La ITV se aleja del enjambre de Mandeville (sentencia de la sala segunda del Tribunal de Justicia de la UE, de 15 de octubre de 2015).

…       1.-Interesante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fue remitida, para los miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo por el infatigable profesor Francisco Hernández, de la Universidad de La Laguna. Puede consultarse su texto aquí: ***. Se planteaba la interpretación y ajuste al Derecho comunitario de la normativa catalana de la Inspección Técnica de Vehículos.

…       Hay que destacar inicialmente la primera conclusión del Tribunal, según la cual las actividades de ITV están excluidas de la relevante Directiva de servicios del mercado interior  (Directiva 2006/123/CE). Por tanto, no se beneficia del espíritu de reducción de restricciones administrativas presente en dicha directiva.

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  …     2.-Ahora bien, ello no implica que las operaciones propias de la inspección participen del ejercicio del poder público, ni siquiera pese a la existencia de una facultad de inmovilización de vehículos con ciertas deficiencias. De hecho, no se les asigna la potestad de imposición de sanciones y, además, de acuerdo con el Derecho comunitario, deben actuar bajo la vigilancia del Estado.

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 …      3.-La normativa catalana enjuiciada supeditaba la autorización de apertura de una estación de ITV “al requisito de que, por una parte, exista una distancia mínima entre dicha estación y las estaciones ya autorizadas a esa empresa o ese grupo de empresas y, por otra parte, que dicha empresa o dicho grupo de empresas no posean, si se concede la autorización, una cuota de mercado superior al 50%”.

      Pues bien, el Tribunal considera que tales requisitos son contrarios al art. 49 TFUE. Este artículo “se opone a las restricciones a la libertad de establecimiento, es decir, a cualquier medida nacional que pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales de la Unión, de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado FUE”. Son, por tanto, medidas  que traban el  comercio dentro de la Unión.

      Sin embargo, el TJUE renuncia a la estocada final y, considerando la peculiar regulación del sector, se impone severamente una autolimitación colaborativa. Esto es, dispone que el tribunal remitente ha de valorar si el freno impuesto “es realmente adecuado para lograr los objetivos de protección de los consumidores y de seguridad vial y no va más allá de lo necesario para estos fines”. Será interesante ver lo que responde ahora el Tribunal Supremo. No sé si podré dormir hasta que llegue esa sentencia, que va a ser fundamental de cara a entender los límites de la libertad de empresa en sectores regulados con presencia de elementos u objetivos de carácter público (seguridad, confianza de los consumidores, etc.).

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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