La Lola se va a los puertos, a comprar en grandes establecimientos comerciales.

…   1.-La sentencia de 7 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley catalana 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas.  Estamos ante una  resolución curiosa en su primera parte, ya que tanto en la Ley como en los alegatos del proceso se alude constantemente a las expresiones “estructuras de Estado”, “desconexión”, la “eventual asunción de nuevas funciones”, etc. Ello fuerza al Tribunal Constitucional a recordar lo obvio y definir una vez más qué es el control de constitucionalidad:

…  Se trata de un control “en abstracto” de la norma impugnada, desvinculado de cualquier consideración concreta sobre su aplicación a un específico supuesto de hecho, y también de un control “objetivo”, pues la regla controvertida ha de ser enjuiciada en atención a su sentido propio, sin que –de nuevo para este específico proceso- sean objeto de nuestro control las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último; ello sin perjuicio de que pueda este Tribunal, a la hora del enjuiciamiento, tomar en consideración el preámbulo de la ley como pauta de interpretación de una u otra de sus normas “.

*

…   2.-El fallo declara la inconstitucionalidad de varios artículos, por falta de atribución  competencial.  Por ejemplo, de la disposición adicional 22 –relativa al “plan director de la Administración tributaria de Cataluña […] preparada para una eventual asunción de nuevas funciones y competencias tributarias» -, de la disposición adicional 26 – plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario para “la defensa de la competencia y de la regulación” –, de la disposición adicional 24 –sobre el catálogo de infraestructuras estratégicas, al margen del Sistema estatal de Protección de Infraestructuras  Críticas – y del art. 69 – que atribuía al Servicio Meteorológico de Cataluña la competencia de “Prestar serveis de proveïment d’informació meteorològica de suport a la navegació aèria”, cosa que afectaba a competencias estatales en tráfico aéreo, Defensa y Fuerzas Armadas-.

 

   Ante el vacío y la inquietud  que podía suponer esta cascada de inconstitucionalidades, ya había pensado ponerme en contacto con la Sexta Flota, cuando me llamó la atención que también se declaraba inconstitucional el art. 95 de la misma Ley, desde luego mucho menos solemne:

 

       “Article 95

Modificació del Decret llei 1/2009 (Equipaments comercials)

S’afegeix una disposició addicional, la dotzena, al Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, amb el text següent:

«Dotzena. Excepcions als criteris de localització i ordenació de l’ús comercial”

Els petits i mitjans establiments comercials, individuals o col·lectius, es poden implantar dins les instal·lacions dels ports de titularitat pública, amb gestió directa o indirecta, sempre que estiguin situats en els entorns de la trama urbana consolidada del municipi, no perjudiquin l’ús portuari i així es justifiqui mitjançant un informe favorable del departament competent en matèria de ports. Aquests establiments comercials no poden configurar, en cap cas, un gran establiment comercial o gran establiment comercial territorial, sens perjudici dels establiments comercials singulars regulats per l’article 6.b.»

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…   3.-Volvía a insistir la Generalidad en una materia que ya hemos examinado por aquí en algunas ocasiones. En este caso, prohibiendo la implantación de grandes establecimientos comerciales en las instalaciones de los puertos de titularidad pública.

…   El Tribunal considera que la normativa básica estatal (de transposición de la Directiva de servicios en el mercado interior, de garantía de la unidad de mercado, etc.) impone la acreditación de “razones imperiosas de interés general” como pilares del régimen de autorización y prohibición.

…   Los Magistrados advierten que debía haberse aportado justificación o motivación suficiente por el legislador, ya fuera en el Preámbulo de la Ley o en el concreto art. 95.  No cabe, por cierto y según la sentencia, retrotraerse a las motivaciones que aparecían en la Ley reformada (motivación in alliunde).

Aparte del aspecto jurídico, el tema es interesante desde un punto de vista comercial y territorial, debido al efecto “ya lo compraremos al volver” que pueden tener estos centros en puertos con gran volumen de pasajeros vía crucero u otras técnicas (un poco como el “Punt de trobada” de Andorra).

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 PD: lo de «La Lola se va a los puertos» me quedó un poco  machadiano,  como es norma de este cuaderno. Aquí tienen ustedes una imagen del estreno (de autor desconocido, publicada en Mundo Gráfico Magazine. Madrid, 1929-11-13 , consultable aquí y ya de dominio público):

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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