Notas elementales sobre el régimen de los centros de internamiento de extranjeros.(I)

…     1.-De acuerdo con el art. 25.3 de la Constitución, “la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad”. Comentando este precepto, un avispado alumno lanza la pregunta sobre los centros de internamiento de extranjeros (los ya famosos CIES) y sus bases jurídicas. Veamos. Las principales referencias normativas sobre los CIES se hallan en los arts. 61 y ss. de la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración social –LE-, con las reformas posteriores) y en el art. 89 del Código Penal. A nivel reglamentario, debe señalarse el vigente R.D. 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de dichos centros.

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2.-El internamiento preventivo opera ordinariamente como medida cautelar que es facultativo adoptar en un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión del territorio español de un extranjero. Ahora bien, la medida no es acordada por la autoridad administrativa competente para imponer la sanción (ordinariamente, el Subdelegado del Gobierno: art. 55.2 de la Ley de Extranjería). Por el contrario,  el art. 61.1 de la Ley de Extranjería dispone dos pautas:

       -Carácter estrictamente cautelar del internamiento, ya que se adopta “a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer”.

       -El internamiento preventivo precisa autorización judicial, previa propuesta del instructor del expediente administrativo.

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3.-La garantía inicial, por tanto, radica en la atribución de la competencia para decidir el ingreso al Juez de Instrucción, que resolverá mediante auto motivado previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal. El segundo párrafo del art. 62.1 de la LE describe el supuesto de hecho habilitante para la puesta en marcha de la medida cautelar:

       “El Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez valorará el riesgo del internamiento para la salud pública o la salud del propio extranjero.”

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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