“Valencia sanciona a Airbnb, pero hay dos precedentes a tener en cuenta”.

1.-La denominada “economía colaborativa” plantea un reto jurídico de incalculables dimensiones. En primer lugar, porque ha logrado introducir un adjetivo amable y moderno para esconder el retorno al Derecho civil. Genera, en efecto, graves problemas en el Derecho mercantil –ya que se difumina la distinción entre empresario y no empresario- y, por supuesto, en Derecho Administrativo y en Derecho tributario. La novedad es que, ahora, Ticio y Cayo cuentan con plataformas informáticas con aplicaciones espectaculares.

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2.-Carlos Górriz, en su blog amigo “Actualidad de Derecho mercantil  “, nos recuerda las últimas peripecias en relación a Airbnb (por cierto, estoy buscando algo en Lisboa). En concreto, selecciona la jurisprudencia reciente y anota lo siguiente:

……-El contrato de alojamiento turístico se celebra entre el usuario y la persona que cede el uso temporal de la vivienda. Ésta fija plazos y condiciones.

…….El colaborador informático no llega ni siquiera a la digna categoría de mediador. Se observa un vacío en las normas administrativas de cara a definir correctamente la actividad de intermediación para el alquiler.

……-Se admiten, no obstante, diversos instrumentos situados tradicionalmente dentro de la policía o limitación administrativa y que debe  respetar el prestador del servicio económico de alojamiento (esto te afecta a ti, amigo lector, si estás pensando en ofrecer el piso de tu novia para obtener unos ingresos suplementarios). Por ejemplo:

……...-Declaración responsable de inicio de la actividad, con plano de la vivienda firmado por técnico competente y visado por colegio profesional.

………-Inscripción en un registro administrativo específico.

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3.-En cambio, la regulación administrativa del contenido y condiciones de las prestaciones encuentra un claro rechazo. En concreto, se anula la previsión de un plazo mínimo de alquiler de cinco días (por cierto, veo que Górriz utiliza nuestro tradicional tricolon ordenador -1,2,3- y, por tanto, lo mantenemos, acompañado de algunas negritas).

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Valencia sanciona a Airbnb, pero hay dos precedentes a tener en cuenta

...Carles Górriz.

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1. Estos días la prensa ha informado que la Generalitat valenciana ha sancionado a Airbnb y otras plataformas colaborativas por anunciar alojamientos turísticos que no estaban inscritos en el registro correspondiente. Véase por ejemplo las noticias publicadas por El País y El Confidencial el 23 de marzo de 2017. Vale la pena recordar que no se trata de un tema nuevo, sino que existen dos precedentes que las diferentes Administraciones Públicas deberían tener muy en cuenta.

2. El primer precedente enfrentó a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya y Aribnb Online Services Spain, SL. Aquélla sancionó a la plataforma colaborativa por prestar servicios turísticos si contar con la habilitación correspondiente. Por medio de la Resolución de 19 de septiembre de 2014 le obligó a cesar en la actividad y le impuso una multa de 30.000 euros, que se incrementó posteriormente con la Resolución de 2 de septiembre de 2014 al no cumplir voluntariamente la primera decisión. Otra Resolución de 24 de octubre del mismo año desestimó el recurso de reposición. El fundamento de las sanciones era la letra k) del art. 88 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

“Article 88. Infraccions greus.- Es considera infracció greu, als efectes d’aquesta Llei: … k) Emprar, en la prestació de serveis turístics, elements, persones o béns que no comptin amb l’habilitació corresponent”.

Tras discutir acerca de la competencia judicial, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 11 de Barcelona dictó la sentencia 309/2016, de 29 de noviembre. Estimó el recurso contencioso-administrativo de Airbnb Online Services Spain y anuló las resoluciones referidas. El fundamento es que se había infringido el principio de tipicidad previsto en el art. 25 de la Constitución Española.

El Juzgado empieza analizando la actividad de la recurrente. Explota una plataforma tecnológica que permite la interconexión virtual de particulares para arrendar un alojamiento turístico. Se trata de un “…servicio de mediación, que produce una retención y cobro del precio pagado (en teoría para la contraprestación por el uso de la misma)”. Subraya que el contrato de alojamiento turístico se celebra entre el usuario y la persona a dispuesta a ceder el uso temporal de una vivienda. Es la última la que gestiona las reservas y fija los precios y condiciones de utilización del alojamiento. Así pues, el papel de la plataforma colaborativa es “lateral”.

A continuación, valora si la actividad de Airbnb entra dentro del tipo previsto en el art. 88.k) de la Ley de Turismo de Cataluña. Decide que no, puesto que no utiliza elementos, personas (sic) o bienes turísticos:

“…ofrecer el sistema de comunicación virtual o digital a través de Internet no es propiamente el manejo o gestión o utilización de elementos, personas o bienes afectos a la explotación turística. Habría que ceñirse al término ‘elementos’, como más próximo a cumplir el tipo sancionador, pero surge enseguida la exigencia de precisar ‘la correspondiente habilitación’, sin que esté probado que realice labor de mediación que pueda aproximar a las partes a la conclusión de un contrato de cesión de uso por medio de la utilización de conocimientos profesionales (primera fase en la ‘prestación de servicios turísticos’), o la reserva de cupos de viviendas, o la captación de clientes, u ofrecer algún tipo de valor añadido, sino únicamente la de ofrecer un espacio abierto digital de comunicación por el que cobra una comisión”.

Igualmente subraya que existe una laguna, pues la normativa existente no exige autorización para la prestación servicios de intermediación en alojamientos turísticos:

“…la recurrente realiza una actividad económica específica no regulada en términos tales que pueda afirmarse que se infringe la normativa de modo flagrante…”

3. Ahora bien, la solución no es regular la actividad de intermediación, imponiendo una autorización. La razón es que esa exigencia puede resultar nula al contravenir la normativa en materia de servicios. Así lo evidencia el segundo precedente al que nos referíamos. En 2014 la Comunidad de Madrid dictó una norma que dificultaba el arrendamiento de viviendas turísticas: el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid. Su artículo 17.1 exigía que los titulares de las viviendas presentasen una declaración responsable de inicio de actividad ante la Dirección General competente en materia de turismo. Esta declaración debía ir acompañada de un plano de la vivienda firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional. El apartado 3.º limitaba el número mínimo de días por el que podía arrendarse una vivienda. “… no podrán contratarse por un periodo inferior a cinco días…” Y el apartado 5.º requería la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas de la Dirección General competente en materia de turismo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Asociación Madrid Aloja recurrieron contra la norma citada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció al respecto en las sentencias 291/2016, de 31 de mayo y 292/2016, de 31 mayo. En ambas mantuvo que la imposición de un mínimo de 5 días era contraria a la ley. En primer lugar, afirmó que el Decreto 79/2014 carece de una justificación para los límites que introduce. Intentó buscarla en el Preámbulo, en el que aludía a cuatro objetivos: evitar una sobreoferta descontrolada de viviendas de uso turístico, proteger los legítimos derechos de los consumidores y usuarios, perseguir el fraude fiscal, así como acabar con situaciones de intrusismo y competencia desleal. El Tribunal consideró que sólo la defensa de los consumidores y acabar con la opacidad fiscal eran medidas de interés general que pudieran justificar las restricciones. En cambio, no cumplían ese requisito ni la voluntad de acabar con el intrusismo profesional ni la lucha contra la sobreoferta descontrolada. Y en segundo término, afirmó que la exigencia de un arrendamiento mínimo no respetaba las exigencias de necesidad ni proporcionalidad de las restricciones. En palabras del TSJ:

“…no parece que limitar temporalmente la oferta de viviendas turísticas tenga repercusión alguna en la eventual opacidad de las obligaciones fiscales, pues se encuentra totalmente desconectada de tal finalidad… tampoco se comprende en qué medida podría ser necesaria esta limitación temporal que excluye las estancias inferiores a cinco días respecto de la protección de los que usan tal servicio… si la protección de los usuarios se quiere vincular no con los usuarios del servicio turístico , que es lo que indica la norma, sino con las molestias que puedan derivarse para los demás vecinos del inmueble (…) no es entonces, en realidad, la protección del usuario del servicio lo que se trata de conseguir, sino la de los restantes usuarios del inmueble o la de los prestadores del servicio en otras modalidades de alojamiento turístico, como el hotelero”.

No obstante, también falló que las exigencias de los apartados 1.º y 5.º del artículo 17 eran lícitas. En la sentencia 292/2016 afirmó que la exigencia de visado del colegio respectivo constituía un motivo de interés general necesario y proporcionado para defender a los consumidores. E igual sucedía con la inscripción para la publicidad oficial. Precisó que “(e)n realidad lo regulado en tal precepto no es la exigencia en todo caso de dicha inscripción en el Registro público para la publicidad del servicio, sino, como indica la Administración demandada, el requisito de tal inscripción para la publicidad oficial de la actividad”.

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Moratoria en la ejecución del lanzamiento y derecho al alquiler social en el reciente Real Decreto-ley 5/2017.

1.-La transformación del Derecho sectorial de la vivienda se ha hecho en estos últimos años de forma  señalada a través de normas coyunturales que han intentado corregir algunos efectos dañosos derivados de la crisis económica. Ahora bien, pasado su plazo de vigencia, llega el delicado momento de decidir si continúan  aplicándose medidas que, en su día, fueron concebidas con carácter excepcional o transitorio. Ésta es la cuestión que se plantea el reciente Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, que se publicó en el BOE  del 18.

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2.-El Decreto-ley opera sobre dos normas que nacieron con una voluntad de vida limitada y que ya resumimos en nuestro artículo “El ministro defiende su gestión. El origen del alquiler social” (I y II). Se trata, en primer lugar, del  Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Su art. 3 era esencial, ya que construía el “umbral de exclusión”. Esto es, el preciso círculo de deudores que podían ser amparados con el paraguas de las protecciones legales (fundamentalmente dirigidas a la suspensión de procedimientos ejecutivos). Pues bien, se producen tres modificaciones principales (que reforman el antiguo art. 3.1.b)):

……-Se tutela a todas las unidades familiares que incluyan un menor de edad.

……-Protección de unidades familiares con las que conviven personas en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que les incapacite para realizar una actividad laboral.

……-Protección de la unidad familiar en la que existe una víctima de violencia de género.

Debemos recordar que estas condiciones deben siempre acompañarse de las circunstancias económicas críticas que ya se describían en el art. 2.3 de la Ley 1/2013 y que no han variado.

Además, el mismo Decreto-Ley 6/2012 ve modificado su Código de Buenas Prácticas, que se incluía en el anexo (y que ha sido firmado por la práctica totalidad de las entidades bancarias). Pasa a regularse ahora el derecho de alquiler con precio tasado en caso de ejecución de la vivienda habitual. Se trata de un auténtico derecho que pueden exigir los deudores hipotecarios que, de acuerdo con la Ley 1/2013, han logrado la suspensión del lanzamiento. En principio, está previsto para 5 años, pero es prorrogable. La clave de la institución es el precio del alquiler, que consiste en una renta anual máxima del 3% del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate (determinado según tasación). El denominado alquiler social, pues, se ha beneficiado de un considerable perfeccionamiento institucional, ya que:

……-Se concibe en términos imperativos para el ejecutante.

……-Tiene una cuantía máxima concreta y no solamente la anterior “renta asumible”.

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3.-Seguidamente, se modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En primer lugar, se combina la ya regulada suspensión del lanzamiento con el derecho al alquiler social que anteriormente hemos visto (y que reza para el mismo conjunto de sujetos, incluidos dentro del umbral de exclusión).

En segundo lugar, se establece un plazo de vigencia de las medidas protectoras hasta el año 2020.

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La clave procesal de la inconstitucionalidad del impuesto local de plusvalía. Apunte a la reciente sentencia del Tribunal constitucional.

1.-Veíamos en nuestro artículo anterior que el tiempo era el sumo facedor de la ciudad. El legislador es optimista y piensa, con razón, que el solo hecho de que vivamos  juntos mientras pasan las horas aumenta el valor de las cosas (al menos, de los inmuebles). Ha de tenerse en cuenta, igualmente, el diablillo de la inflación, que corretea alegre por las calles. Y, en fin, también debe recordarse que la mano sagrada del poder autoriza crecimientos, casi como una hormona de adolescente. Respecto a esto último, el constituyente declaró que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos” (art. 47).

En todo eso ni tú ni yo, querido lector, tenemos mérito (aunque reconozco que no es fácil esta convivencia, casi innoble). Los problemas vienen en el momento de medir esa riqueza de la urbe, que es parte fundamental de la riqueza nacional. La evidencia práctica nos recuerda que las cosas valen lo que deciden el comprador y el vendedor. Contra esa decisión mutua –preñada de regateos y expectativas- se alzan dos líneas objetivistas que, al menos, intentan ajustar el rango de los caprichos:

-La ciencia de los tasadores.

-El valor acreditado por el Estado, cuyo paradigma sería el catastro.

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2.-La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, como es sabido, ha anulado algunos preceptos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzcoa. Los comentaristas se inclinan por la inminente aplicación de los principios del fallo al articulado de la Ley estatal reguladora de las Haciendas Locales.

La columna vertebral de la sentencia es la declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos “en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia”. Entre los antecedentes de hecho que desatan el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad,  hemos de tener en cuenta que la entidad mercantil que fue sujeto pasivo del impuesto vendió en el año 2014 un inmueble por importe de 600.000.-euros, mientras que lo había adquirido por 3.101.222,45.-euros.  Esto le generó, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, un pérdida patrimonial.

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3.-Ahora bien, el impuesto de plusvalía, según apunta la Abogacía del Estado, no grava el incremento “real” provocado por la diferencia de precios de compra y venta, “sino el incremento de valor del terreno experimentado por la acción urbanística del municipio en el que se encuentra”. Por esta razón, añade, se tienen en cuenta el valor catastral en el momento de compra y el valor catastral en el momento de la venta. En ese sentido, es una medición cuyos humildes números se mueven a ras de tierra, alegados de la juerga mandevilliana que se corre “por arriba” (en las compraventas).

Es verdad que la juerga acabó en resaca y que -al menos en el régimen común- se arbitraron mecanismos para que los Ayuntamientos redujeran en ciertos supuestos los valores catastrales. Igualmente, el art. 16 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que dio nueva redacción al art. 32 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, permite actualizaciones a la baja de dichos valores. Es decir, el bajón fue tan grave que  merecía ajustes en el catastro.

Parece ser, no obstante, que la norma vasca impugnada no admitía como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento. Es decir, no quedaba clara la posibilidad de promover, por ejemplo, un trámite de tasación pericial contradictoria. Pero, en tal caso, tal como se planteó en sede constitucional, lo que está afectado es el derecho a la tutela judicial efectiva y ya no estamos ante  un asunto tributario (en sentido sustancial). El Tribunal, sin embargo, no está de acuerdo con esta argumentación.

Por último, en fin, una abundante jurisprudencia venía admitiendo que la acreditación y prueba de un inexistente incremento objetivo de valor impedía  la aplicación del tributo que comentamos. Por tanto, de nuevo, la clave es la adecuada articulación procedimental –en la Ley- de la falta de aumento de valor. Si ésta no se prevé normativamente, aflora el vicio de inconstitucionalidad.

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Las ciudades

      1.-Me acuerdo a menudo de Montserrat Roig. Supongo que debería ponerme pedante aludiendo a su obra. Por ejemplo, a su mítico Els catalans als camp nazis. Pero, ya desde su programa televisivo  Personatges, nos transmitió otra cosa que los años irían confirmando. Algo así como una educación sentimental, una huella que va más allá de lo escrito, una manera de ser que –con toda seguridad- no era una pose. Uno de los artículos incluidos en Digues que m’estimes encara que sigui mentida  comienza con la cita de un verso de Narcís Comadira y, una vez leído, me lanzo  a buscar su contenido íntegro, convencido de que tampoco esta vez nos ha fallado Montserrat.

*

       2.-El poema se llama “Les ciutats”. Es de estructura sencilla. Para los que tenemos el mal de la piedra, es un eficaz recordatorio de la triste materia que, efectivamente, forma la realidad urbana. He confeccionado una traducción elemental en la cual, como toda traducción de poesía, seguro que -como mínimo- ya se ha  perdido algo de ritmo. Las traducciones poéticas perfectas sólo le salen a Marcel Riera.

**

.3-

Narcís Comadira

Les ciutats

He llegit que Morosini,
general ambaixador
de Venècia, volgué
endur-se les escultures
del frontó del Partenó.

Va fer muntar una bastida,
hi va fer grimpar els esclaus
i, en el moment més difícil,
algun puntal va fallar.
Caigueren homes i estàtues.

Decebut, el general
va abandonar el seu projecte.
Ell les volia senceres.
Els trossos allà escampats
varen servir per fer cases.

Molts savis han meditat
sobre el sorprenent misteri
de poder crear bellesa
a partir d’un bloc de marbre.
Pocs sobre el camí contrari:

treure un carreu escairat
del tors d’algun déu antic,
convertir en grava una Venus,
poder trepitjar llambordes
fetes d’homes sagrats…

Així s’han fet les ciutats:
construïdes lentament
amb pedres que ahir van ser
vides humanes: amors,
sofriments que ningú recorda.

Narcís Comadira, Les ciutats. (1976), en Formes de l´ombra: Poesia 1966-2002, Barcelona, Edicions 62 i Empúries, 2002, p. 169

Las ciudades

 

He leído que Morosini,

general embajador

de Venecia, quiso

llevarse las esculturas

del frontón del Partenón.

 

Ordenó montar un andamio,

hizo subir a los esclavos

y, en el momento más difícil,

algún puntal no resistió.

Cayeron hombres y estatuas.

 

Decepcionado, el general

abandonó su proyecto.

Él las quería bien enteras.

Los trozos por allí dispersos

sirvieron para hacer casas.

 

Muchos sabios han meditado

sobre el sorprendente misterio

de conseguir crear belleza

a partir de un bloque de mármol.

Pocos sobre el camino contrario:

 

sacar un sillar ajustado

del torso de algún dios antiguo,

convertir en grava una Venus,

poder pisar adoquines

hechos de hombres sagrados…

 

Así se han hecho las ciudades:

construidas lentamente

con piedras que ayer fueron

vidas humanas: amores,

sufrimientos que nadie recuerda.

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¿Qué desigualdades son injustas? (y II).

[LA RESPUESTA DE BARCLAY: LAS DESIGUALDADES EN BIENES NATURALES PRIMARIOS NO SIEMPRE SON INJUSTAS]

1.-Ha habido más de un intento interesante para responder a ese reto de Kekes. Aquí voy a aludir nada más que al trabajo de Linda Barclay titulado “The Answer to Keke´s Question”[4]. Para esta autora, los igualitaristas no dicen sobre bienes como la expectativa de vida lo que Kekes les atribuye.

                En primer lugar, Barclay se refiere a Rawls y a su interpretación por Kekes. Para Rawls, las desigualdades pueden darse respecto de bienes primarios naturales (como la inteligencia o la salud) y bienes primarios sociales (como los ingresos económicos, la atención sanitaria, la educación…). Las desigualdades en bienes naturales primarios no son en sí injustas, solo son resultan injustas cuando afectan a la distribución de bienes sociales primarios. Únicamente entonces estamos ante desigualdades que se han de corregir mediante políticas redistributivas, a no ser que el mantenimiento de dichas desigualdades vaya en beneficio de los menos favorecidos (por comparación a cómo estarían si las desigualdades en esos bienes sociales primarios se suprimieran).

[LA DESIGUALDAD EN EXPECTATIVAS DE VIDA NO AFECTA A LOS BIENES SOCIALES PRIMARIOS, AUNQUE CREO QUE ESTO NO ESTÁ NADA CLARO]

*

  …2.-Para Kekes la desigualdad en expectativas de vida es de ese tipo, pues afecta a un bien primario y no beneficia a los que estén peor. Olvida Kekes, según Barclay, que las desigualdades en bienes naturales primarios solo son injustas, en Rawls, si se toman como base para desigualdades en la atribución de bienes sociales primarios y esas desigualdades no benefician a los desfavorecidos. Y ese no es el caso en cuanto a la desigualdad en expectativas de vida. La desigualdad en expectativas de vida no afecta a la distribución de bienes sociales primarios. El principio de diferencia de Rawls nada más que se aplica a la distribución de bienes sociales primarios. Por eso el ejemplo que Kekes maneja no vale como objeción al igualitarismo rawlsiano ni engendra para este el absurdo que Kekes pretende.

          Me permito poner un ejemplo de mi cosecha. La desigualdad en estatura, entre altos y bajitos, es una desigualdad natural y podemos asumir que vitalmente tienen más ventajas los altos que los bajos. Pero solamente se convierte en injusta dicha igualdad si es tomada como referencia para un reparto desigual de bienes sociales, como pueda ser la riqueza o el poder o los derechos, de manera que a los altos se les atribuyan derechos que los bajos no tienen o ingresos económicos proporcionados a su altura, y siempre que eso no acabe por beneficiar más a los pequeños que si hubiera un reparto igual.

                Insiste Barclay en que aunque sea cierto que la expectativa de vida de las mujeres es más alta, eso no se refleja en un superior disfrute por las mujeres de bienes sociales primarios, no se toma como referencia para darles a ellas mayores sueldos o mejor atención sanitaria, pongamos por caso. Por consiguiente, no hay nada que un seguidor de Rawls vea como merecedor de corrección mediante políticas distributivas. De ahí que no haya lugar para considerar aquellas medidas en favor de los hombres y en perjuicio de las mujeres que Kekes proponía para mostrar el absurdo de la teoría de Rawls en la práctica. Bien al contrario, el igualitarista señalará que medidas así empeorarían la posición ya desigual y de desventaja de las mujeres en el reparto de bienes primarios sociales.

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[DEBEN CORREGIRSE LAS DESIGUALDADES NATURALES SI AFECTAN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL BIENESTAR]

               3.- Luego se plantea Barclay si el argumento de Kekes vale contra otros igualitaristas, aunque fracase frente a Rawls. Los hay que, como Arneson, mantienen que aunque sea igualitario el reparto de bienes sociales primarios entre dos personas, estas pueden seguir encontrándose en una desigualdad merecedora de corrección. ¿Quedan estas otras teorías igualitaristas tocadas por el ataque de Kekes?

                Kekes resaltaba que si de cuestionar las desigualdades en bienes naturales se trata, son tantísimas (estatura, inteligencia, capacidad atlética, aptitud para las matemáticas o al arte…) que es inviable hasta hacer una lista de las que se deban corregir o compensar. Pero, aclara Barclay, los igualitaristas más radicales que Rawls y que rechazan que este se fije nada más que en la desigualdad en bienes sociales no pretenden que sea injusta toda desigualdad en bienes naturales, no caen en semejante absurdo. No, esos igualitaristas toman en consideración las desigualdades naturales tan solo en los que afecten a la igualdad de oportunidades para el bienestar, según unos (como Arneson), o a la igualdad en la aplicación de sus capacidades, según otros (como Sen). Así que sí tienen esos igualitaristas un patrón de medida para ver qué desigualdades importan, por lo que sus enfoques no padecen bajo la acusación de Kekes de que no es posible hacer una lista de todas las desigualdades naturales ni tiene sentido cuestionarlas todas. Y Kekes no ha demostrado que la expectativa de vida sea uno de los elementos relevantes para esos igualitaristas de uno u otro signo, uno de los elementos condicionantes de la posibilidad de bienestar o de la posibilidad de desarrollar las capacidades individuales. Pero, aunque lo fuera, esos igualitaristas no rawlsianos no admitirían que políticas favorables a los hombres por tal razón pudieran poner a las mujeres en una situación de aun mayor desigualdad perjudicial; es decir, en todavía peores condiciones de alcanzar bienestar o desarrollo de sus capacidades. El absurdo real lo verían los igualitaristas en esas políticas distributivas que, según Kekes, son consecuencia inevitable de sus teorías.

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[1] Originariamente publicado en Ethics, vol. 104, nº 4, julio 1997, pp. 658-669. La primera parte de tal artículo se recoge también en: C. Farrelli (ed.), Introduction to Contemporary Political Theory, Londres, Sage, 2004, pp. 45-50.

[2] Entre paréntesis irán las páginas de la publicación en en Ethics, vol. 104, nº 4, julio 1997, pp. 658-669.

[3] U.S. Bureau of Census, Statistical Abstract of the United States, 114th ed. (Washington, D.C., 1994), p. 87.

[4] Ethics, vol. 110, nº º (octubre de 1999), pp. 84-92.

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¿Qué desigualdades son injustas? (I)

Se atribuye a Willy Brandt la frase de que “lo importante no es que haya ricos, sino que no haya pobres“. Esta versión suave de la socialdemocracia parece haber sido rebasada por un igualitarismo cada vez más exigente. Algo parecido ha ocurrido con la igualdad jurídica y social entre los individuos de diferente sexo, que ha sido ya desbancada por la ideología de género, implacable con cualquier atisbo de diferencia efectiva, venga de donde venga.

Traigo aquí hoy un extenso  artículo (que descubrí gracias a David Urquiza) del prestigioso  blog Dura lex del profesor García-Amado, catedrático de filosofía del Derecho. En este ensayo se discuten temas relativos a las dos desigualdades que hemos citado. Bueno, más bien a las de carácter social, aunque la otra sirva como excusa para la discusión. He divididido el texto en dos entregas, ya que es un poco largo, lo he encajado en nuestra tipografía habitual y me permitido algunos subtítulos entre corchetes, cuyo  autoría me atribuyo (ya que no callo ni bajo el agua).

 

 

¿Qué desigualdades son injustas?

Juan Antonio García-Amado, 16 de enero 2016.

 

[EL PROBLEMA DEL REPARTO DE BENEFICIOS Y CARGAS EN UNA SOCIEDAD]

                1.-Hace poco me entretuve y pasé un buen rato leyendo aquel artículo de John Kekes titulado “A Question for Egalitarians[1]. Empezaré por situar y resumir este trabajo de Kekes.

La filosofía política tiene, como es sabido, unos pocos problemas centrales y que le dan sentido. Uno es el de qué legitima el poder político y qué justifica racionalmente la obediencia de los ciudadanos; o, dicho de otra forma, por qué podemos aceptar racionalmente que es mejor y más justo que nos sometamos al poder político en lugar de vivir con plena libertad personal y campando cada uno a sus anchas. Otro gran tema es el de cómo se deben repartir entre los miembros de la sociedad los recursos existentes o los beneficios y las cargas para que se pueda decir que la sociedad es justa. Se trata del sempiterno problema de la justicia distributiva. Cuando aquí, en filosofía política, se habla de reparto o distribución justos no se está aludiendo a los mandatos de la moral individual de cada quien, mandatos que le indicarán qué debe dar a los otros, qué puede reclamar de los otros o qué puede o debe quedarse él. Cuando en filosofía política nos referimos a la justicia en la distribución presuponemos un elemento coactivo, pues aludimos a cómo debe el Estado, valiéndose de su aparato jurídico y, por tanto, coactivo, distribuir entre sus ciudadanos ciertos bienes, a fin de que sea justa esa sociedad estatalmente organizada.

[NO HAY QUE REPARTIR]

                En tema de justicia distributiva las posiciones extremas vienen dadas, por una parte, por aquellos que niegan que el Estado tenga nada que distribuir, pues lo único que lo legitima es la garantía para todos de su integridad física y psíquica y de  la máxima libertad. Lo que quiere decir que lo único que el Estado distribuye, y en igualdad, es la seguridad personal. Es el planteamiento del liberalismo anarquizante, de los ultraliberales también denominados “libertaristas”, de los que Nozick sería un buen ejemplo. En esas teorías no queda prácticamente espacio para la justificación de ninguna política distributiva o redistributiva llevada a cabo por el Estado, salvo en la corta medida necesaria para mantener económicamente el mínimo aparato de seguridad que garantiza a todos la vida, la integridad, la libertad y la propiedad, que es secuela o condición de la libertad.

[REPARTÁMOSLO TODO E IGUALÉMONOS]

                En el polo contrario están las doctrinas igualitaristas radicales, las que opinan que la única distribución justa sería la perfectamente igualitaria, al menos en lo referido a los bienes básicos o esenciales para la felicidad de cada cual. El viejo ideal comunista plasmado en el lema de “a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades” podría traerse como ejemplo. Así como los “libertarios” absolutizan la libertad al precio de sacrificar cualquier pretensión de distribución económica por el Estado, los igualitaristas radicales pueden prescindir de la libertad en aras de la coacción que el Estado tendría que aplicar para conseguir que nadie tenga más que nadie.

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[RAWLS: CABEN DESIGUALDADES SI SON BUENAS PARA LOS DESFAVORECIDOS]

               2.- Entre esos dos extremos se muevan muchas otras teorías. La más influyente y más presente en el debate ha sido la de John Rawls, desde que se publicó en 1972 su Teoría de la Justicia. Para Rawls, las desigualdades sociales y económicas, las desigualdades en la distribución de los bienes básicos, solo son admisibles si repercuten en beneficio de los que estén peor. Es decir, si el que tiene menos suerte, el que ha venido al mundo con peores cartas está mejor en una sociedad con reparto desigual (y en la que a él le toca la peor posición) de lo que estaría en una sociedad perfectamente igualitaria. En otras palabras, solo estará justificado que haya ricos allí donde los pobres estén mejor que si no hubiera ricos. Además, las distintas posiciones sociales no pueden estar predestinadas por criterios como raza, sexo, cuna, o similares, sino que las mejores posiciones tienen que ser por igual accesibles a todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades. Las cartas no puede estar marcadas y solo de ese modo la partida dará resultado justo. Así que, conforme a ese enfoque de Rawls, los estados tienen que poner en práctica políticas redistributivas para compensar, al menos hasta ese límite, a quienes tienen la peor de las suertes, a los más menesterosos. Que mediante la coacción estatal se limite la libertad y la propiedad y se redistribuya riqueza se justifica en nombre de esa igualdad básica que es condición racional de justicia, según Rawls.

[IGUALITARISMO INTENSO: COMPENSEMOS LOS MALOS NÚMEROS DE LA LOTERÍA SOCIAL Y TAMBIÉN DE LA LOTERÍA NATURAL]

                Más recientemente, una doctrina bautizada por Elisabeth Anderson (que la critica) como “luck egaliatarianism” o “igualitarismo de la suerte” ha resaltado algo que ya estaba presente en Rawls: que también hay que igualar o compensar a los que están peor como consecuencia de que han tenido peor suerte, sea en la lotería natural (han nacido menos listos, menos hábiles, menos fuertes, menos voluntariosos…), sea en la lotería social (han nacido en un medio familiar y social más humilde o menos afortunado). Hay un acuerdo bastante general en que cada cual merece la suerte de la que es responsable, la que corresponde a sus elecciones propiamente tales. Por ejemplo, si yo, profesor universitario, que he tenido una formación extensa y que estoy en mis cabales, decido mes tras mes jugarme mi sueldo al bingo y me arruino y no me queda para comer, la culpa será mía y no se dirá que es injusto que pase hambre o no pueda ir al cine. Pero si soy una persona que ha nacido con muy limitadas capacidades o he tenido un accidente que ha mermado mi discernimiento, malamente se dirá que es justo que sufra las consecuencias de mis malas elecciones.

                Los igualitaristas, y en particular los “igualitaristas de la suerte”, consideran que los talentos con que cada cual nace o que cada uno tiene no son mérito suyo y que, por tanto, no merece exactamente o por completo lo que gracias a ellos consigue. Tampoco el que los tiene escasos merece la mala vida que posiblemente tendrá. Así que nada hay de injusto, sino al contrario, en compensar a estos últimos dándoles el Estado lo que detrae coactivamente de lo que los primeros consiguen. Eso sería una exigencia de la más pura y racional justicia distributiva. No tienen los desafortunados por qué vivir peor que los afortunados o, al menos, no está justificado que haya considerables diferencias entre el bienestar o los recursos de unos y de otros.

*

[KEKES RESUME EL IGUALITARISMO: CONTRA  LAS DIFERENCIAS EN BIENES PRIMARIOS]

                3.-Son las teorías igualitarias de la justicia social las atacadas por John Kekes en el artículo que antes mencioné y que paso a resumir[2].

                Según los igualitaristas, la sociedad es más injusta cuantas mayores sean las desigualdades en bienes primarios entre los individuos, y más justa cuanto más se reduzcan. Bienes primarios son los que condicionan el que se viva una buena vida, cosas tales como sueldo apropiado, atención médica, educación, seguridad física, vivienda y similares. “Todas las desigualdades importantes están injustificadas si no benefician a cada uno en esa sociedad”, según los igualitaristas, y así lo han defendido grandes autores como John Rawls o Thomas Nagel, entre tantos (658). Es esa concepción del igualitarismo la que aquí se quiere poner a prueba.

[A REDISTRIBUIR]

         Ese igualitarismo presupone que dichas desigualdades injustificadas requieren la redistribución de bienes primarios, tomándolos de unos para pasárselos a otros, a los que están peor. Medidas al respecto son, por ejemplo, los impuestos progresivos, la discriminación positiva y los programas de igualdad de oportunidades, así como el tratamiento preferente para ciertas minorías o para mujeres o una gran cantidad de políticas de lucha contra la pobreza (658).

[EL CASO DE LA ESPERANZA DE VIDA: LAS MUJERES VIVEN BASTANTE MÁS QUE LOS HOMBRES Y, POR TANTO, HAY QUE COMPENSAR]

                Presenta Kekes una tabla extraída de estadísticas oficiales en Estados Unidos[3], que demuestra que la perspectiva de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres, con una diferencia de unos siete u ocho años. Es una desigualdad seria, porque la expectativa de vida es un bien primario de los más importantes. “Normalmente es mejor vivir más tiempo, pero por término medio los hombres viven un diez por ciento menos que las mujeres” (659). Es, pues, una desigualdad injustificada, porque no puede mostrarse que repercuta en beneficio de todos. Eso no beneficia ni a los varones ni a las mujeres, que también pueden sufrir y resultar gravemente perjudicadas por la muerte de ellos (659). Citando textualmente a Rawls o a Nagel, resalta Kekes que esa inmerecida desigualdad de los hombres debe ser combatida o compensada. ¿Cómo?

          Los igualitaristas tienen que responder, según nuestro autor, dando preferencia a los varones, en mera aplicación del rawlsiano principio de diferencia. Ahora bien, a la expectativa de vida no se le pueden aplicar directamente políticas de reparto, como caben, por ejemplo, con el dinero. Pero sí son posibles medidas indirectas. “Recursos disponibles que sirvan para alargar la expectativa de vida deben ser redistribuidos de las mujeres a los hombres y las inmerecidas desigualdades deben ser compensadas de alguna manera” (en esto último cita Kekes de modo literal a Rawls) (660).

[QUEREMOS MEDIDAS CONCRETAS]

                ¿Qué medidas cabrían? Habría que procurar mejor salud a los hombres que a las mujeres, equiparando las expectativas de vida a base de alargar la de ellos y de acortar la de ellas. Como en la tasa de muertes influyen también cosas tales como la peligrosidad de los trabajos o el estrés o cansancio, habría que emplear a menos hombres y más mujeres en los puestos de mayor riesgo para la vida y la salud o brindarles a ellos mayores descansos laborales que a ellas. También cabría jubilar a los varones más pronto y darles mejor tratamiento económico y sanitario cuando sean pensionistas. Si varones y damas contribuyen igual a la financiación de la sanidad pública, habrá injusticia, bajo el punto de vista del igualitarismo, pues ellos resultan discriminados y están subsidiándolas a ellas (661).

                Como la equiparación solo puede ser lenta y llegar al cabo de un tiempo largo, entretanto hay que compensar a los hombres, pues están en peor situación. Se les deberían brindar tratamientos preferentes para que su vida, más corta, sea al menos de más calidad y se compense lo uno con lo otro. Por ejemplo, con políticas públicas de mejora de su tiempo libre y su disfrute personal (662).

[EL IGUALITARISMO NO SE AGUANTA]

                Dice Kekes que todo eso suena, con razón, absurdo. Pero que lo expuesto no es más que coherente aplicación de los postulados del igualitarismo, por lo que es en esas doctrinas donde está el sinsentido, y que hay por eso que cuestionar las políticas que los igualitaristas respaldan, como las antes citadas (662).

                Según Kekes, ¿qué pueden responder los igualitaristas para librarse de esta objeción? Dos respuestas principales pueden dar.

                En primer lugar, pueden alegar que los grupos que hoy en día se benefician de esas políticas de igualación reciben sus ventajas y compensaciones porque en el pasado han sido víctimas del maltrato social y han padecido desventajas que eran evitables, como explotación, prejuicios, discriminación, etc., lo que no ha ocurrido con los hombres en relación con su menor expectativa de vida (662-663). Según Kekes, esta objeción no se sostiene. Primero, porque dentro de aquellos grupos, y también entre las mujeres, hay individuos que eran ricos y no han sufrido perjuicios, al igual que entre los grupos dominantes, como los hombres, los hubo pobres y con muy dura vida, que sufrieron fuerte injusticia. Si, según los igualitaristas, es el que se halla en una injusta inferioridad el que debe ser compensado, no se puede localizar a las víctimas meramente como miembros de un grupo -mujeres, de tal o cual raza, etc.-, pues dentro de ese grupo puede haberlos que no hayan soportado esa injusticia o que se hayan beneficiado mucho del padecimiento de los otros. Y también puede haber casos en que concretos individuos que están peor se encuentren así o por mala suerte a nadie imputable o por acciones de las que ellos mismos son responsables (663). Mas, sea como sea, los igualitaristas quieren que sea compensado el que está peor, tanto si es responsable de su propia situación como si no. Si es así, hay perfecta analogía entre la situación como desaventajados de los hombres, que tienen menor expectativa de vida, y la situación de cualesquiera de esos otros grupos que se benefician de las políticas sociales de igualación, como pobres, mujeres, minorías, etc. (664).

[HOMBRE, QUIZÁ NO ESTAMOS ANTE UN BIEN PRIMARIO A REPARTIR. SE TRATA DE REPARTIR UN CONJUNTO DE BIENES.]

                El segundo argumento que, según Kekes, los igualitaristas pueden dar para evitar el absurdo de que su doctrina implique que haya que aplicar políticas redistributivas en favor de los hombres y en perjuicio de las mujeres como consecuencia de aquella diferencia en la expectativa de vida, consiste en decir que el error está en sostener que deban ser combatidas las desigualdades en bienes primarios del estilo de la expectativa de vida. Las desigualdades a superar serían las que se refieren al conjunto de bienes primarios de los que depende la vida en buenas condiciones, no la referida a tal o cual de esos bienes. Atendiendo al conjunto como tal, aunque la expectativa de vida de los hombres sea más baja, está esa desventaja compensada con otras ventajas en cosas tales como empleo, educación, sueldos, etc. Es más, mirando a tal conjunto son las mujeres las que sufren desigualdad y se justifican las políticas de igualación en su favor (664).

[PERO ¿CUÁLES SON EXACTAMENTE LOS BIENES PRIMARIOS QUE HAY QUE REPARTIR?]

                Si la desigualdad que importa concierne al conjunto de los bienes primarios, lo primero que se tiene que aclarar es qué ingredientes forman ese conjunto, qué cosas son bienes primarios a estos efectos (664-665). Los igualitaristas, dice el autor, no dan esa relación de tales bienes y solo presentan caracterizaciones generales de los mismos, como cuando Rawls indica que son cosas que se supone que toda persona racional quiere. Las listas que ofrecen son meras ejemplificaciones “impresionistas”, como cuando el mismo Rawls enumera cosas como derechos y libertades, poderes y oportunidades, ingresos y riqueza. Esos, según Rawls, son bienes sociales primarios. Junto a ellos están otros bienes primarios que son bienes naturales, como salud, fuerza, inteligencia o imaginación. Señala Kekes que esa lista de Rawls es, evidentemente, incompleta y puramente ejemplificativa y que un sujeto racional puede desear muchas otras cosas que hacen plena su vida, como relaciones sexuales satisfactorias, un puesto de trabajo interesante, éxito, ausencia de sufrimiento, no morir prematuramente, no ser humillado o puesto en ridículo, etc. “¿Cómo va a ser posible saber quién está peor en cuanto a los bienes primarios en su conjunto, si no se ha especificado cuáles son esos bienes que integran tal conjunto?” (665).

                Pero supóngase, dice Kekes, que se tiene esa lista de bienes primarios. El problema, entonces, sería el de calcular quién está peor o mejor respecto de ese conjunto. Da el siguiente ejemplo. Dos personas están en igualdad en todos los bienes que cuentan, menos en lo siguiente: una tiene un empleo menos satisfactorio y otra está en peor situación en cuanto a libertad de expresión. ¿Cuál de las dos está peor y debe ser igualada? Y las situaciones reales son mucho más complejas. Si lo que se toma en consideración es el conjunto de bienes primarios, las comparaciones se hacen imposibles, son cálculos inviables a ese nivel conjunto (665). Seguro que por eso las actuales políticas de igualación no se aplican atendiendo a tales conjuntos, sino por referencia a grupos sociales particulares: pobres, mujeres, minorías… Por eso, por ejemplo, cuando mujeres o minorías son objeto de un trato preferencial no se atiende a cuál es el sueldo que cada mujer o miembro de la minoría beneficiada recibe (665).

[ADEMÁS, LA ESPERANZA DE VIDA ES UN BIEN NATURAL.  PERO ESTO ES FALSO EN GRAN MEDIDA]

                Pueden los igualitaristas aducir que los bienes primarios que deben considerarse a efectos de distribución justa son bienes sociales (derechos, libertades, poderes, recursos económicos…), no bienes naturales, como salud o coeficiente intelectual. La expectativa de vida sería un bien natural, no un bien social y, por consiguiente, sobre eso no cabe control ni política de redistribución (666).

                Opina Kekes que ese planteamiento no es convincente, por varias razones. Primera, porque aun cuando no es posible una distribución directa de bienes naturales, sí lo es una distribución indirecta. Así, no se puede controlar directamente la expectativa de vida, pero sí indirectamente, a través, por ejemplo, de políticas de salud, laborales, etc. (666). Segunda, porque es viable establecer compensaciones del reparto desigual de bienes primarios; por ejemplo, dando vacaciones más largas o jubilaciones más tempranas a los del grupo con menor expectativa de vida (667). Tercero, porque los igualitaristas, como Rawls, insisten en que las políticas sociales y redistributivas deben hacer que nadie sufra desigualdad por culpa de su mala suerte y de circunstancias que no están bajo su control personal, y ese es el caso de la expectativa de vida.

 [ENTONCES, ¿CUÁNDO DEBEMOS REDISTRIBUIR, CORREGIR O COMPENSAR?]

                Estima este autor que aunque podamos contemplar como algo moralmente lamentable que unas personas tengan peor suerte que otras, de ahí no se sigue con necesidad que la sociedad deba hacer algo para corregir o compensar. Medidas de corrección o compensación están plenamente justificadas cuando la desigualdad es evitable y se debe a cosas tales como discriminación, explotación, prejuicio o actos similares de injusticia social, en cuyo caso una sociedad justa debe organizar política para prevenirlos. Pero hay otras desigualdades que no se deben a injusticia social, sino a mala suerte personal. “Los igualitaristas han de dar razones convincentes en favor de su tesis de que en tales casos hay una exigencia moral de redistribución y compensación, especialmente cuando esas medidas suponen privar a otras personas de lo que estas han adquirido legítimamente” (668).

[LA REDUCCIÓN DEL CÍRCULO DE DESIGUALDADES QUE DEBEN SER ATACADAS]

                En conclusión, para Kekes, si los igualitaristas perseveran en su idea de que también deben corregirse las desigualdades no debidas a prácticas sociales e institucionales, entonces deberían estar de acuerdo con esa propuesta que a tantos parecerá absurda: que la desigualdad en expectativas de vida, que perjudica a los varones, debe ser reformada o compensada tanto favoreciéndolos a ellos como dando un tratamiento más perjudicial para las mujeres, hasta que la igualdad en eso se logre.

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[1] Originariamente publicado en Ethics, vol. 104, nº 4, julio 1997, pp. 658-669. La primera parte de tal artículo se recoge también en: C. Farrelli (ed.), Introduction to Contemporary Political Theory, Londres, Sage, 2004, pp. 45-50.

[2] Entre paréntesis irán las páginas de la publicación en en Ethics, vol. 104, nº 4, julio 1997, pp. 658-669.

[3] U.S. Bureau of Census, Statistical Abstract of the United States, 114th ed. (Washington, D.C., 1994), p. 87.

[4] Ethics, vol. 110, nº º (octubre de 1999), pp. 84-92.

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Memoria del pasado y construcción de fábulas

1.-He dudado mucho antes de incluir el siguiente artículo en este cuaderno. De entrada, mi conocimiento sobre los temas de memoria histórica es muy reducido (posiblemente, a causa de mi misma juventud). Jamás entendí el arrebato del Gobierno de Rodríguez-Zapatero por esta cuestión. Más mesuradas y ecuánimes me parecieron algunas actuaciones concretas del conseller Saura en Cataluña, quizá por su ascendencia en el PCE y el PSUC –cuyo concepto de “reconciliación nacional” me pareció más justo-.

En realidad, lo que ocurre es que tengo un enfado pedestre con el vendaval de destornilladores que quitan las placas del Ministerio de la Vivienda  y del Instituto Nacional de la Vivienda. Dada mi afición por las cosas urbanas, bastaba un paseo para reflexionar un poco sobre la política de alojamientos de protección oficial de aquellos años. Del mismo modo, me encantaría que quedara algún rasguño de las factorías colectivizadas por la CNT en Cataluña, por ejemplo. Desaparecidos los restos físicos y muertos ya, poco a poco, los contemporáneos, sólo cabe santiguarse y confiar en la versión de los historiadores.

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2.-Como ven, pues, tengo poco que aportar sobre el tema. Sin embargo, la manipulación de la tragedia de Puig Antich me remueve por distintos tejidos. Quizás es la llamada de la sangre, ya que un familiar mío testificó  en el proceso contra su padre. Para no reforzar una vanidad sin fundamento, me remito al artículo de Enric Canals en la Revista d’Igualada, núm. 27, de diciembre de 2007, Pare de Salvador Puig Antich. Joaquim Puig i Quer, una història lligada a la Igualada de la guerra civil. También puede que me atrape el tintineo de la bellísima canción de Joan IsaacA Margalida” (una de las tres o cuatro mejores piezas de la Nova Cançó, aunque poco conocida). Por otra parte, aprendimos luego lo que era la torna y apareció por allí Albert Boadella.

       Otra posible razón del tirón –y ahora me refiero al agudo artículo que transcribiré de García-Sabell- es la referencia al abuelo Agustín (García Calvo). En efecto, recuerdo perfectamente un artículo suyo en Actualidades (Lucina, 1980), con el título “Del crimen de Estado”. Allí criticaba amargamente las ejecuciones de Puig-Antich y de Heinz Chez. Por cierto, este último no suele acceder a la arena política. Y, desde luego, aludir a Anguas Barragán, cuyo nombre conocí gracias a A. Espada, sería pedir peras al olmo, aunque quizás a través de Pasolini  se les remueva algo.

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3.-Para el contexto de los hechos puede servir una frase de García Calvo en la entradilla de su texto: “…las vigilias que los días antes habíamos pasado unos cuantos amigos, llenas de amargura y sentimiento de impotencia, tratando de mover palillos que detuvieran el mecanismo de la Justicia”. Para una visión más general, es muy útil el reportaje de TV-3 en el programa 30 minuts bajo el título Puig Antich: les últimes hores.

Vamos, pues, con el interesante escrito de Regino García-Badell, publicado en Clublibertad digital  el uno de marzo de este año.  Mis lectores podemitas –que son legión- disculparán sin duda el tono vehemente de esta magnífica pieza.

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REGINO GARCÍA-BADELL.

Puig Antich: otro ejemplo de la impostura de Podemos y un documento olvidado”.  

Este jueves, 2 de marzo, se han cumplido 43 años de la ejecución en Barcelona con garrote vil de Salvador Puig Antich, un joven anarquista que unos meses antes, en un forcejeo cuando iban a detenerle, había matado a un policía, que también era joven.

Durante muchos años esta fecha pasaba desapercibida por muchas razones, la principal era que Puig y lo que representaba no tenían cabida en los idearios ni en los proyectos de ningún partido político español, ni de izquierdas ni de derechas.

Pero todo cambió el año pasado, porque el 2 de marzo de 2016 coincidió con el debate –fallido– de investidura de Pedro Sánchez, ese debate que habría terminado con Sánchez en La Moncloa, si Pablo Iglesias se hubiera abstenido. Pues bien, ese día, Iglesias lo primero que dijo desde la tribuna del Congreso fue que, en un día como ese 2 de marzo, quería recordar a Salvador Puig Antich en el aniversario de su ejecución por el franquismo. Poquísimos de los diputados presentes en el Congreso, y aún menos ciudadanos, sabrían quién era Puig Antich y qué pasó para que lo ejecutaran.

La intervención del podemita podría haberse considerado un alegato contra la pena de muerte, felizmente abolida en España desde la Constitución de 1978. Los alegatos contra la pena de muerte siempre serán pocos. En ese sentido, si Iglesias quería citar algunos casos de ejecutados, podría haber mencionado también a Heinz Chez, el incógnito alemán, que, condenado por matar a un guardia civil en un camping de Tarragona, fue agarrotado el mismo día que Puig. O a algunos de los guillotinados en Francia todavía en 1976 y 1977, con Giscard d´Estaing como Presidente de la República. O a los millones que sus correligionarios comunistas han ejecutado –y siguen ejecutando- allá donde han tomado el poder o lo siguen detentando.

Pero donde las medias verdades se convierten en un monumento a la impostura es en la referencia al franquismo y a las circunstancias que rodearon todo ese caso. Claro que el franquismo era dictatorial, tan claro como que la oposición a ese régimen liberticida era muy escasa en número y muy pobre en influencia real en la sociedad. Aparte de que está por ver el carácter democrático de la mayoría de los pocos grupos que activamente se opusieron al franquismo.

Pero la mención de Iglesias sirvió para que los pocos que en 1974 teníamos conciencia política, los pocos que manteníamos una actitud de oposición al régimen y los todavía menos que aún estamos vivos recordáramos aquel episodio, que, como toda ejecución de una pena de muerte, estuvo lleno de dramatismo. Algunos, como Arcadi Espada o Pepe García Domínguez, ya escribieron el año pasado sobre el asunto recordando cómo vivieron ellos mismos los momentos que rodearon aquella ejecución.

Yo también puedo hacerlo porque, además de mis recuerdos de lo que intenté hacer para evitar aquella ejecución, guardo un documento de primera mano, que, por cierto, nunca he visto reproducido en los bastantes libros que se han editado sobre el caso: una fotocopia con las firmas de los únicos que hicieron algo, no porque comulgaran con las ideas del ejecutado, sino porque estaban, sin reservas, contra la pena de muerte.

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[V. el documento aquí: ***]

La historia de Salvador Puig Antich podría ser la historia de algunos de esos pocos que, en tiempos de Franco, tomaban conciencia de la falta de libertad y buscaban, con ansia y hasta con desesperación, la forma de hacer caer su régimen. Dentro de esos pocos, aún eran menos los que optaban por abrazar la ideología anarquista y que, por tanto, ocupaban su precaria actividad antifranquista en la defensa de posiciones libertarias, antiautoritarias, antiestatalistas y antipolíticas. Y, dentro de éstos, aún fueron muchísimos menos (¡gracias a Dios!) los que dieron el paso de imitar a los de ETA y empezaron a dar atracos y a planear acciones terroristas. Unos de esos pocos fueron los que, en Cataluña, crearon el MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), en el que se enroló el joven Puig Antich.

Lo que vino después ya se sabe bastante bien: esos del MIL consiguieron algunas armas con las que llevaron a cabo algunos atracos a bancos, en uno de los cuales se comportaron con especial violencia, usando las armas e hiriendo al cajero de la sucursal, al que dejaron ciego. Este atraco hizo que la policía considerara a los del MIL un objetivo prioritario, y el 24 de septiembre de 1973, enterada de que había una cita para Puig, montara un dispositivo para detenerle. Le sorprendieron y en el transcurso del forcejeo de su detención, sacó una pistola, la disparó y mató a un policía de 23 años.

Los antifranquistas, sobre todo los que no militábamos en ningún partido, nos dimos cuenta de que aquél era un asunto que tenía muy mala pinta porque intuimos que nadie iba a movilizarse para evitar lo peor, y lo peor podía ser la ejecución del anarquista.

Conviene tener en cuenta que, hasta aquellas fechas, septiembre de 1973, ETA sólo había asesinado a dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (el guardia civil Pardines en junio de 1968 y el comisario de policía Melitón Manzanas en agosto de ese mismo 1968).

Como también hay que saber que, en las ilegales manifestaciones del 1 de mayo de ese 1973, en Madrid, cerca de lo que hoy es el Reina Sofía, un grupo de militantes del PC M-L (Partido Comunista Marxista Leninista, escisión del PCE de Carrillo, de orientación maoísta), constituidos en un grupúsculo que se autodenominaba FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), tendieron una emboscada a unos policías y, con un punzón, apuñalaron a uno de ellos hasta darle muerte, sin que, por cierto, la policía identificara a los culpables, que han quedado impunes hasta hoy.

Sabíamos que, por esos antecedentes, la policía quería que hubiera castigos ejemplares para los que atentaran contra cualquiera de sus miembros, y Puig había matado a un joven inspector. Así que inmediatamente comprendimos que el caso del anarquista catalán iba a ser una prueba para un régimen que mantenía la jurisdicción militar para los delitos contra las fuerzas armadas y las del orden.

Pronto fuimos conscientes de que Puig Antich iba a tener que enfrentarse a un consejo de guerra, en el que no sería raro que le pidieran pena de muerte, sin el menor apoyo de nadie. Y nos dimos cuenta de esto porque el establishment del antifranquismo (siempre hay establishments en todas partes, incluso en la clandestinidad) decidió que Salvador Puig era un alocado anarquista que había puesto en cuestión la voluntad de la oposición antifranquista de manifestarse en todo momento como pacífica y ajena a pretensiones revolucionarias o insurreccionales. Lo que no estaba lejos de la verdad.

Puede que tuvieran razón los comunistas (los del PCE y también los prochinos del PCML y el FRAP), los escasos socialistas que había entonces y, también, los democristianos, cuando se negaron a, siquiera, firmar alguna carta o manifiesto de petición de clemencia para Puig, que sabíamos que muy pronto tendría que comparecer ante un consejo de guerra. Pero la realidad, la realidad que tienen que conocer todos los que escucharon al neocomunista Iglesias en el Congreso, es que nadie de la oposición al franquismo movió un dedo para salvar la vida de Puig Antich. Por mucho que ahora personajes como este Iglesias quieran falsificar la historia haciendo a Puig un luchador por la libertad, lo que no es cierto en absoluto, y proclamando que los antifranquistas se movilizaron para salvarle de la pena de muerte, lo que también es rigurosamente falso.

Es verdad que, si las cosas estaban difíciles para salvarle en octubre, peor se pusieron cuando, el 20 de diciembre de ese año de 1973, ETA asesinó al presidente del Gobierno, Carrero Blanco, a su conductor y al policía de su escolta. Porque el consejo de guerra para juzgar a Puig estaba convocado para el 8 de enero siguiente, 19 días después del magnicidio.

Pero los que no nos dábamos por rendidos en nuestra pretensión de salvarle de la última pena, recordábamos entonces cómo, tres años antes, en diciembre de 1970, Franco había conmutado seis penas de muerte impuestas a otros tantos etarras, que habían asesinado a Manzanas, esperándole en su domicilio. Y aunque los etarras estaban convictos de ese asesinato, la presión internacional y nacional había forzado a Franco a indultarles. Con cierta ingenuidad pensábamos que Puig había matado a un policía, sí, pero no había ido a matarlo, había sido en un forcejeo, y no había habido ni premeditación ni alevosía. En cierto modo, había sido un accidente fortuito y no un acto de terrorismo premeditado. Y por ahí, pensábamos, se podría encontrar una fórmula para evitar su condena capital o, en todo caso, un posterior indulto.

Pero este razonamiento, que en Madrid algunos hicimos a miembros de la oposición clandestina al franquismo para intentar que se movilizaran, fue en vano. Nadie quiso ayudar a Puig. El PCE dio orden expresa a sus miembros de no mezclarse en este asunto, y esa orden la transmitió también al PCF, que utilizó su enorme influencia entre los intelectuales franceses para impedir que los habituales firmantes de manifiestos antifranquistas se movilizaran, y ni los Sartre ni las Simone de Beauvoir ni ningún intelectual de la esfera progre francesa se tomaron la molestia de levantar su voz para impedir aquella ejecución. Los pocos socialistas que existían en España ni siquiera tuvieron que dar esa orden porque no tenían la menor duda de que aquel anarquista era un elemento perturbador del cambio de régimen que ya se olía en el ambiente y en el que ellos querían tener un papel predominante. Y los democristianos, a lo más que llegaron fue a algunas buenas palabras. Ésa fue mi experiencia directa. No voy a citar nombres de los que no quisieron hacer nada, pero sí el del único que conmigo se mostró dispuesto a hacer algo, Carlos García Valdés, el que luego sería director general de Prisiones con UCD y ahora es ya veterano catedrático de Derecho Penal.

Los exiliados españoles de ideas más o menos ácratas que estaban en París, con Agustín García Calvo a la cabeza, se esforzaron por conseguir algunos firmantes para enviar un escrito al Capitán General de la IV Región Militar (entonces la de Barcelona, de quien dependía el consejo de guerra convocado), y lograron que algunas personalidades firmaran. Un escrito que conservo y al que me refería al principio. Y aquí está la lista de los firmantes. Merece la pena leerla con atención: algunos sacerdotes católicos y pastores protestantes, algunos sabios independientes, algunos liberales británicos, algunas buenas personas, incluso dos princesas carlistas, pero ni uno solo del mundo del comunismo, que obedecieron las órdenes de sus jefes y mentores:

  • Dr. Hugo Pos, juez en el Tribunal de Apelación de La Haya, miembro de la Asociación de Magistrados Holandeses.
  • Rdo. P. Michel de Certeau, profesor en la Universidad de París VIII.
  • General Paris de la Bollardière.
  • Pierre-Maxime Schul, miembro del Instituto de Francia.
  • Marcel Bataillon, profesor en el Colegio de Francia.
  • Jean-Marie Domenach, director de la revista Esprit.
  • Paul Flamand, director de Éditions du Seuil.
  • Maître Jean-Jacques de Felice, miembro del Movimiento Internacional de la Reconciliación, miembro de la Liga de Derechos del Hombre.
  • Pastor René Cruse, miembro del Movimiento Internacional de la Reconciliación.
  • Marcio Alves, periodista (Brasil).
  • Margaret Gardiner, miembro del Comité Internacional para el Desarme y la Paz.
  • Laurent Schwartz, matemático.
  • Léo Matarasso, abogado.
  • Helen Hill, miembro de Amnistía Internacional (Australia).
  • Germaine Tillion, directora de l´École Pratique des Hautes Études.
  • Monique Mercier, miembro de la World Young Women Christian Association.
  • Peggy Duff, miembro del Comité Internacional para el Desarme y la Paz.
  • Maria Jolas, miembro de Amnistía Internacional.
  • Lord Gardiner, Cámara de los Lores, exministro de Justicia británico.
  • Sir Alfred Ayer, profesor de Lógica en la Universidad de Oxford, miembro de la Unión Internacional Humanista y Ética.
  • Lord Caradon, exembajador del Reino Unido en las Naciones Unidas, exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores del Gobierno de Su Majestad.
  • Princesa Cecilia de Borbón.
  • Princesa María de las Nieves de Borbón.
  • Joan Baez, cantante (USA)
  • Mary Berley, periodista.
  • Maurice de Gandillac, profesor en la Sorbona.
  • Alfred Kastler, Premio Nobel de Física en 1966 (que firmó el escrito dirigido al capitán general pero pidió que no se hiciera público su nombre).

Esta carta que mandaron en diciembre de 1973, antes del asesinato de Carrero, valió para bien poco. A Puig lo condenaron a muerte en enero, y el 2 de marzo lo ejecutaron. Quizás para disimular, el mismo día ejecutaron al ya citado Heinz Chez, y esa ejecución fue la que inspiró a Boadella su obra “La torna”, por la que él, a su vez, fue procesado y encarcelado, pero ya con Franco muerto y en los albores de la Constitución.

Recordar a Puig Antich debería haber obligado a Iglesias a recordar cómo sus correligionarios comunistas han tratado siempre a los anarquistas (nadie ha escrito más y más duro contra ellos que Lenin por no mencionar lo que hizo con cualquier vestigio de anarquismo) y cómo trataron al propio Salvador Puig. Por el más elemental sentido de la dignidad, Iglesias, como comunista, nunca debió citar a Puig Antich. Pero ya que lo citó conviene que se sepa cómo lo trataron de verdad los que a veces utilizan su nombre para seguir alanceando el moro muerto del franquismo.

Recordar a Puig hoy debería ir unido, en primer lugar, a recordar al pobre policía al que mató de un disparo, y, por supuesto, a un repudio de la pena de muerte, pero también, y sin reservas, a un repudio de lo que hizo y lo que intentaba hacer desde aquel grupo ya armado. Y de ninguna manera, el hecho de haber sido víctima de la pena de muerte –algo que rechaza la mayoría de los ciudadanos en las democracias–, le hace merecedor de ningún homenaje, sino sólo de la compasión.

Y siempre, en todo momento, reivindicar la verdad como la mejor garantía de la libertad y reconocer siempre en la mentira y la impostura, como la de Iglesias hablando de Puig, la primera muestra del totalitarismo.

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Impuntualidad insubsanable (nota a la STC 222/2016, de 19 de diciembre).

1.-Sevilla, Juzgado de Primera Instancia número 2, 23 de abril de 2014, 10 horas. Vista oral en proceso de ejecución hipotecaria. Se ventila en ella la demanda incidental de oposición a la ejecución. O sea, incidente extraordinario regulado en la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. El actor-ejecutado denunciaba la existencia de cláusulas abusivas en la hipoteca, interesando el sobreseimiento del proceso o, subsidiariamente, la declaración de nulidad de las cláusulas impugnadas,  business as usual.

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2.-Concurrió ciertamente el abogado del ejecutado, pero no el procurador en su condición de representante procesal. Parece ser que el acto empezó a las 10,16 y que concluyó a las 10,20. Aunque hay debate en esto, afirma la parte que solicita el amparo que el mencionado abogado solicitó la suspensión y que incluso se hizo alguna gestión para hallar un Procurador alternativo (no queda claro si al cabo de poco tiempo se logró su concurrencia). Finalmente, el juzgador declaró el desistimiento y el sobreseimiento de la acción por inasistencia de la procuradora designada a la comparecencia del art. 695.2 de la LEC .  Entendió que, teniendo en cuenta el artículo citado y el párrafo 4º del art. 560 de la LEC, quedaba clara la incomparecencia del ejecutado y, por tanto, sus desistimiento de la oposición.

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3.-Hasta aquí, pues, poco que objetar. Sin embargo, el Ministerio Fiscal plantea la posible relevancia constitucional del recurso de amparo interpuesto por el actor-ejecutado. Trae a cuento el dilema entre “la ausencia en  la correspondiente vista de los profesionales designados por la parte procesal, cuya asistencia sea preceptiva, con actos de esta que expresen, sin embargo, una voluntad inequívoca de continuar con el procedimiento”. ¿No estaríamos, pues, ante un rigorismo o formalismo excesivo y, por tanto, ante una vulneración del principio pro actione? La parte había mostrado una clara voluntad de continuar el procedimiento, su representante y asesor jurídico se había personado y, por tanto, cabía invocar el tradicional punto de partida del Tribunal Constitucional:

       “Al respecto, constituye doctrina consolidada de este Tribunal que la denegación de una decisión sobre el fondo del asunto tiene relevancia y dimensión constitucional cuando tal inadmisión suponga una interpretación de la legalidad procesal manifiestamente irrazonable, arbitraria o fruto de un error patente, o también, adicionalmente, caso de que lo anterior no fuera apreciado por ser respetuosa con el derecho fundamental la respuesta desde ese plano, cuando las reglas de acceso a la jurisdicción se hayan interpretado de manera rigorista o excesivamente formalista, o de cualquier otro modo que revele una clara desproporción entre los fines que estas reglas preservan y los intereses que sacrifican (por ejemplo, STC 240/2005, de 10 de octubre, FJ 5, entre otras muchas)”.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que el juzgador valoró la incomparecencia durante 20 minutos y, asimismo, la falta de justificación de la ausencia al acto de la vista. En conclusión “el derecho a la tutela judicial efectiva, también en su vertiente de acceso a la jurisdicción, no ampara actitudes carentes de la diligencia debida por parte del interesado, lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte, de la garantía a un proceso sin dilaciones indebidas o de la regularidad, buen funcionamiento y, en definitiva, integridad del proceso (por todas, STC 195/1999, de 25 de octubre, FJ 2)”. Otra cosa es, por supuesto, que esta pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia conduzcan a responsabilidad civil o disciplinaria del profesional  que no llegó a tiempo.

Y ocurrió en Sevilla (contra el tópico de los petulantes). Y en abril.

Paris. Gare de Lyon.

Paris. Gare de Lyon.

 

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La cesión de viviendas a la Administración como fin extrafiscal de un tributo.

1.-La existencia de viviendas vacías es disfuncional para la organización urbana. A diferencia de la corriente que propugna el respeto absoluto a las facultades del propietario, hay que reconocer que este tipo específico de vacío es, por ejemplo, un fraude a la planificación urbana, arruinando su trabajosa previsión de centros sanitarios o educativos, de anchura de las aceras o de previsiones para el transporte público. Si no hay nadie viviendo ahí, todo queda en agua de borrajas. Incluso la smart city que nos están preparando ya en el horno se  converitiría en una red sin personas.

Por no hablar, en fin, de la tristeza y de la pérdida de valor de las propiedades colindantes (imagínese usted que adquiere un piso en un inmueble de diez plantas en el cual la mitad están desocupadas).Esta deserción  –se dice- atrae descuido y ocupaciones ilegales. Incluso simboliza el  terror, como recordaban Stanley Kubrick y Jack Nicholson en El Resplandor, hace ya muchos años:

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2.-Dispuesto a curarnos del espanto, el tercer párrafo del art. 72.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales estableció la posibilidad de que el Estado regulase por reglamento un recargo sobre el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto si se trataba de inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente –una vez constatada esta situación-:

 …      Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.”

…       Los ayuntamientos, por tanto, pueden establecer en sus ordenanzas fiscales el recargo, pero no cabe exigir su pago hasta que no se apruebe y promulgue el reglamento estatal (sobre esto, v. ALÍAS CANTÓN, M.. “A vueltas con el recargo de hasta un 50 por cien en el IBI de las viviendas desocupadas”, Revista digital CEMCI, núm. 25, enero-marzo 2019). En realidad, el IBI y este recargo todavía non nato son tributos diferentes. El primero es un impuesto que grava la titularidad de los derechos de propiedad, de superficie y de usufructo sobre los inmuebles, así como el derecho de concesión administrativa sobre ellos o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos. En cambio, el recargo es un tributo con fines no fiscales, amparado en la tesis de que su presencia estimula la “movilización” y aumento de la oferta y, por tanto, la disminución de los precios.

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3.-El universo, por otra parte, no conoce el vacío y, prestas a corregir la pasividad estatal, algunas Comunidades Autónomas han aprobado leyes reguladoras de un Impuesto sobre viviendas desocupadas. Dejando de lado las normas promulgadas bajo el generoso y acogedor régimen foral, en el régimen común  destaca la Ley catalana 14/2015, de 21 de julio, del Impuesto sobre Viviendas Vacías (recurrida ante el Tribunal Constitucional, que levantó la suspensión en su aplicación). Se trata de un tributo directo cuyo hecho imponible es la “desocupación permanente de una vivienda durante más de dos años sin causa justificada”. Por motivos de sencillez en la gestión, la Ley sólo considera como sujetos pasivos a las personas jurídicas (no, por tanto, al Sr. Andreu, que guardaba la casa para su nieto).

      Sin embargo, la Ley catalana es una norma que, más que buscar el aumento de la oferta, pretende que los alojamientos sin uso se pongan a disposición de los programas sociales convenidos con las Administraciones Públicas. Si así ocurre, la Ley dispone graciosamente la exención del tributo. También se bendicen con una exención intuitu personae las  entidades del tercer sector vinculadas a la red de viviendas de inserción reguladas en un reglamento administrativo –el Plan para el derecho a la vivienda- y las personas inscritas en el Registro de entidades y establecimientos de servicios sociales de Cataluña. En consecuencia, parece que el auténtico fin extrafiscal consiste en aumentar el porcentaje de viviendas bajo gestión pública -que suele tener carácter transitorio y que no implica, por tanto, una transmisión definitiva-.

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La “Winchester House” (en Berkshire, Reino Unido), un interesante caso de abandono integral de un edificio de respetables proporciones. Fuente : getreading. (STEFFAN RHYS).

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El Derecho como ideario inscrito en la Historia. Una nota a partir del franquismo.

1.-Profunda reflexión de Francisco Umbral en su apasionante Trilogía de Madrid. Nos interesa porque es bien sabido que las leyes-cimiento del Derecho Administrativo español y sus bóvedas conceptuales nacen en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado (entrando luego en otra fase con la Constitución y  el ingreso en las Comunidades Europeas). Baste citar como ejemplo la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. Fue capital aquí el papel de Laureano López-Rodó, cuya defensa de la Ley en la sesión del Pleno de las Cortes de 15 de julio del año citado concluyó con estas palabras (según refiere en sus Memorias):

Es muy grande la trascendencia práctica de las Leyes de  Procedimiento. De la norteamericana de 1946 ha dicho el profesor polaco Iserzon, apoyándose en el testimonio de Vamdervit y Godshall, que es la medida más importante adoptada por el Congreso de los Estados Unidos en toda su historia. Ojalá que de la nuestra pudiera afirmarse, de acuerdo con la sentencia clásica, que es, no la mejor que podía escribirse, sino la mejor entre las que se pueden cumplir.“

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2.-La apuesta del franquismo iba en una doble dirección. Por un lado, la articulación constitucional, que se quiso edificar en torno a las Leyes fundamentales. Hubo aquí, por cierto, diversos proyectos fallidos (e incluso Aunós escribió su página al viento con un texto fechado en 1945). Pero, por otro lado, se puso énfasis en la construcción de un Derecho público serio que suavizase algunas aristas de la dictadura. En realidad, ciertas interpretaciones doctrinales opinan que la verdadera norma constitucional del franquismo no estaba en sus pomposas y retóricas Leyes Fundamentales,  sino en las leyes administrativas, tributarias y público-laborales de los años cincuenta y sesenta del siglo XX. Así, el catedrático de Derecho Político Luis Sánchez Agesta se refirió a la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 con la expresión de “Carta Magna de los administrados” (según precisan las Memorias precitadas de López-Rodó en su p. 108).

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3.-Por todo ello, como digo, es sugerente la idea de Umbral, que apunta al Derecho no como instrumento operativo sino como herramienta –prostituida- para entrar en la Historia con el adecuado barniz ideológico, justo como aprendieron luego los genios de las hoy abundantes  leyes-manifiesto. Estas normas serían, pues, bellos escaparates con palabras escogidas, Derecho desjuridificado y sin vitaminas,  aunque con una sorprendente aureola de gloria política y agarre filosófico (la negrita es nuestra):

  Sánchez Mazas, Laín Entralgo, Foxá, Ridruejo, Tovar, Torrente Ballester, Eugenio d’Ors, una serie de intelectuales conversos, reconversos o avenidos, habían querido darle a la dictadura un poco de historicidad, ya que no juridicidad.

Pero lo que había hecho el general, exactamente, era todo lo contrario, o sea secuestrar la Historia, hacerla inviable, detenerla mientras le durase a él la vida.

El franquismo, iba yo viendo por entonces, era él mismo inviable porque no se inscribía en la Historia, sino que la ponía entre paréntesis. Probablemente, Franco buscó durante todo su mandato, más que una manera de legitimarse ante el pueblo (se consideraba legitimado por la guerra y la victoria), una manera de insertarse en la Historia.

Esto era paradójico, porque la Historia la había secuestrado él previamente. Él mismo se había puesto entre paréntesis y como tal iba a quedar o desaparecer. Su verdadero mausoleo serían las dos curvas de un paréntesis.

Pero la preocupación de Franco por insertarse en la Historia, ya en vida (no debía confiar mucho en la posteridad), quedaba patente en los diversos intentos que hizo –referéndumes, plebiscitos, seudoleyes- para conferirle juridicidad a lo suyo.

Los analistas extranjeros y algunos españoles tomaban esto como burdos ensayos de mimetismo democrático. Pero Franco no creía en la democracia y la condenaba a diario. En esto era coherente.

Hacia donde iban sus leyes fundamentales y sin fundamento no era hacia el democratismo europeo, sino hacia la Historia.

Por eso se hacía tanto periodismo “histórico” por entonces, que generalmente estaba tomado del Espasa, y por eso, quizá, lejanamente, mis entrevistas inventadas y recreaciones del pasado eran ambigua, pero no hostilmente, recibidas en algunos medios. Todo es bueno para el convento”, dijo el fraile.

Y llevaba al hombro una puta.

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