Expansión de la inspección urbanística y atribución íntegra a las Comunidades Autónomas (jurisprudencia del TC).

…         1.-Hace unos años, al calor de la crisis, fue aprobado el  Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. Entre sus dispersas prescripciones, los arts. 21 y 22 (así como la disposición adicional tercera y transitoria primera y segunda) pusieron en marcha un sistema nuevo –bajo patrón estatal– de inspección técnica de edificios. En principio, iba a recaer sobre los edificios con antigüedad superior a cincuenta años y para municipios de población superior a veinticinco mil habitantes.

 

 …        Se trataba, por supuesto, de un marco general y supletorio, mejorable por las previsiones más exigentes de las Comunidades Autónomas e incluso de los municipios. Sin embargo, su densidad normativa era elevada, ya que incluso incidía en los efectos jurídicos de la inspección administrativa, determinando algunas consecuencias de la detección de deficiencias.

*

 

…         2.-Era evidente que esta articulación iba a chocar con la de algunas Comunidades Autónomas, que ya habían establecido una especie de “ITV” de la vivienda, aunque es verdad que operando ya sobre edificios más jóvenes.

 

…         La Generalidad de Cataluña impugnó la regulación que comentamos y el Tribunal Constitucional la declaró íntegramente inconstitucional en su Sentencia de 26 de enero de 2016 (aunque salvó otros aspectos de la Ley que ahora no vienen al caso). De nada le sirvió al Estado invocar el título genérico de la planificación urbanística (por el aroma keynesiano de la medida, para reactivar el sector) ni la legislación básica medioambiental (la edificación es, quizás, el ejemplo máximo de cultura y no de natura).

**

…         3.-Todo lo anterior supone que el Derecho de la edificación entra ya definitivamente en el recinto sagrado del urbanismo, de la mano principalmente de la obligación del propietario de mantener la seguridad, la salubridad y el ornato. En palabras del Fundamento Jurídico cuarto, la normativa de inspección de edificios se define como “la regulación de una técnica o instrumento propiamente urbanístico, que tiene por finalidad prevenir y controlar las irregularidades o ilegalidades urbanísticas, así como comprobar el cumplimiento del deber de conservación que corresponde a los propietarios”. Y sigue diciendo que “son, pues, preceptos que se incardinan con claridad en la materia de urbanismo, es competencia de las Comunidades Autónomas que a éstas corresponde regular.”

 

…         Ahora bien, lo cierto es que quizás el Estado podría haber invocado a su favor el ejercicio ordinario de su competencia en materia edilicia a través de la Ley de Ordenación de la Edificación (así como lo relativo al Código Técnico de la Edificación). A nivel práctico, el programa temporal de la inspección de edificios y el efecto concreto de las verificaciones queda ya en manos de las Comunidades Autónomas.

photos © Chris Luckhardt

***

Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Esta entrada fue publicada en Derecho urbanístico, Inspecció urbanística. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.