Seminario sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Algunas notas desde el Derecho Administrativo (II).

1.-Es imposible resumir en este apunte el trabajo que, a lo largo de los años, ha ido desarrollando el TJUE. Los manuales de Derecho Administrativo suelen aludir a dos principios generales –confianza legítima del ciudadano en las decisiones del poder público y proporcionalidad-. Posteriormente, suelen explicarse los grandes sectores que, siendo de competencia material de la UE, han sido objeto de los más abundantes pronunciamientos, principalmente a raíz de las dudas planteadas por los tribunales nacionales.

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2.Probablemente, a nivel cuantitativo ha de señalarse un primer bloque en torno a la defensa de la competencia y a la noción de ayuda pública. Respecto a lo primero, puede ser útil destacar la sutileza que el TJUE mostró en su sentencia de la Sala Quinta, de 10 de marzo de 2016, relativa precisamente a una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona (y que analizaremos con más extensión en otra página de este cuaderno***). El Tribunal defendió aquí la libre competencia considerando que la entidad bancaria no podía –implacablemente y de entrada- aplicar a una entidad de pago medidas de verificación contra el blanqueo de capitales que incluyeron finalmente la cancelación de cuentas. Estas entidades de pago están legalmente obligadas a abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria (desde allí efectúan operaciones de abono, a menudo de carácter internacional; piénsese, por ejemplo, en Western Union). Pues bien, en sus actividades, las entidades de pago entran normalmente en competencia con los bancos. Algunos de éstos decidieron “sacárselos de encima” con una aplicación extrema de la normativa de blanqueo de capitales. El Tribunal consideró que ello era un acto de competencia desleal y que los sujetos obligados por la legislación antiblanqueo –aquí, en concreto, los bancos- no pueden sustituir las funciones de las autoridades nacionales de supervisión.

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3.-En relación a las ayudas públicas,  es interesante otro fallo también tratado aquí***. Me refiero a la sentencia de 19 de julio de 2016 (asunto Kotnik y otros). No es dable profundizar ahora en él, pero baste decir que resumía los criterios generales que avalan la legalidad (comunitaria) de las ayudas bancarias. Con algunas espitas, por cierto, ya que permite que la ayuda pública, en  ciertos casos, favorezca la posición de los acreedores subordinados. En la resolución se examina la conocida distinción entre accionistas –que sufrirán la pérdida primerísimamente-, deuda privilegiada –que va a ser protegida- y el tertium genus de la deuda subordinada. Ésta absorbe las pérdidas en segundo lugar, pero podrían introducirse excepciones en caso de peligro en la estabilidad financiera o producción de resultados desproporcionados.

Sede social del Banco de Santander, en la ciudad del mismo nombre. Fuente: XXX

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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