Notas elementales sobre la regulación de la “pobreza energética” en Cataluña.

…   1.-En los últimos años, ha ido divulgándose la noción de “pobreza energética”, referida a las situaciones en las que los afectados sufren cortes en el suministro de agua, gas o electricidad a causa de imagos en las facturas. El art. 6 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética se dedica a esta cuestión. Se trata de un precepto relativamente “famoso”, no sólo por su contenido sustancial, sino porque no sufrió la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional para determinados preceptos de la Ley 24/2015 y, por tanto, es plenamente vigente.

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2.-Lo más interesante del artículo son las obligaciones que se imponen  a los suministradores, que son fundamentalmente de carácter documental. En concreto:

   -a) Adopción de un protocolo de comunicación a los servicios sociales en caso de impago por falta de recursos de las familias afectadas. Estas familias se hallan en “situación de riesgo de exclusión residencial”, siempre que tengan unos ingresos descritos en el art. 5.10 de la Ley:

….       “10. A efectos de la presente ley, se entiende que las personas y unidades familiares se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial siempre que perciban unos ingresos inferiores a 2 veces el IRSC, si se trata de personas que viven solas, o unos ingresos inferiores a 2,5 veces el IRSC, si se trata de unidades de convivencia, o unos ingresos inferiores a 3 veces el IRSC, en caso de personas con discapacidades o con gran dependencia. En caso de que los ingresos sean superiores a 1,5 veces el IRSC, la solicitud debe ir acompañada de un informe de servicios sociales que acredite el riesgo de exclusión residencial.”

……            Debe anotarse que el IRSC es el indicador de renta de suficiencia, fijado periódicamente por la Ley de presupuestos de la Generalidad.

…   -b) Información al usuario, en caso de impago, de los derechos relativos a la pobreza energética.

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3.-Una vez cumplidas las indicadas obligaciones, se evita la interrupción del servicio con el pago o la mediación que realizan los servicios sociales. No obstante, el art. 6.3 prevé la posible firma de convenios o acuerdos con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad. Aquí está la clave jurídica y social de la cuestión: ¿qué instancia ha de asumir el coste del impago?

Como vemos, la Ley catalana opta por el paliativo inmediato del pago con fondos públicos, pero aspira a un sistema diferente a través de una negociación –siempre compleja- con los suministradores. En el caso del agua, suele ser más fácil, ya que la concesión –de competencia local- puede incluir cláusulas que vayan en la línea protectora. Más difíciles son las relaciones con  el sector eléctrico y gasista. Precisamente, en nuestro próximo artículo examinaremos una relevante y reciente  sentencia del Tribunal Supremo al respecto.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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