (2)

       Y la cosa acabó así, cuando ya se perdió la paciencia:

       “El Gobierno dio por zanjada la cuestión con el Real Decreto relativo al Ensanche de Barcelona de 31 de mayo de 1860 (publicado en la Gaceta de Madrid de 1 de junio). Se considera que el resultado del “concurso, posteriormente abierto con el mejor celo, aunque sin favorable resultado, por el Ayuntamiento de Barcelona” no ha de afectar ya al proyecto de Cerdá aprobado en la Real Orden de 7 de junio de 1859 (a la cual nos hemos referido anteriormente).  “(3)

O sea, que el Gobierno nacional –aunque consideraba que en él residía la competencia-  dejó que el Ayuntamiento convocara un concurso que, a la postre, no iba a servir para nada. Existe ahí un tema poco estudiado, referido a las dudas entre  algunos miembros del Ejecutivo, que alegaban la conveniencia de no enfrentarse a la corporación local.

Ensanche. Imagen de Alhzeia.Fuente. ***

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2.-En definitiva, el Plan Cerdá, como proyecto físico, económico y jurídico, fue un acuerdo imperativo del Gobierno central, de acuerdo con las normas vigentes, en contra del parecer unánime de la Corporación Local y de la casi totalidad de las fuerzas vivas de la ciudad. Se trataba de una apuesta política contundente y renovadora.

En la misma línea, hay que decir que Cerdà era miembro –insigne, además- del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, un colectivo fundamental para la  articulación del Estado español en el siglo XIX. Es cierto que había obtenido la excedencia, pero ello no impidió nunca al Gobierno considerarlo como un comisionado que estaba dentro del cuerpo funcionarial citado.

Ya en el primer minuto, la intelligentsia política y arquitectónica catalana, desde el militante Puig i Cadafalch hasta el más suave Prat de la Riba,   se apunta a la crítica atronadora contra el Plan. De hecho, el malditismo de Cerdà llega casi hasta nuestros días (Porcioles empezó a romper el silencio y luego Estapé, a través del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, se encargó de su edición y de la dignificación  académica del autor).

Es  verdad, no obstante, que –con injustificadas pausas y recortes, como ocurre con muchos adelantos – el Plan empezó a funcionar y la potencia económica y creativa de Barcelona llenó aquel dibujo con la explosión de belleza utilitaria que conocemos. Vino luego la bendición técnica otorgada por el GATPAC  ya en los años treinta del siglo XX y los ajustes y contraajustes tan propios de nuestra historia (y también, claro, la corrección de algunos errores en el planteamiento de Cerdà).

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Vista aérea del Ensanche de Barcelona. Fuente: ***.

3.-Pero, evidentemente, el sapo del Ensanche ha sido de difícil digestión para ciertos sectores del nacionalismo. Nada menos que una regla impuesta por el Gobierno español, con una clara superioridad técnica y pensada y acometida por un destacado miembro de un también destacado Cuerpo nacional de funcionarios. Y, encima, un éxito abrumador para la imagen de Barcelona y para su vida cotidiana.

Algunas explicaciones han sido patéticas. Por ejemplo, la piadosa “carrera de proyectos para el Ensanche”, en la propaganda de las  celebraciones del Año Cerdà (2009-2010). No, no hubo ninguna carrera. O el peix al cove de Francisco Martí y Eduardo Moreno (1974): “Por una vez el centralismo sirvió para dominar la estrechez de miras de una burguesía provinciana”.

En resumen, estas dos simples pinceladas de trazo fortísimo en el territorio –los Juegos Olímpicos en el siglo XX y el Ensanche en el XIX- nos pueden servir para plantear una hipótesis en la cual aún habría que profundizar: Barcelona no ha sido una urbe colonial o machacada, sino una pieza clave de las políticas urbanísticas de los distintos regímenes y gobiernos de la España contemporánea: con momentos de sintonía –los Juegos Olímpicos-, de medicina amarga y fortificante –el Plan del Ensanche-, de noviazgo –Porcioles, hombre de confianza  del general Franco y facedor de la Carta municipal y de otras decisiones que el mismo Maragall apuntó en más de una ocasión- y también, claro está, de errores clamorosos, distanciamiento e incomprensión –siempre lo más perjudicial para todos-. Nunca fue fácil, muchacho, negociar con el kilómetro cero. En definitiva, desde el punto de vista urbanístico, ni una Marseille lejana ni una Chicago autosuficiente sino, simplemente, Barcelona en España.

Eixample. En el marco global de esta ciudad tan bien hecha. Fuente:***

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(1) AMENÓS ÁLAMO, J.: “El peculiar estatus de Ildefonso Cerdà como ingeniero de caminos, canales y puertos”, en El derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés, Madrid, 2016, p.63.

(2)AMENÓS ÁLAMO,Op.cit., p.64.

(3)AMENÓS ÁLAMO, Op.cit., p.65.

(4)MARTÍ, Francisco y MORENO, Eduardo, Barcelona, ¿a dónde vas?, Barcelona, 1974, p. 13.

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Barcelona en España (I)

1.-La ciudad estaba preciosa. Es innegable. De ahí las unanimidades de estos días en el recuerdo de los 25 años de los Juegos Olímpicos. Con su punto de ironía, no obstante, Joaquín Luna nos recordaba que ya se ha empezado a maquillar el relato o, mejor, a afearlo. Pero esto ya es otra historia.

Lo cierto es que Barcelona ya había iniciado muchas transformaciones   relevantes. Por ejemplo, la dignificación del Barrio Chino-Raval o la ejecución de una política muy activa de rehabilitación urbana, con el concepto técnico de “Paisaje Urbano” y con la emblemática campaña “Barcelona, posa’t guapa” (que se inicia en 1985). Hubo también golpetazos modernizadores en los barrios  con el guante de seda del microurbanismo. Se hablaba ya, por ejemplo, de “monumentalización de la periferia”. Y  se acometían también   innovaciones intensas como la ampliación de aceras o la peatonalización  (recibidas con un griterío retrógado que nadie recuerda, como ocurrió en el mismísimo Portal del Ángel). Lo mismo podríamos decir, en fin, de la renovación del transporte urbano, con aquella inolvidable Mercè Sala que, como es sabido, iba a asumir luego la presidencia de RENFE.

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2.-Ahora bien, es verdad que la gran operación fueron los Juegos Olímpicos. En gran parte, la ciudad vive aún de aquella inercia. Cuentan que, llevado por la precisión técnica y la sensación de éxito, Maragall comentó que “el acto de inauguración de los Juegos es la refundación de España”. No sé si es cierto, aunque parece ben trovato. Quizás esté inspirado en la confesión de Luis Bassat –publicista clave en aquellos fastos- comentando que el alcalde le indicó que “quiero que la ceremonia sirva de publicidad de Barcelona, Cataluña y España”.

Lo cierto es que, en efecto,  la aportación  del conjunto de los españoles fue generosa con Barcelona. No me refiero sólo a los presupuestos generales (siempre se podría  arañar algo más, claro), sino en el compromiso estratégico en muchísimos frentes. No se trataba únicamente del fundamental Samaranch (un catalán decisivo, y no sólo en el plano deportivo de lo olímpico, sino con opinión propia también en aspectos urbanos), sino de una solidaridad efectiva en obras públicas –la vieja cuestión de los accesos a Barcelona-, en instalaciones aeroportuarias,  en diplomacia, en seguridad, etc. Ello no impide reconocer, por supuesto, que el empuje y la creatividad nacieron en las gentes de Barcino.

Construcción de la Ronda Litoral frente al edificio de los antiguos Almacenes Generales de Comercio, actualmente conocidos como Palau de Mar. Enero 1991 . Fuente: Archivo Fotográfico Martí Llorens.

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3.-Sin embargo, esta ciudad tan atractiva (y, por eso, tan cara) no nació en el 92 ni un poco antes, evidentemente. Si las Olimpiadas fueron la gran metamorfosis del siglo XX, el Óscar del siglo XIX se lo llevaría el Eixample, el Ensanche urbano que los turistas recorren incansablemente. No conozco a nadie que pueda apartar los ojos cuando el avión pasa justamente por encima antes de tocar tierra en El Prat. Lo comentamos mañana.

Vista aérea del Ensanche en 1925. ©Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Josep Gaspar

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Ablandar la vivienda

1.-Se empieza a hablar ya de las transformaciones económicas que se derivarán de la previsible generalización de los automóviles sin conductor. Es probable, según los gurús, que el mismo concepto de coche en propiedad sea sustituido por el acceso a flotas de vehículos más o menos extensas. Incluso, leía el otro día por ahí que los problemas y conflictos asociados a la necesidad de aparcar se evaporarían.

Ahora bien, mientras llega ese futuro luminoso sin carnet de conducción ni examinadores adustos, es presumible que los autos entren en un período de reducción de costes y precios. La mejora de los materiales, la automatización de la fabricación (ya muy avanzada)  y el perfeccionamiento del motor eléctrico parecen ir en esa dirección. De hecho, tal ha sido la tendencia de cualquier artefacto de uso masivo –aumento de prestaciones y reducción del precio- y lo mismo va a ocurrir con los utilitarios (ya pasó la época dorada de los oligopolios de Detroit). Otra cosa es, no obstante, que los individuos y las familias vuelquen un mayor porcentaje de gasto en transporte ante la alegría de los nuevos juguetes. De hecho, éste parece haber sido el efecto de ciertos abaratamientos, como los derivados de los viajes aéreos de bajo precio o de la tentación de vivir más lejos del centro urbano.

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2.-Cambiando de tercio, el precio de la vivienda muestra una mayor resistencia, que sólo se afloja en situaciones de recesión y siempre de manera muy selectiva. En efecto, parece que aquí pesa mucho menos el factor tecnológico, el procedimiento para construir los hogares. Sin embargo, se observan dos intensas líneas de ataque que ya van dando sus frutos. Podríamos bautizarlas un poco caprichosamente como “doctrina de la eficiencia” y, en el otro lado, como “los arrabales alternativos”.

La “doctrina de la eficiencia” pone sobre el tapete el avance técnico innegable en la prefabricación de las piezas y en su transporte y fijación al terreno. De hecho, la prefabricación de piezas y materiales que se incorporan a la obra no ha cesado de crecer. Se trataría, simplemente, de apurar al máximo la robotización que se nos viene encima. Baste como ejemplo esta referencia de la prestigiosa  web Plataforma Arquitectura: “Cinco proyectos que muestran el potencial de la prefabricación” (abril, 2017).

“Studio Madalena”, de Apiacás Arquitetos (Brasil). Fuente: Plataforma Arquitectura. Fotografía de Leonardo Finotti.

Obsérvese que no se trata del mobile home, tan consolidado en ciertas culturas –como la norteamericana-, pero con un claro rechazo cultural en el área europea. La vivienda se fija al lugar y se ha elaborado ya una reflexión seria sobre la cimentación de estas arquitecturas. Quizá la optimización de estos bloques permita ejecutar en el futuro aquel apunte genial de Coderch con viviendas que reducían sus módulos-habitaciones (y los cedían incluso a los vecinos) a medida que los años nos iban pidiendo menos espacio, con menos críos y menos gente rondando por la casa…

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3.-Los arrabales alternativos” se rigen por parámetros diferentes. De hecho, creo que se matiza el concepto cultural de  vivienda individual. Por tanto, se trabaja tanto a nivel de espacio público como de alojamiento. En el primer caso, se prima la creatividad, la participación del común, la sencillez y el uso colectivo efectivo, en contraposición al macroproyecto elitista, complejo y oneroso. Se habla, incluso, de un “urbanismo del mientras tanto” (mientras se disuelve la última de las cíclicas crisis) y de un “urbanismo afectivo”, tal como nos explicaba hace poco el amigo Miguel Jaenicke,  arquitecto del “Vivero de Iniciativas Ciudadanas”, en su sesión del Urban Thinkers Campus, en Madrid (11 de julio, 2017).

Proyecto de vivienda modular con materiales reciclados y de bajo coste, dibujado por Santiago Cirugeda. Fuente: Opchitecture.

La vivienda es, para esta corriente, un asunto más delicado. Quizá porque se toca el hígado de las creencias profundas. Lo decía el incisivo crítico de la arquitectura Martín Pawley:

       “Cuál es la diferencia entre 100 hogares móviles y un edificio de apartamentos de 3000 m2? La diferencia es la aceptación cultural” [1].

Se trata, en síntesis, de hallar nuevas fórmulas jurídicas y técnicas para hacer asequible la  compra de un hogar. En el primer caso, jugando con los vacíos legales o proponiendo, por ejemplo, nuevos contratos de uso compartido,  ya sea a tiempo total o parcial. Se observa ahí una zona de contacto –y quizá de fricción- con la denominada economía colaborativa. A nivel técnico, también se levanta el patrón de la simplicidad y del reciclaje, aunque intentando sacudirse el viejo fantasma de la autoconstrucción triste. El ejemplo en este terreno sería el innovador Santiago Cirugeda. Nos remitimos a un artículo que resume y da cuenta de sus planteamientos: “Temporary occupation of empty lots” (de Alberto Sáenz).

Metafóricamente, quizá se trataría de aplicar a la solidez de precios de la vivienda la atmósfera de la sociedad líquida. Ya sé que esto da un poco de vértigo, pero también entusiasmará a algún nómada de corazón.

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[1] PAWLEY, M.: 20 th century architecture: a reader’s guide, Architectural Press, Oxford, 2000, pp.134-135.

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Ceguera legal

1.-Estimados lectores: quería comentarles hoy mismo la reciente Ley catalana de la arquitectura, que fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña del jueves 13 de julio. Ayer viernes intenté varias veces su  lectura en la página oficial, que puede consultarse aquí: ***. Era imposible. Pensé que se trataba de un error de mi ordenador pero, a medida que pasaban las horas, me di cuenta de que era un fallo de la web. Lo mismo ocurría con el Portal Jurídico de Cataluña, que reenviaba su señal al DOGC, con lo cual el bloqueo se mantenía gracias al bucle (creo que lo llaman así, no sé).

Hoy el vacío persiste y me lo han confirmado algunos amigos y familiares. Lo mismo  pasa desde el teléfono móvil, lógicamente. Uno, en su ignorancia informática suprema, respeta siempre  profundamente los avisos de “web en obras” o similares. Pero nada de eso aparece en la pantalla. En realidad, lo único que ha podido consultarse en las últimas cuarenta y ocho horas es el último Diario Oficial, que incluye los cambios del gobierno catalán. Esto me tranquiliza enormemente.

Cuando se le solicita a la página el contenido del número del jueves -o de cualquier otro día de cualquier año-, aparece lo siguiente:

2.-En definitiva, en los últimos dos días no ha sido posible, según parece, la consulta del DOGC (salvo el  número del viernes, como he dicho). Dado el elevado nivel que ustedes ya conocen en este cuadernillo, me voy a morder la lengua y no voy  a aludir a los fastos que se nos anuncian (parece que esto comenzaba en septiembre, “un cop tornem de Palamós ho enllestim”, pero ahora no sé si ya han puesto el tráiler). Además, soy un hombre moderno y pienso ¿Y si miro el twitter del dogc? Seguro que tiene un twitter, claro. Y, en efecto, aunque no hay ningún sumario oficial y me pierdo entre nubecitas de opiniones y tweets de Shakira y de viajes de “El Corte Inglés”, encuentro la referencia de una “redirección”:

http://m.gencat.cat/mobi_dogc/AppJava/pages/Content.htm?numDOGC=7411&versionId=1625068&dateDOGC=13.7.2017&contentId=792545&viewportWidth=768&viewportHeight=768

Ya  está, no hay nada como tener recursos. Los principios del art.9.3 de la Constitución son eso, hombre, un tweet. Lástima que la página a la que me remite se denomina alegremente “Generalitat de Catalunya. Gencat. Mobi”. En modo alguno se beneficia, pues, de la sagrada mención que aparece en la web auténtica del DOGC:

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya se publica diariamente de lunes a viernes no festivos, en dos ediciones en catalán y en castellano. La Ley 2/2007 del Diari Oficial establece el carácter oficial y auténtico del DOGC digital.”

3.-Bromas aparte, esta publicación inexistente durante dos ( o quizá más) días plantea problemas muy delicados. Por ejemplo, si la norma tiene vacatio legis, ¿está transcurriendo, pese a no ser consultable? ¿Cabe presumir que la publicación no se produjo el jueves si en las últimas cuarenta y ocho horas no se ha podido conocer el texto de la norma?

Desde un punto de vista filosófico, es probable que mi admirado catedrático de Filosofía del Derecho, Don Rafael Hernández Marín, dijera que la norma ahora no existe, salvo que alguien se hubiera hecho una copia del DOGC  en papel (si es que llegó a publicarse). En realidad, es argumentable que, en este momento, la alegación de cualquier norma de Derecho catalán –salvo lo que conste en el último diario oficial- debe ser probada, tal como ocurre con la costumbre. Estas apasionantes cuestiones llenarían páginas y páginas, pero yo sólo quería comentar la Ley de Arquitectura y estaré todo la noche al pie de mi ordenador esperando que el Derecho vuelva (o más tiempo, si el deber me lo reclama).

Cuartel General del Ejército Yugoslavo –Generalštab- en Belgrado, obra del arquitecto Nikola Dobrović, tras los bombardeos de la OTAN (1897-1967), . Fuente: XXX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD: a las 22, 54 del sábado se resuelve la situación y las dos webs -DOGC y Portal Jurídic de Catalunya- vuelven a funcionar, sin duda gracias a la repercusión de este artículo. Es fácil ver que la foto que hemos  aportado ya no podría obtenerse. Sin embargo, todo ello  deja sin solución algunos de los problemas jurídicos que hemos anotado (web del diario oficial paralizada como mínimo un día y medio).

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La noción de “medio propio” en el campo de los contratos administrativos.

1.-Ha tenido una cierta difusión el reciente Acuerdo 75/2017, de 4 de julio, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que anula la encomienda de gestión del servicio de limpieza viaria del municipio de Huesca al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Agrupación núm. 1 de Huesca, través de su medio propio, la empresa pública GRHUSA. La presencia del profesor GIMENO FELIU en la presidencia de este órgano es siempre una garantía y, además, la resolución constituye un buen resumen de la doctrina del “medio propio” en el campo de la contratación pública.

En primer lugar, el Tribunal recuerda la interpretación amplia del ámbito del recurso especial de contratación. Es cierto que su núcleo esencial son los actos de publicación de pliegos, los actos de exclusión y los actos de adjudicación. Ahora bien, ello debe leerse generosamente, para garantizar la interpretación útil de los principios comunitarios. Desde luego, el paraguas de este recurso cubre el enjuiciamiento de los encargos a medios propios.

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2.-Como es sabido, el encargo de una Administración a un “medio propio” es una opción mirada con desconfianza desde los pabellones del Derecho comunitario. Las normas de éste pretenden la apertura a una competencia no falseada en los ámbitos de la ejecución de obras, del suministro de productos y de la prestación de servicios. Ahora bien, cuando una Administración encarga una faena concreta a un medio propio, activa una técnica autoorganizativa de cooperación vertical en la cual no va a aplicarse la normativa contractual, ya que existe una relación jurídico-administrativa nítida e incontestable.

Dicho nexo jurídico-administrativo –el del auténtico medio propio- tiene este punto de partida: el ente receptor de la tarea está obligado a aceptarla y a ejecutarla. La Administración que la impone empuña un poder de influencia determinante. Este poder se ha descrito con trazos fuertes en el Derecho comunitario:

-La Administración Pública que ordena la contratación ejerce sobre el medio propio un “control análogo” al que lleva a cabo sobre sus propios servicios.

Más del 80% de los quehaceres del ente que asume la prestación se realizan en favor del ordenante.

No existe participación privada en el ente controlado.

 

Lo que se trata, pues, es de evitar el “compadreo” institucional, con asignaciones a entidades situadas en algún lugar más o menos lejano de la galaxia de seres jurídico-administrativos. Nada obsta, sin embargo, a que la prestación la ejecute un propio servicio bajo relación jerárquica o una persona realmente sometida al encomendante.

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3.-En el caso examinado, el Tribunal considera inaceptable la atribución de trabajos que efectúa el Ayuntamiento de Huesca a una sociedad anónima que –eso sí- era un auténtico medio propio del Consorcio en el cual participaba dicho Ayuntamiento.

Para empezar, el Tribunal precisa que los consorcios y las mancomunidades no son medios propios de los entes locales integrados. El consorcio es una técnica de participación horizontal –no vertical o jerárquica- y, además, puede tener participación privada.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Huesca no participa del accionariado de la sociedad anónima en cuestión  ni puede influir directamente en sus decisiones estratégicas ni está prevista la aceptación incondicionada de sus trabajos. Por último, el Tribunal anota que el empleo de un medio propio ha de basarse en la regla de la eficiencia y, en este sentido, la sociedad anónima que iba a asumir la limpieza viaria se dedicaba, en realidad, a la gestión de residuos y sólo la prevista cesión del personal del antiguo concesionario podía servir de parche al  inminente caos operativo.

Centro Cívico Mercat de Ferreries. Tortosa. Arquitecturia (Josep Camps y Olga Felip). Fotografía: Pedro Pegenaute. Fuente: Tectónicablog.

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(Fichero).

 

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Aniversarios.

1.-No sé si por la presencia del número 7 o por una combinación astrológica misteriosa, lo cierto es que llevamos días de aniversarios: los cuarenta años de las primeras elecciones democráticas, los treinta años de la masacre de Hipercor, los 20 años de la liberación de Ortega Lara…Uno se ve tentado de escribir sobre cualquiera de estos temas, teniendo en cuenta que los estudiantes que ahora aparecen por la universidad ya no han vivido ninguno de estas acontecimientos. Todo les llega de oídas o, lo que es peor, depurado por la furia revisionista de estos últimos años. “¡Revisionista!”, aquel término que, para los viejos marxistas, era un insulto terrible (y, ahora que lo pienso, quizá no iban desencaminados).

Portada de El País el día de la liberación de Ortega Lara. En la columna, la terrible anécdota del “Matadme de una vez“.

.-Video de la nave y zulo del secuestro, filmado por la Guardia Civil: ***

 

.-Noticia de la liberación de Ortega Lara. Recreación del zulo. Fuente: “Desolvidar“:

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2.-No, no hablaré de los hechos citados. Tampoco confío demasiado en mi objetividad y, además, creo que acabaría transmitiendo más bien emociones (que también forman parte, no obstante, de lo ocurrido realmente aquellos días).

Cuando uno empieza a interesarse por las cuestiones políticas o jurídicas, cree que el gran debate son los programas de futuro y su articulación esperanzada. No obstante, a medida que pasa el tiempo percibe que –quizá como le ocurre a cualquier hijo de vecino- el partido decisivo se está jugando en el pasado, en la interpretación de la historia y su permanente replanteamiento, a veces más o menos “natural” o, en otros casos,  atizado por el resentimiento, la venganza o el deseo de ganar ahora sí- lo que se había perdido.

Se decía que eran dos los actos que Dios no podía hacer: suicidarse y alterar el pretérito. Esto último no parece cierto. Cualquier recién llegado, a la que te despistas, te cambia lo ocurrido. Bueno, quizá no lo modifique –habría algo pétreo, es verdad- pero sí  podría reescribirlo si eso le entra bien por los oídos a alguien. Cuanto más futuro reclama un proyecto, más necesita cimentarse en el pasado, en un pasado que lo justifique.

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3.-Reflexionaba sobre esto ayer mismo en un ceremonial laico en el que conmemorábamos los veinticinco años de la muerte de Camarón de la Isla. La discusión sobre la posición de este mito en la historia del flamenco sigue abierta. El atrevimiento de mi ignorancia me permite profundizar en una solución que hace un tiempo esbocé aquí ***.

Camarón es, en sí mismo, un género. Por supuesto, toma muchísimo del flamenco, pero construye un universo con perfiles autónomos. En ese cercado nuevo y  fabuloso hemos ido entrando los advenedizos que poco sabemos de los diversos palos, pero que disfrutamos con el maestro. Ocurre lo mismo con el boxeo, que no es propiamente un deporte, aunque  utiliza muchísimas técnicas de diversas disciplinas deportivas. Y, forzando la comparación, lo mismo pasa con la medicina, que no es una ciencia, pero se beneficia del inmenso legado de los avances experimentales. La medicina está para curar, con ciencia o sin ella (al menos, esto es lo que uno pensaría como enfermo).

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Sobre la distinción entre arrendamiento de temporada y “auténtico” arrendamiento turístico

El atentísimo amigo y colega Alfons Perona me avisa que hoy mismo Daniel Loscertales -un destacado especialista en arrendamientos urbanos- ha publicado una nota sobre la distinción entre arrendamiento de temporada regido por la LAU y arrendamiento turístico con servicios complementarios.  Ello conecta con el problema que comentábamos en nuestro anterior artículo y, a mi entender, concentra la polémica en ese arrendamiento de temporada regido por el Derecho privado pero que, gracias a la herramienta informática, eleva enormemente su rentabilidad (con lo cual también se convierte en objeto de deseo de la Hacienda Pública).

Transcribimos el artículo indicado -que se puede consultar aquí XXX– con los meros cambios tipográficos propios de la casa:

 

Arrendamientos turísticos y de temporada

  • Por Daniel Loscertales Fuertes, abogado y presidente de SEPIN

1.-Cada día hay más ruido en los organismos administrativos competentes, en los medios de comunicación, en jornadas específicas de profesionales sobre los “apartamentos turísticos” y, por supuesto, entre los propios arrendadores. Por eso y con la inminente llegada del verano (fechas donde el problema se agudiza), es necesario volver a aclarar una vez más las cuestiones jurídicas y materiales del tema.

Hay grandes dudas y exigencias en muchas comunidades autónomas que tienen la competencia al respecto, conforme el art. 148.18 de la Constitución, y que han podido delegar en determinados Ayuntamientos buscando soluciones legales y efectivas a un tema que no las puede tener de manera completa y  rotunda, porque la cuestión está en poder diferenciar lo que son arrendamiento “turísticos” y los de “temporada”, que puede ser lo mismo o muy diferente y también desligar lo que es, en un caso como en otro, altercados de orden público, de mayor o menos entidad.  Me explicaré.

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2.-Los arrendamientos TURISTICOS son aquellos que ofrecen “servicios complementarios”, como puede ser limpieza, cambio de sábanas, etc., según la determinación de cada comunidad autónoma que, como se ha dicho antes, son las que tienen la competencia. Y precisamente por ello hay quejas de los grupos hoteleros por la competencia que eso supone. Hay territorios donde (por ejemplo Baleares) no cabe calificar como apartamento turístico si se encuentra el piso en una comunidad de propietarios, de tal manera que tienen que ser edificios destinados exclusivamente a ese destino.

Hay que hacer constar que, aunque ahora en el verano los alquileres son mucho más numerosos, el concepto puede extenderse a cualquier temporada y no solamente a zonas de playa, montaña, etc., sino en las ciudades (sobre todo las más importantes) donde acuden personas para un tiempo determinado, muchos de ellos por trabajo, y prefieren estar en un apartamento de este tipo que en un hotel, siempre que, como antes se indica, tenga servicios, pues en otro caso, como luego enseguida veremos, sería un arrendamiento de “temporada” que se rige por la propia Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Es decir, no hay inconveniente legal alguno que en cualquier localidad española, con o sin temporada vacacional, se alquile un apartamento SIN SERVICIOS, como ocurre en la mayoría de los casos en zonas playeras. El art. 3 de la LAU lo contempla y aunque algunas comunidades autónomas han intentado y siguen con la misma idea, la reforma de la citada Ley de Arrendamientos Urbanos es competencia exclusiva del Estado, de tal manera que nadie puede impedir este tipo de alquileres ya sea en la playa, en la montaña, en ciudades, etc., pues mientras no se le ofrezcan al arrendatario complementos de limpieza y otros similares, la calificación tiene que ser la de un alquiler normal, que no se puede calificar nunca de “turístico”.

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3.-¿Qué es lo que está pasando? Pues que, sobre todo en determinadas zonas y ciudades, especialmente cuando se trata de alquileres vacacionales, muchos arrendatarios son personas de un comportamiento poco aceptable, esto es, que llevan a cabo actividades de ruidos, música, bebidas, etc., con grandes molestias al resto de vecinos. Y ante esto ¿qué se puede hacer? Pues muy poco, porque aunque los demás propietarios o la misma comunidad (cuando tiene esa condición el Edificio) pretendan denunciar la situación, la contestación de la Administración Municipal o Autonómica y, en su caso, los Juzgados es lenta y cuando puedan resolver o sancionar ha pasado un tiempo mayor que la duración del arrendamiento, salvo que se acredite que el arrendador es quien está infringiendo la normativa de forma reiterada, es decir, que ha alquilado un apartamento en edificios donde está prohibido o resulta que todos o la mayor parte de los ocupantes están ocasionando grandes molestias a los demás ocupantes de la casa.

A tenor de lo anterior, si el tema se repite en concretos pisos de la comunidad, la solución pasa, reiterando que no de forma inmediata, las sanciones administrativas correspondientes, aportando las suficientes pruebas en contra del propietario-arrendador por actividades molestas. O bien judicialmente a tenor del art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal estatal (en Cataluña art. 553.40 de su propio Código Civil), pero solo se podría conseguir éxito con la demostración palpable de que el tema se repite y que el piso concreto se alquila siempre a personas que llevan a cabo actividades molestas, ruidosas, etc.

ARRENDAMIENTO TURÍSTICO

Al respecto hay que indicar que es en el actual art. 5, apartado e) de la citada Ley de Arrendamientos Urbanos donde se determina que la misma no se aplica a las viviendas (hay que entender que igualmente se refiere a apartamentos, chalets, etc.) comercializados en “canales de oferta turística y realizado con finalidad lucrativa cuando esté sometido al régimen específico derivado de su normativa sectorial”, es decir, que debe estar calificado como tal por la respectiva Comunidad Autónoma. Esta disposición es consecuencia de la reforma producida por la Ley 4/2013, donde también se dice en al final del Preámbulo Segundo que, “en su defecto, se les aplique el régimen de los arrendamientos de “temporada”, que no sufre modificación”. Por lo tanto, cuando en la vivienda (se reitera que es lo mismo para apartamento, chalet o similar) no preste los servicios que la normativa de cada Autonomía o Ayuntamiento haya establecido al efecto, no hay arrendamiento “turístico”, sino el clásico y normal de que un propietario arrienda por semanas, quincenas, etc. a personas nacionales o extranjeras, es decir, como ha ocurrido y sigue pasando en la mayoría de los supuestos.

Otra cosa es que los arrendamientos se oferten en canales de “oferta turística”, pero, por lo menos a mi entender, solo estarán incumpliendo la normativa si realmente se prestan los repetidos servicios complementarios, pero no si ello no ocurre, toda vez que cuando sale en los medios informáticos o periódicos una oferta, si realmente lo que se ofrece no es lo que realmente se presta, la reclamación corresponderá al arrendatario, pero nada más, sin perjuicio de que la comunidad autónoma tenga establecida una sanción por este ofrecimiento falso.

En fin, que no se pueden ofrecer soluciones, sí existen como tuve ocasión de indicar al Consejero de Turismo de una importante comunidad autónoma de gran afluencia de turistas. Y es que cuando los demás vecinos llamen a la Policía Municipal, Autonómica o Nacional, se acuda de inmediato y que se lleven a los “alborotadores” a las respectivas comisarias o centros similares para, aunque sean extranjeros, pasen la noche en esas dependencias. Lo que pasa es que esto en general no ocurre, pues la policía acude (cuando lo hace) tarde y mal, limitándose a “tomar nota”. No estoy culpando de nada a esos cuerpos de seguridad, pues hay que considerar que siguen las directrices que les indican sus mandos civiles, que tampoco quieren ahuyentar al turismo. Un ejemplo de lo que digo podemos encontrarlo en Salou (Tarragona), donde todos años la “juerga” era permanente con los estudiantes británicos y este año se ha impedido por un fuerte despliegue de la policía.

Es necesario insistir en que si no se adoptan medidas urgentes de tipo coercitivo -en cada caso por la autoridad correspondiente- cualquier disposición legal no impedirá lo que ahora se denuncia, sobre todo si, como ocurre en la casi totalidad de los casos, el propietario del apartamento no sabe de antemano que los que han contratado el alquiler son o se van a comportar como unos “gamberros”, ya sean apartamentos “turísticos” o de “temporada”, salvo casos concretos.

Hay que afrontar esta la dura realidad actual y, posiblemente, futura; salvo que al arrendatario (es algo carente absolutamente de sentido) se le pidan antecedentes de conducta y aun así ello no asegura su buen comportamiento que es muy diferente en su localidad de Inglaterra, Alemania, etc. con respecto a España.

Alison Brooks Architects. South Kilburn Estate  (London). Photographed by Paul Riddle. Sourece: Plataforma arquitectura.

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La regulación administrativa cero –o casi cero- del alojamiento turístico “colaborativo”.

1.-Ello fue que de una mesa de colegio electoral pasó a ser del Ayuntamiento, y de concejal pasó a diputado provincial por Pernueces. Si nunca pudo sacudir de sí la prístina ignorancia, en el andar, y en el vestir y hasta en el saludar, fue consiguiendo paulatinos progresos, y se necesitaba ser un poco antiguo en Vetusta para recordar todo lo agreste que aquel hombre había sido. Desde el año de la Restauración en adelante pasaba ya Ronzal por hombre de iniciativa, afortunado en amores de cierto género y en negocios de quintas. Era muy decidido partidario de las instituciones vigentes. Se peinaba por el modelo de los sellos y las pesetas, y en cuanto al calzado lo usaba fortísimo, blindado. Creía que esto le daba cierto aspecto de noble inglés.

…   “-Yo soy muy inglés en todas mis cosas –decía con énfasis-, sobre todo en las botas.”

Militaba” en el partido más reaccionario de los que turnaban en el poder.

”-Dadme un pueblo sajón –decía- y seré liberal”.

Más adelante fue liberal sin que le dieran el pueblo sajón, sino otra cosa que no pertenece a esta historia.”

Así describía Leopoldo Alas a don Pepe Ronzal, un interesante personaje de La Regenta. Ocurre que, claro, uno es liberal –incluso neoliberal a veces, sólo a veces, gran amor-, pero es también firme partidario de poner una horma en el barullo. Por eso me ha dejado un tanto perplejo la lectura de “La regulación del alojamiento colaborativo en Cataluña: análisis de las propuestas de la Autoridad Catalana de la competencia”, artículo de Mariola RODRÍGUEZ FONT en la Revista Catalana de Dret Públic, núm. 53 (2016).

Recoge dicho estudio de forma crítica algunas propuestas formuladas a través de informe por la Autoridad Catalana de la  Competencia. La autora, por cierto, indica que estas ideas se mueven en la en la misma corriente en la que navega la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia (desregulación, interpretación generosa de la Directiva de Servicios, etc.).

Y digo que me deja perplejo porque, sin confesarlo directamente, el artículo acaba desembocando quizá sin querer en la postura de “no regulación del alojamiento colaborativo” (mi amigo Boix Palop et altri están organizando un Primer  Congreso Internacional sobre alojamiento colaborativo para este otoño en Valencia y uno de los apartados tiene, precisamente, ese título).

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2.-Para empezar, esta marea de la “economía colaborativa” –que fluye, sobre todo, en los transportes y en la vivienda- ha logrado un gol por toda la escuadra con el nombre autootorgado: sharing economy, intercambio entre iguales, etc. En realidad, toda la economía es colaborativa, pero la etiqueta lograda es casi digna de Tomás Moro.

Se ha hablado mucho de las nefastas externalidades del arrendamiento puntual por días o semanas. Pero la autora apunta un “no hay para tanto” con dos sentencias de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –STSJ 33/2016 y 37/2016, de 19 de mayo- en las que, frente al enfado demandante de la Comunidad de Propietarios se afirma [traducción de la cita en catalán]:

La actividad per se en abstracto no constituye un daño o peligro para el edificio. En este sentido, el uso intensivo de los elementos comunitarios por el tráfico de los ocupantes, que de paso diremos que no es exclusivo de este tipo de actividad, sino de otras como despachos profesionales o locales abiertos al público, puede ser compensado mediante la activación del mecanismo previsto en el art. 553-45.4 del Código Civil Catalán. Según este precepto, el título de constitución o la junta pueden establecer un incremento de participación en los gastos comunes que corresponde a un elemento privativo concreto, en el caso de uso o goce especialmente intensivo de elementos o servicios comunes como consecuencia del ejercicio de actividades empresariales o profesionales en el piso o local.

En definitiva, no puede concluirse que, en abstracto, la existencia de viviendas de uso turístico suponga una actividad contraria a la convivencia normal en la comunidad, sino que es necesario que el uso que se hace se pueda tildar de anómalo o antisocial, como consecuencia de una serie de conductas o actuaciones que merezcan la consideración de incívicas, aunque este análisis habrá de producirse caso por caso“.

Por tanto, nos moveríamos en el ejercicio del derecho de propiedad y sus límites aparecerían de forma natural en el marco de la propiedad horizontal.

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3.-¿Debe haber una regulación limitativa de estas actividades? Para la Autoridad Catalana de la Competencia, la licencia carece de justificación en el molde de la Directiva de Servicios. Por otra parte, también se rechaza lo que se considera autorización de facto –establecida en la legislación de varias Comunidades Autónomas-: el binomio declaración responsable acompañado de obligatoria inscripción en un registro administrativo.

No obstante, dicha Autoridad se muestra consciente de que “algo hay que hacer”. RODRÍGUEZ FONT nos indica entonces que, en sus informes, se llega a sugerir un sistema de Cap and Trade para el alojamiento turístico. En síntesis, cada propietario dispondría de un derecho de arrendamiento turístico (o lo podría obtener previa adjudicación en subasta) y podría ejercerlo en el marco de un mercado regulado de modo similar al comercio de emisiones. Es decir, en caso de que en su zona se hubiesen detectado externalidades por la Administración reguladora, se podría vender este derecho de arrendamiento a un propietario de otro ámbito en el que se previese, por ejemplo, un “doble o triple título” para empezar a alquilar.

Teóricamente, el sistema se vehicularía a través de una clarificadora herramienta informática…Desde luego, aunque hay evidentes precedentes, impresiona su complejidad y demandará, además, un fornido aparato inspector.

En síntesis, pues, hay un consenso amplio en la exigencia de declaración tributaria del ingreso por arrendamiento –aquí no hay duda-.Los problemas empiezan con la implantación de controles administrativos. Un relevante sector considera que si nos movemos en el terreno del derecho de propiedad y del arrendamiento puntual o temporal, los trámites administrativos “fuertes” –licencia, declaración responsable e inscripción registral…-no tienen cabida en la Directiva de Servicios. Por otra parte, en fin, no  se desdeña la solución a través del Derecho civil de los efectos negativos derivados de estas maneras de vivir.

Por otra parte, los defensores de la “regulación cero” anotan que los códigos de conducta formales e informales  (¿quién no mira por el rabillo del ojo el Trip advisor cuando viaja?)  ya cubren un amplio trecho de la vieja materia de la protección del consumidor.  Esto es, desde luego, demasiado optimista, pero lo que quería señalar en este artículo es la existencia de una corriente sólida de laissez-faire que no será fácil contrarrestar. Otra cosa es, evidentemente, cómo casa un sector no profesional –derecho de propiedad, plataforma ágil de apoyo, carácter puntual o relativamente esporádico – con una legión de profesionales permanentes a la que se le imponen fuertes exigencias de publicidad, urbanismo, seguridad e incluso declaración de huéspedes.

Edificio Carrión. Gran Vía. Madrid. Fotógrafo Juan Antonio F Segal.

 

 

 

 

 

 

 

Fuente explicativa de la fotografía:

Clásicos de Arquitectura: Edificio Carrión / Luis Martínez Feduchi y Vicente Eced y Eced.

Plataforma Arquitectura. Artículo de Ana Rodríguez.

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Para comprender la ciudad. José María Fonollosa.

1.-No sé dónde leí en alguna ocasión que el verdadero conocedor del funcionamiento de una ciudad es el agente de  la propiedad inmobiliaria (y los corredores y auxiliares que trabajan con él). Imagínense ustedes una profesión en la que decenas de personas, a lo largo del año, se presentan con sus peticiones, sus proyectos vitales, sus humildes sueños y su limitado caudal. No me extraña nada, por tanto, que se haya indicado que José María Fonollosa trabajó gran parte de su vida en “una oficina inmobiliaria” (según Xaime Martínez Menéndez y alguna otra fuente). No tengo claro si se dedicaba directamente a las actividades de  compra y venta, pero parece lógico que así fuera teniendo en cuenta que Fonollosa explicó con inquietante profundidad la esencia de la realidad urbana.

Tarrasa. Can Boada. 2017.

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2.-Entre otras aportaciones, dos libros de poemas destacan en este autor. En primer lugar, Ciudad del hombre: Barcelona, que fue publicado en 1996 por DVD ediciones con un prólogo de José Ángel Cilleruelo. En segundo lugar, Ciudad del hombre: New York, con prólogo de Pere Gimferrer y publicado por Quaderns Crema en el 2000.Esta obra era una selección de un previo original más extenso. La nota de Gimferrer –que ya había detectado la luz propia de Fonollosa algunos años antes- es una sustanciosa explicación de la relevancia del autor.

Tarrasa. Can Boada. 2017.

En el año 2016, Cilleruelo edita en Edhasa Ciudad del hombre, reuniendo los dos volúmenes precitados aunque con algún cambio discutible la titulación de los poemas. Hemos de advertir que cada verso lleva el nombre de una calle (ya sea de Nueva York o de Barcelona) y es perfectamente posible articular un recorrido geográfico real entre ellas. Pero uno entiende enseguida que son etiquetas intercambiables y que quizá son todas la misma calle.

Lo anterior enlaza con una ambigüedad fundamental en los poemarios: ¿hablan diversos personajes? A primera vista, es lo que parece pero, si se examina con más cuidado, también podría aventurarse que están hablando las diversas voces interiores que hay en uno mismo.

Las cuestiones que Fonollosa plantea son las pulsiones fundamentales que se reproducen y crecen bajo el caparazón  de la ciudad contemporánea: indiscutiblemente, el sexo exigente y la violencia como solución expeditiva (al menos, en manos de  algunos). Pero también la soledad implacable de cada uno de los ciudadanos, la lucha contra los demás y el definitivo e inapelable fracaso personal, la imperfección del cuerpo y su ruina progresiva, la muerte e incluso en algún caso la razonable tentación del suicidio. Aparecen, sin embargo, más cosas: también hay ternura y tristeza y se lee el  elogio de la civilización y la imposibilidad del amor y la fascinación por la mujer y su extraño y terrible papel en este mundo.

Los poemas de Fonollosa –ya ha sido dicho muchas veces-  rehúyen la retórica, son secos y ásperos, con una elegancia mínima y una voz común fabulosamente articulada. Con sólo una pulgada se separan de la prosa, pero lucen una precisión implacable y rítmica.

Tarrasa. Can Boada.2017.

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3.-Uno no sabe cuál poema seleccionar. Estamos ante una lista de poesías fundamentales en la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. Al final, por sintonía con este cuaderno, he escogido un poema muy vinculado a la economía urbana, al arriesgado negocio inmobiliario, a la plusvalía explosiva, al pelotazo, a la corrupción incluso. Quizá para referirme al otro o para aludir al gran codicioso que todos llevamos dentro.

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WEST 42nd STREET *

 .

Las mujeres, comida, porros, coches

y honores se consiguen con dinero.

El dinero es, por tanto, lo importante.

Lo que hay que conseguir de inmediato. Ahora.

 .

No voy a ser como esos que recogen

pedacitos de dicha poco a poco

y al cabo de los años han reunido

un mísero caudal. Yo lo quiero ahora.

 .

De una vez. Mi ración entera, aprisa,

para ya consumirla y disfrutarla.

Mariscos, coches rápidos, botellas

de whisky y bellas chicas para mí. Ahora.

El porvenir –mañana- es la esperanza

del fracasado de hoy. Yo triunfaré ahora.

No me preguntéis cómo. No me importa

el  cómo sino el cuándo. Y ese cuándo es ahora.

 .

José María FONOLLOSA.

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*”Carrer de Sant Ramon 2”, en la edición de Cilleruelo del 2016. El nombre de la calle de Nueva York corresponde al volumen elaborado por Fonollosa con alguna sugerencia de Pere Gimferrer (publicado, como hemos dicho, por Quaderns Crema).

José María Fonollosa, en una imagen de autor desconocido que corre desde hace algún tiempo por la red.

 

 

 

 

 

 

 

 

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¿Responsabilidades políticas tras la sentencia del TC sobre el Decreto-Ley de “amnistía fiscal”?

1.-La argumentación de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 2017, relativa a la constitucionalidad del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público –la denominada “amnistía fiscal”- serpentea por canales relativamente previsibles, salvo en su fase final.

En síntesis, el Tribunal repudia la descomunal potencia que disfrutó este Decreto-Ley, ya que entró en tromba en el IRPF, en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no residentes que son –especialmente el primero- piezas legales básicas del deber de contribuir. Decimos que entró en tromba porque bendecía una reducción espectacular del tipo tributario –un humilde 10%- y, por añadidura, la exclusión de sanciones, intereses  y recargos. Es decir, como anota el Tribunal, se consagraba la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las consecuencias accesorias. Demasiado para un Decreto-Ley, forastero. El reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes sufría, a causa del Decreto-Ley, un terremoto demoledor.

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2.-Sí, amigos, era un sapo repugnante, pero hicimos eso para que aflorasen derechos y rentas que dormían en las profundidades abisales. Por eso excluimos de la regularización los impuestos y períodos impositivos que, en el momento de presentar la declaración que se estimulaba, ya estuvieran siendo objeto de “procedimiento de comprobación o investigación” notificado al contribuyente.

Camaradas, la memoria es corta y, como decía el Abogado del Estado, el Banco de España llegó a afirmar que “la economía mundial [había] sufrido la perturbación más grave desde la Segunda Guerra Mundial”. Era la economía de la crisis, era casi una economía de guerra.

Desembarco de Normandía. Fuente: ABC ***.

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3.-El Tribunal Constitucional rechaza esa grandilocuencia y afirma, lógicamente, que las medidas contra la espiral catastrófica debían darse dentro del marco constitucional. Ahora bien, para cerrar el Fundamento Jurídico 5º, el Tribunal se despacha con un párrafo contundente:

   “En suma, la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular.” [las negritas son nuestras].

Por otra parte, la seguridad jurídica respaldada por la Constitución y un sabio empleo de la vieja regla summum ius, summa iniuria niegan la revisión de las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas al amparo de la disposición adicional 1ª del Real Decreto-Ley 12/2012 –que es declarado inconstitucional-. Son esquirlas que dejan un sabor agridulce, aunque es difícil apuntalar alguna otra opción.

Ahora bien, dados los términos  en los que se ha expresado el Tribunal Constitucional, no es descabellada la exigencia de responsabilidad política por la aprobación y promulgación de la norma anulada. En realidad, no se está disparando sólo contra el Decreto-Ley. Los alegatos finales del Alto Tribunal permiten intuir que una Ley con el mismo contenido  también hubiera vulnerado los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Y no se  trataba, por tanto, de un defecto en el instrumento normativo, sino de una destrucción del edificio de la justicia tributaria.

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