Ya no la quiero, pero tal vez la quiero: mis dudas sobre el principio de culpabilidad en Derecho administrativo sancionador.

…        1.-Se  organizó el otro día una buena  discusión  en casa de Arcadi Espada, a raíz de un artículo suyo sobre la débil posición científica del libre albedrío (lástima que lo mejor se dijo entre los suscriptores). Según parece,  la visión de la ciencia va acorralando la idea de un mundo basado en la libertad y la responsabilidad (igual que antes fue apolillándose la cosmogonía religiosa). Veamos este párrafo (el subrayado y las negritas, salvo las de Jerry A. Coyne,  son mias):

 …       “Y cabe puntualizar también que ni la biología ni la neurociencia han hecho descubrimientos taxativos respecto o no de la existencia del libre albedrío. Más bien se trata de un acoso incesante y multilateral que pone al borde de la evidencia fáctica las veteranísimas dudas filosóficas sobre la posibilidad de que la conducta del hombre se base en su libertad (y su responsabilidad) de elección: cuando se descubre que el crecimiento de un tumor convierte en pederasta a un buen padre de familia, la libertad, descrita en este claro párrafo del biólogo Jerry A. Coyne que tantas veces te he citado, amenaza con reducirse a una palabra hueca: «Una prueba práctica de libre albedrío sería esta: si te pusieran en la misma posición dos veces -si la cinta de tu vida pudiera rebobinarse hasta el momento exacto en que tomaste una decisión, en las mismas circunstancias que te llevaron a ese momento y con todas las moléculas alineadas en el universo de la misma manera- podrías haber elegido de forma distinta«. Pues bien, no. No parece que, con independencia de lo que ahora pienses sobre esa decisión, pudieras haber tomado entonces una decisión distinta.”

 

 …       Desde luego, si hay un terreno en el que esa doctrina va a ser más peligrosa que el salfumán es en el campo jurídico. Las piedras angulares de la libertad, la voluntariedad y la responsabilidad quizá no desaparecerían, pero con el ajuste forzoso ya no las iba a conocer ni su madre.

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    2.-Me venía esto a la cabeza pensando en la diferencia entre el actual art. 28.1 de la Ley 40/2015, de Régimen jurídico del Sector Público  y el ya difunto y derogado art. 130.1 de la Ley 30/92. Según este último “sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia”.

Hubo jugadas muy arriesgadas en la doctrina para interpretar esa coletilla final. Muchos vieron ahí una rabieta de la tradición administrativa, que quiso a la vez volver y no volver al ordenamiento preconstitucional. En palabras de SANTAMARÍA PASTOR, dicho ordenamiento “mostraba una particular alergia hacia el reconocimiento general del principio de culpabilidad, basada en la hipótesis (carente de todo fundamento, por cierto) de que la responsabilidad sancionadora era de carácter objetivo, bastando la producción de una conducta desajustada al ordenamiento para la imposición de la sanción”.

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3.-Sin embargo, una cierta jurisprudencia administrativa, y luego ya de forma más contundente la jurisprudencia constitucional, mezclaron aquí –como es sabido- el Derecho penal y el Derecho sancionador administrativo y vinieron a encumbrar una idea general de culpabilidad.

No obstante, en la práctica respiramos a menudo, sin saberlo, el aire tóxico de la responsabilidad objetiva en el campo sancionador administrativo. Esto es, se castiga por dolo y se castiga por imprudencia, pero esta última es tan enorme, son tan vaporosos los perfiles de la infracción de la norma de cuidado que, una vez realizado el tipo, ya estás muerto. No te salva nadie.

…        Pensemos, por ejemplo, en el art. 192 de la Ley General Tributaria, relativo a la infracción tributaria por incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones. Pues bien, si el documento no se ha presentado, la negligencia ya se presume. Y lo mismo ocurre cuando alguien se salta una señal de tráfico. O cuando una descarga química contamina un río.

Desde luego, el art. 28.1 de la nueva Ley 40/2015 es más claro que su antecesor:

…        “1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.“

 …       Sin embargo, esta redacción no soluciona la cuestión, ya que el ámbito de la culpa se dilata sin medida. Desde luego, es absolutamente implacable en cualquier  sector del ordenamiento relativo a la actividad empresarial, donde aludir a error o ignorancia no tiene apenas cabida (con la excepción, es verdad, de algunas normas tributarias replanteadas al amparo de la contestación a consultas tributarias). Es más, creo que el legislador es casi consciente de ello y, al menos, utiliza la intencionalidad como criterio de graduación de la sanción.

Es curioso, porque un grupo  relevante de la doctrina civilista considera muy dudosa la idea de responsabilidad objetiva y prefiere reubicarla en la negligencia adaptada al contexto legal y social.  Ahora bien, en el marco de la crisis del libre albedrío que comentábamos al principio, tanto la acción dolosa como la acción imprudente serían inevitables  y los individuos estarían atrapados en un determinismo cruel y oscuro en el que no existe la libre decisión.

Instalación de maquinaria en piso superior del Hospital de la Mútua de Terrassa. Una leve imprudencia aquí sería terrible.

Instalación de maquinaria en piso superior del Hospital de la Mútua de Terrassa. Una leve imprudencia aquí sería terrible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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