¿Responsabilidades políticas tras la sentencia del TC sobre el Decreto-Ley de “amnistía fiscal”?

1.-La argumentación de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 2017, relativa a la constitucionalidad del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público –la denominada “amnistía fiscal”- serpentea por canales relativamente previsibles, salvo en su fase final.

En síntesis, el Tribunal repudia la descomunal potencia que disfrutó este Decreto-Ley, ya que entró en tromba en el IRPF, en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no residentes que son –especialmente el primero- piezas legales básicas del deber de contribuir. Decimos que entró en tromba porque bendecía una reducción espectacular del tipo tributario –un humilde 10%- y, por añadidura, la exclusión de sanciones, intereses  y recargos. Es decir, como anota el Tribunal, se consagraba la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las consecuencias accesorias. Demasiado para un Decreto-Ley, forastero. El reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes sufría, a causa del Decreto-Ley, un terremoto demoledor.

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2.-Sí, amigos, era un sapo repugnante, pero hicimos eso para que aflorasen derechos y rentas que dormían en las profundidades abisales. Por eso excluimos de la regularización los impuestos y períodos impositivos que, en el momento de presentar la declaración que se estimulaba, ya estuvieran siendo objeto de “procedimiento de comprobación o investigación” notificado al contribuyente.

Camaradas, la memoria es corta y, como decía el Abogado del Estado, el Banco de España llegó a afirmar que “la economía mundial [había] sufrido la perturbación más grave desde la Segunda Guerra Mundial”. Era la economía de la crisis, era casi una economía de guerra.

Desembarco de Normandía. Fuente: ABC ***.

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3.-El Tribunal Constitucional rechaza esa grandilocuencia y afirma, lógicamente, que las medidas contra la espiral catastrófica debían darse dentro del marco constitucional. Ahora bien, para cerrar el Fundamento Jurídico 5º, el Tribunal se despacha con un párrafo contundente:

   “En suma, la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular.” [las negritas son nuestras].

Por otra parte, la seguridad jurídica respaldada por la Constitución y un sabio empleo de la vieja regla summum ius, summa iniuria niegan la revisión de las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas al amparo de la disposición adicional 1ª del Real Decreto-Ley 12/2012 –que es declarado inconstitucional-. Son esquirlas que dejan un sabor agridulce, aunque es difícil apuntalar alguna otra opción.

Ahora bien, dados los términos  en los que se ha expresado el Tribunal Constitucional, no es descabellada la exigencia de responsabilidad política por la aprobación y promulgación de la norma anulada. En realidad, no se está disparando sólo contra el Decreto-Ley. Los alegatos finales del Alto Tribunal permiten intuir que una Ley con el mismo contenido  también hubiera vulnerado los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Y no se  trataba, por tanto, de un defecto en el instrumento normativo, sino de una destrucción del edificio de la justicia tributaria.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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