Control interno de legalidad, buenas prácticas y corrupción urbanística: guión para una mesa redonda.

1.-Buenas tardes. Deseo en primer lugar agradecer su presencia aquí y, especialmente, doy las gracias a los organizadores por haberme invitado. En concreto, al Ayuntamiento de Mollet –con su impecable servicio técnico con Begoña Ballvé, Jefa de Servicios Jurídicos, S.Carmona  y Anna Castelló Soler– y a la ya emblemática Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, con su presidente Sr. Francisco Alegría Martínez de Pinillos a la cabeza.

El título de la mesa redonda es amplio y se expresa en positivo –“El control interno de la legalidad de la actividad urbanística y el cumplimiento de buenas prácticas como garantía de eficiencia y buena administración”-. Sin embargo, como aconsejaba Heráclito, para comprender el bien hay que mirar el mal, para acercarse a la paz hay que contemplar la guerra. Y la guerra, el dios Marte que impulsa esta cuestión es, evidentemente, el fantasma de la corrupción. Su sinuosa presencia ha reforzado la construcción de trincheras jurídicas –las que existían y algunas nuevas- y, como un caracol, ha segregado un líquido ya abundante de buenas prácticas y protocolos de buen gobierno.

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2.-Tenemos hoy con nosotros al Dr. Óscar Capdeferro, autor  de la monografía principal –un auténtico manual, vaya- sobre la corrupción urbanística tratada desde el Derecho Administrativo. También nos acompaña el Sr. Jordi Tres,  jefe del Área del servicio de Formación de la Oficina Anti-Fraude de Cataluña, una institución ya puntera en el análisis técnico de este campo. Igualmente, es un placer presentar a Camil Cofan Amiel, subdirector general de Urbanismo de la Generalidad, que nos explicará cómo se aplican al planeamiento las reglas de transparencia y buena administración.

       Por otra parte, no debe olvidarse que estos temas gozan de una ya extensa preocupación doctrinal. La transparencia, por ejemplo, disfruta de una bibliografía casi inabarcable. Por lo que respecta a la corrupción stricto sensu baste citar el reciente libro publicado en Marcial Pons La corrupción política en la España contemporánea, cuyos directores –Borja de RiquerJ.Ll. Pérez Francesch, Lluís Ferran Toledano y Oriol Luján– capitanean un sólido grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Por mi parte, tengo la suerte de formar parte de un equipo de profesores españoles con epicentro en la Universidad de Granada para el estudio de la corrupción bajo el prisma del Derecho Administrativo, comandados por el infatigable Federico Castillo Blanco [1].

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3.-Lo primero que debe moderar un moderador que se precie de tal cargo es la extensión de su discurso. Me limitaré, por tanto, a abrir tres catas en las que pueda aflorar el debate.

Inicialmente, el frente político y politológico. La corrupción es hoy un arma fundamental en la lucha política. A mi entender, ello contamina inevitablemente el mundo de los saberes sociales, que no son científicos y que pugnan por cocinar un conocimiento objetivo en este grasiento cocido. Baste observar que los análisis politológicos serios muestran muchas menos alarmas que las que suenan ruidosas en el estrépito de la opinión pública. Con un apunte técnico: no es nada fácil acotar el concepto de corrupción en la práctica y, en urbanismo, debe ser claramente deslindado de otros fenómenos como la especulación, la fealdad arquitectónica o las programas de crecimiento territorial expansivo.

En segundo lugar, la cuestión jurídica. El Derecho penal dispone de potentes instrumentos para atajar el mal, siempre que el juez disfrute de medios y ganas y le llegue al Ministerio Fiscal un aluvión de notitia criminis suficientemente elaborado para facilitar la incoación de los procedimientos. Ahora bien, el Derecho Administrativo siempre tuvo elementos preventivos, además de los que ya se están articulando en torno a las ideas de transparencia, buen gobierno y buena administración. Respecto a estos últimos, las esperanzas son altas y quizás el riesgo está en su acumulación y falta de simplicidad, ya que es sabido que la corrupción respira con fuerza en situaciones de caos normativo.

       Respecto a los medios clásicos, podríamos señalar, por ejemplo, la importancia de los cuerpos de funcionarios de habilitación nacional. Secretarios e interventores son unánimemente alabados por la doctrina e incluso se  señala que su falta ha favorecido los grandes escándalos producidos en algunas corporaciones locales. Nos hallamos, sin embargo, ante una herramienta, a veces, de metal romo por diversas razones. Por ejemplo, la dotación meramente interina de sus plazas, la falta de medios materiales o la inquietante presencia de la libre designación como fórmula de provisión de puestos en algunos  ayuntamientos. Es un error que la Administración del Estado haya perdido presencia en la configuración de su status y carrera profesional, ya que es la entidad adecuada para defender a un auténtico enemigo del pueblo, en el sentido –absolutamente positivo y liberador- que le da Ibsen: un incómodo doctor Stockmann contra el podrido balneario local.

Y, finalmente, deseo poner sobre la mesa una frase cuyo autor lamento no recordar y que se preguntaba por qué unas personas con la misma formación y clase y posición social se corrompen y otras no. El autor aludía luego a los valores familiares como una de las claves de estas divergencias vitales. A menudo, los que nos dedicamos al Derecho miramos por encima del hombro a las aportaciones de la ética pública, pero es evidente que esta disciplina está aportando criterios que habrá que tener en cuenta en el futuro. Muchas gracias.

[1] Se trata, en concreto, del «Proyecto I+D DER2016-79920-R, LA LUCHA POR LA ÉTICA Y CONTRA LA CORRUPCIÓN: EMPLEO Y CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, URBANISMO Y ACTIVIDAD DE FOMENTO DE LOS PODERES LOCALES».

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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