El privilegiado estatuto del denunciante respecto a ciertas infracciones administrativas (y II)

…         1.-La nueva Ley de procedimiento administrativo común de  las Administraciones Públicas (Ley 39/2015) asume un punto de partida clásico. Así, en su art. 58 se dispone que “los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia”. Además, incorpora en el art. 62.1  la definición canónica de denuncia, que se cataloga como “el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo”.

        Por otra parte, el art. 62.2 recoge el contenido que ya reglamentariamente se le había asignado a la denuncia:

 …        “2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

…         Por último, se reitera el criterio general del Derecho español, aplicable a toda clase de denuncia: “5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.”

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…         2.-Ahora bien, manteniendo las reglas anteriores, los arts. 62.3  y 62. 4 incorporan un estatuto privilegiado para el denunciante que invoque “un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas”. Es cierto que existe algún error de sistemática (en concreto, cuando el art. 62.3 se refiere a “una infracción de esta naturaleza”, pero el referente está en el número anterior). Sin embargo, es evidente que se ha configurado un régimen especial con estas características –que no niegan lo que hemos indicado en nuestro epígrafe 1.-:

…         -El perjuicio denunciado afectaría al patrimonio financiero de cualquier Administración y, además, al dominio público y a los bienes patrimoniales.

         -El denunciante tiene derecho a que se le notifique la iniciación del procedimiento o la negativa a tal resolución. Este derecho, de acuerdo con la redacción del precepto, sólo se disfruta en el ámbito material al cual nos referimos.

…         -Si el denunciante ha participado en la comisión de la infracción y existen otros infractores pero, no obstante, ha cesado en su actuación y no ha destruido “elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia”, va a beneficiarse –preceptivamente– de una de estas dos posibilidades de remisión de la sanción:

                  a)Remisión total y exención del pago de la multa o de cualquier otra sanción no pecuniaria: si es “ el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.” Es decir, debe quedar claro que es él el que levanta la liebre.

…                   b)Remisión parcial y reducción del importe de la multa o de la sanción de carácter no pecuniario  cuando, no cumpliéndose alguna de las condiciones indicadas en el apartado a), “el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga”.

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…         3.-He leído algún comentario doctrinal que habla de “regulación inmoral”, evocando el tradicional reparo ético ante la delación. Quizá no merezca este humilde precepto un apelativo tan grave. Es verdad que, a diferencia de lo que comentaba el ex – comisario Almunia, no se ha valorado la especial complejidad del tipo infractor. Por el contrario, sólo se ha buscado la tutela de un determinado bien jurídico (el patrimonio de la Administración).

        Nótese, por cierto, que ni siquiera en este supuesto de sobreprotección el denunciante se convierte, per se, en interesado. El denunciante no es parte. Conecta ello con la polémica de hace algunas semanas y nos recuerda que, al menos en Derecho Administrativo y en Derecho Tributario, “Hacienda no somos todos”…pero esto nos llevaría ahora demasiado lejos.

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.-Presentación y discusión del libro El mito legal de la ciudad compacta en el Seminario de profesores de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra-Observatorio de la Evolución de las Instituciones: miércoles, 13 de abril del 2016, 13,30 horas.

.-Texto de la contraportada: aquí.

.-Índice y selección de fotografías.

.-****Avance de recensión, en el bloc académico del profesor Oriol Nel·lo: aquí.

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Edificio Españan. Madrid.

Edificio España. Madrid.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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