Nueva configuración conceptual de la casación contencioso-administrativa.

      1.-La reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, publicada en el BOE del 22, ha modificado ampliamente el recurso de casación en el orden contencioso-administrativo y, además, ha regulado el recurso de revisión en el mismo orden  (véase, en concreto, la Disposición final 3ª).

      La Ley mantiene algunas reglas tradicionales de la casación. Por ejemplo, el nuevo art. 89.2.b) de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA)  dispone que el escrito de preparación debe, entre otros aspectos, “identificar con precisión las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideración por la Sala de instancia, o que ésta hubiera debido observarlas aún sin ser alegadas”. Por supuesto, el apartado d) del mismo artículo impone que, en el mismo escrito, se debe “justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir”.

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      2.-Ahora bien, el cambio fundamental se produce en el concepto mismo de la casación. Así, el nuevo art. 88 LJCA altera la estructura de los cuatro motivos casacionales existentes hasta la fecha[1] y construye el concepto de “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia” (art. 88.1 LJCA). Para ello, el primer lugar, el art. 88.2 establece un largo listado de motivos:

…       “2. El Tribunal de casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna:

a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido.

b) Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales.

c) Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.

d) Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.

e) Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional.

f) Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial.

g) Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general.

h) Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones públicas.

i) Haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.”

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3.-Ahora bien, se añade incluso una presunción de interés casacional objetivo. En efecto, el art. 88.3 establece lo siguiente:

3. Se presumirá que existe interés casacional objetivo:

a) Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.

b) Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea.

c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.

d) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

e) Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

No obstante, en los supuestos referidos en las letras a), d) y e) el recurso podrá inadmitirse por auto motivado cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.”

 

……Está por ver si este doble catálogo tendrá un efecto expansivo o restrictivo. El último inciso, no obstante, otorga un enorme margen de libertad interpretativa al Tribunal Supremo.

***

 

[1] En concreto:

a)Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción.

b)Incompetencia o inadecuación del procedimiento.

c)Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantáis procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte.

d)Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
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