Fragmentos para una conferencia en Colombia sobre descentralización local (y II).

1.-La norma principal que ha regulado la cuestión que nos ocupa ha sido la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que sufrió una modificación importante a través de la aprobación de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). Precisamente, estas modificaciones nos permiten observar qué es lo que ha preocupado recientemente al legislador español. Me limitaré a tres cuestiones:

-El mapa municipal.

-La sostenibilidad económica.

-El intento de limitar, en alguna medida, la autonomía local.

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2.-El debate sobre el mapa municipal volvió a poner sobre el tapete una cuestión recurrente: el número de municipios es excesivo, según se dice, y debe procurarse su reducción. Para algunos autores, estamos ante el definitivo talón de Aquiles del régimen local español. Otros, en cambio, opinan que debe caminarse hacia la disminución, como han hecho otros países europeos, pero que la situación no es ni mucho menos desesperada. De hecho, se afirma que el quantum de municipios es sólo desproporcionado en algunas Comunidades Autónomas (Galicia, Castilla y León, Cataluña…), pero que ello obedece a razones históricas y que, además, no imponen un déficit inasumible.

Pues bien, aunque la fusión forzosa de municipios ha sido un fantasma que ha sobrevolado diversos proyectos de ley –a nivel autonómico o a nivel estatal- lo cierto es que, con la reforma del año 2103, sólo se introdujeron algunas tímidas reglas para la fusión voluntaria.

No obstante, la reforma del año 2013 intenta reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, que tenían una función básica de coordinación y de prestación de ciertos servicios supralocales, pero que ahora ven aumentadas sus competencias y se les asignan tareas de control financiero sobre los municipios.

Por lo que respecta a las áreas metropolitanas, han tenido un escaso desarrollo en el Derecho Local español. A la tradicional desconfianza de los pequeños municipios se le ha añadido ahora el reforzamiento de las Comunidades Autónomas, que ya tienen suficientes medios técnicos y personales para prestar lo que en otra época serían típicos servicios metropolitanos.

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3.-Por lo que respecta a la sostenibilidad financiera, se impone a las corporaciones Locales una estricta posición de equilibrio o superávit presupuestario. Esto se combina con diversas reglas, entre las que destaca el cálculo y comunicación a Administraciones superiores del coste efectivo de los servicios prestados.
Igualmente, la reforma de 2013 supuso un intento fallido de recorte de ciertas competencias atribuidas por las leyes sectoriales. En la práctica, no obstante, estas competencias se han seguido ejerciendo. Funciona de forma efectiva, por tanto, el criterio de la asignación competencial a través de leyes sectoriales (con alguna excepciones) y , desde luego, el concepto de competencia entendida también como participación local en los procesos de creación de normas y de decisión.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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