El concepto legal y básico de seguro obligatorio.

   1.-La reciente Ley  20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras aporta en su disposición adicional segunda una definición general y regulación sintética de la institución del seguro obligatorio. En concreto, el número 1 de dicho artículo establece lo siguiente:

           “1. Se podrá exigir a quienes ejerzan determinadas actividades que presenten un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de las personas, incluida la seguridad financiera, la suscripción de un seguro u otra garantía equivalente que cubra los daños y perjuicios que puedan provocar y de los que sean responsables.

      La garantía exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto.

…       Como es sabido, estamos viviendo una transformación desde el régimen público y administrativo de vigilancia del peligro a uno en el cual es fundamental el autocontrol privado.  En este campo, el asegurador del riesgo empieza a jugar un papel preventivo fundamental (sobre ello, me remito al ya clásico Técnica, riesgo y Derecho, de J.Esteve Pardo).

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      2.-El número 2 de la Disposición adicional segunda dispone que la obligación de suscripción de seguros deberá establecerse mediante normas con rango de Ley que deberán contar con un informe preceptivo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o del órgano competente de las Comunidades Autónomas, con objeto de que puedan formular observaciones en materia de técnica aseguradora”.

…       Estamos, pues, ante la extraña e incomprensible institución de la Ley con informe preceptivo de un órgano administrativo. Entre las muchas razones para rechazarlo, baste pensar que esta regla podría ser inconstitucional, ya que limita la iniciativa legislativa del Parlamento: ¿Es imaginable que un grupo parlamentario solicite a un órgano administrativo un informe sobre una Ley que este órgano no ha elaborado? Otro ejemplo más, por tanto, de desprecio por la Cámara legislativa.  

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…       3.-Finalmente, la Ley ya establece un tipo infractor general, con su correspondiente sanción:

…       “La realización de actividades careciendo del correspondiente seguro obligatorio será constitutivo de infracción administrativa muy grave, salvo lo dispuesto en su normativa específica.

…       Será sujeto infractor la persona física o jurídica que viniera obligada a la suscripción del seguro, pudiendo ser sancionado con multa de 1.000 a 20.000 euros.”

…       Además, se prevé la comunicación a la Comisión Europea de todos los seguros obligatorios existentes en España (lo cual nos sitúa ya en los albores de una política global de riesgo en Europa).

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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