Las eléctricas que no querían ser pagafantas: anulación por el Tribunal Supremo del reparto de costes del “bono social” (I).

            1.-Uno de los problemas más graves que ha de afrontar la sociedad española de manera urgente es la distribución de los costes de la maternidad. Con una natalidad ya bajo mínimos, habrá que decidir si serán las familias, las empresas o el Estado los que asuman los gastos de una situación vital que suponemos que es beneficiosa para el conjunto de la población (si no se considera así, entonces ya no hace falta el debate).

…   Hablábamos de estos temas al final de la clase con los muchachos que estudian las tecnologías alimentarias y relacioné luego en mi fuero interno la discusión con una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2016 –Sala de lo Contencioso, Sección 3º, ponente CALVO ROJAS-  en la que se declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la factura eléctrica, recogido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Veámoslo con más calma.

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2.-El bono social es una obligación de servicio público que se impone a los operadores del sector eléctrico y que pretende evitar que el proceso de ajuste a la realidad de los precios de este suministro tenga un efecto devastador en los consumidores situados en los niveles inferiores de renta. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012 estableció que:

 

…  …el bono social se concibe como un mecanismo de protección para los usuarios económicamente débiles integrantes de “colectivos vulnerables”, en un momento en que se supone que la eliminación del déficit de tarifa y la necesidad de adaptarse cada vez de forma más completa a un mercado liberalizado de la electricidad va a implicar un mayor coste de ésta”.

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…            3.-Pues bien, el citado art. 45 daba algunas pautas para la definición de los consumidores vulnerables. En concreto, se trataba de personas físicas que disfrutaban de la energía eléctrica en su vivienda habitual y en los que concurrían determinadas características sociales, de consumo y de poder adquisitivo. La clarificación última del concepto se remitía a un Decreto del Consejo de Ministros, que debía establecer un “umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar”.  Una vez incluida una persona en esta categoría, pasaba a beneficiarse de un precio reducido en relación a los criterios generales establecidos para la fijación de la factura.

Sin embargo, determinadas empresas eléctricas impugnaron este régimen y, como vamos a ver mañana, lograron su anulación. Para los malpensados, ya advierto que no se oponían a la existencia de la institución del bono social, sino a la forma concreta adoptada para la distribución de su coste.

Instalación portuaria en astilleros de La Valetta.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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