El privilegiado estatuto del denunciante respecto a ciertas infracciones administrativas (I)

…         1.-Los más viejos del lugar cuentan a veces historias sobre la temible Fiscalía de tasas, implacable órgano sancionador que vigilaba el cumplimiento de la normativa tributaria y de abastos en la dura España de la posguerra. Uno de sus instrumentos preferidos era, precisamente, la denuncia, con la peculiaridad de que el denunciante ingresaba un porcentaje de la sanción impuesta. Es fácil imaginar las bellas historias de humana convivencia que facilitó esta delación en un país pobre y recién salido de una guerra entre hermanos.

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…       2.-El esfuerzo ordenador y civilizatorio representado por la Ley de procedimiento administrativo de 17 de julio de 1958 arrinconó la denuncia a un papel de mero antecedente que, si se consideraba pertinente, podía inclinar al órgano competente a acordar ex officio la incoación del expediente.  Idéntico estatuto se le dio en la Ley 30/92 pero, en materia sancionadora, el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de esta potestad le otorgó al denunciante el derecho a ser notificado de la incoación. Una jurisprudencia generosa admitió además su legitimación en vía contencioso-administrativa para impugnar la no incoación. Por otra parte, en los sectores en los que se admitía la acción pública–tradicionalmente, urbanismo y espacios naturales- era posible  superar el dogma de que el mero interés por el cumplimiento de la legalidad no otorga a nadie la condición de interesado.

Más restrictiva y despreciativa para la denuncia es la regulación tributaria, como se observa fácilmente con la lectura del art. 114 de la Ley General tributaria y, especialmente, de su número 3:

3. No se considerará al denunciante interesado en las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia ni se le informará del resultado de las mismas. Tampoco estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones.”

Aunque es verdad que, en este último sector, las obligaciones de información recogidas en los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria dan unos frutos jugosos, pese a que se diferencian conceptualmente de la tradicional denuncia.

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 …        3.-Sin embargo, hace unos días el profesor Almunia nos explicaba en el aula magna que no es posible desvelar  ciertas infracciones muy complejas –en los ámbitos financieros o de defensa de la competencia, por ejemplo- sin el concurso  de algún denunciante que esté  en el ajo, que quizá colabore sólo para evitarse las implacables responsabilidades civiles que sus manejos  generarían en el país de las barras y estrellas…

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Foto: simpse.com

 

 

.-Presentación y discusión del libro El mito legal de la ciudad compacta en el Seminario de profesores de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra-Observatorio de la Evolución de las Instituciones: miércoles, 13 de abril del 2016, 13,30 horas.

.-Texto de la contraportada: aquí.

.-Índice y selección de fotografías.

.-****Avance de recensión, en el bloc académico del profesor Oriol Nel·lo: aquí.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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