No es cuestión de cemento, sino de fundamento: la inconstitucionalidad parcial de la legislación catalana de establecimientos comerciales (y II)

…       1.-El Tribunal precisa  en el fundamento jurídico sexto que no se ha motivado la restricción, que no se indica la razón imperiosa de interés general que la fundamenta y que infringe los criterios de proporcionalidad y no discriminación presentes en la legislación básica estatal. Por tanto, una adecuada justificación del porqué de la “compactación” hubiera salvado la constitucionalidad.

…       Debemos recordar que las nociones de “razón de interés general” justificativa de la denegación, proporcionalidad y no discriminación, provienen directamente de la Directiva europea de Servicios y normativa concordante.  En realidad, lo que ocurre con la norma catalana es que achica a las bravas el campo de juego cuando en toda Europa se está ampliando.  Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo que rebañar los aspectos más groseros de la Ley catalana 18/2005, de equipamientos comerciales, precedente del actual Decreto-ley 1/2009. Y lo hizo, por cierto, con argumentos que el Tribunal Constitucional español se ha limitado prácticamente a copiar.

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Primart, el último que ha llegado a la fiesta, sí optó por la centralidad (Madrid, Gran Vía).

El recién llegado Primart sí optó por la centralidad (Madrid, Gran Vía).

…       2.- De hecho, el Tribunal Constitucional no se muestra contrario al juego de la exigencia de instalación en trama urbana consolidada o en enclaves en continuidad física y estructural con la trama. Pero las reformas recientes del Decreto-Ley 1/2009 precitado iban en la línea de permitir los establecimientos sólo, única y exclusivamente dentro de la trama urbana consolidada (concepto que integra diversos parámetros de centralidad, compacidad y densidad y que precisa de delimitación administrativa). Ello implicaba, en la práctica, bloquear la apertura de determinados tipos de establecimiento comercial en toda Cataluña. Demasiado retrógado.

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Primart 3

       3.-De lo anterior se deduce que una adecuada exposición y alegación de una razón imperiosa de interés general, combinada con el respeto a las nociones de proporcionalidad y discriminación, hubiera podido salvar el tan traído y llevado “modelo catalán de distribución comercial”. Hay en él, por supuesto, elementos interesantes y defendibles, pero no se pueden imponer al modo albano.

 

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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