Notas para una sesión sobre dirección pública (III)

1.-El EBEP dedica sólo su art. 13 al personal directivo y  se remite para el resto a las normas que aprueben el Consejo de ministros y los gobiernos de las Comunidades Autónomas. No obstante, es cierto que algunas leyes de la función pública autonómica se han enfrentado con la cuestión (principalmente, como veremos en las siguientes notas, Asturias, Extremadura y Galicia). Por otra parte, las Administraciones Locales están llevando a cabo un esfuerzo de articulación de este cometido profesional en el amplio campo que aún deja el ordenamiento.

La  cuestión inicial –nada fácil- es la definición de la función directiva. El mismo art. 13.1 del EBEP viene a incurrir en una tautología (aunque con algún matiz). En síntesis, se advierte en esta misión un doble universo. Por un lado, las tareas ejecutivas, de aplicación y puesta en marcha de reglas previamente establecidas. Pero, por otra parte, muestra el directivo una vocación a participar en la planificación y en la programación y, además, a plantear innovaciones, a conjuntar equipos entusiastas, etc. Como dicen los expertos -desde otro punto de vista- se exigen ciertos conocimientos  y han de mostrarse determinadas habilidades.

Obsérvese que toda Administración ha de determinar en su relación de puestos de trabajo cuáles de ellos se tatúan como directivos, aunque también es admisible una relación específica y diferenciada de tales posiciones.

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2.-El art. 13.2 dispone que la designación del directivo atenderá a principios de mérito y capacidad y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia. Surge aquí un chisporroteo de temas, todos ellos discutidos con ardor.

En primer lugar, el requisito de la previa condición de funcionario público o bien la puerta abierta al personal laboral fijo de la Administración o, ya en máxima apertura, dando cancha a directivos del sector privado. Como es sabido, en la regulación estatal ha primado la cualidad funcionarial en los niveles directivos superiores, sin perjuicio del recurso justificado a los caladeros privados. Por ejemplo, cuando el sector material que atenderá el cargo reclama saberes especializados, cosa que la jurisprudencia ha interpretado con severidad, procediendo a anular implacablemente los decretos de nombramiento si no había nada que motivase un reclutamiento externo.

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3.-En relación con todas estas opciones, se registran diversas trincheras académicas y sindicales. Para un sector, ha de acudirse exclusivamente a funcionarios públicos para llenar estos cargos (sin perjuicio de la designación discrecional). Otros admiten la portezuela del personal laboral fijo al servicio de la Administración, especialmente cuando se trata de entidades públicas empresariales, agencias, etc. Un tercer ejército, en fin, opina que lo natural es dar entrada a los directivos forjados en el sector privado, a los cuales se les aplicaría la relación laboral especial de alta dirección, consignada en el art. 13.4 del EBEP.

Igualmente, se ha planteado la posible barrera de una acreditación previa de formación y dotes  directivas . El bloque más tradicional lo admite, pero bajo el control del INAP y de las escuelas autonómicas de Administración Pública. Otros apuestan, no obstante, por la generosa presencia de academias privadas, aunque bajo algún permiso u homologación previa.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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