Notas dispersas sobre la función y los orígenes de la corrupción administrativa.

1.-Llevo algunos días pensando –sin demasiado aprovechamiento- sobre las relaciones entre la corrupción y el ordenamiento jurídico. Gracias a Joan Mauri –uno de los mejores profesores que he tenido a lo largo de toda la vida- cayó en mis manos en primero de Derecho un libro interesantísimo, del cual nos hizo leer un artículo. Se trataba de Coyuntura económica y reformismo burgués, de J. Vicens Vives. Bajo este epígrafe se agrupan varios estudios de este autor. El trabajo seleccionado fue “Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII”. Entre otras cuestiones, apunta que la corrupción puede considerarse como un sistema impuesto por la necesidad de remediar los fallos de los aparatos administrativos anticuados. El análisis se refiere a la Monarquía española y a su esfuerzo en relación con la conquista de América.

Vicens considera que la corrupción en esa época no es imputable al relativismo moral del administrador castellano. La clave radicaba, por el contrario, en el inmenso reto que suponía el comercio americano, que había que hacer funcionar “ a pesar de las leyes”. El autor se remite a la obra monumental de Huguette y Pierre Chaunu, Seville et l’Atlantique (1504-1560), I.Introduction méthodologique (1955). Sin embargo, de la consulta que he efectuado hasta ahora de este texto, no derivo con tanta claridad las tesis del historiador catalán. Su conclusión es que Holanda e Inglaterra caerán en los mismos vicios en el siglo XVII, cuando se enfrenten con idéntico desafío.

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2.-La idea de que la corrupción activa y desengrasa artefactos jurídicos obsoletos ha sido ampliamente desarrollada por un sector de economistas. Incluso se habla de una “corrupción expansiva” –que aumentaría la flexibilidad y la competitividad- y una “corrupción restrictiva” –que aún limitaría más las posibilidades de intercambio libre-.

La hipótesis es, desde luego, atractiva, pero también ha tenido numerosos detractores. Por ejemplo, desde el punto de vista de la legitimación del sistema, nada asegura que, a través de trampas, obtengan las rentas  los operadores más eficientes. Por otra parte, se afirma que da igual si las reglas son obsoletas o no. Lo importante es el ámbito de poder y decisión que se entrega a la Administración Pública y a sus autoridades y funcionarios.

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3.-De todos modos, es cierto que la orientación predominante  prefiere entender el nivel de corrupción como el resultado de comparar el pago recibido y el coste y posibilidades de ser descubierto. En esto se centra el remedio tradicional –el Derecho penal– y algunas normas preventivas de Derecho Público (órganos específicois de control, rendición de cuentas, inspección externa y externa, etc.). Sin embargo, no puede desconocerse el interés que tienen los estudios recientes sobre ética pública y sobre la  conexión entre los valores socialmente aceptados y los movimientos del virus intra muros de la Administración Pública.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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