Posición de la Administración Pública en la reciente Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (y III).

1.-El art. 109.2 establece la siguiente definición:

     “La supervisión consistirá en la verificación continua del correcto ejercicio de la actividad de seguro o de reaseguro, de la situación financiera, de las conductas de mercado y del cumplimiento de la normativa de supervisión por parte de las entidades aseguradoras o reaseguradoras.”

En los artículos siguientes se suaviza o modula esta vigilancia permanente acudiendo, por ejemplo, al principio de proporcionalidad (art. 111). La misma actuación supervisora está sometida a un principio de transparencia, incluso con la aprobación administrativa de guías técnicas de supervisión, tal como prevé el art. 111.2:

…     “La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá elaborar guías técnicas, dirigidas a las entidades sometidas a su supervisión, indicando los criterios, prácticas o procedimientos que considera adecuados para el cumplimiento de la normativa de supervisión. Dichas guías, que deberán hacerse públicas, podrán incluir los criterios que la propia Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión.

         Por otra parte, el art. 112 afronta la flamante coordinación europea de la inspección, aludiendo en concreto a la participación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación.

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2.-Las facultades generales de supervisión se definen de un modo amplísimo e incluyen, según el art. 113.1, el siguiente catálogo:

         “a) Requerir toda la información que resulte necesaria a efectos de supervisión, estadísticos y contables, de conformidad con el artículo 114.

b) Acceder a cualquier documento bajo cualquier forma y recibir una copia del mismo.

c) Requerir de cualquier persona la remisión de información en el plazo que razonablemente fije la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y, si es necesario, citar y tomar declaración a una persona para obtener información.

d) Realizar las inspecciones y comprobaciones necesarias.

e) Requerir los registros telefónicos y de tráfico de datos de que dispongan.

f)Exigir a las entidades aseguradoras y reaseguradoras y a los miembros de sus órganos de administración o dirección o las personas que los controlen, la aportación de informes de expertos independientes, auditores de sus órganos de control interno o de verificación del cumplimiento normativo.

g) Desarrollar, con carácter complementario al cálculo del capital de solvencia obligatorio y cuando resulte oportuno, los instrumentos cuantitativos necesarios en el marco del proceso de supervisión, a fin de evaluar la capacidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras de hacer frente a posibles sucesos o futuras alteraciones de las condiciones económicas que pudieran incidir negativamente en su situación financiera global. También podrá exigir que las entidades lleven a cabo las pruebas correspondientes.

h) Adoptar las medidas preventivas y correctoras que sean necesarias a fin de garantizar que las entidades aseguradoras y reaseguradoras se atengan a las normas reguladoras de su actividad que deben cumplir.

i) Hacer pública cualquier medida adoptada, como consecuencia del incumplimiento de las normas aplicables, a menos que su divulgación pudiera poner en grave riesgo el mercado asegurador o causar un perjuicio desproporcionado a las personas afectadas.

j) Cuantas otras funciones sean necesarias para el ejercicio de la supervisión financiera, de la supervisión de conductas de mercado y de la supervisión por inspección en el ámbito de las entidades y de los grupos.”

…     El art. 113.3 impone el carácter funcionarial de los inspectores, lo cual abarca incluso a los expertos informáticos que les acompañen.

…     Por otra parte, hemos de anotar que la Ley dedica apartados específicos a los ámbitos concretos de la supervisión (solvencia y sistema de gobierno, conductas de mercado, etc.). El art. 120, en fin, articula un procedimiento administrativo específico para la prohibición de pólizas y tarifas.

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3.-La inspección stricto sensu está codificada de forma muy completa en los arts. 121 y ss. Se realiza exclusivamente por funcionarios y es interesante la modernización de técnicas que revela el art. 124.4:

…      La inspección de prácticas de mercado podrá iniciarse sin previa notificación ni identificación de los funcionarios actuantes, asumiendo éstos la condición de meros usuarios o interesados en los productos o servicios ofrecidos, con la finalidad de conocer así lo más fielmente posible las condiciones reales de dichas prácticas lo que se hará constar en el correspondiente informe.”  

         Igualmente, los arts. 127 y ss. esculpen pormenorizadamente el deber de secreto profesional de autoridades y funcionarios, sus  excepciones y los supuestos de intercambio de información confidencial.

…     Enorme complejidad revela la cuestión de la supervisión de grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras (arts. 131 y ss.). Ello se intensifica ante la presencia de elementos de carácter internacional en el conglomerado, lo cual obliga a delimitar de forma concreta la inspección de las autoridades españolas (v., por ejemplo, el art. 140).

…     Antes de regular el cuadro de infracciones y sanciones y la revocación, disolución y liquidación de estas empresas, el legislador ha regulado las situaciones de deterioro financiero y las medidas de control especial. Entre ellas, se establecen la exigencia de planes de financiación o recuperación, la prohibición de la disposición de bienes, la intervención de la entidad o la sustitución provisional de los órganos de administración.

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Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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