Principales preceptos de la Ley 39/2015, relativos al procedimiento sancionador (I)

1.-Como es sabido, la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, asumió la regulación del procedimiento sancionador y le asignó una ordenación muy  discutible. Para empezar, entregó a la Ley 40/2015[1], relativa al régimen jurídico del sector público, la articulación de los principios de la potestad sancionadora. Jamás se supo por qué esta Ley, relativa al régimen jurídico y organizativo de las Administraciones Públicas, se dedicó  a dichos menesteres.

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2.-Por lo que respecta ya estrictamente al procedimiento, el legislador optó por ir añadiendo pedazos del proceso sancionador a la regulación general. Es fácil, por tanto, despistarse cuando uno intenta explicarse sistemáticamente las claves del rito de la punición administrativa. En consecuencia, esta breve nota sólo pretende ser una especie de lista de la cocina para no olvidar los ingredientes.

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..3.-En concreto, han de tenerse en cuenta los siguientes preceptos:

I.-Art. 63:

1.-Iniciación del procedimiento. Conecta con el art. 88: principio de iniciación de oficio. Principio de separación entre la fase instructora y la sancionadora. Respecto a las actuaciones previas y a las medidas provisionales, v. arts. 55 y 56. Sobre la denuncia, véase el art. 62.

2.-Garantía de procedimiento.

3.-Principio de resolución ordenada –en el tiempo- de procedimientos sancionadores por infracción continuada.

II.-Art. 64: el acuerdo de iniciación. Contenido y tramitación.

III.-Actos de instrucción:

-Véanse. arts. 76 –alegaciones- y 77.5 –prueba documental evacuada por funcionarios- por su importancia habitual para el procedimiento.

Art. 74: los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto a los procedimientos sancionadores que sustancien.

IV.-Art. 85: terminación de los procedimientos sancionadores:

1.-Reconocimiento de responsabilidad y terminación anticipada.

2.-El pago voluntario implica la terminación del procedimiento.

3.-Reducción de la sanción de, al menos, el 20% en los casos de reconocimiento de responsabilidad y de pago voluntario (se puede acumular para ambos casos). La efectividad de las reducciones estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

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[1] Arts. 25 a 31.

Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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