La entidad bancaria no debe sustituir a las autoridades de supervisión ni socavar su función en materia de blanqueo de capitales (I)

     1.-Las entidades de pago han disfrutado en estos últimos años de un crecimiento espectacular. Realizan operaciones de abono  que incluyen adeudos domiciliados, pagos mediante tarjeta  o dispositivo similar y ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes. Aunque no son exactamente lo mismo, tienen diversos puntos en común con las entidades de dinero electrónico. Ambas se rigen por regulaciones propias, una la de Ley 16/2009, de servicios de pago y otra la de la Ley 21/2011, de dinero electrónico. Hallamos entre ellas algunas de las empresas sociológicamente más relevantes de la economía actual. Por ejemplo, Western Union entre los servicios de pago o Pay Pal entre las entidades de dinero electrónico. Existe, incluso, una activa “Asociación Española de Entidades de Pago”.

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    2.-Asoman la cabeza dos cuestiones elementales. En primer lugar, su relación de amor-odio con las entidades financieras. Las empresas de pago  respiran en  la atmósfera constituida por las cuentas bancarias. Ello les convierte, de hecho, en operadores financieros (no bancarios, como se encarga de recordar, por ejemplo, esta información pública de la entidad BBVA: XXX).

 

En segundo lugar, la necesidad de intensos controles sobre estas entidades de pago. Así, están sometidas a autorización  del Ministro de Economía y Hacienda, se inscribirán en un Registro administrativo  Especial de Entidades de Pago y, además, sufren la pertinente supervisión del Banco de España (que actúa, no obstante, en base a una normativa de origen europeo, como se observa en la presencia de una ya promulgada Directiva sobre servicios de pago).

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3.-Con estos mimbres, es fácil intuir la relevancia que ha tenido la reciente Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de marzo de 2016,  relativa a una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona. En el litigio que dio origen al planteamiento de tal cuestión, tres entidades bancarias aplicaron a una entidad de pago –“Safe”- diversas medidas de verificación y requerimiento de datos, que llegaron finalmente a la cancelación de cuentas.

Lo primero que planteó el pagador perjudicado fue, precisamente, que dicha cancelación era “un acto de competencia desleal que le impedía operar normalmente transfiriendo fondos a otros Estados distintos del de su domicilio”. Y añadió que “estaba legalmente obligada a abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria para poder efectuar tales transferencias de fondos, como había hecho en los Bancos [los tres bancos presentes en el procedimiento], y que competía en el mercado con éstos”. En definitiva, como veremos de inmediato, la aplicación de la normativa sobre blanqueo de capitales agudiza la fricción propia de las relaciones entre entidades de pago y entidades bancarias.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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