Consulta pública previa y planificación normativa en las ordenanzas locales (I).

1.-El 8 de febrero, la profesora Lucía Casado nos explicó en el seminario de la Pompeu Fabra la oleada doctrinal que pretende zamarrear las peculiaridades procedimentales de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local con las baratijas de “la buena regulación” que nos ha traído la Novísima –esto es, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas-.

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2.-Deben, pues, los servidores públicos de nuestras sufridas Corporaciones Locales prestar atención a las novedades establecidas por el legislador. El problema se plantea, en primer lugar, con la consulta pública previa, que regula el art. 133 de la Ley 39/2015. Se trata de un trámite que tiene estas características:

……-Momento procesal: antes de la elaboración del proyecto de norma reglamentaria.

……-Forma: en el portal web dela Administración.

……-Destinatarios: se desea recabar “la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados”.  Por tanto, no bastaría el mero interés por la legalidad. Es un trámite para interesados-afectados. Aunque esto es, en este punto, anecdótico, ya que cualquier persona –creo- va a poder acudir al procedimiento. Exigir el empadronamiento sería posiblemente exagerado y, además, dejaría fuera posibles afectados. Por ejemplo, una sociedad que deseara instalarse en el futuro en el municipio. En este sentido, es más completo el art. 133.2, que –en la regulación de la audiencia e información públicas- pone en el mismo plano la participación de los ciudadanos afectados (los hijos de vecino preocupados por el “¿qué hay de lo mío?”) y las aportaciones de otras personas o entidades (los hijos de Sócrates).

-Finalidad: dar cuenta de los siguientes rubros:

       “a)Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

       b)La necesidad y la oportunidad de su aprobación.

       c)Los objetivos de la norma.

       d)Las posibles soluciones alternativas y no regulatorias.

       Debo reconocer que mis compañeros de ciencia política tienen ahí un buen nicho de mercado (si necesitan alguien que tenga alguna idea de Derecho, les puedo pasar mi correo y teléfono).

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3.-El profesor Argullol, por cierto, nos recordó la experiencia de la exposición del Avance de plan urbanístico (en fin, nihil novum sub sole). Dicho esto, Casado nos informó de que mueven disputa algunos autores afirmando que el procedimiento previsto en el art. 49 LRBRL –aprobación inicial, información pública y audiencia, aprobación definitiva- ha de enriquecerse con la consulta pública previa. De hecho, ya ha sido regulada por algunos municipios, de acuerdo con la nueva normativa. Es verdad que el principio de lex specialis parece un firme valladar al respecto, pero la cosa no está clara y será el Tribunal Constitucional el que resuelva la duda al decidir sobre los recursos de inconstitucionalidad acumulados contra la Ley 39/2015.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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