Notas para una sesión sobre dirección pública (II)

1.-La opción tradicional seguida por la legislación de la función pública española consistía en mantener el nombramiento discrecional de los puestos directivos. De facto, no obstante, se reclutaban entre los cuerpos superiores de funcionarios. Así, en la Administración estatal, sobresalía el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (aunque había gurús que advertían de graves cambios de orientación cuando esta preponderancia se diluía ante la presencia del Cuerpo de Abogados del Estado).

Posteriormente, no obstante, la legislación vino a exigir que –en el nivel de Director General y subsecretarios- debía tratarse de funcionarios del Grupo A que hubiesen servido en cualquier Administración Pública. Sólo motivadamente podía acudirse al nombramiento de personas que no cumplieran este requisito. El Tribunal Supremo ha sido particularmente severo con esta exigencia y no ha dudado en anular nombramientos cuando no se apreciaba la justificación de especiales conocimientos o habilidades  sólo existentes en el sector privado.

El sistema se redondeaba con la libre designación de Subdirectores Generales (y otros de igual nivel). Recordemos que, tratándose de puestos reservados ya a funcionarios públicos, la libre designación es la excepción y debe la Administración justificar su pertinencia.

Ahora bien, lo cierto es que las Comunidades Autónomas han dado mayor cancha a la designación discrecional y, a diferencia de la Administración del Estado, no han establecido en general aquel requisito del carácter funcionarial para Directores Generales y niveles inmediatamente inferiores a los Consejeros. En la Administración Local también se ha ido dando cabida al nombramiento discrecional de ciertos directivos y ello se ha combinado, a su vez, con la presencia de la libre designación en la provisión de puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter nacional.

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2.-El esquema anterior, que hemos descrito de forma muy sucinta, ha dado como resultado una dirección pública con gran peso de la afinidad política y por lo que respecta al origen, al mantenimiento de la base funcionarial en la Administración del Estado y una destacada apertura al sector privado en las Comunidades Autónomas y en las Administraciones Locales. Obsérvese, por cierto, que el marchamo de lo directivo aparece tanto en los altos cargos de libre designación (Directores Generales y subsecretarios) como en los puestos reservados a funcionarios (subdirectores generales e incluso posiciones inferiores). Este desajuste habrá de ser tenido en cuenta por los futuros desarrollos normativos.

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3.-El EBEP se plantea algunos cambios en el panorama que hemos descrito. En general, se pretende una profesionalización de la función directiva. No es un tema fácil, ya que ello ha de combinarse con una mínima confianza política. A este respecto, debe decirse que existe una tendencia que considera que el spoils system forja una Administración más eficaz y con mayor compromiso con el programa político. Teóricamente, esta fórmula podría ser una bendición si existieran controles relevantes e intensos sobre el Poder Ejecutivo (los jueces, la opinión pública, la oposición política, etc.). Este fue el planteamiento inicial –para todos los servidores públicos- en el noreste de los actuales Estados Unidos pero, a partir de la Ley Pendleton de 1883, se han establecido criterios de igualdad y mérito.

Por último, debemos decir que la bibliografía sobre este tema es considerablemente amplia y que existe un  intenso debate entre agrupaciones profesionales, académicos y expertos en Administración Pública que es fácilmente consultable en internet. A nivel de mayor profundidad, después de la obligatoria consulta al manual de Derecho de la función pública del profesor SÁNCHEZ MORÓN  (que también destaca en otros trabajos con el estudio comparado de esta clase de profesionales) o al segundo tomo del Derecho Administrativo del profesor  PARADA  (en este caso, sólo para los amantes de las emociones fuertes), deben citarse los trabajos específicos de JIMÉNEZ ASENSIO y de MAESE SECO.

Por otra parte, en fin, también puede ser útil la consulta del documento elaborado por el INAP , publicado en abril del 2017 y titulado Nuevos tiempos para la función pública: propuestas para atraer y desarrollar el talento en la Administración General del Estado, publicado en abril del 2017 por el INAP.

En el siguiente artículo, expondremos las bases legales de la función directiva. En síntesis, se basan en una reducida regulación en el EBEP, en algunos artículos de las leyes organizativas de cada Administración y en la apuesta realizada por las leyes de función pública de algunas Comunidades Autónomas. En Cataluña, llegó a existir un Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, cuya tramitación ya caducó.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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