La última reforma de la LOTC es algo más que un lifting.

      1.El 17 de octubre, el BOE  publicaba la Ley Orgánica –de rimbombante título- 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. En sólo unos días, esta reforma venía a acompañar la reciente publicación  de la Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación (publicada el 23 de septiembre).

Desde luego, estamos ante un giro copernicano (ya sé que los juristas abusan de la metáfora). Un día antes, el TC era un ser determinado  y, un día después, ya ha mutado su naturaleza.

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 ….      2.-Más allá de las críticas de los procesalistas, lo cierto es que el espíritu estructural del TC siempre fue el del juicio abstracto entre reglas, para garantizar la preeminencia de una de ellas (la Constitución). Esto se ha reforzado incluso con las últimas reformas de estos años, que habían exigido, para la admisión del recurso de amparo, una deslumbrante  relevancia constitucional. En concreto, el art. 50.1.b) LOTC habilitaba la admisión si se cumplía el siguiente requisito:

« Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales

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3.-La última  reforma ha introducido una nueva competencia para el Alto Tribunal (y, de hecho, ello origina dudas de constitucionalidad). Con ella, ha convertido al juez constitucional en un juzgado ejecutivo. Ahora bien, con menos garantías que el juzgado de la esquina (designado, D.m., previa oposición y pertinente concurso).

Por la escalera del nuevo art. 92 LOTC bajan los magistrados nombrados un día solemnemente a propuesta del Congreso, del Senado, del Gobierno y del CGPJ a las estancias grises de Ikea-Iuris (aunque esto ha mejorado), de sellos estampados en las multas coercitivas e incluso de medidas inaudita parte (impropias de aquellas mesas de caoba donde meditaban…):

 

«1. El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución.

…..Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó.

2. El Tribunal podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones que lo prestarán con carácter preferente y urgente.

3. Las partes podrán promover el incidente de ejecución previsto en el apartado 1, para proponer al Tribunal las medidas de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones.

4. En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.

Recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar cualesquiera de las medidas siguientes:

  • a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado.
  • b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.
  • c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.
  • d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

—-5. Si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes. En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas.»

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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