Contra la transparencia (y III).

…      1.-En cambio, creo que no admite ya ninguna justificación el sistema actual de declaración de  intereses de los miembros del legislativo y de las asambleas de las corporaciones locales. Se basa en una doble declaración: de actividades y de bienes y rentas. Ambas tienen carácter público.

…      He dado un vistazo a algunas de ellas -en concreto Congreso de los Diputados y Ayuntamiento de Barcelona-. En ciertos casos, están  pulcramente presentadas, pero en otros se nota la incomodidad del declarante: escrito a bolígrafo, con tachaduras o con el patético y ya famoso “propietario por herencia” (un poco para aminorar la culpabilidad ante sus votantes, aunque nadie le pedía que concretara el tipo de transmisión)…Incluso aparece un préstamo que el electo le hizo al partido o coalición. Bueno, ya lo ven ustedes, hasta yo mismo me he puesto a mirar trapitos. Paremos, pues.

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     2.-Toda esta exigencia es absurda. Desde luego, no es ningún acicate o estímulo para dedicarse a la actividad política. Si uno logra salir elegido, el vecino que saluda cada mañana ya no va a mirarle de la misma manera. Puede pensar que “pues mira éste, si no tiene dónde caerse muerto” o bien ” vaya, vaya, sí que lo tenía calladito, el muy …”. Con razón decían mis padres que es de mala educación hablar de dinero. Y también peligroso en nuestra noche oscura de la soberbia y la envidia, tan lejana al generoso resplandor nórdico.

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…      3.-Era mucho mejor, claramente, el anterior sistema de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Los miembros de la Corporación Local formulaban, desde luego,  “declaración de sus bienes y de las actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos o afecten al ámbito de sus competencias”. Esta declaración  se hacía constar en el Registro de intereses llevado por el Secretario de la Corporación. Ahora bien, no tenía carácter público y requería, para su consulta, la acreditación de la condición de interesado legítimo directo. Ello permitía, por supuesto, el acceso de las autoridades judiciales o de organismos tributarios y podría dar pie, incluso,  a que se diese cuenta al Ministerio Fiscal  ante indicios de falsedad documental. Un sistema, pues, serio y ajeno al chismorreo y a la demagogia barata.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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