Fealdad, especulación urbanística y corrupción.

Conversaciones con compañeros de Granada. Discutimos sobre corrupción en la Administración Pública. Dejo aquí un fragmento de una inminente publicación, un apunte introductorio que ya había anticipado en algún otro lugar. Y, también, claro, un homenaje al maestro Luis FERNÁNDEZ GALIANO, que sigue al mando de la impresionante Arquitectura Viva:

 

…..“Hace ya varios lustros –sobre todo, a partir del desarrollismo impulsado por el régimen del general Franco- se generó en la retina de la opinión pública una imagen negativa de la simple actividad de promoción y desarrollo urbanístico. Es cierto que una parte de las nuevas construcciones tenía déficits importantes tanto en lo estructural como en los servicios que debían acompañar a las viviendas. Sin embargo, la verdad es que, en un esfuerzo sostenido tanto del sector privado como de las Administraciones, se superaron o se redujeron muchos de los problemas que habían definido la realidad habitacional en el país (ausencia de una oferta suficiente, dimensiones reducidas, etc.).

 

Una imputación que a menudo se ha hecho a la creación de nuevos barrios y viviendas ha sido la de su fealdad. Ha existido desde hace años un claro “malestar de la urbanización” que, en ocasiones, era real y que en otros casos ha sido estimulado por ciertas corrientes ideológicas. Ahora bien, todo esto no tiene nada que ver con nuestro tema. Pido disculpas por la larga cita, pero esta conclusión del reputado arquitecto FERNÁNDEZ-GALIANO nos sirve para pasar ya al siguiente apartado:

En nuestro país, la inmensa mayoría de las obras que nos hieren, de los edificios que nos ofenden y de los desarrollos que nos desmoralizan son previsiblemente legales. Aprobados por instituciones democráticas, diseñados por profesionales cualificados y promovidos por empresas cuyo ánimo de lucro sólo puede reputarse de legítimo. Es cierto, hacemos la ciudad y ella nos hace a nosotros, pero la ciudad que hemos hechos nos produce tanto desasosiego que tenemos que hallar la causa del malestar en desviaciones o patologías del sistema y buscamos la responsabilidad última de la enfermedad en un hatajo de pícaros, sinvergüenzas y mafiosos, confiando en que la tarea purificadora de los jueces drene el organismo social de sus humores mefíticos[1].

 

Muy similar a la acusación anterior, pero ya con alguna aparición clara en el discurso de los expertos, es la confusión entre especulación y corrupción. En primer lugar, debemos decir que los fenómenos especulativos son normales en la actividad urbanística. Es decir, que la práctica totalidad de los adquirentes de inmuebles –desde el más humilde apartamento hasta el más extenso y virgen de los terrenos- lo hacen con la esperanza en su aumento de precio. Esto se conseguirá a menudo con actuaciones concretas de la Administración, desde las más prosaicas y técnicas de la mejora de los parques adyacentes (que aumenta el valor, haya o no contribuciones especiales) hasta la solemne reclasificación  jurídica. Pero, en todos esos casos, nada hay de reprobable ni de ilegal en el cálculo esperanzado de los grandes o de los menesterosos propietarios ni tampoco, desde luego, se observa la entrega ilícita de dinero por parte del agiotista.

 

Otra cosa es, evidentemente, que el ordenamiento –de acuerdo con el mandato constitucional- establezca medidas para impedir o reducir la especulación. Por ejemplo, entregando al plan general municipal de forma exclusiva la alteración de la calificación jurídica de los terrenos, imponiendo términos forzosos para la edificación de los solares, penalizando con recargos tributarios o de otras formas las viviendas vacías, etc. Pero, sean cuales sean los movimientos especulativos, en ninguno de ellos podemos hablar de corrupción salvo que, evidentemente, la fase final y decisiva de la operación consista en una resolución administrativa ilícitamente retribuida.”

[1] El País, 8 de enero del 2007 (p.14).

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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