El derecho a la delación con premio.

Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso, sección 3, de 20 de abril de 2017 [Roj: STS 1528/2017] .

1.-La mercantil ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. (antes UNIPAPEL, SA) fue sancionada por la Comisión Nacional de la Competencia por ciertas infracciones en esta materia. No obstante, obtuvo una sentencia favorable de la Audiencia Nacional, contraria a la punición. Sin embargo, en recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado dicha sentencia fue casada y anulada. Cabe añadir que la multa ascendía a 2.013.468.-euros.

En síntesis, la persona jurídica castigada –y otras empresas- constituyeron la entidad instrumental HISPAPEL. El Tribunal Supremo, después de examinar los diferentes alegatos, apreció objeto anticompetitivo en la constitución y actividades de HISPAPEL  y, por tanto, entendió que la sanción luego recurrida se ajustaba a Derecho.  En concreto, se consideró que la empresa citada había servido como cauce para efectuar acuerdos de reparto geográfico del mercado de la producción de sobres de papel y para la fijación de precios de dicho producto. Ahora bien, entendió que la cuantía de la condena debía ser recalculada. A esta conclusión se llegó tras la evacuación de ciertos aspectos enjundiosos.

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2.-El Tribunal admite la adecuación a Derecho del sistema punitivo español en el sector de la defensa de la competencia. En concreto, se prevé una sanción que tiene como límite el 1%, el 5%  o el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora, según se trate de infracciones leves, graves o muy graves. Ahora bien, sobre ese punto de partida se aplican después ciertos correctivos como la dimensión y características del mercado específico afectado por la transgresión, la cuota que dentro de él tenga la empresa infractora y los beneficios ilícitos por ella obtenidos como consecuencia de la contravención.

En conclusión,  este mapa represivo respeta las exigencias de efectividad y capacidad disuasoria y también el principio de proporcionalidad. Esto da pie a algunas meditaciones obiter dicta del Tribunal. Por ejemplo, la sugerencia de que el legislador nos regale en el futuro como elemento para la valoración del quantum sancionador el factor de la probabilidad en la detección de las conductas infractoras.  Ello nos lleva al examen del problema de la fácil ocultación  de las conductas anticompetitivas. Aparece en la sentencia, ya al final, el delicado tema del derecho a la clemencia que, por cierto, ha sido recogido con una cierta generosidad en la reciente legislación de procedimiento administrativo (Ley 39/2015).

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3.-La papelera expedientada suministró diversos datos e informaciones a la autoridad nacional de la competencia, pero ésta determinó que no aportaban ningún “valor añadido significativo” a la documentación que ya se disponía. Este parámetro, por cierto, es el que aparece en la Ley 39/2015.

Pues bien, el Tribunal Supremo  remacha que los materiales comunicados fueron determinantes para comprobar el alcance y la naturaleza jurídica de la inobservancia legal. Además, se trataba de noticias fiables, proporcionadas  con un “significativo grado de colaboración mostrado con anterioridad al inicio de la información reservada (8 de octubre de 2010) y la incoación del expediente sancionador NUM000, que se produjo el 16 de marzo de 2011 (en relación con la presentación de los escritos de 14 y 24 de septiembre de 2010) y el reconocimiento del ilícito infractor por el presunto responsable”. En consecuencia, el Tribunal Supremo anula la punición inicialmente impuesta y ordena a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que la tase de nuevo, de acuerdo con las previsiones legales examinadas en la sentencia y sin incurrir en reformatio in pejus. Se trata, en definitiva, de un auténtico derecho a la clemencia. Esta interpretación puede ser muy jugosa cuando se aplique el mecanismo de la exención o reducción de la multa configurado en el art.  62 de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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